Noe Zaleta Martínez
Expediente 300/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 300/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 07/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Noe Zaleta Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a siete de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que precede, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del proveído en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase a la Fiscal adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia Comisionada del Despacho de las Fiscalías Investigadoras de esta ciudad, las copias autenticadas de la investigación ministerial ********************de su índice y a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, las copias certificadas del toca ********************, de su índice, que incluyen copias de la supracitada investigación ministerial, las cuales remitió a este órgano jurisdiccional como justificación de sus actos. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.
- Principal
(aviso) notificación personal por lista a la parte tercera interesada Julio César Farías de la Cruz, por si, o por conducto de su abogado defensor Souss Eric Cerón Cruz.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el escrito de Edgar Coria Quiroz, quien se ostenta como representante legal de la persona moral Autos y Camiones Poza Rica, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través del cual, solicita que se le reconozca la calidad de tercero interesado en el presente asunto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y dígasele que no ha lugar a reconocerle dicho carácter. Lo anterior es así, ya que por auto de nueve de agosto del año en curso, se tuvo como terceros interesados a Julio César Farías de la Cruz y Rigoberto del Ángel Salazar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso d), de la Ley de Amparo; ello, tomando en consideración que el acto reclamado en el presente juicio es la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, dictada en el toca 3/2022, por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, que confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal, pronunciada el dos de diciembre de dos mil veintiuno, en la investigación ministerial PZR1/062/2013, por la Fiscal adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia, comisionada del Despacho de las Fiscalías Investigadoras de esta ciudad, en la que tienen el carácter de indiciados únicamente los citados Julio César Farías de la Cruz y Rigoberto del Ángel Salazar. De ahí que, a la persona moral que dice representar, al no ser indiciada o procesada y al ser el acto reclamado el no ejercicio de la acción penal; en términos del artículo 5 de la ley de la materia, es que se considera que no le asiste el carácter de tercero interesado. Máxime que tampoco se encuentra en alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 5° de la Ley de Amparo, por lo que, al no actualizarse alguno de los supuestos contenidos en el numeral en comento, es que se estima que no le reviste el carácter de tercero interesado en función de la naturaleza de los actos que por esta vía se combaten. Es aplicable la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que dice: Registro digital: 182929 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XXVII.9 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Octubre de 2003, página 1131 Tipo: Aislada TERCERO PERJUDICADO. SU CALIDAD NO DEPENDE DEL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO NI DEL RECONOCIMIENTO DEL JUEZ DE DISTRITO, SINO DE QUE SE ACTUALICE ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO. La calidad de tercero perjudicado que pudiere tener un sujeto dentro del juicio de amparo no depende del señalamiento que a ese respecto haga el quejoso en la demanda de garantías, ni tampoco en el reconocimiento expreso que sobre tal cuestión pudiera hacer el Juez de Distrito, sino en el hecho de que se actualice alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 5o., fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; es decir, para dilucidar tal extremo y determinar ese carácter es indispensable establecer si por sus características o peculiaridades la situación específica del sujeto encuadra en algunos de los supuestos normativos a que se contrae el precepto legal anteriormente citado, pues sólo de esa manera se podrá arribar a la conclusión de si efectivamente tiene la calidad de tercero perjudicado. En otro orden de ideas, visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones se advierte que por auto de nueve de agosto de la presente anualidad, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, en el que, en lo que aquí interesa, precisó que la resolución reclamada de diecisiete de febrero de este año, dictada en el toca 3/2022, de su índice, se notificó a las partes por medio de lista de acuerdos el mismo día. Así, la ahora parte quejosa fue notificada de la resolución que por esta vía combate desde el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, fecha en que se publicó en la lista de acuerdos fijada en los estrados de la Sala responsable y cuya razón actuarial se encuentra asentada en los autos del supracitado toca; lo cual hace prueba plena en su contra, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ante tal escenario, se advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio de amparo, para lo cual, es conveniente hacer referencia al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el cual en su parte conducente dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. [.]" En principio, cabe precisar que por criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede el sobreseimiento fuera de audiencia por dos razones a saber: porque se encuentra previsto por el inciso d), fracción III, del artículo 81 de la Ley de Amparo, el cual revela que el sobreseimiento del juicio, además de decretarse en la audiencia constitucional también puede ser decretado en un auto que se emita fuera de la misma, ya que el precepto de referencia establece que procede el recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento, lo cual significa que se trata de un acto distinto a la sentencia emitida en la audiencia constitucional. Además, cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del juicio de garantías, lo que permite que se tenga la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de continuarse con la substanciación del procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, se procede, de oficio, al análisis de la causa de improcedencia que se surte en el caso, en torno al acto reclamado que el quejoso señaló como: "La resolución de fecha diecisiete de febrero del año dos mil veintidós, dictada en los autos del toca 03/2022 y la resolución de fecha 02 de diciembre del 2021, dictada dentro de los autos de la investigación ministerial PZR1/062/2013." Que reclamó de las autoridades Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez (que primeramente señaló como Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz) y Fiscal adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia Comisionada del Despacho de las Fiscalías Investigadoras de esta ciudad. Ello en razón que se estima operante la hipótesis prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; [.]" Del precepto acabado de reproducir, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueva dentro de los plazos previstos. En ese orden, para complementar ese numeral, debe traerse a la vista lo establecido en los diversos artículos 17 y 18 de la ley de la materia, que prevén lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los numerales reproducidos, se desprende que, por regla general, el plazo al que toda persona debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contado a partir de que acontezca cualquiera de las hipótesis que a continuación se enuncian: a) Desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto reclamado practicada al quejoso, de acuerdo con la ley del acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el promovente del amparo hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el peticionario se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En ese orden, debe puntualizarse que dichas premisas son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos señalados, sin que fuera posible la actualización de dos de ellas en momentos distintos sobre un mismo acto. Establecido lo anterior, como ya se precisó, por cuanto hace a la resolución reclamada el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se notificó al quejoso por medio de la lista de acuerdos. Entonces, para determinar el cómputo del plazo para promover el amparo respecto del acto reclamado se debe estar a la primera de las reglas que se detallaron anteriormente, esto es, desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto reclamado practicada al quejoso. En esas condiciones, debe tomarse en cuenta la aludida fecha diecisiete de febrero de dos mil veintidós, como punto de inicio para el cómputo del plazo de quince días previsto en el numeral 17 primer párrafo de la Ley de Amparo. Ahora bien, en términos del numeral 85 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, los plazos comenzarán a computarse al día siguiente al de la fecha de notificación, por lo que dicho plazo comenzó a transcurrir al día siguiente hábil, esto es, el dieciocho de febrero y feneció el diez de marzo de la presente anualidad, descontándose los días veintiséis y veintisiete de febrero, así como el cinco y seis de marzo de este año, al haber sido sábados y domingos, de acuerdo a lo establecido por los artículos 19 del ordenamiento legal citado, y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Luego, si la demanda de amparo se depositó el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, es inconcuso que su promoción fue extemporánea, esto es, fuera del plazo de los quince días. Lo anterior puede apreciarse gráficamente en el siguiente calendario: FEBRERO DE 2022 DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 17 NOTIFICACIÓN POR LISTA 18 COMIENZA PLAZO (1) 19 inhábil 20 inhábil 21 (2) 22 (3) 23 (4) 24 (5) 25 (6) 26 inhábil 27 inhábil 28 (7) MARZO DE 2022 DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 01 (8) 02 (9) 03 (10) 04 (11) 05 inhábil 06 inhábil 07 (12) 08 (13) 09 (14) 10 (15) FENECE PLAZO 11 12 inhábil En esta tesitura, es incuestionable que el impetrante del amparo no promovió el juicio de amparo dentro del término establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo, a fin de inconformarse; y por ende, es claro que consintió tácitamente los actos que en esta vía acude a reclamar, al haber dejado transcurrir el plazo a que se refiere el numeral en cita. Por tanto, resulta patente que en el caso se actualiza la causal de improcedencia señalada en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Máxime que, en la especie, no se actualiza alguno de los supuestos normativos previstos por las fracciones I a IV, del invocado artículo 17 de la Ley de Amparo, sino el párrafo primero relativo a la regla general de los quince días para la promoción del juicio constitucional. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y contenido dicen: "Época: Novena Época Registro: 204707 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Agosto de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/21 Página: 291 ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Sin que al efecto se otorgue oportunidad al peticionario del amparo para que ofrezca pruebas, ya que en nada cambiaría el sentido de la presente resolución puesto que no existe elemento de prueba alguno con el que pueda desvirtuarse la extemporaneidad advertida en la presentación de la demanda. En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, procede SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con la diversa XIV del precepto 61, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente al quejoso y a los terceros interesados; por oficio a las autoridades responsables; y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, en la forma prevista en la Ley de Amparo. Así, lo proveyó y firma la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.
- Principal
(aviso) notificación personal por lista a la parte tercera interesada Rigoberto del Ángel Salazar.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el escrito de Edgar Coria Quiroz, quien se ostenta como representante legal de la persona moral Autos y Camiones Poza Rica, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través del cual, solicita que se le reconozca la calidad de tercero interesado en el presente asunto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y dígasele que no ha lugar a reconocerle dicho carácter. Lo anterior es así, ya que por auto de nueve de agosto del año en curso, se tuvo como terceros interesados a Julio César Farías de la Cruz y Rigoberto del Ángel Salazar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso d), de la Ley de Amparo; ello, tomando en consideración que el acto reclamado en el presente juicio es la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, dictada en el toca 3/2022, por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, que confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal, pronunciada el dos de diciembre de dos mil veintiuno, en la investigación ministerial PZR1/062/2013, por la Fiscal adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia, comisionada del Despacho de las Fiscalías Investigadoras de esta ciudad, en la que tienen el carácter de indiciados únicamente los citados Julio César Farías de la Cruz y Rigoberto del Ángel Salazar. De ahí que, a la persona moral que dice representar, al no ser indiciada o procesada y al ser el acto reclamado el no ejercicio de la acción penal; en términos del artículo 5 de la ley de la materia, es que se considera que no le asiste el carácter de tercero interesado. Máxime que tampoco se encuentra en alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 5° de la Ley de Amparo, por lo que, al no actualizarse alguno de los supuestos contenidos en el numeral en comento, es que se estima que no le reviste el carácter de tercero interesado en función de la naturaleza de los actos que por esta vía se combaten. Es aplicable la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que dice: Registro digital: 182929 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XXVII.9 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Octubre de 2003, página 1131 Tipo: Aislada TERCERO PERJUDICADO. SU CALIDAD NO DEPENDE DEL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO NI DEL RECONOCIMIENTO DEL JUEZ DE DISTRITO, SINO DE QUE SE ACTUALICE ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO. La calidad de tercero perjudicado que pudiere tener un sujeto dentro del juicio de amparo no depende del señalamiento que a ese respecto haga el quejoso en la demanda de garantías, ni tampoco en el reconocimiento expreso que sobre tal cuestión pudiera hacer el Juez de Distrito, sino en el hecho de que se actualice alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 5o., fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; es decir, para dilucidar tal extremo y determinar ese carácter es indispensable establecer si por sus características o peculiaridades la situación específica del sujeto encuadra en algunos de los supuestos normativos a que se contrae el precepto legal anteriormente citado, pues sólo de esa manera se podrá arribar a la conclusión de si efectivamente tiene la calidad de tercero perjudicado. En otro orden de ideas, visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones se advierte que por auto de nueve de agosto de la presente anualidad, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, en el que, en lo que aquí interesa, precisó que la resolución reclamada de diecisiete de febrero de este año, dictada en el toca 3/2022, de su índice, se notificó a las partes por medio de lista de acuerdos el mismo día. Así, la ahora parte quejosa fue notificada de la resolución que por esta vía combate desde el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, fecha en que se publicó en la lista de acuerdos fijada en los estrados de la Sala responsable y cuya razón actuarial se encuentra asentada en los autos del supracitado toca; lo cual hace prueba plena en su contra, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ante tal escenario, se advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio de amparo, para lo cual, es conveniente hacer referencia al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el cual en su parte conducente dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. [.]" En principio, cabe precisar que por criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede el sobreseimiento fuera de audiencia por dos razones a saber: porque se encuentra previsto por el inciso d), fracción III, del artículo 81 de la Ley de Amparo, el cual revela que el sobreseimiento del juicio, además de decretarse en la audiencia constitucional también puede ser decretado en un auto que se emita fuera de la misma, ya que el precepto de referencia establece que procede el recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento, lo cual significa que se trata de un acto distinto a la sentencia emitida en la audiencia constitucional. Además, cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del juicio de garantías, lo que permite que se tenga la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de continuarse con la substanciación del procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, se procede, de oficio, al análisis de la causa de improcedencia que se surte en el caso, en torno al acto reclamado que el quejoso señaló como: "La resolución de fecha diecisiete de febrero del año dos mil veintidós, dictada en los autos del toca 03/2022 y la resolución de fecha 02 de diciembre del 2021, dictada dentro de los autos de la investigación ministerial PZR1/062/2013." Que reclamó de las autoridades Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez (que primeramente señaló como Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz) y Fiscal adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia Comisionada del Despacho de las Fiscalías Investigadoras de esta ciudad. Ello en razón que se estima operante la hipótesis prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; [.]" Del precepto acabado de reproducir, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueva dentro de los plazos previstos. En ese orden, para complementar ese numeral, debe traerse a la vista lo establecido en los diversos artículos 17 y 18 de la ley de la materia, que prevén lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los numerales reproducidos, se desprende que, por regla general, el plazo al que toda persona debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contado a partir de que acontezca cualquiera de las hipótesis que a continuación se enuncian: a) Desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto reclamado practicada al quejoso, de acuerdo con la ley del acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el promovente del amparo hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el peticionario se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En ese orden, debe puntualizarse que dichas premisas son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos señalados, sin que fuera posible la actualización de dos de ellas en momentos distintos sobre un mismo acto. Establecido lo anterior, como ya se precisó, por cuanto hace a la resolución reclamada el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se notificó al quejoso por medio de la lista de acuerdos. Entonces, para determinar el cómputo del plazo para promover el amparo respecto del acto reclamado se debe estar a la primera de las reglas que se detallaron anteriormente, esto es, desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto reclamado practicada al quejoso. En esas condiciones, debe tomarse en cuenta la aludida fecha diecisiete de febrero de dos mil veintidós, como punto de inicio para el cómputo del plazo de quince días previsto en el numeral 17 primer párrafo de la Ley de Amparo. Ahora bien, en términos del numeral 85 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, los plazos comenzarán a computarse al día siguiente al de la fecha de notificación, por lo que dicho plazo comenzó a transcurrir al día siguiente hábil, esto es, el dieciocho de febrero y feneció el diez de marzo de la presente anualidad, descontándose los días veintiséis y veintisiete de febrero, así como el cinco y seis de marzo de este año, al haber sido sábados y domingos, de acuerdo a lo establecido por los artículos 19 del ordenamiento legal citado, y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Luego, si la demanda de amparo se depositó el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, es inconcuso que su promoción fue extemporánea, esto es, fuera del plazo de los quince días. Lo anterior puede apreciarse gráficamente en el siguiente calendario: FEBRERO DE 2022 DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 17 NOTIFICACIÓN POR LISTA 18 COMIENZA PLAZO (1) 19 inhábil 20 inhábil 21 (2) 22 (3) 23 (4) 24 (5) 25 (6) 26 inhábil 27 inhábil 28 (7) MARZO DE 2022 DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 01 (8) 02 (9) 03 (10) 04 (11) 05 inhábil 06 inhábil 07 (12) 08 (13) 09 (14) 10 (15) FENECE PLAZO 11 12 inhábil En esta tesitura, es incuestionable que el impetrante del amparo no promovió el juicio de amparo dentro del término establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo, a fin de inconformarse; y por ende, es claro que consintió tácitamente los actos que en esta vía acude a reclamar, al haber dejado transcurrir el plazo a que se refiere el numeral en cita. Por tanto, resulta patente que en el caso se actualiza la causal de improcedencia señalada en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Máxime que, en la especie, no se actualiza alguno de los supuestos normativos previstos por las fracciones I a IV, del invocado artículo 17 de la Ley de Amparo, sino el párrafo primero relativo a la regla general de los quince días para la promoción del juicio constitucional. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y contenido dicen: "Época: Novena Época Registro: 204707 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Agosto de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/21 Página: 291 ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Sin que al efecto se otorgue oportunidad al peticionario del amparo para que ofrezca pruebas, ya que en nada cambiaría el sentido de la presente resolución puesto que no existe elemento de prueba alguno con el que pueda desvirtuarse la extemporaneidad advertida en la presentación de la demanda. En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, procede SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con la diversa XIV del precepto 61, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente al quejoso y a los terceros interesados; por oficio a las autoridades responsables; y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, en la forma prevista en la Ley de Amparo. Así, lo proveyó y firma la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a once de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio 20378/2022 del secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, a través del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 530/2021 (1479/2021), que se envió para que dicha autoridad emplazara al tercero interesado J******; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes y dese de baja en el libro cuatro de comunicaciones oficiales enviadas, sin necesidad de remitir el acuse respectivo, habida cuenta que la vía por la que se recibió lo generó electrónicamente. Ahora bien, de las copias certificadas de las constancias remitidas por la autoridad responsable Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, se advierte que el licenciado *****, es abogado defensor del referido tercero interesado, quien, acorde a sus declaraciones vertidas ante la Fiscal adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia Comisionada del Despacho de las Fiscalías Investigadoras de esta ciudad, el veintinueve de octubre de dos mil diecisiete y treinta de julio de dos mil veintiuno, precisó tener su domicilio ubicado en****** En consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), 27 y 116 párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado, para que emplace al presente juicio a la tercera interesada en el domicilio referido, a quien le deberá correr traslado con copia simple de la demanda de amparo, así como una impresión electrónica con evidencias criptográficas del auto admisorio y le hará saber la hora y fecha de la audiencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), 27 y 116 párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado, para que emplace al presente juicio al tercero interesado ******; en el entendido de que en caso de no poderlo encontrar en uno, deberá hacer la diligencia en otro domicilio de los indicados y para el caso de encontrar al tercero o su defensor, le deberá correr traslado con copia simple de la demanda de amparo, así como del auto admisorio y le hará saber la hora y fecha de la audiencia constitucional. En virtud de lo expuesto, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional programada para el día de hoy, por lo que se difiere y se señalan para su verificativo las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, en que lo permiten las labores del juzgado.
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