Noe Zalapa RamìRez

Expediente 256/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
256/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/04/2023

Partes del expediente

  • Noe Zalapa RamìRez
  • Eric Rene Padilla Andres

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Vistas, las notificaciones practicadas por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional en esta data, a los quejosos directos (1) Eric René Padilla Andrés y (2) Noé Zalapa Ramírez, se advierte que manifestaron lo siguiente: "En este acto, por así convenir a mis intereses, no es mi deseo ratificar la demanda de amparo presentada a mi favor, por lo que solicito no continúe con el trámite del juicio de amparo 256/2023. Señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Uruapan el ubicado en la ******************** ********************." "Por así convenir mis intereses, no es mi deseo ratificar la demanda de amparo presentada a mi favor, por lo que en este acto pido no se continúe con el trámite del juicio de amparo 256/2023 y se acuerde lo que conforme a derecho corresponda. Por otro lado, señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Uruapan, Michoacán, el ubicado en la ******************** ********************." En tales condiciones, dado que los quejosos directos, no ratificaron la demanda de garantías promovida a su favor por ********************, consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en el artículo 15 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Por tanto, se deja sin efectos la suspensión de plano concedida en autos y se ordena suspender toda comunicación con las autoridades responsables señaladas en el escrito inicial de demanda. Sin que sea necesario informar la presente determinación a las autoridades señaladas como responsables, toda vez que, vista la constancia de imposibilidad levantada por el actuario adscrito en data veintiséis de abril de dos mil veintitrés, se advierte que no le fue posible entregar los oficios respectivos por las razones ahí expuestas. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Demanda y radicación. Vista la demanda de amparo que promueve Felipe de Jesús Damián Morales en favor de Erik Rene Padilla Andrés y Noé Zalapa Ramírez, contra actos del Jefe de Tenencia de Nurio, Michoacán y otras autoridades. En tales condiciones, por tratarse de un asunto urgente, con fundamento en los artículos 15, 17, fracción IV, 20 y demás relativos de la Ley de Amparo, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 256/2023. Luego, los actos reclamados se hacen consistir en: La ilegal detención y/o privación ilegal de la libertad personal. La incomunicación. Peligro de Privación de la vida. Presunta desaparición forzada. Por tanto, debe decirse que dichos actos son prohibidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SUSPENSIÓN DE PLANO. DETENCIÓN ILEGAL Y/O PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD FUERA DE PROCEDIMIENTO: En relación a la detención y/o privación de la libertad (fuera de procedimiento) de que se dice son objeto Erick René Padilla Andrés y Noé Zalapa Ramírez, con fundamento en el artículo 164 del ordenamiento legal en consulta, se decreta la SUSPENSIÓN DE PLANO, para los efectos siguientes: Si la privación de la libertad de Erick Rene Padilla Andrés y Noé Zalapa Ramírez, proviene de autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, los agraviados referidos deberán ser inmediatamente remitido al Agente del Ministerio Público que corresponda. En cambio, si la detención no tiene relación con la comisión de un delito, será puesto en libertad. En la inteligencia que, la contravención a lo anterior será sancionado por la ley penal, esto de conformidad con el artículo 16, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 262, fracción III, de la Ley de Amparo. En ese sentido, requiérase a las autoridades responsables que tienen a su disposición a Erick Rene Padilla Andrés y Noé Zalapa Ramírez, para que, dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la hora en que reciban el oficio que contenga la transcripción del presente proveído, informen la fecha y hora exacta de la detención, libertad o puesta a disposición del Agente del Ministerio Público, en su caso. CONDICIONES DE LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA EN CUANTO AL ACTO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Esta suspensión surtirá sus efectos, respecto de los actos que el promovente atribuye a las autoridades señaladas en su demanda, así como también respecto de aquellas autoridades que tengan a su disposición a Erick Rene Padilla Andrés y Noé Zalapa Ramírez. INCOMUNICACIÓN, PELIGRO DE PRIVACIÓN DE LA VIDA Y ACTOS PROHIBIDOS DEL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. Ante las circunstancias narradas por el promovente, con fundamento en el numeral 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en la incomunicación, privación de la vida o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, de los que refiere el promovente están siendo objeto los quejosos directos Erick Rene Padilla Andrés y Noé Zalapa Ramírez, para el efecto de que de inmediato cesen los mismos. DESAPARICIÓN FORZADA. Por lo que ve a la posible comisión del delito de desaparición forzada de las personas de nombre Erick René Padilla Andrés y Noé Zalapa Ramírez, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades responsables DE INMEDIATO cesen los actos de una desaparición forzada de los quejosos e informen su paradero, así como los hechos relacionados en la detención de los quejosos, asimismo se les requiere que proporcionen a este juzgado toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima de dicho delito. Robustece lo anterior los criterios siguientes: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ACORDE CON LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE TRAMITAR Y DICTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS DESAPARECIDOS, AUN SIN HABER ADMITIDO LA DEMANDA. El delito de desaparición forzada de personas, acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, al implicar al mismo tiempo, vulneraciones conexas de sus derechos a la vida, integridad personal, libertad y el reconocimiento a la personalidad jurídica. Por ello, el legislador estableció que el juzgador de amparo proveyera de inmediato acerca de la suspensión de oficio y de plano, aun sin haber admitido la demanda, pues la falta de esa formalidad no lo imposibilita a requerir a las autoridades sus informes con justificación y obtener datos de la localización o paradero de los desaparecidos, ya que la teleología de un delito de lesa humanidad -como lo es la desaparición forzada de personas-, catalogado como pluriofensivo violenta, entre otros derechos, el reconocimiento a la personalidad jurídica de la víctima, al sustraerla de la protección que le es debida, con la intención clara y deliberada de eliminar la posibilidad de que interponga las acciones legales, excluyéndola del orden jurídico e institucional; tan es así que el artículo 15 de la Ley de Amparo señala que el Juez de Distrito no puede imponer una temporalidad para que comparezcan los desaparecidos, pues su objetivo a través del habeas corpus está dirigido a obtener su localización, para lo cual, su párrafo sexto dispone que cuando advierta de la demanda de amparo la posible comisión de dicho delito, tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite, lo que evidencia que el legislador destacó que las formalidades regulares de que está previsto el juicio de amparo, en estos supuestos, adquieren un tratamiento diverso ante la violación grave y simultánea de derechos humanos, pues la persona desaparecida está imposibilitada para gozar y ejercer otros y, eventualmente todos los derechos de los cuales es titular, al sustraerla de todo ámbito del ordenamiento jurídico, dejándola en una suerte de limbo o indeterminación jurídica ante la sociedad y el Estado; situación que el sistema jurídico mexicano debe tutelar a través del juicio de amparo; sin que ello implique inobservar las formalidades del recurso judicial efectivo que constituye, pues sus reglas de admisibilidad y trámite, en supuestos de desaparición forzada de personas, le vienen impuestas al órgano de control constitucional por la propia ley; de ahí que el Juez de Distrito puede tramitar y dictar las medidas necesarias para la localización de los desaparecidos, aun sin haber admitido la demanda." DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. AL SER EL JUICIO DE AMPARO LA MATERIALIZACIÓN DEL DERECHO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO, RECONOCIDO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, NO SE REQUIERE DE UNA LEY ADJETIVA PARA INVESTIGAR VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS, TRATÁNDOSE DE ESTE DELITO. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la obligación de garantizar los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, contenida en su artículo 1, numeral 1, se cumple de diferentes maneras en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección, lo que implica el deber del Estado de organizar todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público que fueren necesarias para asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como parte de dicho compromiso, debe investigar seriamente, con los medios a su alcance, las violaciones que se cometan dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, imponerles las sanciones pertinentes y asegurar a la víctima una adecuada reparación. En ese sentido, y toda vez que uno de los objetivos en el delito de desaparición forzada de personas es impedir el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes, es fundamental que sus familiares (o personas allegadas) puedan acceder a procedimientos o recursos judiciales rápidos y eficaces, como medio para determinar su paradero; por ello, en este delito, el juicio de amparo implica la posibilidad de que el Poder Judicial haga efectivo el recurso para determinar el destino de la víctima, erigiéndose como el medio idóneo para establecer si se ha incurrido en una grave violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla, ya que como instrumento protector, está estrechamente vinculado con el principio general relativo a la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia; lo que implica que, sin invadir las facultades concedidas al órgano persecutor ni sustituirlo en sus funciones, por la potestad del amparo y acorde con el mandato constitucional previsto en el artículo 1o. de la Constitución Federal, en el ámbito de su competencia, el juzgador de amparo tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento la protección más amplia de las personas frente a los actos de autoridad que puedan violentar derechos humanos, y toda vez que tratándose de este delito el legislador enfatizó que se requerirá a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de las víctimas, no se requiere de una ley adjetiva para investigar violaciones graves a derechos humanos tratándose de desaparición forzada de personas, pues basta que el órgano de control constitucional asuma su posición de garante de los derechos fundamentales y prevea las medidas conducentes para que las autoridades señaladas como responsables se avoquen a la búsqueda y localización de las víctimas e identificar a los responsables"" REQUERIMIENTO DE INFORMES EN RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Hágase saber la suspensión de plano a las autoridades responsables, quienes deberán informar dentro del término de veinticuatro horas como lo establece el artículo 158 de la ley de la materia, sobre el cumplimiento de esta determinación, apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá MULTA equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, de conformidad con los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Orden que deben obedecer bajo su más estricta responsabilidad; haciéndoles de su conocimiento que la desobediencia de este auto de suspensión se considera un delito especial y se sanciona con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para otro cargo, empleo o comisión públicos, según lo prevé el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Ahora bien, toda vez que algunas de las autoridades responsables tienen su sede fuera de esta ciudad, para efectos de notificación urgente del presente acuerdo, se autoriza la expedición de telegramas o correo electrónico institucional con efectos de notificación para la responsable, ello, sin perjuicio de ordenar la expedición de oficios por la vía de correo ordinario. Con independencia del medio empleado, se le solicita confirmar su recepción al correo electrónico institucional (8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx). Con fundamento en los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígasele a las autoridades responsables que la notificación que se le haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negare a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Además, cabe destacar conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, la parte quejosa al formular su demanda de amparo tiene la obligación de señalar a las autoridades responsables, lo que en el caso particular se cumplió en el escrito inicial; sin embargo, a efecto de no dejar en estado de indefensión al quejoso en cuanto a la posible denominación imprecisa de la autoridad responsable que lo tenga a su disposición, el Actuario judicial adscrito, al tener conocimiento de la denominación correcta de la misma, en el acto deberá asentar su denominación y entregarle oficio para que rinda el informe referido en el párrafo que antecede. En la inteligencia de que se hacen extensivos a dicha autoridad los apercibimientos decretados en el presente acuerdo. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA POR CONDUCTO DEL ACTUARIO ADSCRITO. Se comisiona a la Actuario Judicial de este Juzgado para que se constituya en las instalaciones que ocupan las celdas de los encargados del orden y seguridad de la comunidad de Nurio, Michoacán, o bien, en cualquier otro lugar de reclusión de esa localidad, a efecto de que localice a Erick Rene Padilla Andrés y Noé Zalapa Ramírez, y previo a asentar razón de las condiciones físicas en que los encontrare, en el acto de la notificación del presente auto deberá requerirlos para que manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo presentada a su favor por Felipe de Jesús Damián Morales; o bien, lo hagan por escrito dentro del término de tres días; apercibidos que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ésta se tendrá por no presentada. De igual manera, el actuario debe requerir a los quejosos para que señalen domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, bajo apercibimiento que, en caso de no hacerlo, dentro del término de tres días, se le harán por lista, incluidas las personales. DOMICILIO PROCESAL DE LA PARTE QUEJOSA. Ahora, cuando por la naturaleza de la notificación lo amerite, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Felipe de Jesús Damián Morales, toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mientras que Reina Estefany Querea Reyes, únicamente estará facultada para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos hasta en tanto acredite encontrarse facultada para ejercer la profesión de licenciada en derecho. Por otra parte, por lo que ve a la dirección de correo electrónico licjfdamian@live.com.mx y número de teléfono 4521355333 que señala en su escrito inicial de demanda, ténganse señalando dicho medios para contacto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro electrónico y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se informa a las partes que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta fecha, todas las actuaciones del presente asunto constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. Notifíquese; personalmente a los quejosos directos y por oficio a las autoridades responsables.

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