Noe Villatoro Juarez

Expediente 176/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 19 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
176/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
10/02/2022

Partes del expediente

  • Noe Villatoro Juarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), de dicha legislación], en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente asunto, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales. SE ORDENA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que a través de la sentencia constitucional dictada en este asunto, se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del presente año, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 211, inciso a) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha sobreseído respecto de todos los actos reclamados, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 152 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; 2 Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 253, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las diez horas con cuarenta minutos del catorce de enero de dos mil veintidós, Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Mario Francisco García Cancino, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 176/2020, promovido por Noé Villatoro Juárez, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. El Secretario hace constar la inasistencia de la partes. Abierta que fue la audiencia, el Secretario hizo relación de autos y dio lectura de las constancias que se estimaron relevantes, entre las que destacan: + La demanda de amparo + La constancia de emplazamiento a las autoridades responsables En seguida el secretario del Juzgado certifica: Que las autoridades responsables Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y Actuario adscrito, no rindieron su respectivo informe justificado pese a estar debidamente emplazadas tal y como se advierte de la constancia de notificación glosada en el presente expedientes. Al respecto, la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación que antecede para los efectos legales procedentes, y en cuanto a la certificación de cuenta respecto la omisión de la totalidad de autoridades responsables en rendir su respectivo informe justificado se tomará en cuenta en el dictado de la sentencia que al efecto se emita. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período probatorio sin que las partes ofrecieran medio de convicción alguno. Al no existir más escritos con que dar cuenta la Jueza se cierra dicho período. A continuación, se abre el período alegatos, los que no fueron formulados por las partes. Acto continuo se cierra el citado periodo. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia y al no existir actuaciones pendientes de desahogar, la Jueza acuerda dar por concluida la presente diligencia y procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 176/2020. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentada el trece de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, de la que correspondió conocer, por razón de turno, a este juzgado, Noé Villatoro Juárez, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el número 176/2020, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desprende del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, tiene competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General 16/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de marzo de dos mil dieciséis. Esto, al reclamarse actos de omisión a autoridades con residencia en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que los actos reclamados son los siguientes: - La omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago y embargo y su debida ejecución en el juicio laboral J/O/319/2010 con ejecución de laudo E/L/55/2019. TERCERO. Presunción de Certeza de los Actos reclamados. Las autoridades responsables Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y Actuario adscrito, no rindieron su informe justificado pese a estar debidamente notificado para ello; por lo tanto, cobra actualización la presunción de certeza a que alude el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio oficioso de las causas de improcedencia. Establecido lo anterior, debe decirse que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual, el juzgador federal se encuentra impedido para examinar si el acto reclamado es constitucional o no. Luego, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra integrada por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal, la que se analiza en forma conjunta con el artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, previo al estudio del fondo, por ser una cuestión de orden público, se procede a analizar las causas de improcedencia que se adviertan en autos, o bien, que en su caso, hagan valer las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice de 1985, que literalmente establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Así, en el caso concreto, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo; circunstancia que desde luego, hace innecesario el análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa en su demanda de amparo, con base en las razones que a continuación se exponen. En efecto, es menester señalar que el artículo antes invocado, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.. Asimismo, el artículo 5º, fracción I, del ordenamiento legal antes mencionado, dispone: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. Respecto a dicha causal de improcedencia, en principio es menester dejar asentado que hasta antes de la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, en nuestro sistema jurídico mexicano se siguió la idea de que para la promoción del juicio de amparo, era indispensable la existencia de un interés jurídico del promovente del juicio, lo cual, sin lugar a dudas, lo convertía en uno de los principales requisitos de procedencia de la vía constitucional. Este requisito se encontraba establecido en el artículo 107, fracción I, de nuestra Carta Magna, antes de aquella reforma, conforme al cual, el juicio de amparo exclusivamente podía promoverse a instancia de parte agraviada, la cual debía ser titular del derecho afectado por el acto de autoridad relativo, de ahí pues, que el interés jurídico necesario para acudir a la vía constitucional únicamente lo tenía la persona o personas, físicas, morales u oficiales, directamente agraviadas por el acto correspondiente. Tal precepto constitucional era del tenor que sigue: Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;. Desde luego, la existencia de este interés jurídico limitaba a los gobernados la posibilidad de acudir al juicio de amparo, en tanto que condicionaba su procedencia no únicamente a la titularidad de un derecho jurídicamente tutelado, sino también a la afectación que de ese derecho debía ocasionar el acto de autoridad respectivo, lo que de suyo permitía que muchos de esos actos escaparan del examen constitucional propio del juicio de que se trata. Sin embargo, esa limitación fue atenuada con la reforma al artículo 107, fracción I, constitucional, contenida en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, actualmente en vigor, porque al concepto de interés jurídico, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, se incorporó el de interés legítimo, tal como quedó reflejado en el texto del precepto de que se trata, el cual, literalmente establece: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;.. Esta disposición constitucional vigente, indica que para la procedencia del juicio de amparo el promovente deberá acreditar la afectación a su interés legítimo, o bien, la afectación a su interés jurídico. Estos conceptos jurídicos son diversos, y es factible establecer su diferencia, atendiendo al tipo de normas que cada uno de ellos tutelan. Las normas que tutelan al interés jurídico, son susceptibles de generar derechos subjetivos en beneficio de personas determinadas; pueden ser individualizadas de tal manera que se afecte inmediata y directamente el status jurídico de la persona. En cambio, las relativas al interés legítimo no tienen la capacidad de generar derechos subjetivos, son las que establecen los llamados intereses difusos y que se encuentran encaminadas a producir ciertos resultados en la sociedad o en algunos núcleos o grupos que la integran y que, como ella, carecen de personalidad jurídica. Estas normas tienden a regular o a proteger a entidades sociales más o menos amplias pero que carecen del atributo de la personalidad jurídica, mediante ellas, se pretende tutelar intereses colectivos, en la inteligencia de que no otorgan derechos subjetivos al grupo social, por la sencilla razón de que éste carece de personalidad jurídica; ni a sus integrantes, porque no son ellos, en lo individual sus destinatarios. Es decir, tutelan intereses de una colectividad que carece de personalidad jurídica sin otorgar derechos subjetivos a sus integrantes. El interés jurídico, supone la existencia de un derecho dentro de la esfera jurídica particular de un individuo (derecho subjetivo), que se encuentra dentro de su status jurídico. El interés legítimo no supone una afectación directa al status jurídico, sino una indirecta, en la medida en que la persona sufre una afectación no en sí misma, sino por encontrarse ubicada en una especial situación frente al orden jurídico, que le permite accionar para obtener el respecto a su interés jurídicamente tutelado aunque no goce de un derecho subjetivo reflejo individual. La afectación al interés legítimo se da en la medida en que el sujeto forma parte de un ente colectivo, que de manera abstracta tiene interés en que el orden jurídico opere de manera efectiva, lo que explica que se hable de un interés individual o colectivo, pero en el entendido en que la afectación individual solo podrá darse si éste forma parte de una colectividad interesada, ya que de lo contrario, se estaría en presencia de un interés jurídico o de un interés simple. Para explicar que el interés legítimo siempre supone una idea de pertenencia a una colectividad, no obstante que el precepto constitucional habla de un interés legítimo individual o colectivo, debe señalarse que independientemente de la afectación que se dé al grupo al que pertenece el quejoso, puede producirse una más concreta respecto de él, como por ejemplo, tratándose de una licencia para construir un edificio, que es contraria a planes de desarrollo urbano, ésta afecta a todos los habitantes de una zona, pero directamente al vecino contiguo, quien por ese motivo podría sufrir alguna afectación individual que no tendrían el resto de los habitantes de esa zona, en la inteligencia de que esa afectación individual, sólo se da en la medida en que el afectado es integrante del grupo. En otras palabras, si el agravio es susceptible de individualizarse en persona concreta independientemente de su pertenencia o no a un grupo, se está en presencia de un interés jurídico; pero si el agravio únicamente se da en la medida en que se pertenece a un grupo entonces se estará frente a un interés legítimo. Cabe resaltar, que la introducción del concepto de interés legítimo como eventual elemento, de la acción de amparo no convierte a ésta en acción colectiva, en la medida en que subsiste el principio de relatividad de la sentencia, también conocido como fórmula Otero, en términos de la fracción II, del artículo 107 constitucional vigente, el cual dice: II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos; si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Lo anterior, significa que el juicio de amparo no ha perdido su carácter individualista, en tanto que mediante su promoción no se pretende, desde un punto de vista estrictamente jurídico, que una sentencia afecte de manera directa a grupos sociales carentes de personalidad jurídica. Ahora bien, al igual que el interés jurídico, el interés legítimo debe quedar plenamente acreditado para que la acción de amparo resulte procedente. El primero, supone que se acredite la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción, por ejemplo: quien pretende defender un bien de su propiedad frente a un acto concreto de la autoridad, debe demostrar por una parte, ser propietario del bien que considera afectado, y por otra, que el acto que reclama de la responsable está referido a ese bien; esto es, la relación entre el derecho subjetivo y el acto de autoridad reclamado. Por lo que respecta al interés legítimo como elemento de la acción de amparo, deben acreditarse los elementos que determinan su existencia, que son los siguientes: 1.- Presencia de una norma que establece o tutela algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada. 2.- Afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama. 3.- Pertenencia del quejoso a dicha colectividad. Con relación a este último elemento, es importante mencionar que aunque el agravio jurídico se produzca en perjuicio de alguna colectividad, el promovente deberá acreditar que en el caso concreto sufre un daño precisamente por encontrarse entre las personas realmente afectadas por la ley o acto que reclama, porque la introducción del interés legítimo no convierte a la acción de amparo en una colectiva. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que derivó la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), visible en la página mil setecientos treinta y seis, Libro XVIII, marzo de dos mil trece, Tomo 2, Décima Época, Registro 2003067, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente establece: INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. De acuerdo a lo antes expuesto, en el caso particular nos ubicamos ante la hipótesis de la promoción del juicio constitucional, por quien aduce que es parte en un juicio laboral tramitado ante las autoridades responsables, frente a un acto concreto de la autoridad, motivo por el cual, -como ya quedó expuesto- debe demostrar ser parte en el procedimiento de origen, a fin de acreditar su interés jurídico; esto es, la relación entre el derecho subjetivo y el acto de autoridad reclamado. Sin embargo, como se estableció con anterioridad, en la especie, la parte quejosa no acredita su interés jurídico, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para demostrar el anterior aserto resulta pertinente reiterar que el interés jurídico se traduce en un derecho jurídicamente tutelado y constituye uno de los presupuestos para promover el juicio de amparo; por ende, el juicio de amparo es procedente contra actos que afectan el interés jurídico del quejoso y cuya afectación debe ser directa e inmediata. Orienta lo expuesto la jurisprudencia número 1a./J. 1/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, tomo XV, febrero de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente establece: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. En ese tenor, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio de amparo y los efectos que debe tener la sentencia que conceda la protección de la Justicia Federal, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, del mes de enero de dos mil ocho, página doscientos veinticinco, del rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Siguiendo lo anterior, debe decirse que para estar en condiciones de un análisis de la controversia en el juicio constitucional, conforme al artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, es presupuesto indispensable la acreditación del interés jurídico del quejoso; es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa trasgresión cese. Por tanto, el artículo 5º de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de amparo, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y evidentemente sus bienes jurídicamente amparados. Por tanto, se reitera, que ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que debe tomarse en consideración para la procedencia del juicio de amparo, interés que implica la existencia de dos elementos a saber, el primero, la titularidad de un derecho y, el segundo, la afectación por un acto de autoridad. En razón de lo expuesto, al no existir una base objetiva que fundada y razonablemente produzca convicción que el peticionario de la protección de derechos fundamentales, sea parte en la controversia de origen, no puede estimarse acreditado el interés jurídico que le asiste, de ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 293, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos cuarenta y dos, tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que literalmente establece: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Además, para demostrar el interés jurídico resulta insuficiente la sola manifestación bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, contenida en su escrito de demanda. Orienta lo expuesto, la jurisprudencia 3a./J. 27/90 emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos veintinueve, tomo V, primera parte, enero a junio de mil novecientos noventa, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto y rubro establecen: INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés. En ese sentido, al no demostrar el solicitante de la protección de derechos fundamentales, que sea parte en el juicio laboral J/O/319/2010 con ejecución de laudo E/L/55/2019, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, y, por ende, que esté siendo afectado con motivo del acto que reclama, es de concluirse, que éste no le irroga perjuicio jurídico alguno, y siendo que la acción constitucional está reservada únicamente a los gobernados que resientan un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Apuntala lo anterior, la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro 2006144, publicada el once de abril de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, que literalmente establece: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo. Circunstancia que además, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualizó, en acatamiento a la tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos treinta y cinco, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Finalmente, es menester precisar que las jurisprudencias y tesis aislada citadas, se atienden por considerar que no se oponen a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Noé Villatoro Juárez, en contra de las autoridades y por el acto reclamado, precisados en el considerando segundo del presente fallo, por las consideraciones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la licenciada Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida del licenciado Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, toda vez que en la certificación que antecede se hizo constar que está transcurriendo el término de quince días concedido a las autoridades responsables para que rindan su informe justificado, pues fueron emplazadas el veintiséis de noviembre del presente año, como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las diez horas con cuarenta minutos del catorce de enero de dos mil veintidós. Sin que haya lugar a comunicar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades señaladas como responsables, toda vez que ya existe constancia de su notificación en el presente juicio de amparo y, por ende, este órgano jurisdiccional está en aptitud de hacerlo por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 2 Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.". Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre del presente año, acordó la primera adscripción de la Jueza Rosa Patricia Córdova Rangel, como Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, en sustitución del Juez Iván Millán Escalera, a partir del dieciséis de noviembre de la actual anualidad; circunstancia que fue notificada a este órgano jurisdiccional mediante oficio SEADS/1161/2021, de veintiocho del mismo mes y año. En consecuencia, es menester hacer del conocimiento de las partes lo precisado en párrafo precedente, por un plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para los efectos legales procedentes; pues de no hacerlo, se actualizaría una violación procesal que ameritaría la reposición del procedimiento. Apoya esta determinación, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 104/2010, publicada en la página 312, del Tomo XXXII, julio de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, cuyo rubro es de la literalidad siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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