NOE VERGARA CASIMIRO y Otros.
Expediente 265/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 265/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- NOE VERGARA CASIMIRO y Otros.
- Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; nueve de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Lorena Morales Saldierna, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero en funciones de Juez de Distrito en términos del artículo 81 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de marzo de dos mil dieciocho, según informó el Secretario de la propia Comisión en oficio CCJ/ST/1394/2018, asistida por Adilene Bollás Mendoza, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Vistos los escritos de cuenta signados por la parte quejosa; en atención a su contenido, glósense sin proveer sobre el particular, en razón de que mediante proveído de dieciséis del mes en curso, se desechó el presente asunto. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL.-
- Principal
AVISO.- se notifica por medio de lista a la parte quejosa el auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, mismo que dice... Acapulco, Guerrero; dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Noé Vergara Casimiro, por derecho propio, y ostentándose como representante de los menores Noé Enrique y Elías Alejandro, ambos de apellidos Vergara Villena, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad.Regístrese en el libro de gobierno con el número 265/2018, y fórmese expediente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama el auto de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, en el que el juez responsable determinó negar su solicitud de devolución de la parte proporcional de la fianza que exhibió para obtener su libertad y garantizar los daños respecto de la agraviada Juana Morales Gutiérrez, en autos de la causa penal 6/2016, que se le instruye por el delito de lesiones culposas, cometido en agravio de la citada Juana Morales Gutiérrez y Lucía Avelina Hernández Cruz. Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de amparo es improcedente al actualizarse, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral describe: 1. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el peticionario del amparo es una persona extraña a juicio. 4. Asimismo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el caso concreto, el acto reclamado debe impugnarse a través del medio ordinario de defensa que al efecto la ley dota ante la propia autoridad jurisdiccional; específicamente el recurso de revocación previsto en el numeral 130 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, que señala que son revocables las resoluciones jurisdiccionales contra las cuales no se concede recurso de apelación, salvo las sentencias de segunda instancia. Ahora bien, de los antecedentes narrados en la demanda se obtiene que el nueve de octubre de dos mil diecisiete, en autos de la causa penal 6/2016, se libró auto de formal prisión en contra del aquí quejoso, por el delito de lesiones culposas en agravio de Juana Morales Gutiérrez y Lucía Avelina Hernández Cruz. Que el juez responsable le fijó la cantidad total de $72,321.00 (setenta y dos mil trescientos veintiún pesos 00/100 moneda nacional) para que gozara del beneficio de su libertad bajo caución, de la cual correspondía la suma de $31,000.00 (treinta y un mil pesos 00/100 moneda nacional) para garantizar los daños ocasionados a cada una de las agraviadas. Seguido el procedimiento, el uno de febrero de dos mil ocho, se declaró extinguida la acción penal por lo que hace a la agraviada Juana Morales Gutiérrez al haberle otorgado el perdón, por lo que el quejoso solicitó la devolución de la parte proporcional de la fianza que exhibió para garantizar la reparación del daño por lo que a aquélla se refiere, no obstante el juez responsable mediante proveído de veintidós de febrero pasado le negó tal solicitud (constituyendo dicho auto el acto reclamado). Bajo ese contexto, el auto de veintidós de febrero del año en curso, debió impugnarse a través del recurso de revocación ante el propio juez responsable, de conformidad con el artículo 130 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero; por lo que previo a acudir al juicio de amparo, se debió agotar dicho medio ordinario que la ley contempla, pues no se puede válidamente abandonar la defensa ordinaria ni promover el juicio de amparo en contra de aquella, sino que se debe agotar la jurisdicción ordinaria ya que no es optativo cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio. Así, al haberse establecido que la parte quejosa tiene a su alcance un recurso ordinario y medio de defensa legal, por medio del cual el acto que se reclama, puede ser modificado, revocado o nulificado, mismo que debió agotar previo a esta instancia constitucional, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Máxime que, no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, primeramente, porque no le resulta el carácter de persona extraña a juicio; aunado a que el referido acuerdo no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o algún mandato de captura o cualquier otro que afecte la libertad personal, derivado de un procedimiento penal, pues como se observa dicha resolución no afecta derechos sustantivos del quejoso sino patrimoniales. En consecuencia, al haberse establecido que la parte quejosa tiene a su alcance un recurso ordinario, por medio del cual el acto que aquí reclama puede ser modificado, revocado o nulificado, mismo que debió agotar previo a la instancia constitucional, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Lo anterior, al ser manifiesta la causa de improcedencia que se analiza, porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda, e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en inalámbrica número 47, interior 201, fraccionamiento Las Playas en esta ciudad; por autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a José Andrés Zúñiga Rodríguez, cuya cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como profesional del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones por así haberse señalado expresamente en la demanda a Alfonso Hernández Cruz, Jesús Aragón Ariza, Jorge Raúl Martínez Jaimes, y Guillermo Villanueva Gallardo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles.
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