Noe Trejo Sanchez
Expediente 228/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 228/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/03/2019
Partes del expediente
- María del Pilar Trejo Sánchez
- Noe Trejo Sanchez
Actuaciones
- Principal
...Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la resolución dictada en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción I, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula...III
- Principal
Vista la constancia actuarial de cuenta de la que se desprende que ****, quejosa en el presente juicio, no ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por ***, por las razones ahí expuestas; en consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO QUE NOS OCUPA y se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente juicio, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, vista la notificación personal de cuenta de la que se advierte que el promovente Noé Trejo Sánchez, asentó ante la actuaria de la adscripción que se desiste de su escrito de demanda en virtud de haber cesado el acto reclamado. En consecuencia, este órgano jurisdiccional estima necesario el análisis del asunto que nos ocupa, en virtud, de que procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que el quejoso ****, se desistió del juicio de amparo, tal como se advierte de la notificación personal en cita. Bajo esa tónica, del referido escrito de desistimiento de la demanda de amparo y de la notificación respectiva, se obtiene la manifestación expresa de voluntad del promovente de desistirse del presente juicio de amparo, lo que en términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 63 de la Ley de Amparo, implica el sobreseimiento de la citada instancia constitucional. Así es, para evidenciar la aseveración anterior, resulta conveniente reproducir el contenido del artículo 6, de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Del precepto legal transcrito deriva el principio de existencia de un agravio personal y directo, que estatuye que el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Por otra parte, el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio [.]" En ese orden de ideas, tomando en consideración que el juicio de amparo sólo se sigue a instancia de parte agraviada y, en el caso, el quejoso *** manifestó su voluntad de desistirse del mismo; en consecuencia, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Máxime que, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el desistimiento de la demanda de amparo puede realizarse en cualquiera de las instancias del juicio, mientras no se haya dictado la sentencia ejecutoria. El criterio de mérito es el identificado con el número 2a./J. 33/2000, correspondiente a la Novena Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, página 147, de rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
- Principal
ECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida, vía electrónica, por ...., por propio derecho y en favor de...., contra actos del Director del Hospital General Zona Tres del Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en San Juan del Río, Querétaro y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 228/2019-III, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado; asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DE ACTOS RECLAMADOS Y DE AUTORIDADES RESPONSABLES. La parte quejosa reclama, entre otros, como acto destacado el siguiente: La realización de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional en perjuicio de la quejosa, que se traducen en abstenerse de ordenar que la quejosa María del Pilar Trejo Sánchez y su menor hijo, reciban la atención médica necesaria, ya que la quejosa se encuentran en estado de gravidez. La incomunicación en se encuentra María del Pilar Trejo Sánchez, esto es, la falta de información a sus familiares, en relación al estado de salud en que se encuentra la citada quejosa. SUSPENSIÓN DE PLANO. En esa medida, con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 15 de la Ley de Amparo, atendiendo a que se reclama en esencia la deficiente e inadecuada atención médica para la quejosa María del Pilar Trejo Sánchez, así como para su menor hijo, así como la falta de información a los familiares, con relación al estado de salud en la que se encuentra la citada quejosa, los cuales constituyen actos prohibidos por los numerales citados con antelación; con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, para el efecto que de inmediato cesen tales actos; esto es, la deficiente e inadecuada atención médica y/o incomunicación, esto es, la falta de información a sus familiares respecto del estado de salud de la quejosa y su menor hijo, o cualquier otro de los previstos en el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad señalada como responsable. En esa virtud, y dado que la parte promovente del amparo refirió que no se le ha brindado atención médica adecuada por parte del Hospital General Zona Tres del Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en San Juan del Río, Querétaro, no obstante que presenta diversos dolores de parto y complicaciones de salud en relación al estado en el que se encuentra, y la autoridad responsable no le ha dado la asistencia clínica necesaria; los efectos de la suspensión de plano que se concede es para que las autoridades responsables, de manera inmediata, realicen una valoración médica del estado de salud de la quejosa y de su menor hijo, para que se les proporcione la debida atención médica y tratamientos necesarios, y una vez diagnosticados, se les proporcione tratamiento médico relativo y se les suministren los medicamentos idóneos para su total solución y/o control, así como el tratamiento médico adecuado. Asimismo, para que cese la incomunicación de que se trata, lo que implica que las autoridades responsables deberán dar información precisa a quien acredite vínculo con la quejosa, para que en su caso, estén en aptitud de tomar las decisiones médicas que correspondan. Del mismo modo, para que en caso de que las autoridades responsables, no cuenten con el equipamiento, infraestructura y médicos especializados, realicen de inmediato, con la prontitud y expeditez que amerita la protección de la salud, los trámites necesarios y conducentes a efecto de que la quejosa y/o su menor hijo sean trasladados a un diverso hospital que cuente con las condiciones necesarias para su adecuada atención. Lo que deberá realizarse, en su caso, sin trabas u obstáculos innecesarios y de manera oportuna. Lo anterior, a efecto de garantizar la protección de derecho a la salud, lo cual incluye, entre otras, las obligaciones de los Estados de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso a la atención de la salud y los servicios relacionados con la salud proporcionados por terceros; esto es, el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado. Cabe precisar que el derecho humano a la salud constituye un derecho fundamental que el Estado está obligado a proteger y garantizar, comprendiendo, entre otras cosas, el derecho al acceso a servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad, el cual se encuentra contenido en el artículo 4° de nuestra Constitución. Cobra aplicación la tesis aislada P. XVI/2011 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, visible en el Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 29, Novena Época, que es del rubro y contenido siguiente: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN. Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud." Asimismo, deberán abstenerse de inmediato de cualquier conducta u omisión que genere o agrave la salud de la quejosa y su menor hijo tal y como lo refiere el promovente. Esto, porque el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud e incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como una prerrogativa al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. Por tanto, las autoridades responsables estarán obligadas a prestarle los servicios de atención médica en los términos antes apuntados, sin que ello le restrinja la posibilidad al citado hospital para proceder en los lineamientos que la normatividad aplicable le faculte, haciéndose especial mención, que no puede condicionarse la prestación del servicio médico al previo cumplimiento de las obligaciones ahí previstas. En el entendido de que en el informe que rinda en cumplimiento a la suspensión de plano aquí otorgada, dichas autoridades responsables deberán acompañar las constancias con las que demuestren haber proporcionado, en la forma y términos que fueron señalados en el párrafo que antecede, la atención médica, el suministro de medicamentos y régimen alimenticio idóneos, en cumplimiento a esta medida cautelar, lo anterior con la finalidad de salvaguardar la integridad física de la quejosa. INFORME SOBRE SUSPENSIÓN DE PLANO DECRETADA. Con fundamento en los artículos 125, 127, 128, 129, 136, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, pídanse los informes correspondientes a las autoridades señaladas como responsables, el cual deberán rendir de inmediato, incluso antes de las veinticuatro horas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo, en el que expresarán si son ciertos o no los actos reclamados que se le atribuyen, las razones pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y proporcionar la información que tengan a su alcance relativa a los actos reclamados. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 259 y 237, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir el informe solicitado, se harán acreedoras a una multa equivalente a doscientos días de salario mínimo vigente; dada la trascendencia del informe que se les requiere y la obligación de este juzgado de verificar el cumplimiento a la suspensión de plano. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el diez de enero de dos mil diecinueve. RATIFICACIÓN DE DEMANDA. Ahora bien, como de la demanda de cuenta se advierte que la parte promovente refiere que la quejosa directa está siendo incomunicada, en las instalaciones que ocupa el Hospital General Zona Tres del Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en San Juan del Río, Querétaro, se comisiona al Actuario adscrito a este Juzgado Federal, para que se constituya en dichas instalaciones y realice lo siguiente: Verifique que en el caso de que se aplique o continúe aplicándose en perjuicio del agraviada María del Pilar Trejo Sánchez, cualquiera de los actos señalados por el numeral 22 constitucional, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables cumplan en sus términos la suspensión concedida en este proveído y cesen de inmediato tales actos; asimismo, asiente las condiciones físicas en que se encuentra la quejosa, y las del lugar en que se encuentra. Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiera a la quejosa para que en ese acto, o bien, dentro del término de tres días, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor; en la inteligencia que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada. Asimismo, para que el momento de la notificación del presente auto, le requiera para que manifieste de forma expresa si es su deseo que las notificaciones que surjan durante la tramitación del presente asunto se le practiquen de manera electrónica con el usuario "noetrejo" y/o si desea señalar algún domicilio diverso, además de que manifieste si es su deseo señalar personas como autorizadas para tal efecto. Asimismo, se faculta al Actuario Judicial, a efecto de que dirija el oficio correspondiente, mediante la inserción de la denominación correcta de la autoridad responsable, quedando ésta vinculada al cumplimiento de la medida cautelar, pues de conformidad con el artículo 1° Constitucional, segundo párrafo, y 15 de la Ley de Amparo, las normas relativas a los derechos humanos se deberán interpretar favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; de modo que, las autoridades no designadas quedan obligadas a cumplimentar lo ordenado por este órgano de control constitucional. Prevéngase a las autoridades que tengan a su disposición a María del Pilar Trejo Sánchez, para que otorguen las facilidades necesarias al actuario de este Juzgado de Distrito para el efecto de que pueda dar cabal y debido cumplimiento a lo ordenado en este auto, bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior se dará vista al Ministerio Público Federal para los efectos de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir. Por otra parte, en términos del artículo 28 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar en que se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia, a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados se niegue a recibir el oficio respectivo. CONSULTA ELECTRÓNICA. Como solicita la parte quejosa, de conformidad con el artículo 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente electrónico para oír y recibir notificaciones con el nombre de usuario "noetrejo", única y exclusivamente a dicho usuario. En tal virtud, hágase el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese a los autos la constancia respectiva. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,534 expedientes
- Noe Israel Sanchez Piña1667/2017
- Noe Martin Alvarez Arteaga881/2022
- Noe Martínez Rodríguez2388/2015
- Noe Ramos Méndez996/2015
- Noé Rodríguez Davila1391/2016
- Noe Saldaña Vega620/2016
- Noe Trinidad Sánchez Pichardo1806/2016
- Noel Alfonso Díaz Álvarez2569/2015
- Noel Álvarez Infante670/2016
- Noel Rubio Rodríguez1199/2016
- Noel Rubio Rodríguez1313/2015
- Noemi Agdacelia Nieto de la Vega1427/2019