Noé Trejo Sánchez
Expediente 696/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 696/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/08/2018
Partes del expediente
- Noé Trejo Sánchez
Actuaciones
- Principal
- Agréguese a los presentes autos el oficio . . . suscrito por . . . al que acompaña copia de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja civil . . . interpuesta por la parte quejosa . . . cuyos único resolutivo a la letra se transcribe . . . "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja . . . las partes deberán estar a lo resuelto por la superioridad . . . archívese el presente asunto como concluido . . .
- Principal
- Agréguese a los autos el escrito de cuenta . . . signado en forma electrónica por . . . téngasele interponiendo recurso de queja . . . ríndase el informe sobre la materia de la queja . . . se ordena remitir al . . . copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente, para la substanciación del recurso de queja interpuesto . . .
- Principal
- Vista la demanda de garantías promovida por Noé Trejo Sánchez, contra actos de la Juez Tercero de Primera Instancia Civil en San Juan del Río, Querétaro. y otra autoridad, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116, 117 y 118 de la Ley de Amparo, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 696/2018-II, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En tal virtud, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desecha de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del escrito inicial de demanda, se desprende que el acto reclamado por el promovente, consiste en: A. "LA OMISIÓN DE NOTIFICAR AL SUSCRITO LA REANUDACIÓN DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL QUE SOBRE NULIDAD DE ESCRITURA QUE PROMUEVE EL ALBACEA A BIENES DE AGUSTÍN MIRANDA ROSILLO EN LA CAUSA CIVIL 1040/2016; B. LA OMISIÓN DE EMPLAZAR A JUICIO AL C. SALVADOR MERCADO ESTRADO Y/O SALVADOR MERCADO ESTRADA, QUIEN ES INCONCUSO QUE PUDIERA TENER ALGÚN DERECHO E INTERVENCIÓN EN EL JUICIO DE ORIGEN. YA QUE EN EL MISMO SE VENTILA LA LITIS SOBRE LA PROPIEDAD QUE SE UBICA EN CALLE JUAN JOSÉ GARCÍA REBOLLO NÚMERO 1 DEL FRACCIONAMIENTO LA GUITARRILLA MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO Y DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DEL ACTOR HOY TERCERO PERJUDICADO SE DESPRENDE QUE PUDIERA TENER ALGÚN DERECHO PUES COMO ELLOS NARRAN ESTA PERSONA POSEYÓ EL BIEN INMUEBLE POR TANTO SE ACTUALIZA LA FIGURA JURÍDICA DE LITISCONSORCIO. C. LA OMISIÓN DE CITAR A JUICIO A EL "FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO"(FOVISSSTE) CON SEDE EN QUERÉTARO. D. LA OMISIÓN DE NOTIFICAR AL SUSCRITO PERSONALMENTE POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO DEL BUZÓN DE NOTIFICACIONES PERSONALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO LOS AUTOS PUBLICADOS LOS DÍAS; 21 DE FEBRERO DE 2017; 2, 24 Y 31 DE MARZO DE 2018; 12, 20, 25, 28 DE ABRIL DE 2017; 5, 15, DE MAYO DE 2018; 13 DE OCTUBRE DE 2017; 2, 21, Y 27 DE FEBRERO DE 2018; 9, 15, 20, 23, DE MARZO DE 2018; 2, 10, 11, 12, 17, DE ABRIL DE 2018; Y, 10, 23 Y 30 DE MAYO DE 2018. PESE A QUE SE ORDENÓ SE ME NOTIFICARA VÍA ELECTRÓNICA. E. EL AUTO DE FECHA 9 DE MAYO DE 2018 QUE DECLARA AL SUSCRITO CONFESO DE LAS POSICIONES DECLARADAS LEGALES POR EL JUEZ DE LA CAUSA. F. LA OMISIÓN DEL JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DE SAN JUAN DEL RIO, ACTUANDO SIEMPRE EN LA CAUSA CIVIL 1040/2016 LA OMISIÓN DE SOLICITAR AL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 1 DEL SISTEMA TRADICIONAL DE ESTE MUNICIPIO COPIA CERTIFICADA DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO SJR1/840/2011 MISMA QUE GUARDA ESTRECHA RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DONDE DERIVA EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS, Y QUE POR NO SER PARTE EN DICHA AVERIGUACIÓN ES IMPOSIBLE QUE EL ACTOR LAS PRESENTARA YA QUE EL FISCAL EN TURNO ASEVERO NO PODÍA AUTORIZAR DICHAS COPIAS A TAL REPRESENTANTE DEL ACTOR HABIDA CUENTA QUE NO TENÍA PERSONALIDAD, SIN EMBARGO EL FISCAL REFIRIÓ QUE DICHA AVERIGUACIÓN QUEDABA A DISPOSICIÓN DEL JUEZ INSTRUCTOR SIN EMBARGO JAMÁS PIDIÓ DICHAS COPIAS Y MENOS EL SUSCRITO QUE NO TENIA CONOCIMIENTO LA REANUDACIÓN DEL JUICIO. G. LA OMISIÓN DE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL SUSCRITO EL AUTO QUE ABRE EL PERIODO DE ALEGATOS AUTO QUE SE PUBLICÓ EL DÍA 10 DE MAYO DE 2018 Y QUE SE ACORDÓ EL DÍA 9 DE LOS MISMOS MES Y AÑO." En ese orden de ideas, en el caso concreto se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad. El citado dispositivo legal establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". De la interpretación de la porción normativa del precepto legal transcrito, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, y establece como excepciones a dicha regla, las que se enuncian: a) Tratándose de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado pueda afectar la libertad personal del quejoso; c) En caso de que quien acude al amparo sea una persona extraña al procedimiento; d) Además, prevé que es optativo para la parte quejosa interponer el medio ordinario de defensa, cuando su procedencia se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Luego, de la revisión a este sumario constitucional esta juzgadora llega a la conclusión de la actualización de la causa de improcedencia invocada, porque en contra de las notificaciones aquí controvertidas, procede el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el artículo 80 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, el cual establece: "Artículo 80. La nulidad de una actuación deberá reclamarse en la actuación subsecuente en que intervenga la parte que promueva aquella; de lo contrario quedará revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento del demandado. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el Tribunal deberá atender lo siguiente: I. La nulidad no podrá ser invocada por la parte que intervino en el acto sin hacer en él la reclamación correspondiente; II. No procederá cuando el acto haya satisfecho la finalidad procesal a que estaba destinado; y III. La nulidad de una actuación no implicará la de las demás que sean independientes de ella." Esto es, previo a acudir a esta vía extraordinaria, la parte quejosa se encontraba obligada a agotar el referido incidente por constituir un medio ordinario de defensa que la legislación en consulta contempla y con el cual es dable lograr la modificación, revocación o anulación de la notificación reclamada, máxime que al ser parte formal en el procedimiento de donde deriva la materia de reclamo, a saber, porque es parte demandada dentro del expediente natural, pues así lo refiere, por que fue notificado y emplazado al juicio ordinario civil y el siete de febrero de dos mil diecisiete, dio contestación a dicha demanda entablada en su contra, por lo cual, estaba en la aptitud legal de hacerlo. Apoya lo considerado, la jurisprudencia 47/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, materia común, página 1627, de rubro y contenido siguientes: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." También acude en apoyo de lo considerado, por analogía, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 198/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, página 698, que dice: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo". Por tanto, la parte quejosa no es tercera extraña al procedimiento de origen, puesto que como se ha reseñado, no ha desconocido la tramitación de dicho procedimiento, ya que se integró al mismo al dar contestación a la demanda. Establecido lo anterior, se puntualiza que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez federal suplantaría las facultades de aquél. Asimismo, se destaca que si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable, como en el caso acontece mediante el incidente de nulidad de actuaciones aludido con antelación, no pueden ser atendidas en el juicio de amparo. Por ende, si la parte promovente del amparo, en su carácter de demandado dentro del juicio natural, instó el presente juicio constitucional no obstante encontrarse obligado a agotar el medio de defensa ordinario la legislación procesal civil de esta Entidad Federativa le concede (incidente de nulidad), es decir, le asistía la carga procesal de observar el principio de definitividad previamente al ejercicio de su acción constitucional, es inconcuso que al no haberlo hecho, deviene improcedente el presente controvertido constitucional, y lo que procede es desechar de plano la demanda en estudio en términos del artículo 61 fracción XVIII en concordancia en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo. Ilustra a lo anterior, por identidad de razones, la Jurisprudencia 44/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2001155, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". Así también, se invoca la tesis número XXI.1o.45 K, visible en página 307, tomo XIII, febrero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo." Así como la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página setecientos cincuenta y dos, tomo LXXXIV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. Si contra la resolución reclamada en amparo procedía un recurso ordinario, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, conforme a lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 73 de la ley orgánica respectiva, sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que el quejoso haya hecho valer ese recurso y el mismo le haya sido desechado, porque el consentimiento tácito de esta repulsa, no puede revestirla de legalidad". Asimismo, es ilustrativa la tesis CXCVIII/2014 sustentada por la citada Primera Sala, publicada el 23 de mayo de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2006472, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones". En consecuencia, con apoyo en la fracción II del artículo 30 de la Ley de la Materia, dígase a la parte quejosa que está obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días, y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de dicho ordenamiento legal, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la hubiere enviado; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo señalado, se tendrá por hecha la notificación correspondiente y surtirá sus efectos, debiendo asentar el actuario la razón correspondiente. Asimismo, cabe decir que, una vez que el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación produzca la constancia de la consulta realizada por la parte quejosa, con el aviso de la hora en que se recupere la determinación judicial correspondiente, contenida en el archivo electrónico, por una parte, el actuario la digitalizará para el expediente electrónico y, por otra, hará una impresión que agregará al expediente impreso como constancia de notificación. En la inteligencia de que, las notificaciones a las demás partes del presente juicio se practicarán de acuerdo al artículo 26 fracciones II y IV de la Ley de Amparo, según sea el caso; asimismo, esta Juzgadora de estimarlo conveniente, podrá ordenar que las notificaciones a la parte quejosa se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar lo conducente. Se instruye a los Actuarios de la adscripción para que tomen conocimiento de lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. Para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia penal Federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como artículo 3 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, digitalice las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información y toda información con el presente expediente. Finalmente, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el diverso escrito de cuenta signado por el promovente Noé Trejo Sánchez, lo anterior en virtud de que se advierte que el contenido del mismo es idéntico al acordado en supralíneas. . . .
- Principal
- Vista la demanda de garantías promovida por Noé Trejo Sánchez, contra actos de la Juez Tercero de Primera Instancia Civil en San Juan del Río, Querétaro. y otra autoridad, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116, 117 y 118 de la Ley de Amparo, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 696/2018-II, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En tal virtud, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desecha de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del escrito inicial de demanda, se desprende que el acto reclamado por el promovente, consiste en: A. "LA OMISIÓN DE NOTIFICAR AL SUSCRITO LA REANUDACIÓN DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL QUE SOBRE NULIDAD DE ESCRITURA QUE PROMUEVE EL ALBACEA A BIENES DE AGUSTÍN MIRANDA ROSILLO EN LA CAUSA CIVIL 1040/2016; B. LA OMISIÓN DE EMPLAZAR A JUICIO AL C. SALVADOR MERCADO ESTRADO Y/O SALVADOR MERCADO ESTRADA, QUIEN ES INCONCUSO QUE PUDIERA TENER ALGÚN DERECHO E INTERVENCIÓN EN EL JUICIO DE ORIGEN. YA QUE EN EL MISMO SE VENTILA LA LITIS SOBRE LA PROPIEDAD QUE SE UBICA EN CALLE JUAN JOSÉ GARCÍA REBOLLO NÚMERO 1 DEL FRACCIONAMIENTO LA GUITARRILLA MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO Y DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DEL ACTOR HOY TERCERO PERJUDICADO SE DESPRENDE QUE PUDIERA TENER ALGÚN DERECHO PUES COMO ELLOS NARRAN ESTA PERSONA POSEYÓ EL BIEN INMUEBLE POR TANTO SE ACTUALIZA LA FIGURA JURÍDICA DE LITISCONSORCIO. C. LA OMISIÓN DE CITAR A JUICIO A EL "FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO"(FOVISSSTE) CON SEDE EN QUERÉTARO. D. LA OMISIÓN DE NOTIFICAR AL SUSCRITO PERSONALMENTE POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO DEL BUZÓN DE NOTIFICACIONES PERSONALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO LOS AUTOS PUBLICADOS LOS DÍAS; 21 DE FEBRERO DE 2017; 2, 24 Y 31 DE MARZO DE 2018; 12, 20, 25, 28 DE ABRIL DE 2017; 5, 15, DE MAYO DE 2018; 13 DE OCTUBRE DE 2017; 2, 21, Y 27 DE FEBRERO DE 2018; 9, 15, 20, 23, DE MARZO DE 2018; 2, 10, 11, 12, 17, DE ABRIL DE 2018; Y, 10, 23 Y 30 DE MAYO DE 2018. PESE A QUE SE ORDENÓ SE ME NOTIFICARA VÍA ELECTRÓNICA. E. EL AUTO DE FECHA 9 DE MAYO DE 2018 QUE DECLARA AL SUSCRITO CONFESO DE LAS POSICIONES DECLARADAS LEGALES POR EL JUEZ DE LA CAUSA. F. LA OMISIÓN DEL JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DE SAN JUAN DEL RIO, ACTUANDO SIEMPRE EN LA CAUSA CIVIL 1040/2016 LA OMISIÓN DE SOLICITAR AL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 1 DEL SISTEMA TRADICIONAL DE ESTE MUNICIPIO COPIA CERTIFICADA DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO SJR1/840/2011 MISMA QUE GUARDA ESTRECHA RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DONDE DERIVA EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS, Y QUE POR NO SER PARTE EN DICHA AVERIGUACIÓN ES IMPOSIBLE QUE EL ACTOR LAS PRESENTARA YA QUE EL FISCAL EN TURNO ASEVERO NO PODÍA AUTORIZAR DICHAS COPIAS A TAL REPRESENTANTE DEL ACTOR HABIDA CUENTA QUE NO TENÍA PERSONALIDAD, SIN EMBARGO EL FISCAL REFIRIÓ QUE DICHA AVERIGUACIÓN QUEDABA A DISPOSICIÓN DEL JUEZ INSTRUCTOR SIN EMBARGO JAMÁS PIDIÓ DICHAS COPIAS Y MENOS EL SUSCRITO QUE NO TENIA CONOCIMIENTO LA REANUDACIÓN DEL JUICIO. G. LA OMISIÓN DE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL SUSCRITO EL AUTO QUE ABRE EL PERIODO DE ALEGATOS AUTO QUE SE PUBLICÓ EL DÍA 10 DE MAYO DE 2018 Y QUE SE ACORDÓ EL DÍA 9 DE LOS MISMOS MES Y AÑO." En ese orden de ideas, en el caso concreto se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad. El citado dispositivo legal establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". De la interpretación de la porción normativa del precepto legal transcrito, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, y establece como excepciones a dicha regla, las que se enuncian: a) Tratándose de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado pueda afectar la libertad personal del quejoso; c) En caso de que quien acude al amparo sea una persona extraña al procedimiento; d) Además, prevé que es optativo para la parte quejosa interponer el medio ordinario de defensa, cuando su procedencia se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Luego, de la revisión a este sumario constitucional esta juzgadora llega a la conclusión de la actualización de la causa de improcedencia invocada, porque en contra de las notificaciones aquí controvertidas, procede el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el artículo 80 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, el cual establece: "Artículo 80. La nulidad de una actuación deberá reclamarse en la actuación subsecuente en que intervenga la parte que promueva aquella; de lo contrario quedará revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento del demandado. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el Tribunal deberá atender lo siguiente: I. La nulidad no podrá ser invocada por la parte que intervino en el acto sin hacer en él la reclamación correspondiente; II. No procederá cuando el acto haya satisfecho la finalidad procesal a que estaba destinado; y III. La nulidad de una actuación no implicará la de las demás que sean independientes de ella." Esto es, previo a acudir a esta vía extraordinaria, la parte quejosa se encontraba obligada a agotar el referido incidente por constituir un medio ordinario de defensa que la legislación en consulta contempla y con el cual es dable lograr la modificación, revocación o anulación de la notificación reclamada, máxime que al ser parte formal en el procedimiento de donde deriva la materia de reclamo, a saber, porque es parte demandada dentro del expediente natural, pues así lo refiere, por que fue notificado y emplazado al juicio ordinario civil y el siete de febrero de dos mil diecisiete, dio contestación a dicha demanda entablada en su contra, por lo cual, estaba en la aptitud legal de hacerlo. Apoya lo considerado, la jurisprudencia 47/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, materia común, página 1627, de rubro y contenido siguientes: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." También acude en apoyo de lo considerado, por analogía, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 198/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, página 698, que dice: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo". Por tanto, la parte quejosa no es tercera extraña al procedimiento de origen, puesto que como se ha reseñado, no ha desconocido la tramitación de dicho procedimiento, ya que se integró al mismo al dar contestación a la demanda. Establecido lo anterior, se puntualiza que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez federal suplantaría las facultades de aquél. Asimismo, se destaca que si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable, como en el caso acontece mediante el incidente de nulidad de actuaciones aludido con antelación, no pueden ser atendidas en el juicio de amparo. Por ende, si la parte promovente del amparo, en su carácter de demandado dentro del juicio natural, instó el presente juicio constitucional no obstante encontrarse obligado a agotar el medio de defensa ordinario la legislación procesal civil de esta Entidad Federativa le concede (incidente de nulidad), es decir, le asistía la carga procesal de observar el principio de definitividad previamente al ejercicio de su acción constitucional, es inconcuso que al no haberlo hecho, deviene improcedente el presente controvertido constitucional, y lo que procede es desechar de plano la demanda en estudio en términos del artículo 61 fracción XVIII en concordancia en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo. Ilustra a lo anterior, por identidad de razones, la Jurisprudencia 44/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2001155, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". Así también, se invoca la tesis número XXI.1o.45 K, visible en página 307, tomo XIII, febrero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo." Así como la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página setecientos cincuenta y dos, tomo LXXXIV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. Si contra la resolución reclamada en amparo procedía un recurso ordinario, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, conforme a lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 73 de la ley orgánica respectiva, sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que el quejoso haya hecho valer ese recurso y el mismo le haya sido desechado, porque el consentimiento tácito de esta repulsa, no puede revestirla de legalidad". Asimismo, es ilustrativa la tesis CXCVIII/2014 sustentada por la citada Primera Sala, publicada el 23 de mayo de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2006472, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones". En consecuencia, con apoyo en la fracción II del artículo 30 de la Ley de la Materia, dígase a la parte quejosa que está obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días, y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de dicho ordenamiento legal, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la hubiere enviado; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo señalado, se tendrá por hecha la notificación correspondiente y surtirá sus efectos, debiendo asentar el actuario la razón correspondiente. Asimismo, cabe decir que, una vez que el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación produzca la constancia de la consulta realizada por la parte quejosa, con el aviso de la hora en que se recupere la determinación judicial correspondiente, contenida en el archivo electrónico, por una parte, el actuario la digitalizará para el expediente electrónico y, por otra, hará una impresión que agregará al expediente impreso como constancia de notificación. En la inteligencia de que, las notificaciones a las demás partes del presente juicio se practicarán de acuerdo al artículo 26 fracciones II y IV de la Ley de Amparo, según sea el caso; asimismo, esta Juzgadora de estimarlo conveniente, podrá ordenar que las notificaciones a la parte quejosa se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar lo conducente. Se instruye a los Actuarios de la adscripción para que tomen conocimiento de lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. Para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia penal Federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como artículo 3 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, digitalice las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información y toda información con el presente expediente. Finalmente, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el diverso escrito de cuenta signado por el promovente Noé Trejo Sánchez, lo anterior en virtud de que se advierte que el contenido del mismo es idéntico al acordado en supralíneas. . . .
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