Noé Tovar González

Expediente 259/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 20 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
259/2016
Año
2016
Actuaciones
20
Última actuación
17/01/2017

Partes del expediente

  • Noé Tovar González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Incidental

    Visto; desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que el día de la fecha, fue decretado el archivo definitivo en el juicio de amparo 259/2016-I, del que deriva el presente incidente de suspensión, por tratarse de un asunto concluido; que en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa, con valor jurídico, por ende el cuadernillo original del incidente de suspensión es depurable y el duplicado del citado es destruible, en atención al mencionado acuerdo; y, se ordena su archivo definitivo por separado.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos del que se advierte que no fue promovido el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 201 de la Ley de Amparo, contra el auto de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis; por tanto y toda vez que este ha quedado firme, como está ordenado en el proveído de referencia, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que no existen diligencias pendientes de practicar ni documentos en original o copia certificada exhibidos por las partes, que deban ser devueltos al interesado y en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente. Atento a lo anterior, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa con valor jurídico y por ende depurable.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos para obrar como corresponda el escrito presentado por el quejoso , en atención a su contenido, en el sentido que se encuentra conforme con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, téngase por hechas las manifestaciones que vierte, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, en relación a la solicitud que realiza en el sentido que sean devueltos los autos al juzgado de origen, dígasele que mediante oficio 20853/2016, de veintiuno de septiembre del año en curso, fueron devueltas las constancias que refiere, a la autoridad judicial correspondiente, mismas que fueron recibidas el veintitrés siguiente, según constancia que obra a fojas ciento veinticinco de autos.

  4. Principal

    Visto; atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto se advierte que por sentencia terminada de engrosar el cinco de agosto de dos mil dieciséis, emitida por este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, se otorgó al quejoso ******* el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que la autoridad responsable Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Teul de González Ortega, Zacatecas, diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los siguientes términos: "Deje sin eficacia jurídica la resolución de once de mayo del año en curso y, en su lugar; b) Emita otra en la que con plenitud de jurisdicción y siguiendo los lineamientos expuestos en la presente resolución resuelva la solicitud de nulidad de actos procedimentales por violación de derechos humanos que plantea el ahora quejoso." En cumplimiento a lo anterior, la Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Teul de González Ortega, Zacatecas mediante oficio 213, y anexo, de veintiséis de septiembre de esta anualidad, informó sobre el cumplimiento que dio a la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, y remitió las constancias que acreditaban lo anterior, de donde se advierte que la supracitada autoridad exhibió para tal efecto, copia certificada de la resolución de treinta y uno de agosto de esta anualidad, dictada dentro de la causa penal 12/2015 de su índice, en la cual se advierte que en cumplimiento a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, en su resolutivo tercero ordenó dejar insubsistente la resolución de once de mayo de dos mil dieciséis; además, acorde a las consideraciones y lineamientos establecidos en el fallo de amparo, tuvo por interpuesta la solicitud de nulidad de actos procedimientales por violación de derechos humanos planteada por el aquí quejoso, en términos del artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que acorde a dicho numeral, la referida petición puede ser interpuesta en cualquier tiempo, y en ese sentido, con libertad de jurisdicción, resolvió considerar que los conceptos de agravio hechos valer en la supracitada petición devenían infundados pues las consideraciones hechas valer por el promovente, en las que refiere que no se encontraban colmados los requisitos previstos por el numeral 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales para el dictado de un auto de vinculación a proceso ya que no existen datos de prueba que establezcan la comisión de un hecho que la ley señala como delito ni la probabilidad de que el imputado lo cometió, y por ende, existió una valoración errónea de los datos de prueba que fueron invocados para emitir el auto de vinculación a proceso y la consecuente medida cautelar de prisión preventiva, a criterio de la juez responsable, implican facultades inherentes a un órgano revisor, y en ese sentido la ley aplicable contempla recursos idóneos para tal efecto; asimismo la responsable agregó que, contrario a lo aseverado por el promovente, el auto de vinculación a proceso no vulnera el principio de presunción de inocencia en perjuicio del aquí quejoso, pues dicho justiciable es tratado como tal en todas las etapas del procedimiento hasta que no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, aunado a que para el dictado de un auto de vinculación a proceso el artículo 19 constitucional solo exige que la autoridad judicial se convenza de la existencia de grados de sospecha mayores a la duda y no demanda que exista una certeza absoluta (fojas 111 a 113). Asimismo, con lo anterior, mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, se le dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera respecto del citado informe de autoridad; lo cual fue notificado debidamente, sin que la tercera interesado hubiera manifestado algo al respecto. Por su parte, el autorizado del quejoso, mediante escrito presentado el cuatro de octubre pasado, manifestó su inconformidad en relación al cumplimiento realizado por la responsable al fallo protector y al respecto de manera toral arguyó que a su juicio resultaba ilegal que en la resolución dictada en cumplimiento a la sentencia de amparo no se hubieran anulado los actos que según su apreciación fueron realizados con vulneración de derechos humanos, pues el precepto 97 del código procesal aplicable le otorgaba facultades en ese sentido a la responsable, y que dicha determinación limita la presunción de inocencia del aquí quejoso pues refiere que no existe delito en autos del juicio de origen, acorde al dictamen pericial de la perito en psicología de trece de noviembre de dos mil quince, y por ende concluye que el actuar de la responsable adolece de motivación y fundamentación en términos de los preceptos 14 y 16 constitucionales, así como los derechos humanos contemplados en el numeral 1° de la carta magna. Consecuentemente, si el amparo y protección de la Justicia de la Unión se otorgó para que la autoridad responsable una vez que causara ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio, dejara insubsistente la resolución de once de mayo de dos mil dieciséis, dictada en los autos de la causa penal 12/2015 de su índice, y con plenitud de jurisdicción resolviera de nueva cuenta, sobre la solicitud de nulidad de actos procedimentales por violación de derechos humanos planteada por el quejoso; lo que en la especie se advierte que aconteció, según se demuestra con el referido oficio 213, y anexo, de veintiséis de septiembre de esta anualidad y por los motivos antes expuestos; constancias que por tratarse de documentos públicos, se les otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, en términos del numeral 2° de esta última; todo lo cual permite concluir que la sentencia protectora ha sido debidamente cumplida; sin que se desprenda que las autoridades responsables hayan incurrido en exceso o defecto en su cumplimiento. No es óbice a lo anterior, la inconformidad planteada por el autorizado del quejoso respecto del cumplimiento al fallo protector llevado a cabo por la autoridad responsable Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Teul de González Ortega, Zacatecas, pues en ese sentido se advierte que, contrario a lo aseverado por la parte quejosa, la autoridad responsable atendió puntualmente y en su totalidad los efectos de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, acorde a las consideraciones y lineamientos dictados en la misma, los cuales precisaron el alcance y sentido del fallo protector, acotando la discrecionalidad que la responsable tenía en virtud de su libertad de jurisdicción, pues en dicha sentencia amparadora se ordenó a la responsable dejar sin efectos su resolución de once de mayo de los presentes, lo cual en la especie, efectivamente sucedió; además se le constriñó a emitir una nueva resolución, conforme a los lineamientos plasmados en la sentencia de amparo, que consistían esencialmente en atender y resolver el escrito del quejoso en donde solicitó la nulidad de actos procedimentales, lo anterior conforme al artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que la nulidad por violaciones a los derechos humanos puede interponerse en cualquier tiempo, lo cual también aconteció, pues en efecto, la autoridad responsable en la resolución mediante la cual dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tuvo por interpuesta la nulidad de actos procedimentales, a la luz de lo dispuesto por el referido numeral 97, resultando procedente la misma en virtud de que dicha petición puede hacerse valer en cualquier tiempo; y finalmente se considera que la responsable al momento de dar cumplimiento dictó una nueva resolución en virtud de su libertad de jurisdicción que reúne los requisitos de debida motivación y fundamentación, pues al efecto señaló claramente los preceptos aplicables a la petición planteada, como lo son los artículos 97, 101, 102, 261, 265, 316 y 467 de la ley procesal aplicable, en correlación con los artículos 19 de la ley fundamental, además estableció las circunstancias especiales y motivos particulares en los que se sustentaba su decisión, lo anterior en términos del razonamiento desglosado por la autoridad responsable que ha quedado reseñado en párrafos previos, y que se tiene por insertos, en obvio de repetición innecesaria; y de ahí que se reitere que los argumentos de la parte quejosa, los cuales se encuentran encaminados a combatir la decisión dictada por la autoridad responsable, no tienen el alcance para considerar incumplido en sus términos el fallo protector, pues en estos se plantean argumentos encaminados a combatir los aspectos de fondo de la nueva decisión respecto de los cuales la autoridad responsable no estaba vinculada, y que por ende, resultan ajenos al fallo protector, que concedió el amparo contra una resolución por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que la responsable dictara con libertad de jurisdicción una nueva decisión que los subsanara conforme a los lineamientos ahí precisados. Resulta aplicable por identidad de razón, lo establecido en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 75/2014, de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2007970, publicada en la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, pagina 627, con el rubro y texto siguiente: RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Las autoridades responsables deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos de las ejecutorias de amparo conforme a las consideraciones y los lineamientos que obren en éstas. Lo anterior es así, porque las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de las ejecutorias de amparo, acotando la discrecionalidad que las autoridades responsables tienen en virtud de su libertad de jurisdicción, de forma que su inobservancia implicaría una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias de amparo que tendría como resultado restar efectividad al juicio de amparo, en contravención de los derechos humanos de debido proceso y acceso efectivo a la justicia reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en lo anterior, los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben resolver los recursos de inconformidad y determinar si la resolución respectiva cumple sin exceso o defecto el fallo protector en términos de los artículos 192, 196 y 201 de la Ley de Amparo. Por lo consiguiente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, en el caso, conforme al artículo tercero transitorio de la misma, por lo que respecta al cumplimiento de la sentencia protectora de garantía, se ordena el archivo del presente expediente, como asunto concluido, una vez que el presente acuerdo quede firme.

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