Noe Sandoval Orihuela

Expediente 821/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 29 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
821/2015
Año
2015
Actuaciones
19
Última actuación
29/02/2016

Partes del expediente

  • Noe Sandoval Orihuela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    MESA IV.- Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes no se inconformaron contra el auto de veintisiete de enero pasado, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo, dentro del plazo legal de quince días, previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Incidental

    MESA IV. Visto el estado de autos y tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente. Se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional y la definitiva se concedió en parte; por lo que en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y se destruirán el resto por considerar que no tienen relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo, y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno y una vez que trascurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.

  3. Principal

    MESA IV. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido en auto de trece del actual, para que las partes quejosa y tercera interesada manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la Juez Cuadragésimo Tercero Penal del Distrito Federal, sin que ejercieran ese derecho. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 196, de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a verificar si de acuerdo con las constancias que obran en autos el fallo protector se encuentra cumplido. Para ello, debe tomarse en consideración que en sentencia engrosada el veintitrés de noviembre de dos mil quince, se concedió la protección de la Justicia Federal (fojas 119 a 162) a la parte quejosa, de manera que el quince de diciembre siguiente, al causar ejecutoria el fallo, se requirió a la Jueza Cuadragésimo Tercero Penal con sede en esta ciudad (fojas 205 a 208) a efecto de que hiciera lo siguiente: a) Dejara insubsistente la resolución reclamada; y b) Dictara una nueva, en la cual subsanara los vicios formales detectados, a fin de restituir al amparista en el goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el artículo 77, de Ley de Amparo. Concesión que se hizo extensiva al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, porque el acto de ejecución no se reclamó por vicios propios, sino derivado del diverso emitido por la Jueza responsable ordenadora. En vista de ello, la Jueza Cuadragésimo Tercero Penal y el Subdirector de Amparos Penales y Civiles en ausencia del Procurador General de Justicia de esta ciudad, informaron las actuaciones que desplegaron en el ámbito de sus competencias para acatar el fallo amparador (fojas 218 a 289 y 292), razón por la cual, el veintitrés de diciembre pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada con tal aspecto (foja 293). El siete de enero de dos mil dieciséis, este juzgado tuvo por no cumplido el fallo amparador, por lo que se requirió nuevamente a la autoridad responsable el cumplimiento respectivo (fojas 296 a 299). Mediante oficio recibido el doce de enero pasado, la autoridad responsable informó el cumplimiento dado al fallo protector (fojas 313 a 372), con lo cual el trece del actual, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada (fojas 373 y 374). Así, de la copia autorizada de las actuaciones practicadas en la causa 81/2015, del índice del Juzgado Cuadragésimo Penal en esta ciudad, se advierte que el ente responsable procedió en la forma siguiente: En lo que respecta al dictamen de química forense -prueba de Walker-, suscrito el doce de agosto de dos mil catorce, por los peritos Velia Izchel Reyes Gonzalez y Silvina Bravo Hernandez y al diverso en materia de medicina forense de catorce de septiembre de dos mil catorce, suscrito por el perito médico forense Doctora Miriam Acosta Contreras; las inspecciones y fe ministeriales practicadas por el Agente del Ministerio Público Investigador en el interior del Hospital General "La Villa"; en la nota médica expedida por el Doctor Rodríguez Ulín, respecto a la nota de defunción de José Luis Rodríguez García; de cadáver practicada el diez de agosto de dos mil quince por el Agente del Ministerio Público; de playera realizada el diez de agosto de dos mil catorce, por el Fiscal Investigador; de un proyectil de plomo con camisa de once de agosto de dos mil catorce; protocolo de necropsia suscrito por los peritos médicos forenses Doctores Jorge Pérez Espinosa y Jaime Cruz Huerta de diez de agosto de dos mil catorce y certificado médico de cadáver, feto o segmento, suscrito por el Doctor Salcedo Barragán Marco Efraín, la Juez de la causa asignó el grado de valor pleno y citó los fundamentos legales en que apoyó esa decisión. En otro aspecto, en lo que concierne a la narrativa de Benjamín Alvarado Pacheco, la justipreció con grado de valor pleno y citó el precepto legal en que sustentó esa conclusión. De igual forma, la Juez responsable prescindió de valorar la cadena de custodia, y por ende, emprendió la justipreciación de cada uno de los medios de prueba relacionados en esa actuación. En el mismo sentido, el ente responsable estableció de manera fundada y motivada la forma de intervención del quejoso en la comisión del hecho. En lo que respecta al apartado relativo a la probable responsabilidad del quejoso, la Juez responsable determinó el grado de valor que merecen el deposado de Cristian Alfredo Garduño Betancourt, la fe ministerial de un teléfono celular, marca Iphone, modelo A1428, y las dieciocho fotografías a color impresas, exponiendo las causas que lo llevaron a esa decisión. En el propio sentido, el ente judicial responsable destacó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos delictivos. Asimismo, en cuanto a la nota informativa de nueve de agosto de dos mil catorce, suscrita por Luis Manuel Estrella López, de la cual se consideró como documental pública, correctamente la autoridad responsable la valoró bajo las reglas de la prueba testimonial, acorde a lo establecido en los artículos 245, 255 y 261, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. De igual forma, por lo que hace a la nota médica expedida por el Doctor Rodríguez Ulín, respecto a la defunción de José Luis Rodríguez García, el ente responsable la valoró como documental privada, atendiendo al contenido del numeral 251, del Código de Procedimientos penales para el Distrito Federal. De lo expuesto, se colige que LA SENTENCIA DE AMPARO HA SIDO CUMPLIDA EN SUS TÉRMINOS, sin que exista exceso o defecto en su acatamiento, habida cuenta que la responsable ordenadora, se ciñó estrictamente a lo puntualizado en el fallo protector. Atento al sentido de la presente determinación, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de depuración, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto en el que por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió la protección de la Justicia Federal; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de la parte quejosa de inconformarse contra esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, está en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal. Con apoyo en el artículo 280, del código adjetivo invocado, se instruye a la Secretaria devolver el Tomo de pruebas a la Juez Cuadragésimo Tercero Penal del Distrito Federal (foja 100), por ser innecesaria su retención. Por último, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales.

  4. Principal

    MESA IV. Agréguese el oficio firmado por la Juez Cuadragésimo Tercero Penal del Distrito Federal y anexo que acompaña, a través del cual da cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, así como con la comunicación de veintiuno de diciembre pasado, signada por el Subdirector de Amparos Penales y Civiles en ausencia del Procurador General de Justicia del Distrito Federal -foja 292-, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga. Apercibidas que de incumplir con lo anterior, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia 247, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, Novena Época, Tomo VI, consultable en la página 203, de epígrafe y sinopsis: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia".

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