Noe Sánchez Aguilar

Expediente 173/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
173/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
14/03/2019

Partes del expediente

  • Noe Sánchez Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "Xalapa, Veracruz; veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Sexta Sala en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 173/2019/V-B, que le corresponde. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al precepto transcrito, el suscrito juzgador se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, acorde al contenido de la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI (abril de dos mil), novena época, página 32, del texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: ? La resolución de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, emitida en los autos del toca ********** del índice de la Sexta Sala en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en la que declaró fundada la queja presentada por **********, y en consecuencia modificó el auto recurrido para el efecto de dejarlo insubsistente y emitir otro en el que se determinara no ha lugar a señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles, ordenada en auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, emitido en la sección de ejecución del juicio ordinario civil ********** del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, hasta en tanto se de cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, dentro de los autos del toca ********* del índice de la Sala señalada como responsable. En este orden de ideas, en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo; preceptos que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.) Lo dispuesto en el primer artículo transcrito debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé dicho numeral, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por su parte, el segundo de tales preceptos establece que en un procedimiento de ejecución de sentencia, sólo será procedente el juicio de amparo contra la última resolución dictada en esa etapa, pudiendo reclamarse en la demanda las demás violaciones cometidas durante ese periodo que hubieran dejado sin defensa al quejoso, asimismo precisa el precepto legal citado que tratándose de procedimientos de ejecución el amparo solo será procedente contra "la última resolución". Así las cosas, por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento, que será entonces, la que se pueda impugnar a través del juicio de amparo y no las que le precedan, tendentes a hacer efectiva la sentencia, máxime que su cumplimiento no debe obstaculizarse por ser de interés público o pudiendo reclamarse en la demanda las demás violaciones cometidas durante ese período hubieran dejado sin defensa al quejoso. Sirve de apoyo a lo esgrimido, la tesis número 2a. XLIX/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 367, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO QUE DEBE DARSE A LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA." Una vez establecida la premisa normativa y jurisprudencial que antecede, se puede derivar válidamente que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia únicamente puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente el juicio biinstancial, en el caso de que el acto reclamado, aun dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tenga autonomía propia y no como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Sentado lo anterior, debe precisarse que para la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los actos dictados en el periodo de ejecución de sentencia, sólo puede instarse a ella en tres casos: a) Cuando el peticionario de amparo se ostenta como tercero extraño a juicio, esto es, cuando argumenta que no ha sido oído ni vencido en el asunto por el cual solicita la protección constitucional. b) Cuando se trate de la última resolución dictada dentro del referido procedimiento de ejecución de sentencia, ello acorde a lo estipulado en el mencionado artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c) Cuando el auto o resolución que se combata tenga autonomía propia y no tenga como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Por lo tanto, debe surtirse alguna de dichas hipótesis para que pueda procederse a la vía del amparo biinstancial, situación que en el presente asunto no acontece. Como se puede apreciar, es claro que el juicio de amparo que se promueve deviene improcedente, toda vez que el acto que el promovente pretende combatir en esta vía es: La resolución de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dictada dentro de los autos del toca **********, del índice de la Sexta Sala en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, la cual declaró fundada la queja presentada por ********* y en consecuencia se modificó el auto recurrido. Ello, para el efecto de determinar por no ha lugar a señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles, ordenada en auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, emitido en la sección de ejecución del juicio ordinario civil ********** del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, hasta en tanto se de cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada por la propia Sala, en el toca **********. Lo anterior, bajo el argumento de que no resulta jurídicamente dable pretender dividir la sociedad conyugal, sin conocer los bienes que la integran. Por lo que, es inconcuso que la resolución señalada como acto reclamado que declara fundada la queja contra el proveído dictado en sección de ejecución, no puede considerarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de la sentencia ni que se encuentre en alguno de los casos de excepción, esto es, que la resolución reclamada tenga autonomía propia y que no tuviera como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, tal y como lo exige el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo de la Ley de la materia. Tiene aplicación la tesis número 2a. VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 230, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, de rubro: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS." También apoya lo anterior la tesis II.2o.C.389C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 1721, Tomo VII, Novena Época, de rubro: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA." Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de la Sexta Sala en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por resultar notoriamente improcedente. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno... "

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