Noe Romero Huerta
Expediente 986/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 986/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Noe Romero Huerta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el presente juicio. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas del cuatro de octubre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 986/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con las documentales allegadas por el quejoso ******************** y con las exhibidas por la Directora de Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los formulados por el Director de Asuntos Jurídicos Civiles y Penales y por la Directora de Transparencia y Acceso a la Información, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos los alegatos de mérito y se declara precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, ********************, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán y de la Directora de Transparencia y Acceso a la Información del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, en su denominación correcta, ambos con residencia en esta ciudad, que estimó violatorios de los artículos 1º y 8° de la Constitución. Autoridades responsables: 1. Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán; y, 2. Directora de Transparencia y Acceso a la Información del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por auto de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo; la registró con el número I-986/2023-Jjsg, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y, seguido el juicio por sus trámites legales, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia al tenor de los siguientes: C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que residen dentro de ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción y fue presentada la demanda. Segundo. Fijación del Acto Reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así como la tesis VI/20042 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, analizada íntegramente la demanda que dio origen al juicio de amparo de que se trata, debe precisarse que el acto reclamado, consiste en: La omisión de dar respuesta a su solicitud de información, presentada vía electrónica, de fecha catorce de mayo de dos mil veintitrés. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Al momento de rendir informe justificado el Director de Asuntos Jurídicos Civiles y Penales del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, manifestó que no son ciertos los actos que se le atribuyen, ello en virtud de que la petición realizada por el propio quejoso fue enviada o presentada mediante correo electrónico, a la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información y no ante el Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, en atención al artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que prevé que la parte promovente debe probar los hechos constitutivos de su acción, pues el acto reclamado es de carácter omisivo, que en un sentido amplio no son sino actos negativos que implican abstenerse de un hacer, o bien, falta por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en ejecución de una cosa o por no haberla ejecutado; sin que en el caso, se haya acreditado en términos del artículo 8° Constitucional que efectivamente se realizó de manera formal una solicitud por escrito, por lo que no se aportó medio de convicción alguno para desvirtuar la manifestación de inexistencia del acto reclamado. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a la autoridad responsable mencionada con anterioridad se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, se sobresee en el presente juicio de amparo. Cuarto. Existencia del acto reclamado. Ahora bien, la Directora de Transparencia y Acceso a la Información del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, al rendir su informe justificado manifestó que son ciertos los actos que se le reclaman. No obstante lo anterior, de las constancias remitidas por la Directora de Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, se advierte lo siguiente: 1. Que mediante oficio SA/DITAI/2266/2023 de cuatro de agosto la Jefa del Departamento de Obligaciones de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, le informó a la Directora de Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, que no se encontró información que corresponda con dicho proveedor en los convenio, licitaciones o adjudicaciones directas, que solicitó la parte quejosa en su escrito de petición. 2. Mediante oficio número ********************, emitido por la propia Directora el cuatro agosto del año en curso, se le informó al quejoso que derivado de su solicitud de acceso a la información pública, con número de folio ********************, fue turnada a la Tesorería Municipal y a la Secretaría de Administración, ambas del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, quienes mediante los oficios TMM/ST/221/2023 y SA-ST-CT-0214/2023, respectivamente, otorgaron respuesta a lo solicitado por el quejoso [fojas 23 a 26]. 3. Asimismo, por oficio número SA/DITAI2347/2023, de fecha nueve de agosto de la presente anualidad, se notificó, vía electrónica, al quejoso ********************, a través del correo institucional, respecto de su solicitud de acceso a información pública, registrada en la Plataforma Nacional de Transparencia, con el folio número ********************. Documentales referidas, las cuales adquieren valor probatorio pleno respecto de los hechos enumerados en su contenido, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°, en razón de su naturaleza de públicas. En relación con lo anterior, resulta importante resaltar que del estado de autos, se advierte que mediante proveído de fecha veintiocho de agosto del presente año, se otorgó vista por quince días a la parte quejosa, para que manifestara si era su señalar como nuevo acto reclamado la contestación dada por parte de la autoridad responsable, sin que haya hecho manifestación alguna en torno a ello ni respecto de la vista para la ampliación de la demanda, por lo que mediante diverso auto de veintiocho de septiembre pasado, se ordenó continuar con el trámite del presente juicio respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables en el escrito inicial de demanda. Quinto. Causas de improcedencia. Como en la especie las partes no hacen valer ninguna causa de improcedencia, este Juzgado de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, debe de oficio estudiar si alguna de ellas se actualiza en el presente asunto. Por tanto, en la especie, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2ª./J. 9/98, consultable en la página doscientos diez del Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho del Semanario Judicial de la Federación, materia común, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, al haber sido atendida la solicitud de información de la parte quejosa, ello trajo como consecuencia la cesación de efectos del acto omisivo reclamado, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia que prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado analizado en el presente considerando. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E: Único. Por las razones expresadas en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el resultando primero. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que feneció el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa en auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, para el efecto de que realizara lo siguiente: "- Manifieste si desea señalar como nuevo acto reclamado la contestación dada por parte de la autoridad responsable a su escrito presentado ante ésta." En consecuencia, y toda vez que la parte quejosa, no realizó ninguna manifestación alguna, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiocho de agosto del año en curso y se ordena continuar el trámite del presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables en el escrito de demanda inicial. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, del informe justificado rendido el once de agosto del presente año, se tuvo a la Directora de Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría del Ayuntamiento de Morelia, remitiendo las constancias relativas al acto reclamados de las que se advierte que dio contestación el cuatro y nueve de agosto del presente año, al escrito presentado por la parte quejosa el catorce de mayo del presente año. En consecuencia, con fundamento en los artículos 108, 110, 111 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de quince días contado a partir de que surta efectos la notificación que se le realice del presente auto, manifieste lo siguiente: - Manifieste si desea señalar como nuevo acto reclamado la contestación dada por parte de la autoridad responsable a su escrito presentado ante ésta. En el entendido que el escrito referido deberá cumplir con los requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo; asimismo, deberá exhibir las copias suficientes para cada una de las partes. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se continuará el trámite del presente juicio únicamente respecto del acto que indicó en el capítulo referente a los actos reclamados. Sustenta lo anterior por las razones que la formaron la tesis 1a./J. 136/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, de rubro y contenido siguiente: ''INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada.'' Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las once horas del cuatro de octubre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.ERR
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