Noe Robles Hernández
Expediente 1210/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1210/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/05/2016
Partes del expediente
- Noe Robles Hernández y Otros.
- Pedro López Cruz y Otros.
- Noe Robles Hernández
Actuaciones
- Principal
Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que después de haber realizado una revisión integra del expediente en que se actúa, no se advierte la existencia de documentos originales. En ese tenor, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, atendiendo a la certificación de cuenta se determina lo siguiente: De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como de la certificación de cuenta, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia. c) Asimismo, de conformidad con el punto décimo séptimo del acuerdo en cita, se atendió la digitalización de las constancias, las cuales coinciden con su original d) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. e) Pasados cinco años del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del juicio en que se actúa.
- Principal
Vista la cuenta que antecede, así como el estado procesal de las presentes actuaciones, se advierte que transcurrió el plazo otorgado a los promoventes de la demanda, para que dieran cumplimiento a las prevenciones formuladas en proveído de diez de agosto del año actual, sin que así lo hayan hecho. En virtud de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento con que fueron conminados y con fundamento en el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo por cuanto hace al solicitante del amparo ++. Por otra parte, respecto al diverso solicitante del amparo ++ toda vez que fue su deseo desistirse del presente asunto; en ese tenor, tomando en consideración que los asuntos de esta naturaleza, sólo pueden seguirse a instancia de parte agraviada y ante la manifestación expresa del quejoso aludido, se le tiene por desistido del juicio constitucional en que se actúa. En esas condiciones, el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo establece: Artículo 63 El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . .I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio.(.). De lo anterior se advierte que la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda válidamente desistir el quejoso en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad; por consiguiente, con dicho desistimiento se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, y por consecuencia, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por lo que respecta al solicitante del amparo ++. En lo conducente resulta aplicable la tesis 39, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 681, del Tomo I, segunda parte, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, cuyo texto refiere: "SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO. Si durante la tramitación del juicio de amparo el quejoso se desiste expresamente de la demanda que interpuso, procede sobreseer el juicio constitucional con apoyo en la fracción I del artículo 74, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI.2o.19 K, sostenida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 488, tomo III, febrero de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO EXPRESO DEL AGRAVIADO. Para que el desistimiento del agraviado proceda en el juicio constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester que sea el propio quejoso quien presente el escrito y, además, que ratifique el mismo ante presencia judicial o funcionario con fe pública, previa identificación del interesado". En la inteligencia que al haber expresado dicho justiciable su voluntad a desistirse del presente juicio, ante presencia judicial; esto es, ante el fedatario judicial adscrito a este órgano de control constitucional, es evidente que no es necesario ordenar la ratificación de su decisión. En tal virtud, al haberse consentido expresamente por el promovente del amparo aludido, el sobreseimiento decretado en este asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado analógica y supletoriamente, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª./J. 161/2010, sostenida por la Segunda Sala, visible en la página 687, tomo XXXIII, enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.", sostuvo que la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda de amparo tiene como objeto verificar la identidad de quien desiste, esto es, cerciorarse de que no se trate de un ocurso en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad. Ahora bien, la retractación de dicho desistimiento debe hacerse dentro del plazo de tres días previsto para su ratificación o durante el desarrollo de la diligencia relativa, en términos de la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que si el peticionario de garantías pretende abandonar su intención de desistir de la demanda de amparo después de ratificar el desistimiento ante la presencia judicial, no es posible que la retractación surta efectos a su favor, pues la sola ratificación actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 74 de la citada Ley; máxime que lo contrario atentaría contra la garantía de seguridad jurídica y el principio general de derecho consistente en que los actos jurídicos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes. Lo anterior es así, con independencia de que dicha retractación se presente antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en la medida en que la negativa a acordar favorablemente la abdicación emana de la naturaleza intrínseca que le inculca la ratificación previa del escrito de desistimiento, además de que, en todo caso, la sentencia que se emita al respecto y decrete el sobreseimiento tendrá carácter declarativo, al manifestar una causa legal que impide la continuación del juicio o que pueda resolverse la cuestión de fondo originalmente planteada." Así como la tesis 2ª./J. 161/2010, sostenida por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 527, tomo XI, abril de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO. RETRACTACIÓN IMPROCEDENTE SI AQUÉL FUE PREVIAMENTE RATIFICADO ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE. La facultad irrestricta que tiene el quejoso para desistir de su demanda de garantías se basa en el principio de instancia de parte agraviada, conforme al cual, además de ser él quien puede exigir a los órganos judiciales que la impartan, su protección contra cualquier ley o acto de autoridad que lo lesione en su esfera jurídica, también es quien puede renunciar voluntariamente a que se le otorgue dicha protección. En ese tenor, si el quejoso, haciendo uso de esa facultad, desiste de su demanda de amparo, ratificando su voluntad en ese sentido ante el órgano jurisdiccional correspondiente, no puede surtir efectos un acto posterior de retractación de ese desistimiento, pues éste causó estado por su sola ratificación, actualizándose en dichas circunstancias la indudable y manifiesta causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI de la Ley de Amparo, relacionado con el artículo 145 del mismo ordenamiento legal." Háganse las anotaciones respetivas en el libro de gobierno.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, que suscribe el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 965/2014; así como, el testimonio de la resolución que pronunció el tribunal de su adscripción el trece de julio de dos mil quince, dictado en el incidente de inejecución de sentencia IIST 5/2015, en la cual determinó: ÚNICO. Se declara IMPROCEDENTE el presente incidente de inejecución de sentencia. Acúsese recibo de estilo, glósense las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes al expediente en que se actúa, ya que aquél se encuentra formado, en su mayoría, por copia certificada de las actuaciones originales que fueron devueltas mediante el oficio que se acuerda.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo promovido por ++, por propio derecho, contra actos que atribuyen al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1210/2015. Primeramente, es un hecho notorio que el juicio de amparo 591/2015 del índice de este juzgado de Distrito, fue promovido, entre otros, por los quejosos ++, en el cual obran las constancias de notificación efectuadas a ellos por el actuario adscrito a este juzgado. Circunstancia que se corrobora al tener a la vista los autos del referido sumario; a los que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo que estatuyen los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, las rúbricas que calzan el escrito de demanda de cuenta, difieren notablemente con las que obran en las constancias de notificación supracitadas; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracción I y 114 fracción II, de la actual ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase a los referidos solicitantes del amparo para que en la propia diligencia de notificación, o dentro del plazo de cinco días, indiquen el porqué de las firmas discrepantes, o en su caso, en el propio acto, la ratifiquen y manifiesten lo que a su interés convenga, en virtud que este juzgado presume que las rúbricas que calzan la demanda con la que se da cuenta, no corresponden a las personas que aparecen como promoventes, dado que ésta constituye la manifestación de su voluntad para accionar al órgano jurisdiccional, y es inusual que discrepen en forma tan evidente. Todo lo anterior, en atención a que, de proveer lo conducente en relación a la demanda, sin antes aclarar esa situación, es decir, sin tener la certeza que la persona que la promueve efectivamente manifestó su voluntad, iría en franco perjuicio del sistema de impartición de justicia, al permitir que cualquier persona, sin el consentimiento del gobernado supuestamente afectado, a su arbitrio, acudiera a instar los mecanismos legales del estado. En esa virtud, agréguese para que obre como legalmente corresponda, copia certificada de las constancias de notificación que obran en el diverso juicio de amparo indirecto 591/2015, para debida constancia legal. Por otra parte, a efecto de estar en aptitud legal de proveer lo que corresponda, con fundamento en los artículos 108 fracción V y 114 fracción II, ambos del ordenamiento legal invocado, requiérase a los impetrantes del amparo, para que dentro del plazo de cinco días, bajo protesta de decir verdad, satisfagan los requisitos que establece el numeral invocado en primer término, es decir, manifiesten: 1. Los antecedentes que dieron origen a los actos reclamados, entre los cuales deberán especificar de manera pormenorizada, cuáles fueron las condiciones de las solicitudes de atención médica, ante quién o quienes las formularon, por qué medios y, en su caso, la respuesta a sus solicitudes; 2. O en todo caso la omisión por parte de las autoridades responsables en dar contestación a sus peticiones. Lo anterior es así, puesto que de la lectura integral del escrito de demanda, no se advierte elementos suficientes que permitan conocer al suscrito, los alcances de su petición o el acto reclamado en específico. De la misma forma, se les requiere para que precisen si señalan como acto reclamado la negativa a contestar las peticiones formuladas, especificando la autoridad ante quién fueron realizadas - del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México-, para recibir la atención médica que refieren, según el padecimiento que dicen presentar; asimismo, para que precisen las fechas en las cuales fueron formuladas las solicitudes en comento, cuándo fue la última vez que fueron valorados por el servicio médico, cuándo iniciaron sus padecimientos, y cuándo fueron diagnosticados, en su caso por las especialidades, correspondientes. En virtud que del contenido de la demanda no se advierten tales circunstancias, lo cual genera incertidumbre respecto a los alcances que pretenden los promoventes al acudir al juicio de garantías. En el mismo tenor, se previene a los solicitantes de amparo para que: 1. Refieran si dentro de una temporalidad reciente han promovido diversos juicios de amparo en contra del mismo acto, o similares al que impugna a través del presente; y, 2. En su caso, indiquen los números de juicios con los cuales fueron registrados y ante qué órgano jurisdiccional se llevó su trámite, así también, precisen cuáles fueron los efectos de la suspensión que, de actualizarse tal supuesto, se hubiere decretado. 3. De igual forma, deberá indicar si ya realizaron la solicitud de atención médica en forma escrita, previa y directamente a las autoridades penitenciarias correspondientes, como lo ordena el artículo 77 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, así como la fecha que dieron contestación a su solicitud, en caso de haberla realizado. Por otra parte, acorde a lo establecido en el numeral 16 fracción IV, del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, se aprecia que la autoridad encargada de otorgar la atención médica lo es el Titular del Área Técnica del Centro Federal en el que se encuentran recluidos; en consecuencia, requiéraseles para que en el mismo plazo manifiesten si señalan a la referida autoridad como responsable. Lo anterior en razón de que como está planteada la demanda, se puede tener al alcance mayores datos de los que fueron proporcionados por la parte agraviada, con el fin de conocer provisionalmente los actos que tildan de inconstitucionales. Se les apercibe que para el caso de no desahogar el primer requerimiento formulado, dentro del término que se les concede, será válido concluir que la demanda no está firmada por ellos y se acordará lo que en derecho corresponda; en cuanto a los restantes requerimientos, se tendrá por no presentada la demanda de mérito, atento a lo que dispone el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia. De no desahogar el último requerimiento, referido a señalar como autoridad responsable al Titular del Área Técnica del Centro Federal en que se encuentran recluidos; quedan apercibidos que se proveerá respecto de la demanda en los términos planteados inicialmente. Por otra parte, a pesar de que los promoventes manifiestan que con la negativa de otorgar atención médica, se vulnera la garantía prevista por el artículo 22 Constitucional, lo cierto es, que no se ubican en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 15, en relación al diverso 126 de la Ley de Amparo (aplicables a la casuística y naturaleza de los actos de que se trata). Convicción a la que se arriba, porque lo cierto es que los actos reclamados no se ubican en alguna de las hipótesis que prevén los citados numerales; es decir, de aquellos que ameritan la inmediata intervención de este juzgador, para proveer respecto de éstos. El último precepto, regula la procedencia de la suspensión de plano aplicable (según los hechos narrados en la demanda) y, como se aprecia, los actos que ahí se prevén, tienen como característica la pronta e inmediata necesidad -debido a su naturaleza- de actuar para detener su ejecución, con el objeto de evitar la consumación de un perjuicio al impetrante, pero que tengan la singularidad de ser un menoscabo grave y de notoria lesión al bien jurídico tutelado por la norma, pues de lo contrario, el análisis relativo a si pueden ser suspendidos, será materia de estudio en otro momento procesal, no en este auto. Para emprender el análisis en cuestión, es menester hacer referencia a los diferentes supuestos relacionados con el acto que se reclama, a saber: a) Los que ponen en peligro la vida; . d) Los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. . Ahora, con relación a dichos actos, no obliga al juez de Distrito a suspenderlo de plano, en virtud de que para ello, debe decirse que si bien el acto que refieren los numerales citados con antelación abarcan un parámetro muy vasto, no por esa circunstancia se debe considerar, en automático, inmerso dentro de dicho parámetro a cualquier acto, sólo por el hecho de que así lo califique el solicitante de amparo en su demanda; sino que, en todo caso, es labor del juzgador ponderar si en verdad la ejecución de dichos actos son equivalentes a un riesgo fundado para la vida de los quejosos, lo anterior en relación a la falta de atención médica que se aduce, pues ello implicaría la pronta e inmediata necesidad de suspender los actos, verbigracia, infarto agudo al miocardio, traumatismo craneoencefálico, etcétera; es decir, lesiones que en realidad pudieran significar un peligro de la extinción del funcionamiento orgánico de una persona, para justificar la suspensión que recaerá también, de inmediato. Si así fuera, es decir, catalogarlos como de ese tipo (urgentes) nada más atendiendo a las manifestaciones de quien promueve, perdería sentido entonces la tarea conferida al juez de Distrito en los numerales 109 en relación con el 114 de la Ley de Amparo, que no sólo faculta, sino que obliga al juzgador a examinar todas y cada una de las demandas que son sometidas a su consideración, para luego, entre otras cosas, prevenir al solicitante, admitir o desechar la demanda. Inclusive, tales aseveraciones son congruentes con lo estipulado por la Norma Oficial Mexicana NOM-1681-1998, denominada Del Expediente Clínico, en su capítulo relativo a las definiciones, pues precisamente en su artículo 4.10, estable como significado del vocablo "urgencia", lo siguiente: 4.10. Urgencia, a todo problema médico-quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida, o la pérdida de un órgano o una función y requiera atención inmediata. Por consiguiente, la omisión de proporcionar atención médica a los quejosos, no implica necesariamente que puedan perder la vida o algún órgano, en razón de ello no es viable hasta el momento decretar la suspensión de plano. Aun cuando la expresión "actos que importen peligro de privación de la vida", englobe parámetros muy amplios, éstos deben representar un peligro fundado para la vida, y por lo expresado en la demanda, esto no se actualiza; es decir, no se soslaya que existe cierta afectación, pero no es correspondiente al apremio o urgencia, en grado tal, que amerite suspenderlos a través de este auto. Lo anterior, ya que de la lectura integra de la demanda, hasta el momento no se aprecia que los actos reclamados constituyan alguna de las penas prohibidas por el artículo 22 Constitucional ya que no se está en presencia de la imposición de penas inusitadas (aquellas que han sido abolidas por inhumanas, infamantes, crueles o excesivas); penas trascendentales (aquellas que afecta de modo directo a las personas allegadas a los sentenciados); así como los demás previstos en el numeral 15 de la ley de la materia (incomunicación e incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales). Estimar lo contrario, es decir, suspender los actos con las manifestaciones de los promoventes, causaría un perjuicio con notoria lesión a los intereses de la sociedad y a las disposiciones de orden público; por una parte, porque estas últimas dejan de cumplirse y pierde razón de ser su establecimiento dentro del sistema jurídico mexicano; y por otra, en virtud de que la sociedad está interesada en que las leyes se cumplan, pero sobre todo, en que los centros de reclusión de máxima seguridad, como el de nuestra atención, cuiden celosamente las medidas de seguridad (reduciendo al mínimo los conatos de motín, evasión, fuga de internos, etcétera), bajo los estrictos controles de vigilancia que son requeridos, a fin de que no sea burlada la norma legal aplicable. De acuerdo a lo que dispone el artículo 13 de la Ley de Amparo, se requiere a los promoventes para que al momento de ser notificados del presente, designen representante común de entre ellos; apercibidos que de incumplir este requerimiento, sin necesidad de previo acuerdo este órgano jurisdiccional federal tendrá con ese carácter a Pedro López Cruz. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la ley de la materia, se tiene como domicilio el centro de reclusión donde se encuentran. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 21, párrafo tercero, del citado ordenamiento, se habilita al actuario judicial de esta adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. En atención a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes, impreso y electrónico y el acceso a éste, así como las constancias por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno impreso como el electrónico del presente asunto. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuesto de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros"; atendiendo a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de Distrito, en relación con el artículo 5 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; se hace del conocimiento de las partes vinculadas con el presente asunto, el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8, en relación con el diverso 3 de la Ley Federal en comento, en la inteligencia de que solamente se omitirán sus datos personales cuando manifiesten su oposición de manera expresa.
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