Noé Reyes Añorve
Expediente 410/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 20 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 410/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 12/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Noé Reyes Añorve
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a doce de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que en este asunto no transcurrieron plazos ni términos procesales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, ambos del año en curso, de conformidad con la circular CAP/3/2020. No obstante, conforme al punto 17 de la circular mencionada, con esta fecha se reanudan los plazos y términos procesales conforme a las condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el tres de agosto del dos mil veinte. Por otra parte, vista la pieza postal que devuelve el Encargado de la Administración Postal de esta ciudad, que ampara el oficio 11420/2020, dirigido al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco, Guerrero, en la que aparece la leyenda: "AREA CERRADA POR COVID" la cual fue devuelta por la oficina de destino; por tanto, no obstante que aún no se tiene la certeza de que la citada dependencia haya reanudado sus labores, en obvio de mayores dilaciones, reenvíese, al domicilio citado de la referida autoridad responsable a efecto de que sea notificada del auto de seis de octubre del dos mil veinte. Notifíquese; y personalmente.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, seis de octubre de dos mil veinte. Visto el estado de los presentes autos y la certificación que antecede, se aprecia que mediante proveído de veinticuatro de agosto del año que transcurre, se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, habiendo transcurrido el término de quince días que tiene la parte legitimada para inconformarse con esa resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, se entiende que existe conformidad con dicha determinación. Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la citada ley, archívese el mismo. Entonces, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo cultural, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en su artículo 18, inciso b), del capítulo séptimo, relativo a la depuración de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este proveído; por tanto, se conservarán únicamente la demanda y sentencia respectiva. Por otra parte, dada la contingencia de salud derivada del virus SARS-CoV2 (COVID-19), de momento notifíquese esta determinación mediante la lista que se publica en los estrados del juzgado, como lo mandata la propia Ley de Amparo; la cual puede ser consultada en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Igualmente para que tratándose de los oficios girados a las autoridades responsables que aún no hayan reanudado labores porque se encuentren haciendo uso de sus periodos vacacionales o porque las dependencias se encuentren cerradas por cualquier otro motivo (COVID-19, entre otros), haga entrega de las comunicaciones una vez que éstas reanuden el servicio al público. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta encargada de despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de treinta y uno de octubre del año en curso, remite copia certificada del acuse de recibo del envió del oficio recordatorio que ordeno girar a la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en Acapulco de Juárez, dentro del juicio laboral 79/2013, de lo cual este juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta encargada de despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento realizado en auto de treinta y uno de octubre del año en curso, remite copia certificada del auto de catorce de noviembre del presente año, mediante el cual manifiesta que en atención a lo solicitado a su exhorto girado a la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en Acapulco de Juárez, esta informa que se fijaron las diez horas con treinta minutos del diez de enero del dos mil veinte, para el desahogo de la prueba testimonial ofertada por la parte demandada, con lo cual acredita que la ejecutoria de amparo se encuentra en vías de cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta encargada de despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para que dentro del término de cinco días siguientes al que tenga verificativo el desahogo de la prueba testimonial ofertada por la parte demandada, esto es a las diez horas con treinta minutos del diez de enero del dos mil veinte, dentro del expediente laboral 79/2013, informe el resultado de la misma debiendo remitir las documentales que acredite tal circunstancia, o en su defecto manifieste la imposibilidad jurídica que tenga para ello. Se le apercibe que de no cumplir con el requerimiento en el plazo concedido o bien no informar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 258, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; además de que se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno y materia corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la legislación en comento. Es de precisarse, que el término otorgado para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de los derechos humanos que se consideran vulnerados.
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