Noé Ramón Valdiviezo Martínez
Expediente 602/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 602/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/12/2020
Partes del expediente
- Noé Ramón Valdiviezo Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe el proveído de once de diciembre de dos mil veinte, del que se advierte causó estado el auto de treinta de noviembre del presente año, con el que se desechó el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa; asimismo, devuelve los autos originales del juicio de amparo 602/2020, del índice de este Juzgado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese para que conste en autos el oficio de cuenta; y glósese el cuaderno de antecedentes al expediente original que se recibe; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y acúsese recibo de estilo a la Superioridad. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto que fue desechada la demanda de amparo. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En otro orden de ideas, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir del presente auto; dentro de los siguientes treinta días, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Al igual, es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Por último, en términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su destrucción.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 1795-BR, veinticinco de noviembre del año en curso, y comunica que desechó el recurso de revisión 211/2020 de su índice, formado con motivo del recurso interpuesto por el quejoso Noé Ramón Valdiviezo Martínez. Atento a lo anterior, para los efectos legales a los que haya lugar, este juzgado toma conocimiento de la información proporcionada por la autoridad oficiante. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso ***** mediante el cual interpone recurso de revisión en contra del auto de cuatro de noviembre del año en curso; en el que se desechó la demanda de amparo, al efecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, dese trámite al recurso de revisión. Por lo anterior, se ordena remitir original y copia del escrito de revisión, así como los autos originales del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso de revisión correspondiente. Se ordena a la Secretaría remita dicho expediente debidamente integrado, foliado, rubricado y entre-sellado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a dicho órgano jurisdiccional para la substanciación del recurso correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia del auto recurrido, escrito de agravios y este acuerdo; además, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma Alex Conrad Hayton Herrera, Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la Secretaria María del Rosario Villalobos Gómez, quien certifica que la promoción de cuenta y este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Certifico y doy fe.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA:---------- Se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso Noé Ramón Valdiviezo Martínez, por medio del cual cumple la prevención realizada en auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte. Ahora, a efecto de proveer lo que en derecho proceda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición, se advierte que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, del estudio integral de la demanda presentada, se advierte que el peticionario de amparo reclama lo siguiente: a) El auto de tres de septiembre del dos mil diecinueve, dictado en el expediente 825/2015 del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial Tuxtla, mediante el cual la autoridad responsable declaró inadmisible, por extemporáneo, el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia definitiva de ocho de agosto de dos mil diecinueve. b) El auto diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 825/2015 del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial Tuxtla, mediante el cual no le dio trámite al recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de tres de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó el recurso de apelación promovido en contra de la sentencia definitiva de ocho de agosto del año pasado, dictado por la autoridad responsable. b) El auto de diez de septiembre del dos mil veinte, dictado en el toca civil 664-A-2C01/2019, del índice de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, que declaró inadmisible, por improcedente el recurso interpuesto. En primer término, por lo que respecta al acto reclamado señalado en el inciso a) El auto de tres de septiembre del dos mil diecinueve, dictado en el expediente 825/2015 del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial Tuxtla, mediante el cual la autoridad responsable declaró inadmisible, por extemporáneo, el recurso de apelación interpuesto por la parte quejoso en contra de la sentencia definitiva de ocho de agosto de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la casual de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. De cuyos numerales se desprenden los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, siendo la regla genérica el término de quince días hábiles, los cuales deben comenzar a computarse a partir de tres momentos excluyentes entre sí, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución, o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto o su ejecución. Conforme a lo expuesto, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior, el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De lo anterior, se puede inferir que la quejosa tuvo conocimiento del auto reclamado, pues de la narración de los hechos y el actor que aquí se reclama se advierte que esta interpuso recurso de revocación en contra del citado proveído; ante ese petición el juez del conocimiento emitió el auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que, es a partir de esa fecha en que de manera plena tuvo conocimiento del acto reclamado. Por tanto, es innegable que el plazo para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del veintitrés de septiembre al once de octubre de dos mil diecinueve, sin contar los días veintiocho y veintinueve de septiembre y cinco y seis de octubre por ser sábados y domingos; por consiguiente, tomando en consideración que la parte quejosa presentó la demanda hasta el dieciséis de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, residentes en esta ciudad, es evidente que lo hizo fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Lo que conduce a afirmar que el auto de tres septiembre de dos mil diecinueve combatido en esta instancia constitucional, fue consentido tácitamente. Apoya lo antes considerado, la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.) intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva.". Del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a la página 5 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, Décima Época, registro 2010666 En este contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que el acto reclamado fue consentido tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con él. Motivo por el cual, si el acto reclamado no se ubica en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, al no producir ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso, que de acuerdo con los alcances y contenido de dicho precepto, la demanda promovida debió presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes, al en que tuvieron conocimiento del acto que reclama. Ahora, por lo que hace al acto reclamado consistente en: b) El auto diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 825/2015 del índice Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial Tuxtla, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es así, porque el acto reclamado consistente en el acuerdo combatido dejó de surtir efectos legales al haber sido sustituido procesalmente, por el auto de diez de septiembre dos mil veinte. En efecto, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, dicha determinación había sido sustituida procesalmente por la que dictó el Presidente de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, con motivo del recurso de apelación interpuesto, el cual fue declarado inadmisible, por improcedente. Lo que trae como consecuencia que el citado auto reclamado en el presente juicio, cesó en sus efectos, razón por la cual sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior, pues aun cuando no puede válidamente afirmarse que ha concluido la probable transgresión a los derechos fundamentales del quejoso, lo cierto es que ésta no proviene ya del acto por el que se acudió a la presente instancia, sino de la nueva determinación dictada diez de septiembre del año en curso. De ahí que, aquél acto ya no pueda ser materia de examen en un juicio de amparo biinstancial, sino el que lo sustituyó, por haber quedado aquél sin efectos. Es aplicable, la tesis I.3o.C.769 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos."(Visible a la página 1492 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, registro 165869). Por otra parte, referente al diverso acto reclamado relativo a: c) El auto de diez de septiembre dos mil veinte, dictado en el toca civil 664-A-2C01/2019, del índice de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, que declaró inadmisible por improcedente el recurso interpuesto; se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. La norma legal en cita refiere que el juicio de amparo es improcedente cuando la ley conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual las resoluciones judiciales, administrativas o del trabajo, puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, razón por la que obligatoriamente deben agotarse dichos recursos. En ese tenor, se destaca que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo; por lo que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación sin que en su oportunidad sea interpuesto por el quejoso, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza propia del amparo, ya que esta es una vía extraordinaria, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan agotado todas las instancias procedentes para combatir el acto de autoridad que les causa algún agravio. En tal virtud, solo puede promoverse el juicio de amparo, cuando la legislación que norma el acto reclamado, no brinda al afectado ningún recurso o medio de defensa legal, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio. Por lo que, de la interpretación literal de la referida causal, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, tratándose de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, cuando: i) El acto reclamado sea efectivamente una resolución proveniente de un tribunal judicial; ii) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; iii) Ese recurso o medio de defensa esté previsto dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, iv) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial o jurisdiccional pueda ser modificada, revocada o nulificada. De lo que se sigue, que al combatir el quejoso el auto de diez de septiembre del año en curso, dictado en el toca civil 664-A-2C01/2019, del índice de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, que declaró inadmisible por improcedente el recurso interpuesto, era necesario que agotara el recurso ordinario que la ley prevé; en el caso, el de reposición previsto en el artículo 662 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas.. Al respecto, dicho numeral señala: "Artículo. 662. De los decretos y autos del tribunal superior, aun de aquellos que dictados en primera instancia serian apelables, puede pedirse reposición que se substancia en la misma forma que la revocación." De ahí que, es claro que contra el acto reclamado en esta vía, procede un medio de impugnación que debe ser agotado para cumplir con el principio de definitividad, como lo es el recurso de reposición, contemplado en el precitado artículo de la legislación civil, antes citada. En ese sentido, la parte quejosa debió interponer el recurso de reposición previsto en el precitado artículo 662 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, ya que se trata de un auto dictado por un tribunal superior dentro de procedimiento, el cual puso fin a una cuestión con carácter definitivo, sin resolver el fondo de la apelación interpuesta, respecto del cual concede la ley el respectivo recurso, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado; no obstante, el accionante de esta instancia constitucional, no lo agotó previamente, por tanto, no se colmó el principio de definitividad que rige el procedimiento constitucional. Así, se insiste, en contra del auto de diez de septiembre del año en curso, dictado en el toca civil 664-A-2C01/2019, del índice de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, que declaró inadmisible por improcedente el recurso interpuesto, previo a la interposición del juicio de amparo, procede el recurso de reposición, dado que el citado precepto legal dispone en forma genérica la procedencia de ese medio de impugnación en contra de todos los decretos y autos dictados por la autoridad de segundo grado; motivo por el cual, la demanda en estudio resulta improcedente. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 17/2003, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. Los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo establecen, respectivamente, que se está ante una sentencia definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, cuando decide el juicio en lo principal y respecto de ella las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada; asimismo, se considerará como tal, la dictada en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si la ley se los permite; al igual que la resolución que pone fin al juicio, es decir, la que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes no conceden recurso ordinario alguno; y que el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo contra ese tipo de sentencias es el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Ahora bien, si una resolución que pone fin al juicio o una sentencia son legalmente recurribles, pero el interesado no agota el recurso previsto en la ley y deja transcurrir el término para ello, aunque la sentencia o la resolución ya no puedan ser legalmente modificadas, no por ello deben tenerse como definitivas para los efectos del juicio de amparo directo, pues la situación de facto, consistente en haber dejado transcurrir el término de impugnación, no puede hacerlo procedente, toda vez que ello implicaría soslayar unilateralmente la carga legal de agotar los recursos que la ley prevé, lo que se traduciría en violación al principio de definitividad." (Visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVIII, julio de 2003, Novena Época) Robustece lo anterior, la tesis: P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicta: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo."(Visible en la página 8 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época, registro 2017117). Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. (Visible la página 729 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Décima Época, registro 2001155)." Asimismo, por analogía jurídica sustancial, es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 45/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, visible a página 106, del rubro y texto siguientes: "REPOSICIÓN. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DESECHA LA APELACIÓN EN UN JUICIO MERCANTIL Y DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación literal del artículo 1334 del Código de Comercio se advierte que procede el recurso de reposición contra cualquier decreto o auto dictado por los tribunales superiores, aun de los que serían apelables si se tratara de primera instancia. Ahora bien, si la ley es clara al determinar la procedencia de un medio de impugnación contra determinado tipo de resoluciones judiciales, no se puede hacer una interpretación en contrario, por lo que, contra la resolución del tribunal de alzada que desecha o declara inadmisible una apelación en materia mercantil sí procede el recurso de reposición. Ello es así porque el citado numeral establece en forma genérica la procedencia de la reposición en contra de todos los autos y los decretos dictados en segunda instancia, sin excluir expresamente aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación, de manera que debe agotarse este medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo." Al igual que la tesis IX.1º.C.A.3 C(10ª.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EN UNA MISMA RESOLUCIÓN CONCURRAN DOS DETERMINACIONES, UNA QUE ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, SI SE DECLARA DESIERTO EL DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, Y COMO CONSECUENCIA SE EMITE OTRA QUE ES IRRECURRIBLE, EL QUEJOSO DEBE AGOTAR DICHO MEDIO DE DEFENSA ANTES DE ACUDIR A AQUÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). El artículo 934 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí prevé: "De los decretos y autos del tribunal superior, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse reposición que se substancia en la misma forma que la revocación."; mientras que el artículo 413 de la propia codificación dispone: "El auto en que se declara que una sentencia ha causado o no ejecutoria, no admite recurso alguno."; por tanto, cuando en una misma resolución se adopta una determinación impugnable mediante el recurso de reposición, como es el caso en que se declara desierto el de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y, como consecuencia, se emite otra que legalmente es irrecurrible (la firmeza de dicha sentencia), es incuestionable que el quejoso estará obligado a interponer el medio de defensa en cuestión, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, pues al estar supeditada ésta de la subsistencia de aquélla, la consecuencia lógica de resultar fundado el recurso, será la de revocar la primera, abarcando las consecuencias de la segunda, de modo que si no actuó de esa forma, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo." (Visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III Página: 1883 con número de Registro: 2015117). Máxime que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que exima al impetrante de la interposición de los medios de impugnación, esto es, no se está en un caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se advierte que se aleguen violaciones directas a la Constitución. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo, aun cuando se traten de actos de imposible reparación. En tales circunstancias, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, así como, las fracciones XVIII y XXI, en relación con el diverso 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo.
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