Noé Ramón Cuadras Armenta

Expediente 129/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
129/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
27/08/2018

Partes del expediente

  • Noé Ramón Cuadras Armenta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte tercero interesada Motores de Tijuana, Sociedad Ánonima de Capital Variable, el auto de veintisiete de agosto del presente año, el cual dice: Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por las autoridades responsables al fallo protector dictado en este asunto, sin que hubieran expresado inconformidad alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada por este juzgado el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho (páginas 428 a 434), se determinó conceder el amparo y protección a Noé Ramón Cuadras Armenta, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, procediera de la siguiente manera: 1) De inmediato dicte el laudo que en derecho corresponda dentro del juicio laboral 394/2013. 2) Con la misma prontitud se notifique a las partes dicha resolución. Sentencia de amparo, que causó ejecutoria en auto de trece de julio de dos mil dieciocho; por lo cual, se requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, el cumplimiento al fallo protector. En atención a ello, se tuvo a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, remitiendo el oficio 659-P y copia certificada del laudo dictado en seis de agosto de dos mil dieciocho, dentro del juicio laboral 394/2013 de su índice (fojas 456 a 465); por lo que en trece de agosto siguiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordenó dar vista y notificar a las partes el oficio y anexos de referencia, corriéndoles traslado con copia certificada de las constancias en mención, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que hubieran realizado manifestación alguna. A las probanzas relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fue emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. En las relatadas condiciones, se determina que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que demostró haber dictado el laudo correspondiente dentro del expediente laboral 394/2013, de su índice, el cual fue debidamente notificado a las partes. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al determinarse cumplido el fallo protector por parte de la autoridad responsable, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, procede notificar a la parte tercero interesada Motores de Tijuana, Soceidad Anónima de Capital Variable, el auto de trece de agosto de dos mil dieciocho, el cual a la letra dice: Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta firmado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, con residencia en esta ciudad, así como el anexo que acompaña para demostrar el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido, dése vista a las partes y córrase traslado con el mismo, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; transcurrido dicho término con desahogo de la vista o sin ella, dése cuenta para dictar lo procedente. No obsta a lo anterior, que la autoridad responsable no remita la constancia de notificación a las partes, del laudo emitido en cumplimiento al amparo; sin embargo, toda vez que en el presente sumario se cuenta con sus domicilios, con fundamento en el artículo 17 constitucional, a fin de no retardar el pronunciamiento de este juzgado en cuanto al cumplimiento dado por la autoridad responsable; conjuntamente con el presente acuerdo, se ordena que se corra traslado a las partes con copia certificada de las constancias en mención. Es aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia con número de registro 1003433, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1755, tomo II, procesal constitucional 1, común, primera parte - SCJN, décima segunda sección - ejecución de sentencias de amparo, novena época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-Septiembre 2011, de rubro y texto: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes. En el entendido de que queda a su disposición en la actuaria de este órgano jurisdiccional copia certificada del laudo dictado el seis de agosto de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 394/2013. Por otro lado, se notifica a las partes el contenido del auto dictado el quince de agosto de dos mil dieciocho, el cual a la letra dice: Vistos; agréguese a los autos la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte no fue posible notificar personalmente a la moral tercero interesada Motores de Tijuana, Sociedad Anónima de Capital Variable, el contenido del auto de trece de agosto de dos mil dieciocho, en virtud que no señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones. En consecuencia, notifíquesele por lista en los estrados de este juzgado el acuerdo dictado el trece de agosto del año en curso, así como las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto señalen domicilio para tal efecto, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 27 en relación con el 29 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, procede notificar a la parte tercero interesada Motores de Tijuana, Soceidad Anónima de Capital Variable, el auto de trece de agosto de dos mil dieciocho, el cual a la letra dice: Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta firmado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, con residencia en esta ciudad, así como el anexo que acompaña para demostrar el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido, dése vista a las partes y córrase traslado con el mismo, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; transcurrido dicho término con desahogo de la vista o sin ella, dése cuenta para dictar lo procedente. No obsta a lo anterior, que la autoridad responsable no remita la constancia de notificación a las partes, del laudo emitido en cumplimiento al amparo; sin embargo, toda vez que en el presente sumario se cuenta con sus domicilios, con fundamento en el artículo 17 constitucional, a fin de no retardar el pronunciamiento de este juzgado en cuanto al cumplimiento dado por la autoridad responsable; conjuntamente con el presente acuerdo, se ordena que se corra traslado a las partes con copia certificada de las constancias en mención. Es aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia con número de registro 1003433, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1755, tomo II, procesal constitucional 1, común, primera parte - SCJN, décima segunda sección - ejecución de sentencias de amparo, novena época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-Septiembre 2011, de rubro y texto: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes. En el entendido de que queda a su disposición en la actuaria de este órgano jurisdiccional copia certificada del laudo dictado el seis de agosto de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 394/2013.

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte, a la fecha no se interpuso recurso de revisión, en contra de la sentencia que concedió el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa, en relación a los actos reclamados a la autoridad responsable Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliacion y Arbitraje de Ensenada, Baja California; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su numeral 2º se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, para que, dentro de los tres días hábiles siguientes, remita las constancias certificadas relativas al cumplimiento al fallo protector, por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el numeral 258, ambos de la Ley de Amparo; asimismo, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Asimismo, infórmese a las partes que ésta estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, conteniendo el nombre y datos personales a que alude el artículo 3 fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán, sin ser necesario su consentimiento, cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambas de la ley en mención.

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