Noé Promotor Nato

Expediente 875/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
875/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
16/10/2019

Partes del expediente

  • Noé Promotor Nato
  • Gloria Elena Saldaña Mines y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, que desechó la demanda de garantías promovida por Reynaldo Carrazco Villarreal, en su carácter de apoderado legal de Noé Promotor Nato, Gloria Elena Saldaña Mines, Gloria Hortencia Saldana y Claudia Noemí Promotor Saldaña; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de once de octubre de dos mil diecinueve (foja 103), se tuvo por recibida la constancia de diligenciación del exhorto 486/2019-VII, con número de orden 565/2019, librado en el presente expediente para efectos de notificar personalmente a Reynaldo Carrazco Villarreal, en su carácter de apoderado legal de Noé Promotor Nato, Gloria Elena Saldaña Mines, Gloria Hortencia Saldana y Claudia Noemí Promotor Saldaña, el proveído de veintiséis de septiembre del año actual; ahora bien, toda vez que de las constancias visibles a fojas noventa y cinco a ciento dos, se aprecia que ha transcurrido el término de tres días, que este Juzgado de Distrito concedió a la parte quejosa de mérito, a efecto de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que se haya pronunciado al respecto; en tal razón, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminada por el auto aludido en segundo término (veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve), de ahí que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena que las subsecuentes notificaciones, aún las que revistan el carácter de personales, se le hagan por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Tribunal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    VII...Heroica Matamoros, Tamaulipas, once de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio número 36939/2019 con anexo, enviado bajo vinculación electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, mediante el cual remite la constancia de diligenciación del exhorto 486/2019-VII, con número de orden 565/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, que se libró a efectos de que en auxilio de las labores de este tribunal, se notificara personalmente a Reynaldo Carrazco Villarreal, en su carácter de apoderado legal de Noé Promotor Nato, Gloria Elena Saldaña Mines, Gloria Hortencia Saldana y Claudia Noemí Promotor Saldaña, el proveído de veintiséis de septiembre del año en curso, dictado en el juicio de garantías en que se actúa; en tal razón, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda, debiéndose realizar la anotación relativa en el libro de gobierno, así como darse de baja en el reporte estadístico; y, acúsese recibo de estilo vía interconexión por conducto del sistema en comento. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    VII...Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio número 32036/2019 con anexo, enviado por el secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, que contiene inserto el proveído de fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio de amparo 1826/2019, de su índice, formado con motivo del escrito de demanda promovida por Reynaldo Carrazco Villarreal, en su carácter de apoderado legal de Noé Promotor Nato, Gloria Elena Saldaña Mines, Gloria Hortencia Saldana y Claudia Noemí Promotor Saldaña, contra actos de los Magistrados que integran la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, residente en aquella localidad, por el que se declaró territorialmente incompetente para conocer del asunto y declinó competencia a favor de este órgano jurisdiccional. Regístrese en el libro respectivo con el número 875/2019-VII, que es el que cronológicamente le corresponde. Ahora bien, habrá de establecerse lo que dispone el artículo 37 de la Ley de Amparo: "ARTÍCULO. 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como puede verse del dispositivo legal acabado de transcribir, son varios los supuestos que pueden actualizarse y que deben ser considerados para establecer a qué órgano jurisdiccional le compete conocer sobre un asunto. Así entonces, el primer párrafo hace alusión a los actos que tienen ejecución material, caso en el cual es competente para conocer del asunto, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En el segundo párrafo se encuentra el supuesto en el cual, el acto reclamado comienza a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro. Y, por último, en el tercer párrafo se contempla la hipótesis de aquéllos casos en que el acto reclamado no requiere ejecución material. Para el caso concreto, atendiendo principalmente que los actos reclamados se trasladan directamente al proceso se colma el supuesto contemplado en el primer párrafo del citado artículo 37 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, este Tribunal hace suyos los argumentos que esgrimió el órgano jurisdiccional oficiante; pero sobre todo, para el caso concreto acatando el contenido de la Contradicción de tesis 47/2004-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, Marzo de 2005, visible en la página 229 que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. Las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento tienen ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, los juicios de amparo en contra de dichas resoluciones, deben ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden de reposición del procedimiento respectivo, con independencia del lugar donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 36 de la Ley de Amparo." Por tanto, lo procedente es aceptar la competencia planteada; hágase lo anterior del conocimiento del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, vía interconexión. Ahora bien, es oportuno señalar que la demanda de amparo, debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto, sirve de apoyo por analogía a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Ahora, el apoderado de los quejosos manifiesta que el acto reclamado consiste en la ejecutoria número setenta y dos, dictada el veintiuno de agosto del presente año, dentro del toca número 72/2019, mediante la cual la autoridad responsable declaró procedente incidente de incompetencia por declinatoria en razón de la materia planteado por la parte actora dentro del expediente número 133/2018, relativo al juicio sumario civil sobre reparación de daño; y ordenó que el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Estado, con residencia en esta ciudad, remitiera los autos al juez competente correspondiente, para que siga conociendo de dicho expediente. Al respecto, de entrada es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace el promovente en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso concreto, el promovente manifiesta que el acto reclamado consiste en la resolución que declaró procedente el incidente de incompetencia planteado por la parte actora dentro del expediente número 133/2018, tramitado ante el Juez Primero de Primera Instancia Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, residente en esta ciudad, y ordenó que éste remitiera los autos al juez competente correspondiente, para que siga conociendo de dicho expediente. Analizado el acto reclamado aludido, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. En efecto, como punto de partida, debe tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." En la actualidad, el criterio de irreparabilidad está previsto en la fracción V de la Ley, lo que de manera clara genera que las resoluciones respecto de la incompetencia (que inhiban o declinen o acepten la competencia) ya son ajenas a esa fracción, pues está prevista en una diversa, la VIII, de suerte que una primera conclusión, es que las determinaciones respecto de la incompetencia o aceptación de competencia, efectivamente, ya no son analizables a través de un criterio de irreparabilidad. En efecto, el legislador claramente prescribió el criterio de irreparabilidad de las determinaciones de incompetencia por declinatoria o inhibitoria así como su aceptación. No obstante, ello no quiere decir que debe estarse a la interpretación literal de la fracción VIII del artículo 107, de la Ley de Amparo, para admitir la demanda de amparo, sino que para ello debe atenderse en todo caso, al sistema general normativo de procedencia del juicio de amparo. Para evidenciar lo anterior, es pertinente destacar que es una constante en la Ley de Amparo, que los actos materia de impugnación a través del juicio constitucional, en cualquiera de sus vías, deben ser definitivos. Sobre la base de que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de esas reglas fundamentales, que desde luego estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente contra actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que, antes de acudir a dicho juicio, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. En un sentido general, la definitividad comprende los casos en los que la potestad común ya ha emitido la determinación final respecto del punto jurídico de que se trate, es decir, ya sea porque se agotaron los medios de defensa, porque ya no proceda alguno de ellos, o porque se trate de la resolución culminatoria del procedimiento respectivo; solo así se podrá estimar que el acto reclamado es definitivo para los efectos del juicio de amparo. Ésta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que, previo a instar la acción constitucional, se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. En el anterior orden de ideas, si uno de los principios rectores de procedencia del juicio de amparo respecto de actos dentro del procedimiento, es que se trate de un acto definitivo, característica que puede adquirirse bien porque contra ese acto ya se hubieran agotados los medios ordinarios de defensa, porque ya no proceda impugnación alguna en su contra, o porque corresponda a la culminación del procedimiento respectivo; y la fracción VIII, del artículo 107, de la Ley de Amparo, que regula el supuesto en estudio, no contiene el criterio de procedencia excepcional del amparo, por irreparabilidad del acto o inconstitucionalidad de leyes destacados, debe convenirse que corresponde a los actos genéricos; puede concluirse entonces que la definitividad del acto reclamado es la pauta para establecer la procedencia del juicio de amparo. Así las cosas, la declaración unilateral de incompetencia por declinatoria o inhibitoria, no puede considerarse como un acto definitivo, porque involucra un pronunciamiento, incierto en cuanto a su sentido, que en su momento necesariamente deberá emitir la autoridad considerada competente. En consecuencia, será la aceptación de la competencia el hecho jurídico que consolidará el pronunciamiento respectivo, es decir, hasta ese momento es que la resolución respecto de la competencia será definitiva para los efectos de la procedencia genérica del juicio de amparo, pues hasta entonces se podrá asumir que el asunto será conocido y en su caso resuelto, por determinada autoridad. Ello es así, en virtud de que si no se acepta la competencia, y el asunto regresa a la autoridad que previno la cual insiste en su incompetencia, se entablará un conflicto competencial. Lo expuesto hasta aquí, permite aceptar que si bien fue intención legislativa proscribir el criterio de irreparabilidad de las determinaciones de incompetencia para la procedencia del juicio de amparo; no menos cierto es que la definitividad de tales actos es un sistema de procedencia que prevalece en la Ley de Amparo en vigor. En abono a lo anterior, es importante señalar que la cuestión de competencia puede ser declinatoria o inhibitoria. La declinatoria se propone ante el juez o tribunal a quien se considera incompetente o puede realizarse de oficio por la misma autoridad, pidiéndole que se separe del conocimiento del asunto y que remita los autos al tenido por competente. Por el contrario, la inhibitoria se presenta ante el juez o tribunal que se consideran competentes, pero que no están conociendo el caso, con petición formal de que dirija el oficio al que se estime no serlo, para que se inhiba y remita los autos. En el caso particular, es importante señalar que mediante la resolución de veintiuno de agosto del presente año, la autoridad responsable, ordenó que la autoridad que conoció primigeniamente las pretensiones del gobernado, se declarara su incompetencia legal y remitiera los autos al juez competente correspondiente para que siguiera conociendo del expediente 133/2018. En general, puede hablarse de "declinatoria" cuando una autoridad pretende el turno del juicio a otro juzgado o tribunal por razones de competencia; sin embargo, debe indicarse que el acuerdo inicial en el que el órgano jurisdiccional decide no conocer de un asunto y enviarlo a quien considera debe conocer, no integra por sí solo la figura de la declinatoria, sino que es tan solo la parte con la que inicia la misma, decisión que además no es definitiva ni obliga a la autoridad a la que se le remiten los autos a conocer forzosamente de la demanda del justiciable, pues todavía se requiere la aceptación de la competencia por esta última, para estar en posibilidad de concluir que lo relativo a la competencia de la autoridad ha sido agotada. Corrobora lo anterior la interpretación gramatical de la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, según la cual, el juicio de amparo procede "contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto", lo que permite establecer que la procedencia del juicio de amparo indirecto, bajo ese supuesto legal, se actualiza si en forma definitiva se ha decidido acerca de la inhibitoria, declinatoria o respecto del conocimiento de un asunto por parte de alguna autoridad, ya que las principales acepciones de los vocablos "determinar" y "determinación" son "fijar los términos de algo", "distinguir", "discernir", "fijar algo para algún efecto", "hacer tomar o tomar una resolución", o bien "resolución de la duda", "decisión para obrar en uno u otro sentido", "discernimiento o distinción", lo que excluye otorgarle un significado en el que cualquier resolución provisional o adicional, como es el planteamiento de un conflicto de "competencia" en razón de fuero o jurisdicción, también relacionada con ese tema, pueda activar un medio de defensa extraordinario o instancia constitucional, como es el juicio de amparo. En efecto, el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, tiene el siguiente texto: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Cuyo precepto, precisó la Corte, si bien es claro en determinar que procede el juicio de amparo indirecto contra aquellos actos donde la autoridad se inhiba conocer de un asunto o decline su competencia, lo cierto es que de acuerdo a los principios constitucionales y legales que rigen al juicio de amparo, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que se cumpla con el principio de definitividad, los actos de autoridad susceptibles de ser impugnados a través del juicio de amparo indirecto, son aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia, la acepta, en el caso de la competencia por declinatoria, o bien, cuando admite inhibirse en el conocimiento de un asunto, tratándose de la competencia por inhibitoria, porque es en ese momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias jurídicas ante la aceptación adoptada por la autoridad declinada o inhibida, para conocer de un asunto. Lo anterior, es concordante con el criterio que también asumió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 216/2014, en la que determinó que para que proceda el amparo contra actos de esa naturaleza, es necesario que el mismo se promueva contra la decisión definitiva, que en el caso resulta ser aquella en la que la autoridad a que se declinó competente acepta la misma, lo que se pone de relieve con la transcripción de las jurisprudencias emanadas de los referidos criterios: Época: Décima Época Registro: 2009721 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/2015 (10a.) Página: 5 "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." (Lo subrayado es propio). Época: Décima Época Registro: 2009912 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 11 de septiembre de 2015 11:00 h Materia(s): (Común) Tesis: P./J. 29/2015 (10a.) "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo". Para obtener la norma del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario establecer el significado del vocablo "determinen", dado que respecto de los demás resulta clara la facilidad con la que puede conocerse su significado, principalmente en el ámbito jurídico. El Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española [Consultable en: http://buscon.rae.es/drae/], da las siguientes acepciones al verbo determinar: "(Del lat. Determinare). 1. tr. Fijar los términos de algo. 2. tr. Distinguir, discernir. 3. tr. Señalar, fijar algo para algún efecto. Determinar día, hora. 4. tr. Tomar resolución. U. t. c. prnl. 5. tr. Hacer tomar una resolución. Esto me determinó a ayudarle." Acepción que representa la idea que hace del verbo "determinar" la expresión de una acción consistente en poner un límite a algo, fijar sus términos o tomar una decisión, sin que de ellas se advierta que se trate de algo provisional o no definitivo. Por tanto, con base en un criterio gramatical debe considerarse que el supuesto al que se refiere la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, encierra la norma que sólo permite la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que decidan, sin el carácter de provisional, acerca de la inhibitoria o declinatoria de la competencia o el conocimiento de un asunto. En ese orden, si en el caso concreto, los quejosos reclaman la resolución de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, dictada por la Sala responsable dentro del toca número 72/2019, mediante la cual declaró procedente el incidente de incompetencia por declinatoria en razón de la materia planteado por la parte actora en el expediente número 133/2018, y ordenó que el Juez de Primera Instancia de lo Civil que conoció inicialmente, lo remitiera al juzgado competente correspondiente, para que siga conociendo de dicho expediente, es claro que no se trata de un acto definitivo para los efectos del supuesto de procedencia del juicio de amparo. En tales condiciones, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Reynaldo Carrazco Villarreal, en su carácter de apoderado legal de Noé Promotor Nato, Gloria Elena Saldaña Mines, Gloria Hortencia Saldana y Claudia Noemí Promotor Saldaña, por ser notoria y manifiesta su improcedencia. En virtud de que el apoderado legal de la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Matamoros Oriente, número seiscientos catorce (614), zona centro, código postal 87000, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, es decir, fuera del lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas que por razón de turno corresponda, con sede en Ciudad Victoria, para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito y por su conducto, notifique personalmente el presente auto a Reynaldo Carrazco Villarreal, en su carácter de apoderado legal de Noé Promotor Nato, Gloria Elena Saldaña Mines, Gloria Hortencia Saldana y Claudia Noemí Promotor Saldaña; de igual forma, lo requiera para que dentro del término de tres días legalmente computado, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; apercibido que de no hacerlo así las subsecuentes, se le realizarán por medio de lista que se publica en este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo previsto con la fracción II, del artículo 27 de la ley de la materia. Asimismo, se faculta ampliamente al titular del Juzgado de Distrito exhortado, para dictar todos los acuerdos necesarios y habilitar días y horas hábiles para lograr la diligencia encomendada. Téngase a la parte quejosa autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Gerardo de los Santos Valero, María Guadalupe Andrade Maldonado y Abigail Pérez Méndez, cuyas cédulas se encuentran capturadas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, bajo los números de registro único 34651, 106755 y 154028, de los cuales se anexan copias simples para los efectos legales a que haya lugar. En otro contexto, en atención a lo solicitado por el apoderado legal Reynaldo Carrazco Villarreal, en términos de los artículos 3, párrafos cuarto y quinto, de la Ley de Amparo, 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a las tramitación electrónica del Juicio de Amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se autoriza, quien se encuentra registrada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, bajo el nombre de usuario reynaldo, para que tenga acceso total al expediente electrónico, ello para efectos de enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con el asunto que nos ocupa. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Reynaldo Carrazco Villarreal, en su carácter de apoderado legal de Noé Promotor Nato, Gloria Elena Saldaña Mines, Gloria Hortencia Saldana y Claudia Noemí Promotor Saldaña. Notifíquese personalmente a la parte quejosa vía exhorto. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas · 11,954 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano