Noé Pérez Torres

Expediente 665/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
665/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
26/11/2020

Partes del expediente

  • Noé Pérez Torres
  • Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control En el Instituto Politécnico Nacional

Actuaciones

  1. Principal

    (RAZON ACTUARIAL) VISTO, POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACION DEL PROVEIDO DE 23/11/2020, QUE EN LO CONDUCENTE DICE En la Ciudad de México, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Por recibido el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual remite testimonio de la resolución pronunciada en el toca número Q.A.-74/2020, el cuatro de noviembre de dos mil veinte, por el Tribunal Colegiado citado. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surtan los efectos legales correspondientes y se hace del conocimiento de las partes que el órgano revisor resolvió: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja." Se acusa el recibo de un testimonio, para los efectos legales conducentes y se ordena hacer las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el punto Vigésimo Primero, fracción I del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente es susceptible de destrucción en razón de que se trata de un expediente en el que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido. De conformidad con lo previsto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diez de diciembre de dos mil doce y en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que haya transcurrido el término de tres años, a que se refiere el citado artículo, en razón de que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por otro lado, y toda vez que la parte quejosa anexó documentos originales en el presente juicio de amparo, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger dichos documentos y previo desglose que obre en autos, debiendo dejar constancia de su entrega haciendo del conocimiento que la persona que se presente a recibir los documentos, deberá exhibir copia simple de identificación oficial vigente la cual previa presentación del original, se certificará por el Secretario para debida constancia legal, apercibida que de no hacerlo así, se procederá a su destrucción en cumplimiento del segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo de referencia. Para tal efecto y conforme a las disposiciones establecidas para "la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19", deberá agendar una cita en términos de lo previsto en los artículos 2, fracción VII, 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, para acudir a las instalaciones de éste juzgado a fin recoger las documentos solicitados, dentro del horario que comprende de las catorce a las dieciséis horas de lunes a viernes, tomando en consideración que de conformidad con el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a este Juzgado de Distrito le correspondió la jornada de labores presencial de las trece horas con quince minutos (13:15) a las diecinueve horas con quince minutos (19:15). Lo anterior, con uso de la facultad con la que cuenta el suscrito para administrar éste órgano jurisdiccional, derivada de los artículos 17 y 94, constitucionales y, con la finalidad de agilizar el trabajo que se desarrolla en este Juzgado Federal, permitiendo que la labor de los servidores públicos que gozan de fe pública en este Órgano, se limite en la medida de lo posible, a la función jurisdiccional y no únicamente a la expedición de copias y entrega de documentos. Sin que el establecimiento de un horario para la entrega de copias y devolución de documentos, implique el desconocimiento de su derecho, sino únicamente un medio de agilizar las actividades de este Juzgado Federal con el propósito de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 constitucional. Asimismo, se hace de su conocimiento que en el caso de que no sea posible concluir la entrega de los documentos solicitados dentro del horario correspondiente a su cita, cuya duración máxima será de veinticinco minutos, conforme al artículo 6 del citado Acuerdo General 21/2020, derivado del volumen de las constancias respectivas, aunado al horario restringido de labores presenciales de este órgano jurisdiccional, deberá de programar una cita posterior para su entrega. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEIDO DE REFERENCIA.- NOTIFIQUESE

  2. Principal

    Ciudad de México, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Visto el oficio de cuenta en que la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informa las gestiones realizadas y solicita se vincule al cumplimiento del presente asunto al Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la citada dependencia; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, es oportuno precisar que la finalidad objetiva perseguida por la Ley de Amparo vigente es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido, entonces debe considerarse que en todo caso debe procurarse que el único plazo que se conceda a las autoridades responsables sea el de tres días, previsto en el segundo párrafo del artículo 192, razón por la cual las dos excepciones a este lapso deben ser de aplicación estricta y limitada, pues de lo contrario no se respetaría la finalidad antedicha, lo cual, a su vez, está relacionada con el deber de garantía derivado de los derechos humanos, así como con las garantías de acceso a la justicia y recurso efectivo. En relación con lo anterior, los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para ello, han establecido que el juzgador tiene la obligación de fijar un término prudente y determinado para que se cumpla la sentencia de amparo, para lo cual se debe considerar que el acto que debe realizar la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector, no se trata de un asunto ordinario, sino extraordinario al haberse declarado la inconstitucionalidad del acto, por lo que dicha autoridad no debe darle el trato de un asunto ordinario, es decir, no debe someterlo a los mismos trámites administrativos ni los plazos máximos que tiene para ello, sino que se debe efectuar en un menor plazo, pues se insiste, la parte quejosa ya obtuvo una sentencia ejecutoria que constituye una norma individualizada a su favor y, que por ende, no puede ser condicionada su cumplimiento a los trámites burocráticos de la autoridad regulados por disposiciones administrativas internas ni a las cargas de trabajo de la autoridad. En consecuencia, dado que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional; con fundamento en los artículos 193, 194 y 197, de la Ley de Amparo, se otorga el plazo de SIETE DÍAS a las siguientes autoridades responsables vinculadas y sus respectivos superiores jerárquicos, para que, en el ámbito de su competencia den cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Para lo cual, se determina como plazos razonables y determinados para realizar cada uno de los actos que, según, corresponden al "cumplimiento compuesto"; los siguientes: 1.- Respecto de las autoridades vinculadas Director General de Programación, Organización y Presupuesto y Directora de Operación e Inversión de Fondos y sus respectivos superiores jerárquicos Oficial Mayor de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y Director General de Administración Financiera de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, se les otorga UN DÍA, para realizar lo siguiente: a) Elaborar el contra-recibo a nombre del quejoso. 2.- Respecto de las autoridades vinculadas Director General de Programación, Organización y Presupuesto y Directora de Operación e Inversión de Fondos y sus respectivos superiores jerárquicos Oficial Mayor de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y Director General de Administración Financiera de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, se les otorga DOS DÍAS, para realizar lo siguiente: b) Gestionar el título de crédito a nombre del quejoso, por la cantidad que le corresponde. 3.- Respecto de la autoridad directamente responsable Subdirector de Relaciones Laborales y su superior jerárquico Director General de Recursos Humanos, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se les otorga CUATRO DÍAS, para realizar lo siguiente: c) Citar y entregar el cheque respectivo al quejoso, por la cantidad que le corresponde. Por lo tanto, toda vez que ya se otorgó el término prudente y determinado, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo; por lo tanto, se apercibe a todas las autoridades requeridas, que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos formulados sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 237 fracción I y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular una MULTA EQUIVALENTE A CIEN VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE, en términos de lo que establece el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley ya citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Sustentan las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, en lo conducente, los criterios siguientes: La jurisprudencia número I.3o.C. J/7 (10a.) visible en la página 2892, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Enero de 2014, Décima Época, de rubro siguiente: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. Tesis aislada con número de registro 340527, emitida por la Sala Auxiliar, publicada en el Semanario Judicial de la Federación , visible en la página 907, Materia Común, de rubro: EJECUTORIA DE AMPARO, TERMINO PARA SU CUMPLIMIENTO. Tesis número IV.1o.A.10 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2573, del rubro siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VELAR POR SU EXACTO CUMPLIMIENTO, EN LAS CONDICIONES POR LAS QUE FUE CONCEDIDO EL AMPARO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    (RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 03/SEP/2020, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    En la Ciudad de México, veintiuno de agosto de dos mil veinte. Se tienen por recibidos los escritos con evidencia criptográfica de la firma electrónica de Salvador Ortega González, en su carácter de autorizado en términos amplios del quejoso Noé Pérez Torres, por medio de los cuales; en el primero solicita la autorización para la consulta del expediente electrónico y señala un correo electrónico para recibir notificaciones; y en el segundo, interpone recurso de queja en contra del auto de doce de agosto de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 3 de la ley de la materia y demás relativos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", se autoriza la consulta del expediente electrónico a la parte quejosa, a través del usuario SORTEGA, registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que haya lugar a tener como medio de comunicación para recibir notificaciones el correo electrónico que indica, toda vez que no es una vía ni forma para recibir notificaciones conforme a la Ley de Amparo, pues ésta únicamente prevé notificaciones de forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y no así a través de correos electrónicos. No obstante, con fundamento en el artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; dicho correo electrónico se tomará en cuenta, únicamente en caso de que, a criterio de este juzgado, sea conveniente entablar alguna comunicación no procesal. Sin que obste a lo anterior, que el quejoso funde su solicitud de que se le practiquen las notificaciones a través del citado correo electrónico, en el artículo 102, fracción I, del citado Acuerdo General 12/2020; ya que dicho precepto, únicamente es aplicable en los juicios ordinarios mercantiles, tal como se ve a continuación: "Artículo 102. En los juicios ordinarios mercantiles se observarán las siguientes reglas especiales: I. I. Dentro de las posibilidades "del procedimiento convencional", previsto en el artículo 1052, del Código de Comercio y con independencia de las notificaciones electrónicas desde el Portal, es posible que las partes elijan voluntaria y expresamente la recepción de notificaciones mediante correo electrónico, seguido de publicación del proveído respectivo en la lista electrónica del juzgado respectivo. En caso contrario y de no haberse solicitado tampoco la notificación electrónica, se estará a las reglas del citado Código." Por lo cual, para el presente juicio de amparo, deberá atender las reglas de las notificaciones electrónicas previstas en los artículos 55 a 67, del citado Acuerdo 12/2020. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, en vía de informe justificado, dígase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en Turno, que es cierto el acto reclamado y, con la finalidad de atender las disposiciones de los Acuerdo Generales 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativas a privilegiar el uso de las herramientas electrónicas y procurar la tramitación electrónica de los juicios de amparo, se ordena remitir las constancias que se consideran necesarias para resolver e informe justificado, únicamente de manera digital a través del sistema de interconexión. Sin perjuicio de que, en caso de que el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, requiera de las constancias impresas, una vez que lo haga del conocimiento de este juzgado, se le remitirán de inmediato. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, con quien actúa y da fe. Doy fe. El Juez Francisco Javier Rebolledo Peña El Secretario Alberto Torres Rivera

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