Noe Pérez Díaz

Expediente 1034/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1034/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
04/10/2022

Partes del expediente

  • Noe Pérez Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintidós Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso contra el auto que desechó de plano la presente demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21, inciso d), del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que antecede, por medio de la cual el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, manifiesta que no le fue posible llevar a cabo la notificación personal ordenada en proveído de doce de septiembre de dos mil veintidós, a la parte quejosa, por las razones que ahí expone. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase la notificación del presente proveído, del diverso de doce de septiembre del año en curso, por lista de acuerdos, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal. Notifíquese como está ordenado. "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Noé Pérez Díaz, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. En consecuencia, regístrese en el libro de Gobierno bajo el número 1034/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); fórmese el expediente electrónico e impreso. Análisis de la demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente; mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XVII.2o. J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 648, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, Materia Común, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En ese sentido, conviene señalar que en esta instancia constitucional se reclama la orden emitida por el Juez de Control del Distrito Judicial de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, para que el aquí quejoso Noe Pérez Díaz comparezca a la audiencia de comunicación de la imputación que formulará en su contra el Agente del Ministerio Público de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. En consecuencia, este órgano jurisdiccional estima que en la especie se actualiza -de manera manifiesta e indudable- la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, primer párrafo, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales refieren lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo. Respecto a la segunda de las disposiciones legales, en ésta se establece que el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra actos emitidos fuera de juicio o después de concluido; por lo que interpretado en sentido contrario, si el acto reclamado aun siendo fuera de juicio, no se traduce en un acto de imposible reparación, resulta improcedente, entendiéndose por actos de imposible reparación los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y los Tratados Internacionales; es decir, que producen una afectación material a dichos derechos, por lo que ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales; lo anterior, en congruencia con las reglas generales del sistema de procedencia del juicio de amparo, particularmente con aquellas relativas a la naturaleza del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa a favor del gobernado. Esto es, para que proceda la acción constitucional, no basta que se manifieste o, en su caso, se acredite algún interés cualquiera o simple; esto, sin contar con respaldo legal, sino que es necesario que encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley y que se ocasione perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados. Ahora bien, debe precisarse que la citación a la audiencia inicial, no constituye un acto emitido dentro de juicio, pues en términos del párrafo final del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales -de similar contenido al numeral 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo-, el juicio o proceso inicia con la audiencia inicial ante el juez de Control; de ahí que, no puede considerarse como un acto emitido dentro del proceso o juicio penal. Así, la etapa que en el caso interesa, es la de investigación inicial, específicamente, en lo atinente al auto que cita al investigado para celebrar la audiencia inicial, en la cual, se formulará imputación. Por su parte, la exégesis de los artículos 309, párrafo primero y 310, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite establecer que cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de uno o más hechos calificados por la ley como delito y considera que es oportuna la intervención judicial con el objeto de resolver la situación jurídica del imputado, en caso de que éste no se encuentre detenido, solicitará al juez de control que lo cite para la audiencia inicial conforme al párrafo segundo del numeral 310 de la legislación en consulta. Al respecto, el numeral 141, fracción I, del Código en consulta, prevé, entre otras, como una forma de conducción al proceso, el citatorio para la audiencia inicial, en la cual, conforme al numeral 307 del citado Código, se realizará lo siguiente: I. Se informará al imputado sus derechos constitucionales y legales, si es que éstos no se le hubieren informado con antelación. II. De ser el caso, se llevará a cabo el control de legalidad de la detención. III. Se formulará la imputación. IV. Se dará la oportunidad de declarar al imputado. V. Se resolverá respecto de la solicitud de vinculación a proceso y medidas cautelares. VI. Se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Así, la formulación de imputación, que se desarrolla en la audiencia inicial, constituye un presupuesto necesario para transitar a la etapa intermedia o de preparación de juicio, ya que representa la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos calificados por la ley como delito. En ese sentido, aun y cuando el acto reclamado consiste en la orden emitida por la ahora responsable para que se le pretenda hacer comparecer para la comunicación de la imputación que formulará en su contra el Agente del Ministerio Público, por un hecho que la ley señala como delito, constituye el vínculo para que se lleve a cabo la formulación de imputación; lo cierto es, que dicha citación no le ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del quejoso, pues la orden de citación, no han ocasionado alguna afectación en sus derechos, como es el derecho a la libertad o algún otro. En efecto, el juez de Control únicamente está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, de tal modo que al investigado -aquí quejoso- no se le causa un perjuicio de índole jurídico, ya que en dicha fase procedimental no se le irroga perjuicio alguno, pues éste, en su caso, se materializará hasta que la autoridad judicial que conoce de la carpeta administrativa determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de comparecencia o de aprehensión, en caso, de que así lo solicitare el Ministerio Público; considerar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al juzgador, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Así, no puede considerarse, en el caso, que el acto reclamado ocasione un perjuicio a la esfera de derechos del quejoso, pues ésta sólo se cristalizará hasta en tanto la autoridad judicial determine si procede librar la correspondiente orden de aprehensión en su contra; de modo que, incluso, su libramiento se trata de un acto futuro de realización incierta, ya que el juez correspondiente pudiera llegar a negar la medida cautelar solicitada, caso en el cual, ninguna afectación resentirá en su esfera de derechos. Y si bien, el imputado debe comparecer transitoriamente ante el Juez de Control, ello no puede considerarse que afecte su libertad personal, en la medida que su comparecencia únicamente busca lograr que se le informen -por conducto del Ministerio Público- los hechos respecto de los cuales se sigue una investigación en su contra; y, en su caso, continuar con el desarrollo de la audiencia inicial, pero no privar de la libertad al imputado. En otras palabras, el auto que ordena la citación a la audiencia inicial, no constituye en sí la resolución que pudiera restringir su derecho de libertad, pues esta seria, como ya se destacó, la diversa en la que se determine librar la orden de comparecencia o aprehensión. Por lo cual, considerar que la orden emitida por la responsable para que se le pretenda hacer comparecer para la comunicación de la imputación que formulará en su contra el Agente del Ministerio Público, por un hecho que la ley señala como delito, transgrede su derecho de libertad, implicaría que la presentación ante el juez de control o de enjuiciamiento de la víctima u ofendido, testigos, peritos o demás terceros involucrados en el proceso penal, también debe considerarse restrictiva de la libertad; lo que no puede ser así, pues lejos de beneficiar la administración de justicia y garantizar los derechos de las partes en el procedimiento, concebiría un abuso en la promoción del juicio de amparo indirecto, que a su vez daría origen a la dilatación en la celebración de las etapas que integran el nuevo sistema penal. En tales condiciones, el acto reclamado que aquí se analiza, no es un acto que incida en la libertad personal del quejoso; lo anterior, toda vez que se trata de un acto procesal que tiene por objeto formalizar la investigación que se sigue en su contra, y lo que en su caso se resuelva en dicha audiencia, será lo que podría generar perjuicio al quejoso, lo que en su oportunidad puede ser impugnado en la vía correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 78/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, Décima Época, Diciembre de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, procede desechar de plano la demanda de amparo, únicamente por el acto antes citado; lo anterior, con fundamento en el diverso 113 del propio ordenamiento legal. Lo anterior es así, toda vez que de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera, al dictarse sentencia, se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano la demanda de cuenta, con objeto de que el promovente tenga conocimiento desde este momento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Sin que tal determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que el presente pronunciamiento, se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. Se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de 2006, página 921, cuyo rubro: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; o en su caso, que proporcionen un número de teléfono o correo electrónico, por medio del cual, de ser necesario, este órgano jurisdiccional pueda tener establecer comunicación con las partes, de conformidad con el referido Acuerdo General, dadas las medidas de contingencia. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Domicilio y Autorizado. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica para tal efecto en su demanda de amparo. Asimismo, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que refiere en el proemio de ésta, ya que no tiene su cédula profesional registrada en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF). Es aplicable al respecto, la Tesis XXI.1o.P.A.50K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1384, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 173706, cuyo rubro dice: "PROFESIONALES DEL DERECHO. PARA TENERLOS COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE HAYAN REGISTRADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O JUZGADOS DE DISTRITO". Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación."

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