Noé Osvaldo Gutiérrez Peña
Expediente 453/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 453/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/09/2021
Partes del expediente
- Noé Osvaldo Gutiérrez Peña
- Titular de la Procuraduría General de Justicia del Centro de Atención Ciudadana en Zinacantepec, Estado de México
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, uno de septiembre de dos mil veintiuno. Estado procesal Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Archivo del expediente Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el expediente como concluido.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo, promovida por Oscar Edwin López Ziga, promoviendo en representación de Noé Osvaldo Gutiérrez Peña; contra los actos y autoridades responsables siguientes: Actos reclamados. -La emisión de la orden de aprehensión, detención y privación de la libertad; así como se ejecución. -La emisión de la orden de cateo en el domicilio del quejoso y su cumplimiento. Autoridades responsables. -Titular de la Procuraduría General de Justicia Centro de Atención Ciudadana de Zinacantepec, Estado de México (ordenadora). -Titular de la Procuraduría General de Justicia Centro de Atención Ciudadana de Lerma, Estado de México (ordenadora). -Juez de Control con competencia en Zinacantepec, Estado de México (ordenadora). -Juez de Control con competencia en Toluca, Estado de México (ordenadora). -Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva representación del Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado De México (ejecutora). - Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género en representación del Director General de Seguridad Pública y Tránsito de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Secretaría de Seguridad del Estado De México (ejecutora). -Secretario particular del Fiscal Especializado de Homicidios del Valle de Toluca, Estado de México (ejecutora). -Comandante de la Policía Ministerial destacamentado en Zinacantepec (ejecutora). -Comandante de la Policía de Investigación de Zinacantepec (ejecutora). -Director de la Policía Municipal de Zinacantepec (ejecutora). Exhortación a las partes En este orden de ideas, tomando en consideración lo establecido en la circular 7/2020, emitida por el veintinueve de abril de dos mil veinte, por el Secretario de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal; se exhorta a las partes intervinientes al trámite y uso de la firma electrónica, a saber la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) para la tramitación de los juicios de amparo en la modalidad en línea; lo anterior, en relación con los artículos 11, fracción II y 16, fracción III del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus CIVD-19. Radicación de demanda Se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo indirecto 453/2021-IV y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como el acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal 8/2020; así como los numerales 89, 90, 91 y 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Estudio de la demanda Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que los actos reclamados materia de este asunto, esencialmente consisten en la orden de aprehensión, detención y privación de la libertad; así como la orden de cateo en el domicilio del quejoso y su cumplimiento, van dirigidos a Noé Osvaldo Gutiérrez Peña. Hecha tal precisión, este Juzgado Federal estima que respecto del citado acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso precepto legal 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, así como la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que literalmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" De lo anterior, es dable decir que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del promovente de amparo, en el entendido de que la parte quejosa es la titular, en el caso, de un derecho subjetivo, o bien, en otros casos, de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos a que se hace referencia en el artículo 1° de la legislación de amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cabe precisar, además, que los elementos constitutivos del interés jurídico, el cual en el caso interesa, consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Requisitos anteriores, que en caso de no satisfacerse alguno de ellos, el juicio de amparo será improcedente. De lo que se sigue, que para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere, indispensablemente, que quien lo promueva demuestre la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; publicada en la página 1598 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materia Común, Décima Época, con número de registro 2019456, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Ahora, se reitera, los actos reclamados consisten esencialmente en la emisión de la orden de aprehensión, detención y privación de la libertad; así como la orden de cateo en el domicilio del quejoso y su cumplimiento, se encuentran dirigidos a Noé Osvaldo Gutiérrez Peña, por tanto, no le causan ningún agravio a Oscar Edwin López Ziga (promovente de la demanda de amparo); además que no refiere que tenga una representación legal (defensor privado) ante la autoridad que emitió el acto reclamado o ante diversa, como a continuación se expondrá: El acto reclamado de ninguna forma puede considerarse como acto de autoridad capaz de afectar o vulnerar la esfera jurídica o derechos humanos del peticionario del amparo, que en el caso, lo es Oscar Edwin López Ziga. Lo anterior es así, dado que de la demanda de amparo se advierte que el promovente no es la titular del derecho subjetivo supuestamente vulnerado, no obstante que acude ante esta instancia como represente y abogado defensor de Noé Osvaldo Gutiérrez Peña; sin embargo, de los hechos narrados en la demanda no se desprende la existencia de dicha representación con anterioridad ante la autoridad que emitió el acto reclamado o ante diversa: y con ello, se pueda justificar que el suscrito requiera a la autoridad responsable para que remita las constancias necesarias donde se acredite dicha representación jurídica. Asimismo, tampoco se advierte que exista un impedimento material y jurídico del directo quejoso para firmar la demanda de amparo; no obstante, que los actos que se reclaman no se encuentran contemplados en el catálogo a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, como urgentes, para que el suscrito pueda ordenar la ratificación de la demanda de amparo. En efecto, el juicio de amparo es medio de defensa de la constitucionalidad, a través del cual se pueden reparar las violaciones a derechos fundamentales o humanos, derivados de los actos de autoridad, o de aquéllos particulares que efectúen actos equiparables a los de autoridad; en ese sentido, las personas lato sensu que acuden al juicio de amparo, tratándose actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales -como es el caso-, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; sin embargo, el quejoso de referencia no insta el juicio de amparo en defensa de lo anteriormente descrito, razón por la que no le asiste la idoneidad que establece la fracción I del artículo 5º de la ley de la materia, para solicitar por sí (como lo hace), la protección de la Justicia Federal. A mayor abundamiento, en el caso, no resulta idónea la participación del promovente del juicio de amparo en su calidad de representante del directo quejoso, puesto que la determinación reclamada no constituye una afectación o vulneración a algún derecho fundamental o humano de aquél, sino por el contrario, se advierte de manera clara y patente que quien pudiese ser objeto de dicha afectación, es el directo agraviado, es decir, Noé Osvaldo Gutiérrez Peña; quien no cuenta con impedimento u obstáculo alguno para acudir al juicio constitucional de manera directa para reclamar los actos que vulnerar sus derechos. Así pues, al no haber acreditado el promovente la afectación a un derecho sustantivo que le dote de idoneidad para acudir al presente juicio constitucional en su calidad de parte quejosa, resulta clara y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso precepto legal 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, así como la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; puesto que aun cuando se sustancie el presente juicio de amparo, ese hecho no cambiará la falta de idoneidad que aquél posee para acudir al juicio constitucional en defensa de su esfera jurídica, toda vez que como se ha explicado ampliamente, el acto reclamado no irroga ningún perjuicio al mismo para que hubiese instado el juicio de amparo. En las relatadas circunstancias, al existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el cual se encuentra previsto en el artículo la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso precepto legal 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, así como la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y además, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 del citado ordenamiento legal; se desecha de plano la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. Domicilio procesal Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción III, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda; esto es, la lista de acuerdos fijada en los estrados de este juzgado. Promovente proporciona correo electrónico Respecto al correo electrónico que proporciona el promovente, se tiene únicamente para establecer contacto, cuando este órgano jurisdiccional lo estime conveniente. Sin que lo anterior se establezca como un medio de notificación en lo que toca al presente asunto. Consulta de medios electrónicos Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Gratuidad del servicio Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. Notifíquese. Lo proveyó y firma Oscar Antonio Madero González, Titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistido de Mario Iván Soriano Esparza, secretario que autoriza y da fe. Cotejó: Mario Iván Soriano Esparza NGVV
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