Noe Olvera Alcocer

Expediente 491/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 41 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
491/2017
Año
2017
Actuaciones
41
Última actuación
27/02/2018

Partes del expediente

  • Noe Olvera Alcocer
  • Consejo Técnico Interdisciplinario de la Penitenciaría de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto que tuvo por cumplida la sentencia protectora (fojas 513 a 515). En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que por una parte se sobreseyó en el juicio, por otra, se concedió el amparo, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    Ciudad de México, a treinta de enero de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que lo hubiese hecho. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192, 193 y 196 de la ley de la materia, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. Así, mediante sentencia de veintiuno de julio de dos mil diecisiete (fojas 76 a 81), por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicitó el quejoso contra la resolución emitida en la Décimo Novena Sesión Ordinaria de diez de mayo del año en cita, por la que se le suspendió la visita familiar por un periodo de tres meses, comprendidos del seis de mayo al seis de agosto del año pasado, a efecto de que el Consejo Técnico Interdisciplinario de la Penitenciaría de esta ciudad (una vez que causara ejecutoria la sentencia y subsistieran el sentido y efectos de la misma), realizara lo siguiente: a) Dejara insubsistente la resolución reclamada, únicamente en lo relativo a la medida impuesta al quejoso; y b) De considerarlo necesario, con plena libertad de decisión, dictara otra determinación en que subsanara la insuficiente fundamentación y motivación destacada, y con base en el precepto y consideraciones a que se hizo referencia en la parte final de la sentencia, indicara las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que hubiese tomado en consideración para establecer la suspensión a que dijo se hacía merecedor el demandante del amparo, desde luego, bajo el supuesto correspondiente, y la temporalidad que se justificara. En el entendido de que no podía establecer una temporalidad mayor a la determinada en el acto reclamado (tres meses), en atención al principio non reformatio in peius. Así, por auto de nueve de agosto siguiente causó ejecutoria el fallo protector (fojas 89 y 90), y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable, quien previa prórroga de cinco días hábiles otorgada (foja 107), el veinticinco de ese mismo mes informó sobre el particular, y remitió además, copia certificada de distintas actuaciones relacionadas con el asunto, entre cuyas constancias se advirtió la resolución emitida en la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de nueve de agosto del año pasado, por la que había dejado insubsistente el acto reclamado (en lo conducente), y bajo una nueva valoración, determinado suspender la visita familiar del quejoso por un periodo de dos meses, comprendidos del seis de mayo al seis de julio de dos mil diecisiete (fojas 123 a 161). Derivado de dicha información, sobre todo, por las fechas que comprendían la suspensión, por auto de cuatro de septiembre posterior (foja 168), se requirió a la referida responsable a efecto de que aclarara si subsistía la medida en los términos expuestos; situación que quedó dilucidada conforme lo expuesto en diverso proveído de veintiséis de septiembre del mismo año (fojas 187 a 189); sin embargo, como también se destacó en dicho acuerdo, al imponerse del contenido de la resolución emitida en cumplimiento al fallo protector, se estableció que aún no se había restituido al quejoso en el pleno goce del derecho que se había estimado violado. Lo anterior, porque no obstante que en forma genérica se habían establecido las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en consideración para emitir tal determinación -razones que tomaron en cuenta para individualizar la medida-, otrora ausentes, no se había invocado el precepto que regula la temporalidad de la medida, ni se especificó bajo qué supuesto se actualizaba la infracción -de acuerdo con el objeto encontrado- siendo además que la temporalidad del correctivo en realidad se trataba de dos meses un día, y no de dos meses como se estableció; de ahí que este órgano de control constitucional tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, y se requirió de nueva cuenta a la referida responsable. Previa prórroga concedida por auto de dos de octubre de dos mil diecisiete (foja 198), la cual feneció y motivó diverso requerimiento (foja 207), por oficio recibido el dieciséis siguiente (foja 211) se informó sobre el particular, y se anexó copia certificada de diversas actuaciones, entre las que destaca la correspondiente a la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Comité Técnico Interdisciplinario de la Penitenciaría de esta ciudad, de cuatro de octubre anterior (fojas 287 a 315), de la que se advirtió que dejó sin efectos el acto reclamado, así como aquella determinación con que se pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, y si bien es cierto precisó que la temporalidad del correctivo comprendía sólo dos meses y no dos meses un día, como anteriormente lo había decidido, también lo es que subsistían las demás deficiencias destacadas que este órgano de control constitucional no podía soslayar, en el sentido de que no se había invocado el precepto que regula la temporalidad de la medida (precisado en sentencia), ni especificado bajo qué supuesto se actualizaba la infracción -de acuerdo con el objeto encontrado- pues sólo se habían transcrito los artículos 45, fracción I, del Reglamento de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social, y 16 del Instructivo de Acceso a los Centros de Reclusión, ambos de esta ciudad; de ahí que este órgano de control constitucional tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo (fojas 318 a 320), y requirió de nueva cuenta a la mencionada responsable. Así, previo informe de que se encontraba en vías de cumplimiento (foja 328) y requerimiento formulado al respecto (foja 334), por oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el trece de noviembre pasado (foja 337), dicha responsable informó lo conducente y remitió copia certificada del acta relativa a la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria de uno de noviembre anterior, de la que se advirtió que subsistía una de las deficiencias destacadas, relativa a que no se había invocado el precepto que regula la temporalidad de la medida (precisado en sentencia); de ahí que se tuvo nuevamente por no cumplida la ejecutoria de amparo (fojas 374 a 376), y se formuló requerimiento sobre el particular. Seguido el trámite, y previas actuaciones tendentes a lograr el acatamiento descrito (fojas 387, 392, 396, 399 y 405), a través del comunicado allegado el veintidós de diciembre del año pasado (foja 409), la referida autoridad encargada del cumplimiento envió copia certificada de la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, correspondiente a la Quincuagésima Sesión Ordinaria de trece de diciembre anterior, de la que se obtuvo que el fallo amparador aún no se acataba íntegramente (fojas 454 y 455), pues no se precisaba el dispositivo que regula la temporalidad de la medida impuesta, como presupuesto último para tener por cumplida la sentencia protectora, lo que motivó un nuevo requerimiento. Es así que una vez agotados diversos requerimientos para lograr el cumplimiento de que se trata (fojas 468 y 473), mediante comunicado recibido el veintidós de enero de este año (foja 479), la autoridad responsable envió copia certificada de la resolución respectiva, emitida en la Segunda Sesión Ordinaria de diez de enero en curso, de la que se advierte que se ha acatado en sus términos la ejecutoria amparadora. Lo anterior, en tanto dejó insubsistente el acto reclamado en la parte específica, y al resolver nuevamente la cuestión sometida a su potestad, desde luego tomando como motivo de la determinación los hechos acontecidos el seis de mayo de dos mil diecisiete, estableció que la medida obedecía al hallazgo de una "MEMORIA MICRO SD COLOR NEGRA" a Ruth Marlen Olvera Muñoz -quien visita al quejoso-; de ahí que para proceder de esa forma, encuadró tal conducta en el supuesto que prevé el artículo 45, fracción I, del Reglamento de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para esta ciudad, y con apoyo en el diverso 53, fracción X, de dicho reglamento, ordenó la suspensión de la visita por un plazo de dos meses, siendo este último aspecto el que restaba ponderar por la responsable en sus múltiples determinaciones emitidas al respecto. Circunstancias a partir de las cuales este órgano de control constitucional tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia. Finalmente, resérvese el envío del expediente al archivo de este juzgado, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del numeral 202, de la ley de la materia, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho precepto.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de enero de dos mil dieciocho. Agréguense en autos el oficio y anexo de cuenta, a través de los cuales se informa el cumplimiento dado a la sentencia protectora. Por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el referido informe dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, en el entendido de que transcurrido dicho plazo y aun ante la ausencia de argumentos, este juzgado resolverá lo conducente con las constancias que existen en el expediente.

  4. Principal

    Cúmplase.

Quedan 37 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,848 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano