Noé Miguel Zenteno Orantes
Expediente 1161/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 29 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1161/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 26/11/2019
Partes del expediente
- Noé Miguel Zenteno Orantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA QUEJOSO- Visto el estado de autos, y la certificación secretarial de cuenta, tomando en consideración que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que las partes se inconformaran en contra del proveído de veinticuatro de octubre del año en curso (fojas 533 a 540), en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se tiene POR CONSENTIDO DICHO AUTO. Con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, párrafo cuarto, archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Presidente de ese Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN; toda vez que, encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal. En atención a lo anterior, es evidente que el presente juicio tiene valor jurídico, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Ahora, tomando en consideración que obra en autos documento original, y, copia certificada del juicio de amparo 320/2018, del índice de este juzgado, en un tomo por separado de pruebas, exhibidos por la parte quejosa (fojas 481 y 237), en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérasele para que en un plazo de noventa días naturales, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca a este juzgado, en día y hora hábiles a recoger los documentos que exhibió en el presente juicio; apercibido que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
Visto el estado de autos, y la certificación secretarial de cuenta, tomando en consideración que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que las partes se inconformaran en contra del proveído de veinticuatro de octubre del año en curso (fojas 533 a 540), en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se tiene POR CONSENTIDO DICHO AUTO. Con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, párrafo cuarto, archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Presidente de ese Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN; toda vez que, encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal. En atención a lo anterior, es evidente que el presente juicio tiene valor jurídico, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Ahora, tomando en consideración que obra en autos documento original, y, copia certificada del juicio de amparo 320/2018, del índice de este juzgado, en un tomo por separado de pruebas, exhibidos por la parte quejosa (fojas 481 y 237), en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérasele para que en un plazo de noventa días naturales, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca a este juzgado, en día y hora hábiles a recoger los documentos que exhibió en el presente juicio; apercibido que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, por medio del cual el quejoso desahoga la vista contenida en proveído de dieciséis de octubre del año en curso y realiza diversas manifestaciones, de lo cual se toma nota, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, destaca que la parte quejosa desahogó la vista ordenada en el presente juicio con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este Juzgado Federal se pronuncia sobre el acatamiento del fallo protector. SENTENCIA CONSTITUCIONAL En resolución constitucional de tres de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 323 a 338), por una parte, se sobreseyó en el juicio respecto del acto reclamado al Secretario General de Gobierno; y, por otra, se concedió el amparo al quejoso ***, para efectos de que: El Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas dejara insubsistente el oficio **** de quince de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual se declaró improcedente la solicitud de pensión vitalicia, de veinticinco de junio de dos mil quince y, emitiera uno nuevo debidamente fundado y motivado, tomando en consideración dicho escrito, debiendo citar los fundamentos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que considerara al emitir su determinación, realizando una relación pormenorizada de los hechos ocurridos relativos a las gestiones que se realizaron a fin de la creación del Decreto de pensión vitalicia a favor del quejoso, exponiendo porqué no fue procedente tal emisión (foja 337). RECURSO DE REVISIÓN Inconformes con lo anterior, el quejoso y el Consejero Jurídico del Gobernador del Estado, en representación de éste, interpusieron recurso de revisión (fojas 346 a 356 y 357 a 365), los cuales correspondieron conocer al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con domicilio en esta ciudad (foja 411), el que mediante ejecutoria emitida el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el recurso de revisión *****, de su índice, confirmó la sentencia recurrida que concedió el amparo solicitado por el quejoso (fojas 414 a 438). INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO Derivado de lo anterior, en auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo (fojas 439 a 440). En atención a ello, la Subconsejera Jurídica de lo Contencioso dependiente de la Consejería Jurídica del Gobernador del Estado, con sede en esta ciudad, mediante oficio de veintitrés de septiembre del presente año, informó que dejó insubsistente el oficio **** de quince de agosto de dos mil dieciocho (foja 446) y mediante el diverso de veinticuatro siguiente, remitió copia de los acuses de recibo de los oficios ****, relacionados con las diligencias que llevó a cabo para dar cumplimiento al fallo protector (fojas 447 a 449); lo que fue acordado en auto de veinticinco de septiembre de la anualidad en curso y, en el que se requirió a las autoridades vinculadas informaran las gestiones efectuadas (fojas 450 y 451). Consecuentemente, en acuerdo de treinta de septiembre del presente año, a petición de la autoridad responsable, se solicitaron al quejoso diversas documentales y, se tuvo al Secretario General de Acuerdos y del Pleno del Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en esta ciudad, informando que remitió a la Subconsejera responsable las documentales que le fueron requeridas (foja 457). En igualdad de condiciones, en proveído de tres de octubre del año en curso, se tuvo a la Directora de General de Legalización y Publicaciones Oficiales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno, residente en esta ciudad, informando que remitió las documentales que le fueron solicitadas por la responsable (foja 463). En escrito de siete de octubre del presente año, el quejoso dio cumplimiento a lo solicitado en acuerdo de treinta de septiembre del presente año, e informó que remitió a la responsable las documentales que se le solicitaron en apoyo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo (466 a 503); lo que fue acordado en proveído de siete de los corrientes, en el que nuevamente se requirió a la responsable diera cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto (fojas 504 y 505). En consecuencia, a través de la misiva de quince de octubre del actual, la Subconsejera Jurídica de lo Contencioso dependiente de la Consejería Jurídica del Gobernador del Estado, con sede en esta ciudad, en representación de éste, exhibió el oficio número **** y anexo, de catorce del mes y año en cita, dirigido al quejoso; por lo que en proveído de dieciséis de octubre del presente año, se dio vista al inconforme para que manifestara lo que a su derecho conviniera (fojas 508 a 520); la cual fue desahogada por el quejoso, mediante escrito presentado el veintitrés de octubre del presente año, en la oficialía de partes de este Juzgado Federal (fojas 526 a 532). PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR De la sentencia de tres de diciembre de dos mil dieciocho, emitida en el presente juicio de amparo, se destacan los siguientes argumentos: "En ese aspecto, asiste la razón a la parte quejosa, ya que la respuesta dada por la autoridad responsable mediante el oficio *** de quince de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual se declara improcedente la solicitud de pensión vitalicia, de veinticinco de junio de dos mil quince, no cumple con las formalidades establecidas en el artículo 16 constitucional, en tanto que no la motivó, pues no expuso las razones en concreto que la llevaron a tomar esa decisión adecuando su proceder, adecuando su proceder entre la norma legal aplicable al caso y los hechos en que se funda su determinación. Es así, en virtud de que de la información y constancias requeridas de oficio por este juzgado federal, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, se advierte que existe en principio una incongruencia en las razones que la autoridad responsable dio para determinar que no es procedente la solicitud de pensión vitalicia realizada por el quejoso, toda vez que son contrarias a los hechos ocurridos, ya que de las mismas se desprenden diversas comunicaciones entre autoridades relativas a las gestiones realizadas con motivo de del Decreto que hace referencia el quejoso. Asimismo, del oficio reclamado no se advierte que la autoridad responsable haya realizado una relación pormenorizada de dichas gestiones indicándole, de manera fundada y motivada, todo lo acontecido al respecto y, por qué no procedió la emisión del referido Decreto, pues de la información remitida por el Titular del Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal del Gobierno del Estado de Chiapas, contenida en el oficio 448 recibido en la oficialía común de este juzgado de distrito el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, sostuvo que dicho asunto fue atendido por diversas dependencias del Gobierno del Estado que se involucran con la tramitación, exhibiendo para tal efecto copia certificada de la tarjeta número *** de trece de diciembre de dos mil diecisiete, libelo *** de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete y, copia simple del memorándum ** de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 280 a 282). De igual forma, no manifiesta de manera exhaustiva en relación con el argumento del quejoso en el escrito de veinticinco de junio de dos mil quince, en el que entre otros aspectos, hizo alusión a diversos Decretos en los que concedió pensión vitalicia a otros magistrados, pues solo se limitó a contestar que se trató de casos muy excepcionales, sin que haya indicado a qué se refiere y, los fundamentos para sostener tal afirmación, así como señalando los motivos por los que, el caso del quejoso fuera distinto. Tampoco se realizó pronunciamiento alguno respecto de las constancias exhibidas junto con su escrito de veinticinco de junio de dos mil quince, indicando por qué las mismas son o no son idóneas para apoyar la solicitud del quejoso. En tales condiciones, ya que la autoridad responsable en su determinación no precisó las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, así como la relación de los hechos ocurridos relativos a las gestiones que se realizaron a fin de la emisión del Decreto de pensión vitalicia a favor del quejoso, que lo llevaron a concluir que no era procedente la solicitud de veinticinco de junio de dos mil quince, vulneró el derecho fundamental de fundamentación y motivación contenido en el artículo 16 constitucional que debe contener todo acto de autoridad. Sirve de apoyo a lo anteriormente señalado, en lo conducente, lo establecido en la jurisprudencia consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999 Novena Época, página 638, que establece lo siguiente: "CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. SUS ASPECTOS. EL ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ES EL QUE LO CONTIENE. El principio de congruencia (consistentemente respetado en materia civil), resulta igualmente utilizado y aplicado en todos los procesos judiciales y jurisdiccionales y en su esencia está referido a que las sentencias deben ser congruentes no sólo consigo mismas, sino también con la litis tal y como quedó formulada por medio de los escritos de demanda y contestación. Sostienen los jurisconsultos que hay dos clases de congruencia, la interna y la externa. La primera consiste en que la sentencia no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos. La congruencia externa exige que la sentencia haga ecuación con los términos de la litis. Ambas congruencias se contemplan en el artículo 229 del Código Fiscal de la Federación, al establecer: "Las sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación se fundarán en derecho y examinarán todos y cada uno de los puntos controvertidos de la resolución, la demanda y la contestación; en sus puntos resolutivos expresarán con claridad los actos o procedimientos cuya nulidad se declare o cuya validez se reconozca. Causan estado las sentencias que no admitan recurso.". Luego entonces, las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 229 del Código Fiscal de la Federación, deben observar en toda sentencia el principio de congruencia, lo cual estriba en que al resolver la controversia lo hagan atentas a lo planteado por las partes respecto de la resolución, la demanda y la contestación, sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer por los que controvierten; además, sus sentencias no deben contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos." De lo anterior se colige, que la autoridad responsable no motivó de manera adecuada, pormenorizada y suficiente su determinación, con lo que se acredita que el acto reclamado es violatorio del derecho fundamental de debida fundamentación y motivación, por lo que procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. Sin que haya necesidad de analizar los restantes conceptos de violación ante la violación formal advertida -falta de fundamentación y motivación-, la cual es suficiente para conceder la protección constitucional al quejoso. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, séptima época, Volumen 60, Tercera Parte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 40, de rubro y texto, siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN POR VICIOS DE FORMA DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA EXCLUYE EL EXAMEN DE LOS QUE SE EXPRESEN POR FALTAS DE FONDO (AUDIENCIA, FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO EN CITA). Cuando se alegan en la demanda de amparo violaciones formales, como lo son las consistentes en que no se respetó la garantía de audiencia o en la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, y tales conceptos de violación resultan fundados, no deben estudiarse las demás cuestiones de fondo que se propongan, porque las mismas serán objeto ya sea de la audiencia que se deberá otorgar al quejoso o, en su caso, del nuevo acto que emita la autoridad; a quien no se le puede impedir que lo dicte, purgando los vicios formales del anterior, aunque tampoco puede constreñírsele a reiterarlo (fojas 335 y 336)." Ahora, de las constancias remitidas para acreditar el cumplimiento al fallo protector (fojas 446 a 449, 455 y 456, 462, 509 a 519), a las que con la potestad que a este Juzgador confiere el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se les otorga valor probatorio pleno; se desprende que la Subconsejera Jurídica de lo Contencioso dependiente de la Consejería Jurídica del Gobernador del Estado, con sede en esta ciudad, en representación del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, acató sin excesos, ni defectos la ejecutoria dictada en el presente asunto. Ello en la medida que, mediante oficio *** de catorce de octubre del año en curso, dejó insubsistente el oficio número **, de quince de agosto de dos mil dieciocho, suscrito por el entonces Consejero Jurídico del Gobernador, y en la misma fecha emitió otro (fojas 509 a 517), en el que, con relación a los argumentos expuestos en la ejecutoria de amparo, expuso lo siguiente: La autoridad responsable para determinar que no es procedente la solicitud de pensión vitalicia realizada por el quejoso, con relación a las diversas comunicaciones entre autoridades relativas a las gestiones realizadas con motivo del Decreto a que hizo referencia el quejoso, específicamente respecto a la tarjeta *** de trece de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por el Subconsejero Jurídico Normativo, del entonces Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, expuso que se solicitó al Secretario de Hacienda del Estado, emitiera su opinión y determinara la viabilidad del proyecto de decreto mediante el cual se proponía otorgar el pago de pensión vitalicia a favor del quejoso (foja 515). Por lo que hace al libelo *** de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, suscrito por ***, Procurador Fiscal de la Secretaría de Hacienda, al que anexó copia del memorándum número ***, signado por el *** dirigido a la Subprocuradora de Legislación y de Asuntos Jurídicos, adujo que, se informó, que para ese ejercicio fiscal no existían reservas o disponibilidad presupuestaria para cumplir con la finalidad de dicho proyecto de Decreto, aunado a que no se consideró el monto presupuestario requerido para tal fin (foja 515). Por ende, la responsable fue enfática en aseverar, que si bien, el entonces Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, realizó los trámites administrativos para que mediante decreto se le otorgara al quejoso una pensión, también lo es que, la Secretaría de Hacienda determinó que no era viable el proyecto de decreto aludido porque no existía disponibilidad presupuestaria; además de que el citado proyecto de decreto donde se autorizaba la pensión vitalicia a favor del quejoso, fue sólo un proyecto el cual nunca nació a la vida jurídica, razón por la cual no obligaba al Poder Ejecutivo a su cumplimiento (foja 515). A lo anterior, agregó que no es procedente conceder la pensión vitalicia al quejoso al haberse desempeñado en el Poder Judicial del Estado, el cual no forma parte de la Administración Pública Centralizada, en virtud de que no lo contemplan los artículos 1, 2 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal (foja 515). En otro aspecto, la autoridad responsable se manifestó de manera exhaustiva en relación con lo hecho valer por el quejoso en su escrito de veinticinco de junio de dos mil quince, en el que hizo mención a diversos Decretos en los que se concedió pensión vitalicia a otros magistrados, pues en el apartado CUARTO, precisó las razones legales y causas particulares por las que se otorgaron las pensiones vitalicias a *** considerando que las mismas no le son aplicables al peticionario de amparo, detallando las razones del porqué se otorgaron las pensiones a cada uno de éstos (fojas 515 y 516). En lo atinente, a las constancias exhibidas por el quejoso en el escrito de veinticinco de junio de dos mil quince, la responsable realizó un pronunciamiento pormenorizado al respecto de cada una de las documentales y hecho lo anterior, en el apartado SEGUNDO, manifestó las razones por las que las mismas no son idóneas para apoyar la solicitud del quejoso, y, expresó los fundamentos legales que tomó en consideración para llegar a esa determinación de improcedencia de la pensión vitalicia solicitada y en la parte relativa determinó lo siguiente: "Congruente con lo anterior, se concluye que, a usted no se le puede otorgar la pensión vitalicia que solicita; habida cuenta que ante la entonces Secretaría del Trabajo acreditó una antigüedad genérica de 2 años, 4 meses y 12 días como trabajador de confianza al servicio del Poder Ejecutivo, puesto que el artículo 109 de la citada ley establece que el mínimo de servicios que debe cotizar el trabajador es de 15 años, siempre y cuando haya cumplido 55 años de edad, situación que no acontece en su caso; ya que si bien es cierto cumplió con la edad requerida, no menos cierto es que no cotizó un mínimo de 15 años como trabajador de confianza. En ese orden de ideas, aun cuando afirma que laboró por más de 30 años en el Gobierno del Estado, sin embargo, en todo ese lapso de tiempo no trabajó en el Poder Ejecutivo, sino en un poder público distinto; por consiguiente mi representado no está obligado a otorgarle la pensión por jubilación que solicita (fojas 514 y 515)." En conclusión, la autoridad responsable llegó a la determinación siguiente: "Del análisis de su ocurso de referencia y de las documentales que exhibe, se evidencia que no es procedente el otorgamiento de la pensión vitalicia que solicita; toda vez que en el padrón de servidores públicos contenido en el sistema de nómina de la Administración Pública Centralizada, no se encuentran incluidos los trabajadores del Poder Judicial del Estado de Chiapas; puesto que ese poder público no está contemplado como dependencia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, vigente en la época de su solicitud; es decir, cuando se encontraba laborando para el Tribunal de Justicia electoral y Administrativa del Poder Judicial en el año 2014 (foja 509)." Al efecto, la responsable fundó su determinación en los artículos 16, 56, fracción III y 58, fracción V, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, vigentes en la fecha de formulación de la petición del quejoso y, precisó que tales numerales establecen los límites y definen las relaciones entre los poderes de Gobierno del Estado y la relación con los ciudadanos, pues realizó el análisis comparativo de las hipótesis previstas en los mismos en relación con las circunstancias particulares de la solicitud del quejoso, deducidas de las documentales que exhibió como pruebas. Asimismo, la autoridad responsable, agregó que con sustento en el artículo 31, fracciones VIII y XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, vigente en la época en que el quejoso realizó su petición, mismo que transcribió, se desprende que el Gobernador del Estado tiene como organismo administrativo a la Secretaría del Trabajo, cuyas funciones principales son las de fungir como órgano rector de la política laboral en la entidad, entre ellas, la de autoridad y dictaminar pensiones que soliciten los trabajadores de base o confianza de la administración pública centralizada; no así, respecto de trabajadores del Poder Judicial del Estado, porque el artículo 16 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, es un poder diferente al Poder Ejecutivo, de ahí que expuso pormenorizadamente las razones en las que sustentó su negativa de otorgar la pensión solicitada y expresó los motivos por los que en el caso concreto se adecuan dichos preceptos al caso concreto (foja 511). Por último, concluyó exponiendo que respecto a los trabajadores que ocupan cargos en el Poder Judicial del Estado de Chiapas, es a este último, a quien le compete realizar las gestiones necesarias para el otorgamiento de la pensión vitalicia, ya que los trabajadores de ese Poder se encuentran excluidos del citado artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, por no formar parte de las dependencias centralizadas de la administración pública estatal. Así, dijo, que en términos de los preceptos legales antes invocados, vigentes en la época de la solicitud efectuada por quejoso, se informaba a éste que al haber existido una relación laboral con el Poder Judicial del Estado de Chiapas, ocupando el cargo de Magistrado del entonces Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado, hasta el veintiocho de septiembre de dos mil catorce, le compete a éste y a sus órganos que lo integran asumir la relación laboral con sus trabajadores, estableciendo los supuestos y procedimientos relacionados con la seguridad social de quienes laboran en dicho Poder. En razón de lo expuesto, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento en su totalidad a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo al seguir los lineamientos establecidos en ésta; de ahí que, debe tenerse por CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. Lo anterior, sin que pasen inadvertidas las manifestaciones realizadas por la parte quejosa (fojas 526 a 532), quien en esencia, aduce que la autoridad responsable, en el nuevo oficio que emitió, se aparta de la litis constitucional, porque introduce el tema de la separación de poderes con lo que pretende excluir al quejoso del derecho a la pensión por parte de Gobierno del Estado; ya que estima es un argumento novedoso, además de manifestar diversos argumentos que controvierten dicho tema y exponen una incorrecta interpretación del artículo 17 constitucional, estableciendo que el único facultado para otorgar la pensión previo Decreto es el Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas. Asimismo, el quejoso aduce que la responsable pasó inadvertido que prestó sus servicios para el Gobierno del Estado de Chiapas, el cual es un todo y comprende todos los poderes; que el decreto ya había sido autorizado, por lo cual se pudo haber emitido y considerado en el siguiente ejercicio fiscal; asimismo, hizo manifestaciones en relación con la atribución del Congreso para nombrar Magistrados y del Gobernador para promulgar decretos. Las anteriores disidencias deben desestimarse, acorde a lo siguiente: Se afirma dicha calificativa, porque contrario a lo expuesto por el quejoso, la responsable subsanó los vicios de forma de los que adolecía el acto reclamado en el presente juicio de amparo, y, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo que le concedió el amparo, emitió una nueva determinación, en la que de manera pormenorizada, fundada y motivada se pronunció respecto a las gestiones y trámites efectuados por el quejoso ante diversas instancias y las respuestas otorgadas a éstas; de las que se desprendió que el proyecto de decreto a que hizo alusión el quejoso, no logró aprobarse, por ende, esa circunstancia no obliga al Gobierno del Estado a otorgarle una pensión vitalicia. De igual forma, indicó las razones por las cuales la situación laboral del quejoso, misma que se desprendió de las constancias aportadas por las autoridades ante quienes gestionó el trámite de su pensión y las diversas aportadas por éste, no hacía procedente otorgarle una pensión vitalicia, en los términos en que la solicitó, para lo cual invocó los preceptos legales aplicables al caso concreto, como quedó evidenciado en párrafos anteriores. En otro tenor, los argumentos planteados por el inconforme, en los que insiste que debió otorgársele la pensión que solicitó y que las constancias y su situación laboral no fueron debidamente valoradas, devienen inconducentes. Esto es así, ya que de los mismos, se desprende, que están relacionados a cuestionar el fondo del asunto, mientras que la concesión del amparo, sólo se ocupó de la violación de carácter formal relativa al derecho fundamental de debida fundamentación y motivación inmerso en el artículo 16 Constitucional que opera a favor del quejoso, lo que solamente constreñía a la autoridad a emitir otra determinación fundada y motivada, en términos de los efectos precisados en la sentencia dictada en este juicio, que ya quedaron analizadas con anterioridad. Finalmente, los alegatos del solicitante del amparo, relativos a que la autoridad responsable no especifica las razones por las cuales en diversos Decretos expedidos por el Gobernador del Estado, se otorgaron pensiones jubilatorias a favor de otros magistrados del Poder Judicial del Estado, éstos resultan infundados, al tomar en consideración que la responsable sí expuso las razones de manera legal y argumentativa por las cuales se otorgaron esas pensiones y por las que, la solicitada por el quejoso no resultó procedente. Todo lo anterior, sin que se prejuzgue en torno al fondo del asunto; pues se itera la concesión del amparo únicamente versó respecto a los vicios formales de que adolecía el acto reclamado en este juicio de amparo; cuestión en la que se basó el análisis de este pronunciamiento, sin que fueran materia de la ejecutoria las cuestiones de fondo, por lo que no es dable analizarlas en esta etapa (cumplimiento). Fundamenta dicho aserto la jurisprudencia 2ª./J. 14/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, tomo I, Febrero de 2016, página 717, que dispone: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces." En consecuencia, en el momento procesal oportuno, provéase el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito del quejoso Noé Miguel Zenteno Orantes; atento a su contenido y en términos del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase la copia certificada que solicita, en los términos que precisa.
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