Noe Mendez Vazquez
Expediente 36/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 36/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Noe Mendez Vazquez
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, treinta de enero de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de doce de enero de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
Puebla, Puebla, doce de enero de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada de manera física por *, contra un acto del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Materia del juicio. "Acuerdo de fecha 3 de enero de 2023, notificado el día 5 de enero de 2023, en su punto II que desecha de plano la solicitud de audiencia de revisión de medida cautelar, dentro de la causa penal *". Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial * En la causal de mérito se previene el principio de definitividad tratándose de actos jurisdiccionales, rector del juicio de amparo, esto es, en dicha fracción se impone al quejoso la obligación de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que mediante su promoción o interposición sea susceptible conseguir la revocación, modificación o anulación del acto reclamado, puesto que la intención del legislador con la creación del juicio de amparo fue que éste se concibiera como un medio de defensa extraordinario y que, por ende, fuese la última instancia a que tiene acceso el gobernado cuando por motivo de un acto de autoridad se vulneren sus derechos fundamentales. En síntesis, el principio de definitividad del juicio de amparo tiene como fin preservar el carácter extraordinario de dicha instancia constitucional, por tanto, el acto reclamado debe revestir el carácter de definitivo, es decir, que el peticionario del amparo hubiese agotado los medios de defensa ordinarios antes de acudir al último medio de tutela de derechos humanos. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia de rubro:*. Esto porque la misma legislación procesal penal, es decir el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé el siguiente recurso ordinario a agotar. * Como se advierte de los referidos preceptos jurídicos, el legislador estableció como medio de impugnación ordinario el recurso de revocación contra las resoluciones de trámite emitidas en las que interviene la autoridad judicial que se resuelvan sin sustanciación. Así es, se considera que el acto reclamado consistente en el acuerdo de tres de enero de dos mil veintitrés que desechó de plano la solicitud de audiencia de revisión de medida cautelar en la causa penal * encuadra en la hipótesis de "resolución de trámite", porque la petición planteada por la aquí parte quejosa ante la autoridad judicial de origen solo implicaría (si se hubiera acordado favorable) señalar hora y día para la celebración de la audiencia para la revisión de medida cautelar en dicho proceso penal. Además, se estima que se trata de una resolución de mero trámite sin substanciación, porque tal como lo señala la parte quejosa, se desechó "de plano" tal petición, esto es, no se abrió a debate ni se celebró audiencia, así como tampoco se substanció incidencia alguna, de manera previa a la emisión de tal desechamiento. Por el contrario, acorde con lo expuesto en la demanda, la petición planteada por la parte quejosa fue desechada por la autoridad judicial natural de plano, esto es, sin substanciación. Por ello, es evidente que se actualizaron los requisitos exigidos en dichos preceptos legales, consistentes en que se trate de una resolución de mero trámite, que se resuelva sin sustanciación y con intervención de autoridad judicial para que sea procedente el recurso de revocación, como medio de impugnación legal y ordinario que era necesario agotar de manera previa a la presentación de este juicio de amparo, en atención al principio de definitividad; porque en éste no participó autoridad administrativa que pudiera dar la pauta para la exclusión de la promoción del referido recurso, y por ende, la procedencia de la acción constitucional. Tema incuso que se abordó por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al emitir la tesis aislada I.9º.P45 P (11ª), cuyos razonamientos a contrario sensu son orientadores al caso; la cual fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación con el rubro siguiente; * Bajo esa tesitura, resulta improcedente la demanda de amparo promovida por la parte quejosa y, por ello, procede desecharla con apoyo en lo establecido por el artículo 113, debido al análisis de la causal de improcedencia invocada. No pasa inadvertida la circunstancia de que los nombres de los directos quejosos (*) que aparecen en el proemio del escrito inicial de cuenta, discrepan del único nombre que como impetrante del amparo se advierte del apartado de la demanda correspondiente a "quejoso" (*). Lo anterior resulta así, porque la demanda de amparo contiene datos suficientes que permiten ubicar que el nombre correcto de los quejosos, y que éstos tienen la calidad de parte (como imputados) en la causa penal *, pues ésta fue instaurada en su contra, lo cual refuerza más aún la necesidad por parte de estos de agotar el referido recurso de revocación, al estar en una situación de poder controvertir los acuerdos de trámite por medio de este recurso ordinario. Tiene aplicación al caso la diversa tesis aislada I.4º.P.3 P (11ª) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con el rubro siguiente:*. Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada en nada contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis3 del tenor siguiente: *. Máxime que si bien en el capítulo de nombre y domicilio del quejoso se señalara a *, lo cierto es quienes promovieron e incluso firmaron (al calce de su última foja) la demanda de amparo fueron los directos quejosos *, lo cual resulta suficiente para colmar el principio de instancia agraviada que rige el juicio de amparo. Autorizados y domicilio para recibir notificaciones. Se tiene como domicilio físico para recibir y oír notificaciones el que precisó en su demanda de amparo (ubicado en la ciudad de Puebla). Solo se tienen por autorizados sólo para recibir y oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas que señaló en su demanda de amparo, porque no se solicitó expresamente por la parte quejosa que se les autorizada en los términos amplios previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias.
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