Noe Martinez Gomez
Expediente 918/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 918/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Noe Martinez Gomez
- GUADALUPE AVILA MARTINEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de quince de agosto de dos mil diecisiete por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de quince de agosto de dos mil diecisiete por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, en representación de su esposo ***, contra los actos del JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 918/2017. El análisis integral de la demanda de amparo permite advertir que en el caso se actualiza en forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia del juicio de garantías, lo cual conduce a desechar de plano la demanda con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. El primero de dichos preceptos establece que puede promover el juicio de amparo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicha Ley; de igual manera, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la propia Ley lo permita; el segundo precepto establece la improcedencia del juicio de amparo en todos los casos en que ésta resulte de alguna disposición constitucional o de esta Ley de Amparo. En consecuencia, la causal de improcedencia que deriva de la interpretación sistemática de los preceptos referidos, el primero de ellos a contrario sensu, se actualiza cuando el juicio de amparo no es promovido por quien está facultado legalmente para ello. Tal circunstancia se actualiza en el caso concreto. Para verificar tal afirmación, es necesario mencionar que quienes promueven y suscriben la demanda de garantías, es decir, GUADALUPE ***, esto es promueve este medio extraordinario de defensa en favor de personas diversas, de quienes manifiestan con el acto reclamado se violan los principios certeza, audiencia y legalidad jurídica. Lo anterior descarta la hipótesis contenida en el artículo 6 de la Ley de Amparo, antes transcrito, pues la demanda no fue promovida en forma directa por la persona física a quien afecta el acto reclamado, esto es, *** promoviera esta instancia constitucional como representante legal o apoderado del citado, pues la misma ni siquiera se ostentó con alguna de esas calidades, si no que únicamente manifiesta que comparece a promover el juicio de amparo, señala que comparece ****, en favor de su esposo *****, *** en nombre de su hijo ***** en su carácter de concubina de , ***, es decir, no aducen tener la representación legal o ser apoderados de los mismos. En consecuencia, no puede concluirse que los promoventes acudieran a esta instancia como representantes legales o apoderados de ****. Ahora bien, el propio artículo 6 de la ley invocada, en la parte final de su párrafo primero establece que el quejoso podrá promover el juicio a través de cualquier persona en los casos previstos en la Ley de Amparo. Sin embargo, en el caso particular no se actualizan las hipótesis que permiten la promoción del juicio de amparo a través de una tercera persona. En efecto, no se surte la hipótesis contemplada en el artículo 8 de la ley de la materia, que prevé: "El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo."; porque los promoventes quejosos no narran que *** sea menores de edad, personas con discapacidad o mayor de edad sujeto a interdicción. Máxime que de lo narrado por los promovente se advierte que manifestó, bajo protesta de decir verdad, que ".desconozco la hora exacta de la celebración de la audiencia de control de detención que fue o que se está celebrando a partir de las seis y/o seis y media de la tarde y que no se nos permitió el acceso a los familiares, como a los abogados particulares defensores a pesar de insistir en repetidas ocasiones nos permitieran el acceso", todo esto dentro del expedientillo 34/2017/CAI/PUEBLA, del índice de la Juzgado de Control de la Región Judicial Centro, con lo cual se advierte que, están sujeto al procedimiento judicial que incluye la presentación, con lo cual se evidencia que no existe dato que permita considerar que los promoventes **** se ubiquen en alguno de los supuestos previstos en el artículo transcrito. Otra de las hipótesis que permiten a un tercero promover juicio de amparo en nombre del quejoso está prevista en el artículo 15, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que prevé: En el caso concreto no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en la disposición legal transcrita, ni que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el juicio de garantías por derecho propio, de tal manera que ello faculta a los quejosos directos para hacerlo en su nombre, máxime que, en primer lugar, no refiere encontrarse incomunicados y, en segundo, en el caso el quejoso no controvierten actos que importen peligro de privación de la vida o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro, puesto que en el caso reclama la negativa de autorizar a los abogados ***, según se advierte del contenido de la demanda emitida dentro del expedientillo 34/2017/CAI/PUEBLA. Pues incluso, para el suscrito es un hecho notorio que los quejosos *****, reclamaron la incomunicación al JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA, y autoridades, derivados de la carpeta que aducen en su demanda, en el cual la citada autoridad responsable, mediante oficio número 4672/2017, informó que los quejosos se encuentra a su disposición y en espera a que se les resuelva la legalidad de su detención en la audiencia inicial de control de detención, misma que fue suspendida ante la incomparecencia de la defensa particular de los quejosos y ante el abandono de la defensa la oficiante solicitó a los imputados designara un defensor particular o en su defecto se le asignaría uno por parte del Estado, otorgándole un lapso de doce horas a fin de ponerse en contacto con sus familiares para tal fin, por lo que evidentemente los impetrantes están en aptitud de controvertir los actos por sí mismos. Finalmente, cabe mencionar que el acto reclamado no es alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por ende, si el acto reclamado no es alguno de los previstos en el artículo en comento, que permite la promoción del juicio de amparo a personas diversas en nombre de los quejosos, es evidente que los promoventes no están facultados, conforme a dicho precepto, para promover la demanda en nombre de ***. Conforme a lo expuesto, es evidente que ***, es decir, para ejercer la acción constitucional, pues la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas físicas directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, por sí o a través de su representante legal o apoderado; sin que el caso se acredite alguna de las hipótesis que facultan a un tercero para promover el juicio de amparo en nombre de quien resulta directamente afectado por el acto reclamado. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, Se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir sus notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizado únicamente en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a RUBÉN TERRAZAS MALACA, quien tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo a los restantes, toda vez que no cuenta con el registro de su cédula profesional inscrita en dicho Sistema Computarizado. Lo anterior, sin perjuicio de que refieran tener reconocida su personalidad en términos del 692 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud que dicha circunstancia obedece a un yerro mecanográfico al momento de suscribirse la demanda, pues evidentemente el acto que reclaman deriva de un procedimiento penal y no uno en materia laboral.
- Principal
SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: Vista la demanda de amparo promovida por ***, en representación de su esposo ***, contra los actos del JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 918/2017. El análisis integral de la demanda de amparo permite advertir que en el caso se actualiza en forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia del juicio de garantías, lo cual conduce a desechar de plano la demanda con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. El primero de dichos preceptos establece que puede promover el juicio de amparo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicha Ley; de igual manera, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la propia Ley lo permita; el segundo precepto establece la improcedencia del juicio de amparo en todos los casos en que ésta resulte de alguna disposición constitucional o de esta Ley de Amparo. En consecuencia, la causal de improcedencia que deriva de la interpretación sistemática de los preceptos referidos, el primero de ellos a contrario sensu, se actualiza cuando el juicio de amparo no es promovido por quien está facultado legalmente para ello. Tal circunstancia se actualiza en el caso concreto. Para verificar tal afirmación, es necesario mencionar que quienes promueven y suscriben la demanda de garantías, es decir, GUADALUPE ***, esto es promueve este medio extraordinario de defensa en favor de personas diversas, de quienes manifiestan con el acto reclamado se violan los principios certeza, audiencia y legalidad jurídica. Lo anterior descarta la hipótesis contenida en el artículo 6 de la Ley de Amparo, antes transcrito, pues la demanda no fue promovida en forma directa por la persona física a quien afecta el acto reclamado, esto es, *** promoviera esta instancia constitucional como representante legal o apoderado del citado, pues la misma ni siquiera se ostentó con alguna de esas calidades, si no que únicamente manifiesta que comparece a promover el juicio de amparo, señala que comparece ****, en favor de su esposo *****, *** en nombre de su hijo ***** en su carácter de concubina de , ***, es decir, no aducen tener la representación legal o ser apoderados de los mismos. En consecuencia, no puede concluirse que los promoventes acudieran a esta instancia como representantes legales o apoderados de ****. Ahora bien, el propio artículo 6 de la ley invocada, en la parte final de su párrafo primero establece que el quejoso podrá promover el juicio a través de cualquier persona en los casos previstos en la Ley de Amparo. Sin embargo, en el caso particular no se actualizan las hipótesis que permiten la promoción del juicio de amparo a través de una tercera persona. En efecto, no se surte la hipótesis contemplada en el artículo 8 de la ley de la materia, que prevé: "El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo."; porque los promoventes quejosos no narran que *** sea menores de edad, personas con discapacidad o mayor de edad sujeto a interdicción. Máxime que de lo narrado por los promovente se advierte que manifestó, bajo protesta de decir verdad, que ".desconozco la hora exacta de la celebración de la audiencia de control de detención que fue o que se está celebrando a partir de las seis y/o seis y media de la tarde y que no se nos permitió el acceso a los familiares, como a los abogados particulares defensores a pesar de insistir en repetidas ocasiones nos permitieran el acceso", todo esto dentro del expedientillo 34/2017/CAI/PUEBLA, del índice de la Juzgado de Control de la Región Judicial Centro, con lo cual se advierte que, están sujeto al procedimiento judicial que incluye la presentación, con lo cual se evidencia que no existe dato que permita considerar que los promoventes **** se ubiquen en alguno de los supuestos previstos en el artículo transcrito. Otra de las hipótesis que permiten a un tercero promover juicio de amparo en nombre del quejoso está prevista en el artículo 15, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que prevé: En el caso concreto no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en la disposición legal transcrita, ni que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el juicio de garantías por derecho propio, de tal manera que ello faculta a los quejosos directos para hacerlo en su nombre, máxime que, en primer lugar, no refiere encontrarse incomunicados y, en segundo, en el caso el quejoso no controvierten actos que importen peligro de privación de la vida o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro, puesto que en el caso reclama la negativa de autorizar a los abogados ***, según se advierte del contenido de la demanda emitida dentro del expedientillo 34/2017/CAI/PUEBLA. Pues incluso, para el suscrito es un hecho notorio que los quejosos *****, reclamaron la incomunicación al JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA, y autoridades, derivados de la carpeta que aducen en su demanda, en el cual la citada autoridad responsable, mediante oficio número 4672/2017, informó que los quejosos se encuentra a su disposición y en espera a que se les resuelva la legalidad de su detención en la audiencia inicial de control de detención, misma que fue suspendida ante la incomparecencia de la defensa particular de los quejosos y ante el abandono de la defensa la oficiante solicitó a los imputados designara un defensor particular o en su defecto se le asignaría uno por parte del Estado, otorgándole un lapso de doce horas a fin de ponerse en contacto con sus familiares para tal fin, por lo que evidentemente los impetrantes están en aptitud de controvertir los actos por sí mismos. Finalmente, cabe mencionar que el acto reclamado no es alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por ende, si el acto reclamado no es alguno de los previstos en el artículo en comento, que permite la promoción del juicio de amparo a personas diversas en nombre de los quejosos, es evidente que los promoventes no están facultados, conforme a dicho precepto, para promover la demanda en nombre de ***. Conforme a lo expuesto, es evidente que ***, es decir, para ejercer la acción constitucional, pues la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas físicas directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, por sí o a través de su representante legal o apoderado; sin que el caso se acredite alguna de las hipótesis que facultan a un tercero para promover el juicio de amparo en nombre de quien resulta directamente afectado por el acto reclamado. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, Se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir sus notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizado únicamente en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a RUBÉN TERRAZAS MALACA, quien tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo a los restantes, toda vez que no cuenta con el registro de su cédula profesional inscrita en dicho Sistema Computarizado. Lo anterior, sin perjuicio de que refieran tener reconocida su personalidad en términos del 692 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud que dicha circunstancia obedece a un yerro mecanográfico al momento de suscribirse la demanda, pues evidentemente el acto que reclaman deriva de un procedimiento penal y no uno en materia laboral.
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