Noé Márquez Valenzuela
Expediente 1020/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1020/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Noé Márquez Valenzuela
Actuaciones
- Principal
El cuatro de octubre de dos mil dieciséis, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, transcurrió del veintiséis al treinta de septiembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de veintiuno del citado mes y año, dentro del juicio de amparo 1020/2016-7; así también, se hace constar que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del segundo punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Se hace la debida aclaración que la parte quejosa no anexó a su demanda de amparo documentos originales ni alguno otro que amerite su devolución. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Ángeles
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve Noé Márquez Valenzuela, contra actos del Juez de lo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas y otra autoridad, por considerar que se transgreden en su perjuicio las prerrogativas consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales; en esas condiciones, fórmese el expediente respectivo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y asígnesele el número 1020/2016-7. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se extrae que el acto reclamado consiste en el auto emitido por el Juez de lo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas el cinco de septiembre del año en curso, dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 979/2015, en el que se decretó el cambio de depositaría judicial respecto de un bien mueble consistente en un tractor marca Case, modelo C100, serie C100 AN3JJE1020560, motor 3711HOIA/8, color rojo, con toldo, así como se ordena al promovente hacer entrega del mismo dentro del término de tres días hábiles. Al ser preferente su estudio, este juzgado de distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley Reglamentaria en cita, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Para cumplir con el propósito anunciado, se estima necesario partir del texto del artículo 61, fracción XIII, de la ley de la materia, que es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." La causa de improcedencia que alberga el precepto transcrito, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. La ratio legis de dicho precepto responde evidentemente a un principio de certidumbre jurídica orientado a evitar que el quejoso haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que él mismo haya exteriorizado por sí o a través de sus apoderados o representantes de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. Entonces, esta disposición resulta coherente con la sanción que debe imponerse al quejoso que adopta una actitud pasiva frente al acto de autoridad que a pesar de que le causa perjuicio, se somete a él en todos sus efectos y consecuencias, sea porque con ello obtiene algún beneficio o por simple desinterés para controvertirlo, pero posteriormente pretende impugnarlo a pesar del consentimiento previo que manifestó. En ese sentido, es pertinente destacar que de acuerdo con la disposición imperativa en estudio, puede decirse que la conformidad con el acto reclamado comprende tanto lo que la doctrina considera en sí mismo al consentimiento expreso como lo que se entiende por consentimiento tácito, connotaciones que el Código Civil Federal recoge en su artículo 1803, conforme a las cuales el consentimiento expreso es aquél cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, mientras que el tácito, resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Cabe significar que la anterior conclusión no debe confundirse con la hipótesis normativa de la fracción XIV del artículo 61 en consulta, pues esta última se refiere al consentimiento tácito que se presume de la presentación extemporánea de la demanda de amparo al no promoverse oportunamente dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, en tanto que el consentimiento tácito que se deriva de la fracción XIII, se refiere a la presunción que se desprende de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, es decir, por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ahora bien, respecto de los actos derivados de otros consentidos, debe decirse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido cuáles son los supuestos que deben reunirse para que se actualice la causa de improcedencia en comento, según la tesis que se cita a continuación: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." De acuerdo con el criterio en consulta, la causa de improcedencia de que se trata se actualiza cuando se reúnen los siguientes requisitos: a) La existencia de un acto anterior al reclamado, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se haya ponderado en sus beneficios o perjuicios, así como los fundamentos y motivos expresados en él. b) Que el acto primigenio cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para el amparo promovido contra la subsecuente actuación ni, desde luego, habría la necesidad de combatirlo a través de los recursos ordinarios. c) Que el quejoso se hubiese conformado con el sentido en que se dictó ese acto o que haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. d) Se tenga una relación directa e inmediata entre los actos -anterior y posterior- de modo tal que no guarden autonomía. En síntesis, los supuestos para que opere la causa de improcedencia de que se trata son la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de uno posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél, esto es, supone la existencia de una relación necesaria de causa a efecto entre dos o más actos de autoridad. En el caso, como se ha señalado, el acto reclamado consiste en el auto dictado el cinco de septiembre del año en curso, en el expediente 979/2015 en el que se acuerda el cambio de depositario del vehículo embargado el veintitrés de noviembre de dos mil quince; acto que debe refutarse como derivado de otro consentido. En efecto, en el caso se advierte que se actualiza el primero de los supuestos enunciados en los incisos anotados con anterioridad, para que opere la causa de improcedencia en estudio, consistente en la existencia de un acto u omisión anterior al reclamado; pues de los antecedentes del acto reclamado, narrados bajo protesta de decir verdad en el escrito de demanda, se advierte que en el juicio de origen, mediante diligencia realizada el veintitrés de noviembre de dos mil quince, se embargó el vehículo tractor marca Case, modelo C100, serie C100 AN3JJE1020560, motor 3711HOIA/8, color rojo, con toldo, dejándose como depositario al ahora quejoso (determinación anterior a la reclamada); esto es, estableció una garantía en favor del acreedor, por lo que en ese momento se privó al quejoso de la posesión jurídica del citado bien. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis II.1o.C.T.54 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado En Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 648 del Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 1997 de rubro y texto siguientes: "ACTO DERIVADO DE ACTO CONSENTIDO. CUANDO SE SEÑALA EL CAMBIO DE DEPOSITARIO COMO ACTO RECLAMADO Y NO EL EMBARGO. El embargo constituye una garantía real en favor del acreedor, de tal manera que desde que se traba dicho embargo, se priva de la posesión jurídica del bien y se deja la custodia a un depositario, esto es para el solo efecto de la vigilancia de la cosa embargada. En tal virtud, el acto desposesorio lo constituye el embargo y no el cambio de depositario, de donde si aquél no es señalado como acto reclamado, se consiente tácitamente, y el auto que autoriza el cambio de depositario no es más que una consecuencia derivada de aquel que es consentido, por lo que opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Por otra parte, el segundo supuesto compendiado en el inciso b), esto es, que el acto primigenio cause un agravio al quejoso, también se actualiza, debido a que en la referida diligencia de veintitrés de noviembre de dos mil quince se embargó el vehículo tractor marca Case, modelo C100, serie C100 AN3JJE1020560, motor 3711HOIA/8, color rojo, con toldo, dejándose como depositario al ahora quejoso; determinación que sí depara agravio a la parte quejosa, y pudo combatirla si hubiese considerado que tal determinación no se ajustó a derecho. En relación con el tercer supuesto, consistente en que el justiciable se hubiese conformado con el acto primigenio, es menester mencionar que la parte quejosa no refirió en su escrito de demanda que haya agotado algún medio de defensa en contra de dicha determinación, lo que evidencia que la consintió tácitamente. También se actualiza el cuarto supuesto, ya que el auto de cinco de septiembre del año en curso que reclama, es una consecuencia directa e inmediata de la diligencia de embargo referida, ya que con motivo de lo ordenado en ésta, la autoridad responsable previa solicitud de la parte actora en el juicio de origen puede autorizar el cambio de depositario; en efecto, en el acto reclamado el Juez responsable autorizó el cambio de depositario del mueble embargado. Por tanto, válidamente puede concluirse que el acto aquí reclamado -al ser una derivación de la orden primigenia (embargo), debe considerarse también como consentido en su contenido jurídico y material porque su subsistencia, se insiste, depende del primero en los términos expuestos; máxime que precisamente la lectura al texto del escrito de demanda de amparo que dio lugar a la formación del juicio de amparo que nos ocupa, se advierte que el justiciable endereza argumentos de queja constitucional que tienden a cuestionar precisamente las razones que se expusieron en el auto de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, en el que se ordena el cambio de depositario del bien materia de la litis, así como la orden para su entrega, de ahí que ello permita corroborar que, incluso, el justiciable no se duele en particular del acto aquí reclamado por vicios propios, sino únicamente como consecuencia del primigenio, es decir el embargo del mismo. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en el diverso 113 del mismo ordenamiento legal, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Noé Márquez Valenzuela, al actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Téngase como autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a los licenciados Francisco Javier Briones Duarte (cédula 4456053) y Enrique Rodríguez Cervantes (cédula 1929315) y como domicilio para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, el ubicado en Avenida González Ortega número 327 altos, zona centro de esta ciudad. Para evitar dilaciones innecesarias respecto de la imposibilidad que pudiese tener el Actuario Judicial de adscripción al llevar a cabo las notificaciones personales que se susciten dentro del presente procedimiento, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y/u horas inhábiles para que realice las notificaciones que fueren necesarias, sin necesidad de acuerdo respectivo, previa constancia actuarial, en que se acredite que se asistió en días y horas inhábiles. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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