Noé López Pinos
Expediente 367/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 20 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 367/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 21/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Noé López Pinos
- Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Tlacolula de Matamoros,Oaxaca, llevador de la carpeta de investigación 5950/FVCE/TLACOLULA/2020
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
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PRAL 367/2020 MESA 4° .San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. I. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, autorizada el treinta siguiente en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hubiese hecho. II. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. III. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". IV. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. V. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. VI. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. VII. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. VIII. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. IX. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es destruible. X. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, con las facultades otorgadas por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de doce de julio de dos mil veintiuno, comunicado por el secretario técnico de dicha Comisión mediante oficio CCJ/ST/2658/2021, de la misma fecha; y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Dos firmas ilegibles".
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PRAL 367/2020 MESA 4° Sentencia: Visto para resolver el juicio de amparo número 367/2020; y R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido en línea, sin firma electrónica, el veinticinco de junio de dos mil veinte, en el Módulo de la Oficialía de Partes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado de Distrito, Noé López Pinos, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y de otras autoridades. La parte quejosa narró los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados; invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 2, 14, 16, 17, 19 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro del expediente y desechamiento. Por auto de veintiséis de junio de dos mil veinte se ordenó formar expediente impreso y electrónico; registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 367/2020; y, se desechó la misma, al estimar que al no contener la firma electrónica del quejoso no se advierte la voluntad de quien aparece como promovente, se desechó de plano esa promoción constitucional. Tercero. Impugnación del desechamiento. Mediante acuerdo dictado de uno de julio de dos mil veinte se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de queja contra el acuerdo que desechó su demanda de amparo; medio de impugnación que le tocó conocer, por turno, al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, mismo que lo registró con el número 88/2020, de su índice. Cuarto. Determinación de la superioridad. Mediante ejecutoria de veintiuno de enero de dos mil veintiuno el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, al resolver el recurso de queja 88/2020, declaró fundado el recurso de queja, pues precisó que el quejoso además de los actos destacados en su demanda de amparo, también reclamaba la 1) privación de la vida y 2) destierro de su comunidad; por ello, determinó que se dejara sin efecto el auto recurrido y se proveyera lo conducente en relación con la admisión de la demanda. Quinto. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído diez de marzo de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la citada ejecutoria, se dejó insubsistente el acuerdo recurrido de veintiséis de junio de dos mil veinte, emitido en este juicio de amparo 367/2020 y se admitió a trámite la demanda; se concedió la suspensión de oficio respecto de los actos destacados por el Tribunal de alzada, consistentes en 1) privación de la vida y 2) destierro de la parte quejosa de su comunidad; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; se solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; previo los trámites relativos, se citó a las partes para la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 51 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza penal, y el acto de ejecución se reclama a autoridades residentes en el lugar en los que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se desprende que la parte quejosa señala como actos reclamados y autoridades responsables, los siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: DEL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA FISCALIA LOCAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA - La permisión por medio de la omisión de actuar de las autoridades dentro del ámbito de sus competencias y que pone en peligro la privación de la vida del suscrito. - La omisión de cumplir con su obligación de informar e iniciar el procedimiento correspondiente como autoridad investigadora de hechos delictuosos de los que tuvo conocimiento al iniciar la carpeta de investigación 5950/FVCE/TLACOLULA/2020 dado que la representación social es indivisible la carpeta de investigación 5950/FVCE/TLACOLULA/2020. - La omisión de hacer del conocimiento el inicio de la carpeta de investigación 5950/FVCE/TLACOLULA/2020 al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. - La omisión de dictar medidas de protección a favor del suscrito. - La omisión de tomar medidas necesarias para evitar el desplazamiento forzado interno y destierro del suscrito de su domicilio. - La evidente discriminación y nulo actuar respecto de la problemática que atraviesa el suscrito y por ende la permisibilidad de poner en riesgo mi vida y mi seguridad. - EI nulo respeto al acceso a la impartición de justicia. - La omisión de tramitar y dar seguimiento de las carpetas de investigación de las cuales conoce y denuncian los hechos ya precisados que atentan contra la vida del suscrito. DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA a) La omisión de tomar acciones para prevenir la comisión de delitos en mi contra. b) La omisión de realizar acciones que eviten la realización de hechos delictuosos en la comunidad de San Francisco Lachigoló, Oaxaca. DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO SE RECLAMA: a) La permisión por medio de la omisión de actuar de las autoridades dentro del ámbito de sus competencias y que pone en peligro la privación de la vida del suscritos. b) La nula planeación tendiente a salvaguardar los derechos de la población en general respecto al acceso, administración e impartición de justicia. c) El inexistente diseño de estrategias jurídicas y tecnologías tendientes a salvaguardar y garantizar el acceso, administración e impartición de la justicia de la población en general. d) La falta de mecanismos para el acceso a la administración de justicia. e) La nula e indebida impartición de justicia. DEL COMANDANTE ROGELIO GARCIA PEREZ COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL EN EL ESTADO DE OAXACA. a) La permisión por medio de la omisión de actuar de las autoridades dentro del ámbito de sus competencias y que pone en peligro la privación de la vida del suscritos. b) La falta de atención a la situación y problemática vive (sic) el suscrito a pesar de que está en riesgo la vida del suscrito. c) El nulo respeto a la protección de la vida del suscrito así como de la seguridad DEL DELEGADO Y/O DIRECTOR DE LA PROCURADURIA AGRARIA EN EL ESTADO DE OAXACA ASÍ COMO DEL DELEGADO Y/O DIRECTOR DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN EL ESTADO DE OAXACA: a) La permisión por medio de la omisión de actuar de las autoridades dentro del ámbito de sus competencias y que pone en peligro la privación de la vida del suscrito. b) La omisión de tomar las medidas necesarias para verificar el estado en el que se encuentra la problemática comunal en San Francisco Lachigoló Oaxaca. c) La omisión de verificar si el actual comisariado de bienes comunales de San Francisco Lachigoló se encuentra apegado a derecho y debidamente elegido. d) La omisión de verificar las personas que se han ostentado como representantes del comisariado de bienes comunales de San Francisco Lachigoló, Oaxaca. d) La omisión de velar por que no se vendan los bienes del suscrito DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA a) La omisión de acatar lo establecido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos DE TODAS LAS AUTORIDADES ANTES MENCIONADAS ADEMAS DE LAS ANTERIORES LES RECLAMO: a) LA FLAGRANTE VIOLACION DEL DERECHO A_LA LIBERTAD DE CIRCULACION Y RESIDENCIA Y EL DERECHO A NO SER DESPLAZADO FORZADAMENTE b) La omisión de garantizar el derecho a la integridad personal. c) La nula protección al derecho humano a la vida y a una vida libre de violencia del suscrito y el derecho a no ser desplazado forzadamente. d) La permisión de que se atente en contra de Ia vida del suscrito y el derecho a no ser desplazado forzadamente. e) La inactividad y salvaguarda de la garantía de igualdad y el derecho a no ser desplazado forzadamente. f) La falta de acciones para salvaguardar la vida del suscrito y el derecho a no ser desplazado forzadamente. g) La flagrante violación al derecho humano a la seguridad jurídica. h) La limitación injustificada a la protección del derecho humano a la vida. i) La nula protección del derecho humano a la integración personal. j) La falta de adopción de todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida del suscrito.". Asimismo, el Tribunal de alzada precisó que del contexto integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso también reclama actos que implican: Privación de la vida y destierro de su comunidad, atribuidos a las autoridades I) agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, II) fiscal General del Estado de Oaxaca, III) presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, IV) comandante de la Guardia Nacional en el Estado de Oaxaca, V) delegado y/o director de la Procuraduría Agraria en el Estado de Oaxaca, VI) delegado y/o director del Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca y VII) gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridades responsables, al rendir sus informes justificados lo hicieron de la siguiente manera: NP. AUTORIDAD RESPONSABLE. SENTIDO. 1. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DEL DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS. NIEGA. 2. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA. NIEGA. 3. DIRECTOR EN JEFE DE REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN EL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DEL ENCARGADO DEL DESPACHO. NIEGA. 4. PROCURADURÍA AGRARIA EN EL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE. NIEGA. 5. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DEL CONSEJERO JURÍDICO. NIEGA. 6. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FISCALÍA LOCAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA. NIEGA. 7. TITULAR DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE LA GUARDIA NACIONAL, OAXACA, A TRAVÉS DEL PRIMER SUBDIRECTOR DE LA GUARDIA NACIONAL NIEGA. Sin que la parte quejosa haya objetado o aportado prueba alguna que desvirtúe esa negativa, no obstante su conocimiento. Se precisa que el promovente del amparo no demostró haber presentado solicitud dirigida a las citadas autoridades y que éstas hayan sido omisas en atender sus peticiones; lo anterior, a efecto de que dichas autoridades llevaran a cabo dentro del ámbito de su competencia las acciones pertinentes en cuanto a sus peticiones, y cuya omisión, en su caso, hiciera procedente el juicio de amparo. Además, si bien es cierto que, al tratarse de actos omisivos, no corresponde a la parte quejosa demostrar los mismos, sino a las autoridades responsables acreditar que no incurrieron en tales omisiones, también lo es que de las constancias de autos no se acredita que a las responsables les incumba realizar las omisiones que le atribuye el quejoso; lo anterior, atento a la tesis 1a. XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, junio de 1998, página 53, de rubro siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO". En cuanto a las omisiones reclamadas al Fiscal General del Estado de Oaxaca, de tomar acciones para prevenir la comisión de delitos en su contra, y evitar la realización de hechos delictuosos en la comunidad de San Francisco Lachigoló, Oaxaca; y de la Procuraduría Agraria en el Estado de Oaxaca, y Delegación de Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca, en verificar el estatus y legalidad de los representantes del Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco Lachigoló, Tlacolula, Oaxaca; de diseñar estrategias para evitar problemáticas en dicha comunidad y generar condiciones para evitar que vendan un predio de su propiedad; se precisa que no se encuentran dentro sus facultades, pues de acuerdo a los reglamentos y leyes orgánicas que los rigen la Fiscalía General del Estado de Oaxaca es la institución en la cual reside el Ministerio Público, que le corresponde la investigación de los delitos y ejercer la acción penal, si procediere, siempre que existan elementos para ello, iniciar la carpeta de investigación, a petición de parte o de oficio y allegarse en este período de investigación de los elementos o datos que presuman o acrediten la probable responsabilidad del sujeto, en la comisión del ilícito, para que esté en posibilidad legal de ejercer la acción penal; pero no prevenirlos en su contra como lo alega el quejoso. Por su parte, la Procuraduría Agraria en el Estado de Oaxaca y Delegación de Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca, tienen a su cargo funciones de servicio social, mediante la defensa de los derechos de los sujetos agrarios, asesoramiento derivado de la aplicación de la Ley Agraria y la función registral, de asistencia técnica y catastral, con el objeto de lograr el control de la tenencia de la tierra, así como la seguridad documental respecto de la propiedad social, respectivamente, entre otras funciones, pero no para verificar el estatus y legalidad de los representantes del Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco Lachigoló, Tlacolula, Oaxaca o de diseñar estrategias para evitar problemáticas en dicha comunidad y generar condiciones para evitar que vendan un predio propiedad del quejoso. Respecto del gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, tampoco se advierte la existencia del acto reclamado, consistente en la omisión que le atribuye de acatar lo establecido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos; pues no se advierte que dicha autoridad haya realizado algún acto contra el quejoso por el que ahora le atribuya la omisión de acatarlo. Resulta necesario precisar que el quejoso reclamó del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, actos de abstención, como ser omiso en 1) actuar de las autoridades dentro del ámbito de sus competencias y que pone en peligro la privación de la vida de la parte quejosa, 2) salvaguardar los derechos de la población en general respecto al acceso, administración e impartición de justicia, 3) diseño de estrategias jurídicas y tecnologías tendientes a salvaguardar y garantizar el acceso, administración e impartición de la justicia de la población en general y d) crear mecanismos para el acceso a la administración de justicia. De ahí que, como se precisó, para establecer si se actualiza o no tal omisión, es necesario identificar si existe obligación jurídica de la responsable de actuar en la forma que se le atribuye, porque, de no ser así, se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, soslayando la existencia objetiva de que se debe actuar en determinado sentido. La responsable señaló que los actos que le fueron atribuidos no le eran atribuibles, de acuerdo a las facultades que le fueron conferidas en términos del artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y 44 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; lo anterior, toda vez que, refiere, los actos reclamados versan sobre determinaciones tomadas por el juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, en términos de lo establecido por el artículo 40 de la citada ley orgánica. Por ello, este Juzgado, mediante proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno previno a la parte quejosa para que ampliara su instancia constitucional respecto de esa autoridad judicial; sin que lo hubiera hecho, como consta en la audiencia que antecede. De donde se sigue que la referida responsable no es la facultada para proceder en el sentido que pide el quejoso, por lo que es dable a considerar la inexistencia de los actos que se les atribuye. Sin que obste a todo lo anterior, el hecho que la parte quejosa hubiere ofrecido como pruebas las documentales consistentes en copia simple de: a) Acuse de recibo de un escrito dirigido al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, de seis de junio de dos mil veinte. b) Acuse de recibo de un escrito dirigido al jefe de la fiscalía Local de Tlacolula, Oaxaca, de dieciocho de febrero de dos mil veinte. c) Diligencia relativa a la ratificación de escrito de conciliación de veintinueve de enero de dos mil veinte, deducida de la causa penal 70/2015, del índice del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. d) Acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, dictado por el juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca. e) Copia certificada de un contrato de cesión de derechos a titulo onerosos celebrado el veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, a favor del quejoso, y, f) Un disco compacto. Ya que con las citadas documentales, en su caso, únicamente acredita que: -Realizó diversas peticiones al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca y jefe de la fiscalía Local de Tlacolula, Oaxaca, y la ratificación de un escrito de conciliación mediante diligencia realizada el veintinueve de enero de dos mil veinte, en la causa penal 70/2015, del índice del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; pero no las omisiones que alega en la demanda de amparo. - Con el acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, únicamente se aprecia que el referido juzgado 1) se reservó el derecho de tramitar el recurso de apelación interpuesto por la defensa; 2) señaló hora y fecha para hacer la entrega provisional al ofendido de un bien inmueble; 3) remitió un escrito al magistrado de la Sala Penal, en turno, por conducto de la Oficialía de Partes Común de Segunda Instancia del Tribunal Superior de Justicia en el Estado; 4) requirió a los procesados evitar convivir o comunicarse con el ofendido y que manifestaran si era su deseo rendir su declaración de los hechos que les atribuyen. -Del contrato que exhibió se acredita, únicamente, la cesión de derechos a título oneroso que realizó Camilo Cruz López a favor del quejosos Noé López Pinos, respecto de una fracción de terreno comunal denominado "PARAJE ALCANTARILLA EL DIABLO". Sin embargo, con las citadas documentales, como se precisó, no acredita la existencia de todos los actos que atribuye a las responsables. - En tanto que la información contenida en el disco compacto remitido, carece de valor probatorio para demostrar la existencia de los actos reclamados, pues, conforme a la facultad establecida por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, no se aprecia la hora y fecha en que fue capturada esa información, ni contiene certificación que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo presentado en ella. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, procede sobreseer en este juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 18 del tomo tercera parte-LXIII, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, registro 266721, con el epígrafe y texto que dicen: "INFORME JUSTIFICADO, PRUEBA. Las autoridades responsables al informar, sólo están obligadas a manifestar si es o no cierto el acto reclamado, y basta su afirmación para tener por demostrada la existencia o inexistencia del acto, de suerte que si el quejoso no está conforme con lo manifestado en ese informe, tiene la obligación de probar que no se ajusta a la verdad, y sólo en ese concepto puede rechazarse tal manifestación. Cuarto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Noé López Pinos, respecto de los actos que atribuyó al I) agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, II) fiscal General del Estado de Oaxaca, III) presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, IV) comandante de la Guardia Nacional en el Estado de Oaxaca, V) delegado y/o director de la Procuraduría Agraria en el Estado de Oaxaca, VI) delegado y/o director del Registro Agrario Nacional en el Estado De Oaxaca y VII) gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca; en términos del considerando tercero de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta el día de hoy treinta de junio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado.
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pral 367/2020 mesa 4° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. I. Estado de autos. Vistos los autos, advirtiéndose que el quejoso Noé López Pinos reclamó al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado: "a) La permisión por medio de la omisión de actuar de las autoridades dentro del ámbito de sus competencias y que pone en peligro la privación de la vida del suscritos. b) La nula planeación tendiente a salvaguardar los derechos de la población en general respecto al acceso, administración e impartición de justicia. c) El inexistente diseño de estrategias jurídicas y tecnologías tendientes a salvaguardar y garantizar el acceso, administración e impartición de la justicia de la población en general. d) La falta de mecanismos para el acceso a la administración de justicia. e) La nula e indebida impartición de justicia.". Sin embargo, la citada autoridad responsable, al rendir su informe justificado, manifestó que esos actos reclamados no le eran atribuibles, de acuerdo a las facultades que le fueron conferidas en términos del artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y 44 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; ello, toda vez que refiere que los actos reclamados versan sobre determinaciones tomadas por el juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, en términos de lo establecido por el artículo 40 de la citada ley orgánica. II. Se previene a la parte quejosa. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 108 y 111 de la Ley de Amparo, se previene al quejoso Noé López Pinos, para que dentro del plazo legal previsto en el precepto 111 invocado, manifieste si amplía su instancia constitucional y 1) señala como autoridad responsable al juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca y si 2) le atribuye los actos precisados en el apartado I que antecede. Mismos que el aludido presidente del Tribunal responsable indicó que le eran atribuibles al citado juez de Primera Instancia; en su caso, deberá cumplir, dentro de ese mismo término legal, con los requisitos a que se refieren los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo. En el entendido que de no hacer manifestación al respecto, celebrada la audiencia constitucional, este órgano jurisdiccional resolverá la cuestión en la forma planteada en la demanda de amparo, conforme con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo. III. Diferimiento de la audiencia constitucional. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y se señalan las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veintiocho de junio de dos mil veintiuno, para su celebración. Notificación de este acuerdo. Con la precisión que la notificación de este proveído se realizará por medio de lista a la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que se le envíe oficio, tomando en consideración que es una determinación de mero trámite. Y sin que ello implique dejar en estado de indefensión a dicha responsable, dado que la fecha inicial señalada para la audiencia constitucional se le notificó mediante oficio, por lo cual está en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista electrónica que se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y en los estrados del edificio sede. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 367/2020 MESA 4° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de mayo de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vistos los autos, advirtiéndose que mediante proveído de dieciséis de abril del año en curso se agregó el informe justificado de la autoridad responsable, titular de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, Oaxaca, mismo que se ordenó notificar mediante lista de acuerdos; sin embargo, en diverso proveído de uno de julio de dos mil veinte la parte quejosa solicitó que se le practicaran las notificaciones en este juicio de amparo de manera electrónica. Notificación de acuerdo. En esas condiciones, a fin de que la parte quejosa tenga conocimiento del citado acuerdo de dieciséis de abril de este año, se encomienda al actuario de la adscripción notifique de manera electrónica la referida determinación. Diferimiento de la audiencia. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia señalada para esta fecha, se difiere y se fijan las nueve horas con treinta y cuatro minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, para su celebración. Notificación de este acuerdo. Con la precisión que la notificación de este proveído se realizará por medio de lista a las autoridades responsables, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que se les envíen oficios, tomando en consideración que es una determinación de mero trámite. Y sin que ello implique dejar en estado de indefensión a dichas responsables, dado que la fecha inicial señalada para la audiencia constitucional se les notificó mediante oficio, por lo cual están en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista electrónica que se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y en los estrados del edificio sede. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa; y, cúmplase. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Número de expediente: 367/2020 Acuerdo: PRAL 367/2020 MESA 4° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio E.J./0297/2021, del titular de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado; con el mismo dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus derechos convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Designación de domicilio. Con apoyo en el artículo 28, fracción I, de la Ley Amparo, se tiene a la referida autoridad señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Pruebas. Toda vez que la parte quejosa remite copia certificada de los oficios a) S.O./5581, de veintisiete de marzo de dos mil veintiuno y b) E.J./0280/2021, de veinticinco de marzo del año en curso; en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental, misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser considerada al resolver este juicio. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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