Noé López García

Expediente 1143/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1143/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
01/08/2023

Partes del expediente

  • Noé López García

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa 4. el proveído emitido el diecisiete de julio del presente año, en el cual se desechó de plano la demanda HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. En consecuencia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    MESA. 4. DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA 4 NOTIFICACIÓN ESTABLECIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. RECEPCIÓN DE AUTOS Agréguese el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual adjunta el auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo indirecto 1150/2023, de su índice, asimismo devuelve el original del presente juicio de amparo indirecto. Acuse de recibo. Glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes derivado del juicio en que se actúa, toda vez que las demás son copias certificadas del propio expediente y carecen de valor institucional, por tanto, procédase a la destrucción de estas últimas. Ahora bien, del auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se advierte que el Homologo Federal indicó que los actos reclamados son de naturaleza laboral, ya que el acta de multa de quince de mayo de dos mil veintitrés, emitida en el expediente TAB/CI/2023/002092, del índice, del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Oficina Estatal en Tabasco, corresponde conocer por razón de materia al Juez de Distrito en Materia Laboral. Especificó que el presente asunto corresponde a la materia laboral, pues se actualizan los elementos para considerar que los actos reclamados tienen esa naturaleza, por lo que es claro que debe ser analizado por un Juez de Distrito especializado en esa materia, con forme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, determinó carecer de competencia por razón de materia, y por ello no aceptar la competencia declinada por este Juzgado de Distrito, para conocer del juicio de amparo, y ordenó la devolución de los autos. TRAMITE DE LA DEMANDA Por lo anterior, este órgano jurisdiccional no insiste en declinar la competencia y con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado se avoca al conocimiento del presente asunto. DESECHAMIENTO En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de derechos fundamentales, el Juez o Jueza de Amparo deben analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En este orden de ideas, de inicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso 1, fracción I, del propio ordenamiento, conviene precisar que del escrito inicial de demanda, se desprende que los actos reclamados consisten en: ? El acta de multa de quince de mayo de dos mil veintitrés, emitida en el expediente TAB/CI/2023/002092, del índice, del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Oficina Estatal en Tabasco, por medio de la cual se impuso a la parte citada Samsung Ingeniería Duba, sociedad anónima de capital variable, una multa por el monto de cincuenta unidades de medida y actualización; y, se ordenó girar oficio a la autoridad exactora de Ciudad de México, a fin de ejecutar dicha medida de apremio. Al respecto, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, relativa al principio de definitividad. En efecto, el referido precepto legal estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" La causa de improcedencia anunciada se exterioriza en el llamado principio de definitividad del juicio de amparo, el cual consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, principio que en el caso sometido a análisis no se acató. Es menester recordar que el principio de definitividad admite otras excepciones, algunas previstas legalmente y otras derivadas de la interpretación de la ley efectuada por los tribunales del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, se cita la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro digital: 191539, que dice: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." En efecto, de conformidad con el artículo 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 61, fracción XX de la Ley de Amparo, se obtiene que en ellos se establece la regla genérica atinente al principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, conforme al cual éste se tornará improcedente, cuando se reclamen actos en materia administrativa, o bien de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley en comento. En el entendido que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Esto, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto a las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer, ya que el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo por considerarlo violatorio de prerrogativas constitucionales, debe ser un acto definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso cuya interposición pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación. Sin embargo, se exceptúan de lo anterior los casos siguientes: Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo en vigor). Órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. ? Cuando se trate de persona extraño al procedimiento. ? Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ? En materia administrativa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley (artículos 128, 136 y 138 de la Ley de Amparo en vigor). ? En el caso en que se demande la inconstitucionalidad de una ley. En el caso que nos ocupa, no se actualiza alguno de los supuestos de excepción para que opere el principio de definitividad, toda vez que la parte quejosa no tiene el carácter de tercero extraña, puesto que es parte en el procedimiento de origen y, además, no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. Adicional, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo que rige a los juicios contenciosos que se promuevan ante el citado tribunal, prevé la suspensión de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Para clarificar tal aserto, se tiene presente que la Ley de Amparo, en sus artículos 128, 132 y 135, establece los requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado y el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé lo relativo a la suspensión de los actos administrativos, sin requerir más requisitos de los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Además, en los demás casos, en los que la suspensión se conceda determinará la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. Resulta aplicable, la jurisprudencia VI.2oC J/260, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1816, Tomo XXIII, marzo de 2006, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Ahora, debe precisarse que la parte quejosa se duele del acta de multa de quince de mayo de dos mil veintitrés, emitida en el expediente TAB/CI/2023/002092, del índice, del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Oficina Estatal en Tabasco, por medio de la cual se impuso a Samsung Ingeniería Duba, sociedad anónima de capital variable, una multa por el monto de cincuenta unidades de medida y actualización, es decir, en aplicación de la fracción IV del artículo 684-E de la Ley Federal del Trabajo, del contenido siguiente: "Artículo 684-E. El procedimiento de conciliación se tramitará conforme a las reglas siguientes: IV. Al momento en que reciba la solicitud, la autoridad conciliatoria señalará día y hora para la celebración de una Audiencia de Conciliación que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes. El citatorio se notificará personalmente al patrón cuando menos con cinco días de anticipación a la audiencia, apercibiéndole que de no comparecer por sí o por conducto de su representante legal, o bien por medio de apoderado con facultades suficientes, se le impondrá una multa entre 50 y 100 veces la Unidad de Medida y Actualización, y se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio;(.) Luego, de conformidad con los criterios anteriormente referidos, la multa de que se duele la quejosa se trata de una medida de apremio contenida en una disposición administrativa federal y, por ende, al tratarse de un acto definitivo e independiente del procedimiento del que emana, procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con fundamento en el artículo 3, fracción IV, de la ley orgánica que rige a dicho tribunal, el cual a la letra dispone: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales; Según se ve, compete al Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocer los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones definitivas a través de las cuales se impongan multas por infracciones a normas laborales 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b1.50 JUAN CARLOS TULA COYOTECATL administrativas, cuando el acto impugnado emane de violaciones a disposiciones de carácter federal, con independencia de que la sanción haya sido impuesta por autoridades locales o federales. La consideración anterior, encuentra sustento en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V. Primera Parte, Enero-Junio de 1990, página 137, que señala: "MULTAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA LABORAL. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION PARA CONOCER DE LAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA AUTORIDAD QUE IMPONGA LA SANCION SEA LOCAL O FEDERAL. Si la controversia motivo del juicio de nulidad se refiere a una multa impuesta por violación a una norma administrativa federal, contenida en la Ley Federal del Trabajo y el artículo 23, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, no distingue el carácter de local o federal de la autoridad que impone la sanción, debe resolverse que es legalmente competente para conocer del juicio de nulidad el Tribunal Fiscal de la Federación." Al respecto, conviene precisar que no todo acto emitido con apoyo en lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo tiene la naturaleza laboral; por lo cual, debe atenderse a su naturaleza para determinar si tiene ese carácter, o bien, uno de tipo administrativo. En efecto, para considerar que un acto alude a la materia laboral, debe vincularse de manera directa e inmediata con algún derecho consagrado en el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal y, por extensión, en la Ley Federal del Trabajo; lo cuales surgen de la relación obrero patronal y sus conflictos, como serían la contratación, el salario, horarios, descansos, etcétera; de ahí que el incumplimiento de alguno de ellos, puede generar conflictos de esa naturaleza, esto es, controversias entre patrones y trabajadores. Siguiendo con el análisis de la Ley Federal del Trabajo debe decirse que en dicho ordenamiento el legislador también estableció, entre otras, normas que regulan la forma y condiciones en que deben desarrollarse las labores en los centros de trabajo, así como otras obligaciones especiales de los patrones -aspecto en el cual tales normas revisten un carácter eminentemente administrativo-; de ahí que corresponda a las autoridades competentes vigilar su cumplimiento. Conforme a lo anterior, se puede afirmar que aun cuando es verdad que algunas normas previstas en la Ley Federal del Trabajo revisten un carácter laboral -en tanto que su violación e incumplimiento puede generar conflictos de esa naturaleza, o sea, directamente entre patrones y trabajadores-, también es cierto que esto no sucede cuando sólo se plantea la ilegalidad de multas impuestas al patrón por violación a las normas de tipo administrativo establecidas en la ley en comento. Esto es, la resolución a través de la cual se impone al patrón una multa por violaciones a la Ley Federal del Trabajo no es de naturaleza laboral, sino administrativa, pues se origina precisamente por el incumplimiento o violación a las normas laborales por parte del patrón -que pueden dar origen a un conflicto laboral con los trabajadores-; sin embargo, en el caso sólo suscitan una controversia con las unidades encargadas de vigilar su cumplimiento. Lo anterior, implica que en este tipo de contiendas las partes sean la autoridad administrativa laboral que la impone y el patrón, siendo que el tema de la controversia versará únicamente respecto de la ilegalidad de las multas impuestas por violación a esas normas administrativas previstas en la ley citada. Precisado lo anterior, resulta de utilidad tener presente el carácter de la autoridad responsable del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con residencia en esta ciudad. En relación con lo anterior, debe decirse que en términos de lo previsto por el artículo 1º de la Ley Orgánica del Centro referido, este último es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión; además, conforme a lo señalado en el artículo 5º del ordenamiento en comento, su objeto consiste en sustanciar el procedimiento de conciliación que deben agotar los trabajadores y patrones, en asuntos individuales y colectivos del orden federal, conforme lo establecido por los párrafos segundo y tercero de la fracción XX del artículo 123, Apartado A, de la Constitución y artículos 684-A a 684-E de la Ley Federal del Trabajo. El carácter y objeto mencionados en el párrafo anterior, también le es aplicable a las diversas oficinas estatales del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, tal es el caso de la ubicada en el Estado de Tabasco; de ahí que, conforme a lo antes expuesto, la responsable, constituye un ente de la administración pública federal. Tal como se señaló con anterioridad, el objeto del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral consiste en sustanciar el procedimiento de conciliación prejudicial que deben agotar los trabajadores y patrones, en asuntos individuales y colectivos del orden federal; procedimiento cuyas etapas se encuentran señaladas en el artículo 684-E de la Ley Federal del Trabajo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 684-E.- El procedimiento de conciliación se tramitará conforme a las reglas siguientes: I. Se iniciará con la presentación de la solicitud de conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o al Centro de Conciliación local que corresponda, firmada por el solicitante, a la que se le agregará copia de la identificación oficial a que hace referencia en la fracción I del artículo 684-C; tratándose de empresas o sindicatos será suscrito por su representante legal; II. Los Centros de Conciliación podrán recibir las solicitudes de conciliación por comparecencia personal de los interesados, por escrito debidamente firmado, o en su caso, por vía electrónica mediante el sistema informático que para tal efecto se implemente; III. Los Centros de Conciliación auxiliarán a los interesados que así lo soliciten para elaborar su petición. Deberán proporcionar asesoría jurídica de manera gratuita sobre sus derechos y los plazos de prescripción de los mismos, así como respecto de los procedimientos de conciliación y jurisdiccionales para solucionar los conflictos laborales; IV. Al momento en que reciba la solicitud, la autoridad conciliatoria señalará día y hora para la celebración de una Audiencia de Conciliación que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes. El citatorio se notificará personalmente al patrón cuando menos con cinco días de anticipación a la audiencia, apercibiéndole que de no comparecer por sí o por conducto de su representante legal, o bien por medio de apoderado con facultades suficientes, se le impondrá una multa entre 50 y 100 veces la Unidad de Medida y Actualización, y se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio; V. Al recibir la solicitud de conciliación, la autoridad conciliadora le asignará un número de identificación único y un buzón electrónico al interesado, que será creado para comunicaciones en lo que hace al procedimiento de conciliación prejudicial. Finalmente, designará por turno una sala de conciliación. En caso de no ser competente, la Autoridad Conciliadora deberá remitir la solicitud al Centro de Conciliación competente vía electrónica, dentro de las veinticuatro horas siguientes de recibida la solicitud, lo cual deberá notificar al solicitante para que acuda ante ella a continuar el procedimiento. La Autoridad Conciliadora se pronunciará respecto de la personalidad cuando se trate de solicitudes de personas morales; VI. Si la solicitud de conciliación se presenta personalmente por ambas partes, la autoridad conciliadora les notificará de inmediato, fecha y hora de la audiencia de conciliación, misma que deberá celebrarse dentro de plazo máximo de cinco días a partir de la fecha de presentación de la solicitud, sin menoscabo de que ésta pueda celebrarse en ese momento; VII. El trabajador solicitante de la instancia conciliatoria deberá acudir personalmente a la audiencia. Podrá asistir acompañado por una persona de su confianza, pero no se reconocerá a ésta como apoderado, por tratarse de un procedimiento de conciliación y no de un juicio; no obstante, el trabajador también podrá ser asistido por un licenciado en derecho, abogado o un Procurador de la Defensa del Trabajo. El patrón deberá asistir personalmente o por conducto de representante con facultades suficientes para obligarse en su nombre; VIII. Si las partes acuden a la audiencia, la Autoridad Conciliadora deberá requerirles para que se identifiquen con cualquier documento oficial y, en su caso, verificar que la persona que comparezca en representación de la persona moral acredite su personalidad. También se le asignará a la parte citada, un buzón electrónico para recibir notificaciones en el procedimiento de conciliación prejudicial; hecho lo anterior formulará una propuesta de contenido y alcances de un arreglo conciliatorio, planteando opciones de solución justas y equitativas que a su juicio sean adecuadas para dar por terminada la controversia; de estar de acuerdo las partes, celebrarán convenio por escrito, que deberá ratificarse en ese acto, entregándose copia autorizada de éste. De no llegar a un acuerdo, la Autoridad Conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria. No obstante, las partes de común acuerdo, podrán solicitar se fije nueva audiencia de conciliación, que deberá celebrarse dentro de los cinco días siguientes; IX. Cuando alguna de las partes o ambas no comparezcan a la audiencia de conciliación por causa justificada, no obstante estar debidamente notificados, se señalará nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia, misma que deberá realizarse dentro de los cinco días siguientes. La parte que acuda será notificada en ese acto, la contraparte que no acuda lo será por el boletín del Centro y, en su caso, por buzón electrónico; X. Si a la audiencia de conciliación sólo comparece el solicitante, la autoridad conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria. Si sólo comparece el citado, se archivará el expediente por falta de interés del solicitante. En ambos casos se reanudarán los plazos de prescripción a partir del día siguiente a la fecha de la audiencia, dejando a salvo los derechos del trabajador para solicitar nuevamente la conciliación; XI. En el caso de que el notificador no haya logrado notificar a la persona, empresa o sindicato a citar, no obstante haberlo intentado, la Autoridad Conciliadora dará por terminada la instancia y emitirá constancia dejando a salvo los derechos del solicitante de la conciliación para promover juicio ante el Tribunal competente; XII. Cuando en la solicitud de conciliación se manifieste la existencia de acoso sexual, discriminación u otros actos de violencia contemplados por la ley, en los que exista el riesgo inminente de revictimización, la autoridad conciliadora tomará las medidas conducentes para que en ningún momento se reúna o encare a la persona citada a la que se le atribuyen tales actos. En estos casos el procedimiento de conciliación se llevará con el representante o apoderado del citado, evitando que la presunta víctima y la persona o personas a quienes se atribuyen los actos de violencia se reúnan o encuentren en un mismo espacio; XIII. Una vez que se celebre el convenio ante los Centros de Conciliación, adquirirá la condición de cosa juzgada, teniendo la calidad de un título para iniciar acciones ejecutivas sin necesidad de ratificación. Cualquiera de las partes podrá promover su cumplimiento mediante el procedimiento de ejecución de sentencia que establece esta Ley, ante el Tribunal competente, y XIV. Al celebrar convenio, las Autoridades Conciliadoras entregarán copia certificada del mismo para cada una de las partes, asimismo también se les entregará copia certificada de las actas donde conste el cumplimiento del convenio. Sin perjuicio de lo anterior, cuando así lo requiera el solicitante, el Centro de Conciliación podrá fijar la Audiencia de Conciliación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, para lo cual le proporcionará el citatorio a la audiencia con el fin de que el solicitante se haga cargo de entregarlo directamente a la persona o personas citadas. En este caso, de presentarse ambas partes a la audiencia de conciliación, se procederá a su celebración. Si el solicitante no se presenta a la audiencia, se archivará el asunto por falta de interés, sin emisión de la constancia de haber agotado la conciliación, salvo que justifique su inasistencia, a juicio del conciliador. Si se presenta solamente el solicitante de la conciliación, se señalará nueva fecha y hora para la audiencia de conciliación dentro de los siguientes quince días, ajustándose a las reglas del procedimiento previstas en las fracciones IV y de la VI a la XIV del presente artículo; en dicha audiencia de conciliación, el Centro de Conciliación procederá a geolocalizar el domicilio de la parte citada con auxilio del solicitante; en caso de no poderlo geolocalizar, el Centro de Conciliación fijará una cita para que, acompañado del interesado, se proceda a realizar la citación correspondiente. La Autoridad Conciliadora es responsable de que el convenio que se celebre cumpla con los requisitos y prestaciones que esta Ley establece, aplicables al caso concreto. Si las partes dan cumplimiento voluntario al convenio celebrado, certificará dicha circunstancia, dando fe de que el trabajador recibe completo y personalmente el pago pactado en el convenio. En caso de que las partes establezcan pagos diferidos, en una o más parcialidades a cubrir en fecha diversa a la celebración del convenio, deberá fijarse una pena convencional para el caso de incumplimiento, ésta consistirá en una cantidad no menor al salario diario del trabajador por cada día que transcurra sin que se dé cumplimiento cabal al convenio". Conforme a la transcripción anterior y, en la parte que interesa, conviene decir que el procedimiento de conciliación inicia con la presentación de la solicitud de conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, firmada por el solicitante, a la cual se agregará copia de su identificación oficial; reciba la solicitud, la autoridad conciliatoria señalará día y hora para la celebración de una Audiencia de Conciliación que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes; el citatorio deberá notificarse personalmente al patrón cuando menos con cinco días de anticipación a la audiencia, apercibiéndolo que de no comparecer por sí o por conducto de su representante legal, se le impondrá una multa entre 50 y 100 veces la Unidad de Medida y Actualización, y se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio. En el supuesto de que las partes acudan a la audiencia, la autoridad conciliadora debe requerirlas para que se identifiquen con cualquier documento oficial; hecho lo anterior, formulará una propuesta de contenido y alcances de un arreglo conciliatorio, planteando opciones de solución justas y equitativas que a su juicio sean adecuadas para dar por terminada la controversia; en caso de manifestar su conformidad, se celebrará convenio por escrito, que deberá ratificarse en ese acto; por otra parte, en el supuesto de no llegar a un acuerdo, la autoridad conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria. En tanto, si a la audiencia de conciliación sólo comparece el solicitante, la autoridad conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria; en caso de que únicamente comparezca el citado, se archivará el expediente por falta de interés del solicitante. Delineadas las características de la naturaleza de las multas administrativas, el carácter de la autoridad responsable y el procedimiento de conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, resulta de utilidad tener presente que aun cuando en el acta de multa de quince de mayo de dos mil veintitrés, emitida en el expediente TAB/CI/2023/002092, del índice, del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Oficina Estatal en Tabasco, por medio de la cual se impuso a Samsung Ingeniería Duba, sociedad anónima de capital variable, una multa por el monto de cincuenta unidades de medida y actualización, con sustento en lo dispuesto de los artículos 684- E, fracciones IV y X 684-I, fracción II de la Ley Federal del Trabajo; tal acto no tiene naturaleza laboral, pues no surge de manera directa por el conflicto de alguno de los derechos laborales entre el patrón y el trabajador, ni su contenido se vincula con algún tema relativo a la contratación, el salario u otro, sino que se actualiza por el incumplimiento a la obligación de carácter procedimental impuesta en su contra -tal como puede advertirse del citatorio de doce de abril de este año1 en el que se le apercibió con la imposición de multa- por la autoridad administrativa, en caso de no acudir a la audiencia de conciliación. Esto es, con motivo de la multa impuesta al patrón, ahora parte quejosa, se suscita una controversia con la autoridad administrativa, en el caso el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, oficina Estatal de Tabasco y el patrón Samsung Ingeniería Duba, sociedad anónima de capital variable, ya no entre este último y su trabajador; siendo que la problemática que ahí surge no se vincula con alguno de los Foja 52 de autos. derechos que se presentan con motivo de la relación laboral, sino que aluden a la legalidad o no de la actuación de la autoridad que impuso la multa a la ahora quejosa, por transgredir una norma procedimental, con independencia de la relación con el procedimiento en el que se dictó. Por lo tanto es evidente que es el Tribunal Federal de Justica Administrativa, la autoridad competente para conocer de la demanda del juicio contencioso administrativo en la que se controvierte la multa administrativa impuesta por violación a una norma administrativa de carácter federal, tal es el caso de la multa prevista en la fracción IV del artículo 684-E, de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, tiene sustento con la jurisprudencia 2a./J. 153/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, página 1534, que señala: "MULTA IMPUESTA COMO MEDIDA DE APREMIO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. Las medidas de apremio constituyen instrumentos jurídicos a través de los cuales el juzgador o la autoridad en el procedimiento administrativo pueden hacer cumplir coactivamente sus requerimientos o determinaciones, lo que implica que, una vez dictadas, se convierten en actos definitivos e independientes del procedimiento del que derivaron; por ello, cuando una autoridad perteneciente a la Procuraduría Federal del Consumidor, en el desempeño de sus atribuciones legales, impone como medida de apremio la multa prevista en el indicado precepto, ésta es impugnable a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de la fracción III del artículo 14 de su Ley Orgánica, en virtud del fundamento legal en que se apoyó su emisión, esto es, una norma administrativa federal y por la independencia que guarda la multa en relación con el procedimiento en el que se dictó." Por lo tanto, era obligación de la parte quejosa, previo a instar la acción constitucional, agotar el juicio contencioso administrativo federal contra la resolución reclamada; por tanto, al no hacerlo, inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio en que se resuelve y, lo hace improcedente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 385, de octubre de 1999, Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO, CUANDO SE IMPUGNEN RESOLUCIONES QUE ÚNICAMENTE IMPONGAN MULTAS POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES EN ESA MATERIA. Los artículos 213 y 214 de la Ley de la Propiedad Industrial establecen las hipótesis de infracción en esa materia, así como las sanciones aplicables a quienes incurran en ellas, las cuales pueden consistir en multa, clausura temporal o definitiva y arresto administrativo. Por su parte, el artículo 11, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación prevé la procedencia del juicio de nulidad ante dicho órgano jurisdiccional para impugnar las resoluciones definitivas que impongan multas por infracción a normas administrativas federales, medio ordinario de defensa que no exige mayores requisitos para la suspensión del acto que los previstos en la Ley de Amparo, de conformidad con la tesis jurisprudencial 2a./J. 8/97, sustentada por esta Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, correspondiente a marzo de 1997, página 395, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.". En consecuencia, cabe concluir que el citado juicio contencioso administrativo debe agotarse previamente al amparo cuando se impugne una resolución que solamente imponga multa al particular por infracciones en materia de propiedad industrial, lo que implica el estudio tanto de los hechos que originaron la imposición de la multa, como de la graduación y fijación de ésta, porque de aceptarse que sólo se examinara este último aspecto, sin analizar si el gobernado incurrió o no en la infracción advertida por la autoridad administrativa, resultaría ineficaz la promoción del mencionado medio de defensa, al quedar intocada la determinación de ilicitud o infracción establecida por la autoridad administrativa, provocando con ello la indefensión del particular en este aspecto". En razón de lo anterior, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las hipótesis de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XX de la ley de la materia, con fundamento en el numeral 113 del propio ordenamiento, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, promovida por Carlos Manuel Jiménez Casasnovas, apoderado legal de Samsung Ingeniería Duba, sociedad anónima de capital variable, por su manifiesta e indudable improcedencia. Notifíquese personalmente

  4. Principal

    Mesa 4. Ocho de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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