Noé Iñiguez Santa Anna

Expediente 807/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
807/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
30/11/2021

Partes del expediente

  • Noé Iñiguez Santa Anna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran el auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, sin que se hayan inconformado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la nueva ley de la materia, para todos los efectos legales correspondientes, se declara que ha causado estado; por tanto, dése el aviso correspondiente a las partes; y, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Por otro lado, se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, se observa que este expediente es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa en el lugar donde guarda reclusión y a su defensor vía portal.

  2. Principal

    CITATORIO.Se notifica por medio de lista de acuerdos al Defensor Público los proveídos de dieciocho de octubre y tres de noviembre del año en curso, que en lo conducente dice: " dieciocho de octubre que dice:Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por ., Director de Asuntos Jurídicos adscrito a la Dirección General Jurídica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en representación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de Zaira Aurith Rosales González y Christian Martín Vázquez Martínez, servidores públicos adscritos a dicha Comisión, con el cual rinde su INFORME JUSTIFICADO; en relación con las constancias que anexa, en términos de los numerales 117 y 119 de la Ley de Amparo, ténganse por anunciadas como pruebas de su parte, las cuales como lo solicita la oficiante, tienen el carácter de confidencial, por tanto no se autorizará su consulta a partes diversas del presente expediente ni la expedición de copia simple ni certificada de la misma, la toma de fotografías o el uso de cualquier medio electrónico para su reproducción. Por otra parte, del estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dar contestación al escrito de diez de mayo del año en curso, en el que solicitó la intervención de dicha Comisión, al considerar que fue torturado al momento de su detención que dio origen a los hechos que se le imputan en la causa penal 553/2019, del índice del Juzgado Cuadragésimo Quinto Penal de la Ciudad de México, que atribuyó a las siguientes autoridades: 1. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 2. Lic. Zaira Aurith Rosales González, servidora pública de la cuarta visitaduría. 3. Lic. Christian Martín Vázquez Martínez, servidor pública de la cuarta visitaduría. Quienes al rendir su informe, aceptaron el acto reclamado y, agregaron que al momento de que se presentó la demanda, no se había hecho del conocimiento del aquí quejoso, el trámite correspondiente, habida cuenta que la demora aconteció a que derivado de lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, la área especializada en atender las solicitudes de violaciones a derechos humanos y grupos de atención prioritaria, es la cuarta visitaduría, por ello el doce de mayo del año en curso, la maestra Ruth Zenteno López visitadora general de ese organismo, inicio la investigación y, después de diversas actuaciones al no contar con los elementos suficientes para determinar si se cumplían los requisitos que marcan la competencia de dicha comisión, el veinticuatro de septiembre siguiente, acorde a lo que establece el artículo 97 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, se proveyó la ampliación para indagar la procedencia de la indagación preliminar y, pese que a la fecha de interposición del presente juicio de garantías no se había dado respuesta al aquí quejoso, no significaba que la solicitud del quejoso no se hubiere atendido, ya que el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno se dio respuesta formal a ., a través del oficio 4-11929/221, mediante el cual se le informó de las diversas actuaciones dentro de su expediente de queja .., el cual fue entregado de manera personal en las instalaciones de la Penitenciaría, donde además la Maestra Zenteno López, le atendió todas sus dudas, tal y como quedó asentado en el acta circunstanciada de esa data. En esas condiciones no obstante la existencia del acto reclamado, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia notoria e indudable, prevista en el artículo numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo1, por lo cual no hay necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional a efecto de proveer lo conducente, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia. 2 Lo anterior, en virtud de que con las documentales exhibidas con el informe de mérito, se acredita la contestación al escrito de diez de mayo de dos mil veintiuno presentado por . y, cuya omisión de proveer, era materia de este juicio, ya que incluso fue notificado del trámite correspondiente. Por lo que, en términos de la citada fracción, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia, procediendo consecuentemente sobreseer en el juicio en términos 1 Lo anterior encuentra apoyo, por identidad de razón, en el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia 10/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en sesión privada de 14 de febrero de 2003, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto a los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la ampliación de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fije las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." 2 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia. 3 No es obstáculo para concluir de la manera anotada, la circunstancia de que no se haya dado vista a las partes con el informe de cuenta, toda vez que no cambiaría el sentido de esta determinación la manifestación que en su caso hiciera el impetrante, y en cambio, sí retrasaría la impartición de la justicia pronta y expedita en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios4. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional. 3 Son aplicables las consideraciones de la jurisprudencia 103, también del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, del apéndice compilatorio previamente consultado, que al efecto se transcribe: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 10/2003, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en sesión privada de 14 de febrero de 2003, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto a los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la ampliación de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fije las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." 4 Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, el criterio jurisprudencial 104, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a foja 622, tomo V, junio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. EFECTOS DE LA OMISIÓN DE DAR VISTA A LAS PARTES." Finalmente, toda vez que las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales, no obstante que se les hizo saber sobre la existencia de dicha posibilidad; puede hacerse pública la presente determinación omitiendo los datos sensibles. No pasan inadvertidas las manifestaciones de la responsable, en el sentido de que este órgano jurisdiccional, es incompetente por razón de materia para conocer del acto reclamado, sin embargo, atendiendo a que la petición del quejoso aludía a que fue torturado al momento de su detención que dio origen a los hechos que se le imputan en la causa penal 553/2019, del índice del Juzgado Cuadragésimo Quinto Penal de la Ciudad de México, el suscrito estimó ser competente, ya que versaba sobre actos posiblemente derivados de la integración de una indagatoria. Notifíquense; y, personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido y, vía portal a su defensor, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. y tres de noviembre Téngase por recibido el escrito del Licenciado José Luis Hernández Pastrana, defensor público del quejoso ..., con el cual remite copia de la cédula interna de registro de asesoría jurídica brindada al impetrante; sin lugar a hacer mayor pronunciamiento, toda vez que por auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia este juicio. Por otro lado, visto el estado que guardan los autos se advierte que del proveído antes referido, no obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. (SISE) la constancia de notificación electrónica al licenciado ..., defensor del aquí quejoso. En consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, comisiónese al actuario judicial adscrito a este juzgado, para que la realice en los términos indicados en el proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno al referido defensor Cúmplase. toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.

  3. Principal

    Téngase por recibido el escrito del Licenciado José Luis Hernández Pastrana, defensor público del quejoso ..., con el cual remite copia de la cédula interna de registro de asesoría jurídica brindada al impetrante; sin lugar a hacer mayor pronunciamiento, toda vez que por auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia este juicio. Por otro lado, visto el estado que guardan los autos se advierte que del proveído antes referido, no obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. (SISE) la constancia de notificación electrónica al licenciado ..., defensor del aquí quejoso. En consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, comisiónese al actuario judicial adscrito a este juzgado, para que la realice en los términos indicados en el proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno al referido defensor Cúmplase.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por ., Director de Asuntos Jurídicos adscrito a la Dirección General Jurídica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en representación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de Zaira Aurith Rosales González y Christian Martín Vázquez Martínez, servidores públicos adscritos a dicha Comisión, con el cual rinde su INFORME JUSTIFICADO; en relación con las constancias que anexa, en términos de los numerales 117 y 119 de la Ley de Amparo, ténganse por anunciadas como pruebas de su parte, las cuales como lo solicita la oficiante, tienen el carácter de confidencial, por tanto no se autorizará su consulta a partes diversas del presente expediente ni la expedición de copia simple ni certificada de la misma, la toma de fotografías o el uso de cualquier medio electrónico para su reproducción. Por otra parte, del estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dar contestación al escrito de diez de mayo del año en curso, en el que solicitó la intervención de dicha Comisión, al considerar que fue torturado al momento de su detención que dio origen a los hechos que se le imputan en la causa penal 553/2019, del índice del Juzgado Cuadragésimo Quinto Penal de la Ciudad de México, que atribuyó a las siguientes autoridades: 1. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 2. Lic. Zaira Aurith Rosales González, servidora pública de la cuarta visitaduría. 3. Lic. Christian Martín Vázquez Martínez, servidor pública de la cuarta visitaduría. Quienes al rendir su informe, aceptaron el acto reclamado y, agregaron que al momento de que se presentó la demanda, no se había hecho del conocimiento del aquí quejoso, el trámite correspondiente, habida cuenta que la demora aconteció a que derivado de lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, la área especializada en atender las solicitudes de violaciones a derechos humanos y grupos de atención prioritaria, es la cuarta visitaduría, por ello el doce de mayo del año en curso, la maestra Ruth Zenteno López visitadora general de ese organismo, inicio la investigación y, después de diversas actuaciones al no contar con los elementos suficientes para determinar si se cumplían los requisitos que marcan la competencia de dicha comisión, el veinticuatro de septiembre siguiente, acorde a lo que establece el artículo 97 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, se proveyó la ampliación para indagar la procedencia de la indagación preliminar y, pese que a la fecha de interposición del presente juicio de garantías no se había dado respuesta al aquí quejoso, no significaba que la solicitud del quejoso no se hubiere atendido, ya que el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno se dio respuesta formal a ., a través del oficio 4-11929/221, mediante el cual se le informó de las diversas actuaciones dentro de su expediente de queja .., el cual fue entregado de manera personal en las instalaciones de la Penitenciaría, donde además la Maestra Zenteno López, le atendió todas sus dudas, tal y como quedó asentado en el acta circunstanciada de esa data. En esas condiciones no obstante la existencia del acto reclamado, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia notoria e indudable, prevista en el artículo numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo1, por lo cual no hay necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional a efecto de proveer lo conducente, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia. 2 Lo anterior, en virtud de que con las documentales exhibidas con el informe de mérito, se acredita la contestación al escrito de diez de mayo de dos mil veintiuno presentado por . y, cuya omisión de proveer, era materia de este juicio, ya que incluso fue notificado del trámite correspondiente. Por lo que, en términos de la citada fracción, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia, procediendo consecuentemente sobreseer en el juicio en términos 1 Lo anterior encuentra apoyo, por identidad de razón, en el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia 10/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en sesión privada de 14 de febrero de 2003, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto a los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la ampliación de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fije las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." 2 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia. 3 No es obstáculo para concluir de la manera anotada, la circunstancia de que no se haya dado vista a las partes con el informe de cuenta, toda vez que no cambiaría el sentido de esta determinación la manifestación que en su caso hiciera el impetrante, y en cambio, sí retrasaría la impartición de la justicia pronta y expedita en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios4. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional. 3 Son aplicables las consideraciones de la jurisprudencia 103, también del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, del apéndice compilatorio previamente consultado, que al efecto se transcribe: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 10/2003, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en sesión privada de 14 de febrero de 2003, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto a los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la ampliación de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fije las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." 4 Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, el criterio jurisprudencial 104, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a foja 622, tomo V, junio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. EFECTOS DE LA OMISIÓN DE DAR VISTA A LAS PARTES." Finalmente, toda vez que las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales, no obstante que se les hizo saber sobre la existencia de dicha posibilidad; puede hacerse pública la presente determinación omitiendo los datos sensibles. No pasan inadvertidas las manifestaciones de la responsable, en el sentido de que este órgano jurisdiccional, es incompetente por razón de materia para conocer del acto reclamado, sin embargo, atendiendo a que la petición del quejoso aludía a que fue torturado al momento de su detención que dio origen a los hechos que se le imputan en la causa penal 553/2019, del índice del Juzgado Cuadragésimo Quinto Penal de la Ciudad de México, el suscrito estimó ser competente, ya que versaba sobre actos posiblemente derivados de la integración de una indagatoria. Notifíquense; y, personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido y, vía portal a su defensor, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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