Noe Hernandez Martinez
Expediente 812/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 812/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/06/2023
Partes del expediente
- Noe Hernandez Martinez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; doce de junio de dos mil veintitrés. Firmeza procesal. El estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, por el cual se desechó la demanda intentada por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, sin que lo haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. Valoración documental. Por otra parte, con fundamento en el artículo artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de en su oportunidad de ser destruido, por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda intentada. En el entendido que no existen documentos originales. ...
- Principal
Toluca, Estado de México; treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Noé Hernández Martínez, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 812/2023-V. Exhortación de Juicio en Línea. Ahora bien, en términos de la fracción II del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, exhórtese a la partes para que de ser posible continúen con la tramitación del "juicio en línea", para tal efecto deberán proporcionar a este juzgado el nombre del usuario para que se les proporcione la autorización correspondiente, en el entendido que deberán manifestar si es su deseo ser notificadas vía electrónica de las determinaciones que se adopten en el presente sumario constitucional. Asimismo, se sugiere a las partes que en caso de continuar con la tramitación del presente juicio en línea, al consultar el expediente electrónico, verifique en todos los campos que aparecen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, ya sea como persona física, representante de persona jurídica pública o representante de persona jurídica privada. Ello, en virtud a que en ocasiones el aludido sistema lo identifica indistintamente en alguno de estos supuestos. Precisión del acto reclamado. Ahora, del escrito de demanda se aprecia que la parte quejosa reclama la determinación de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, mediante la cual el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, inadmitió el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de veintidós de mayo del año en curso, donde se ordenó la citación del aquí quejoso a una audiencia donde se iban a agotar entre las partes pláticas para solucionar el conflicto para solucionar el conflicto, prevista para el treinta y uno de los actuales, en el entendido que de no comparecer se dejarían a salvo los derechos de la representación social para solicitar la forma de conducción al proceso del impetrante. Tal precisión se realiza en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: .. Desechamiento. Expuesto lo anterior, de conformidad con el artículo 62 de la vigente Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, además de que de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, procederá desecharse de plano la demanda de amparo. Al caso es aplicable la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación, mayo 1991, Tomo VII Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Precisado lo anterior, se considera que con relación al acto reclamado, se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Los artículos transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente contra actos emitidos fuera de juicio que causen una afectación jurídica al quejoso. Sin embargo, la resolución que inadmite el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de veintidós de mayo del año en curso, donde se ordenó la citación del aquí quejoso a la audiencia donde se iban a agotar entre las partes pláticas para solucionar el conflicto, es un acto dictado fuera de juicio que no incide en su esfera de derechos, porque constituye un mero aviso de que debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional a atender la diligencia. Ello es así toda vez que no basta con que el acto reclamado se haya emitido fuera de juicio, para concluir que procede el amparo, ya que en este caso, esos actos deben afectar de manera directa y actual a la libertad del quejoso. En efecto, la resolución que inadmite el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de veintidós de mayo del año en curso, donde se ordenó la citación del aquí quejoso a la audiencia donde se iban a agotar entre las partes pláticas para solucionar el conflicto, no causa una afectación a la libertad del quejoso con esas características, que justifique la procedencia del amparo, conforme al contenido de los numerales 141, fracciones I y II, y 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y [...] Artículo 309. Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. En el caso de detenidos en flagrancia o caso urgente, después que el Juez de control califique de legal la detención, el Ministerio Público deberá formular la imputación, acto seguido solicitará la vinculación del imputado a proceso sin perjuicio del plazo constitucional que pueda invocar el imputado o su Defensor. [...]." De la transcripción anterior se colige que la citación a la audiencia consiste en la comunicación que dirige el Juez al imputado, a petición del Ministerio Público, mediante la cual se le informa que éste ha solicitado una audiencia en la que se requiere su presencia, con la finalidad de formalizar una investigación seguida en su contra y formularle imputación. Máxime que la determinación que el quejoso pretendía combatir a través del recurso de revisión se traducen en la citación para acudir a la audiencia donde se iban a agotar entre las partes pláticas para solucionar el conflicto, por sí misma, no afecta a la libertad personal del citado, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial. No es obstáculo para concluir en este sentido el que la fracción II del artículo 141 citado, establezca que en caso de que el citado no acuda injustificadamente, a petición del Ministerio Público podrá ordenarse su comparecencia mediante la fuerza pública, pues esta posibilidad está sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta, a saber: primera, la inasistencia del citado; segunda, que no exista justificación que legitime esa inasistencia; y tercera, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, se ordene la comparecencia forzada del citado. En ese orden de ideas, de la lectura sistemática de ambas fracciones del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede concluir que la citación de la persona investigada a la audiencia referida, por sí misma, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar, por ende, este acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Por tanto, si la citación para acudir a la audiencia inicial efectuada, en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, luego, el acto reclamado, esto es la resolución que inadmitió el recurso de revocación de mérito, no es un acto dictado fuera de juicio que incida en la esfera jurídica del inconforme y, por ende, en su contra no procede el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento. Cobra puntual aplicación la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), de la Primera Sala del más Alto Tribunal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, página 239, que se muestra enseguida: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Lo resaltado es propio. Consecuentemente, de conformidad con el criterio expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), al actualizarse la causa de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, lo conducente es desechar de plano la demanda que promueve Noé Hernández Martínez, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México. Domicilio procesal. Acorde con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2° y 29 de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones aun las que deban ser en forma personal, por la lista que se publica en los sitios oficiales del Consejo de la Judicatura Federal, y colóquese en un espacio de fácil acceso, hasta en tanto se señale un lugar determinado en el cual sea factible recibir notificaciones y practicar diligencias que en el caso debe ser un inmueble, casa o despacho en donde las personas que deban notificarse residan, habiten o tengan el principal asiento de sus negocios, dado que el indicado consistente en los "estrados" no se encuentra contemplado en la Ley de Amparo. ... Notifíquese.
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