Noe Guadalupe Cabuto Pulido
Expediente 221/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 221/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/02/2022
Partes del expediente
- Noe Guadalupe Cabuto Pulido
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que dentro del término previsto en el artículo 196 de la Ley de la Amparo, la parte quejosa no realizó manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable, no obstante que mediante acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintidós, se le apercibió que se resolvería conforme a las constancias que obran en autos. En el caso concreto, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, a la parte quejosa, para el efecto de desincorporar de su esfera jurídica lo previsto en los ARTÍCULOS 11, 12, 13 Y 21 FRACCIONES I Y XVIII DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, a fin de que las autoridades responsables no apliquen a la parte quejosa ni en el presente ni en el futuro tales preceptos legales hasta en tanto no se modifique dicha normativa. De igual modo, la autoridad responsable deberá devolver el remanente que exceda de la aplicación de $***** que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado y $*************** por el pago de inscripción de préstamo hipotecario respecto de la cantidad de $**************y, la respectiva actualización de la cantidad a devolver. Resolución que causó ejecutoria el doce de enero de dos mil veintidós. Ahora bien, del análisis del comunicado y anexos recibidos en este juzgado federal el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, acreditó haber dado cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo porque le fue devuelta a la parte quejosa la cantidad de $18,046.96 (dieciocho mil cuarenta y seis pesos con noventa y seis centavos moneda nacional), mediante transferencia electrónica de la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, lo que pone en evidencia que restituyó de esa manera a la parte quejosa en el pleno uso, goce y disfrute de sus derechos violados. En ese contexto lo que procede es hacer efectivo el apercibimiento que se le hizo a la parte quejosa en auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, párrafo cuarto, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO PRONUNCIADA EN EL PRESENTE JUICIO. En consecuencia, con sustento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, el cual este órgano jurisdiccional determina que es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. De lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Se tiene por recibido el oficio remitido por la Delegada de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa el acatamiento dado al fallo protector; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexos de referencia, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
Juicio de amparo 220/2020 En Tepic, Nayarit, a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, en audiencia pública Alva Miranda Ramírez, Secretaria en Funciones de Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2822/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, quien actúa asistida con la secretaria Consuelo Elena Laborie Alarcón que da fe, procede a celebrar la audiencia prevista por el numeral 124 de la Ley de Amparo, sin la comparecencia de las partes. Abierta la audiencia, la secretaria hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran: Escrito de demanda y anexos (fojas 2 a 24); Auto de diez de febrero de dos mil veinte que proveyó sobre su admisión (fojas 25 a 27); Constancia de notificación a la parte quejosa, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y autoridades responsables (fojas 27 reverso, 34 y 33, respectivamente); e, Informes justificados rendidos por el Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representación legal del Gobernador Constitucional, Congreso del Estado por conducto del Diputado en funciones de Presidente de la Comisión de Gobierno del Poder Legislativo, Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno a través de su representante legal, todas del Estado de Nayarit (fojas 30 a 31, 45 a 48, 50 a 62 y 69 a 72, respectivamente). Así como las demás constancias que forman parte del sumario, sin que sea necesario que se plasmen más datos de éstas, y que por ese motivo se irrogue perjuicio a las partes, pues en caso de invocarlas en el fallo constitucional, ahí se hará la correspondiente descripción. Como apoyo de lo anterior, se cita la Tesis 2a. XLVI/98, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 254 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, Novena Época, con número de registro 196531, que no se contrapone a los postulados de la Ley de Amparo vigente, y establece: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SU FALTA DE RELACIÓN EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA, POR SÍ SOLA, NO CAUSA AGRAVIO A LAS PARTES. El artículo 155 de la Ley de Amparo impone al Juez de Distrito la obligación de que, al celebrar la audiencia constitucional, observe el siguiente orden: reciba las pruebas, los alegatos y el pedimento del Ministerio Público Federal y, finalmente, dicte el fallo correspondiente, pero no lo constriñe a relacionar, formal y expresamente, en particular, cada una de las pruebas ofrecidas por las partes, situación que, por sí misma, no les podría causar agravio alguno ni las dejaría en estado de indefensión, lo que solamente podría presentarse si las pruebas fueran valoradas indebidamente o no fueran tomadas en consideración al sentenciar, lo que sí sería violatorio del precepto citado." Acto seguido, la secretaria certifica que se dio vista a las partes con los informes justificados precisados con antelación e igualmente, que las constancias que integran el expediente físico coinciden con las incorporadas en el electrónico. A lo anterior, la Secretaria en Funciones de Juez acuerda: téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, se abre la etapa probatoria, contándose con las documentales ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda y las que remitió el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit. A lo anterior la Secretaria en Funciones de Juez dispuso: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su naturaleza las pruebas relacionadas con antelación. Se cierra la etapa de pruebas. Se abre la fase de alegatos, y se hace constar que ninguna de las partes los formuló. Se cierra la etapa de alegatos, sin pruebas que desahogar ni promoción pendiente de acordar, la Secretaria en Funciones de Juez procedió a dictar la siguiente resolución: Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 221/2020, promovido por ********************contra actos del Congreso del Estado de Nayarit y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Por escrito presentado el seis de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito, ********************demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que se precisan: "III.- Autoridades responsables: 1) H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 2) C. Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit 3) C. Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit. 4) C. Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Nayarit. IV.- Actos reclamados: Del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, reclamo la discusión, aprobación y expedición de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2020, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 30 de Diciembre del año 2019; en particular el Artículo 21, fracciones I y XVIII, en relación con los númerales 11, 12 y 13. Del C. Gobernador del Estado de Nayarit, reclamo la expedición y orden de publicación del dispositivo señalado en el inciso a) que antecede Del C. Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, el cobro de los derechos que se describen en los dispositivos de referencia en mi perjuicio. Del C. Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Nayarit, la aplicación en mi perjuicio de los preceptos que se reclaman en el inciso a) que antecede." SEGUNDO. En auto de diez de febrero de dos mil veinte (fojas 25 a 27), se admitió la demanda de amparo registrándose bajo el expediente 221/2020, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado y se dio la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. TERCERO. Finalmente, seguido el juicio por todos sus trámites legales, la audiencia constitucional previos diferimientos por motivo legal se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, de la Ley de Amparo y 52, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclama una norma general que tiene como ámbito de aplicación el Estado de Nayarit, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado, aunado a que la demanda de amparo se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia que bajo el número 69 aparece publicada en la página 2017 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisad el acto reclamado. Dicho criterio es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se precisa que el quejoso reclama: Del Congreso y del Gobernador del Estado de Nayarit, respectivamente, la discusión, aprobación, expedición y promulgación de: a) El artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil veinte, que establecen el cobro por el derecho de inscripción de los Instrumentos públicos o privados en que se transmita la propiedad del Inmueble, y la de otros contratos, títulos o documentos de cualquier clase, con excepción de los que tienen cuota especial y la inscripción del préstamo hipotecario. b) Los normativos 11 a 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil veinte, que regulan los siguientes impuestos: Fomento de la educación. Asistencia social. Universidad Autónoma de Nayarit. Del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas y Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos del Gobierno del Estado de Nayarit: La ejecución de los normativos reclamados, a través de la imposición, recaudación y cobro de derechos registrales, así como los impuestos para el fomento de la educación, asistencia social, Universidad Autónoma de Nayarit. TERCERO. Sobreseimiento por inexistencia de acto. Debe sobreseerse en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit, en virtud de que es inexistente y, por ende, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En efecto, dentro de sus atribuciones no se encuentra la relativa a recaudar contribuciones, pues, en concreto, únicamente los documentos previo pago de derechos. El dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El precepto trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, b) Cuando no se demuestre su existencia. Así pues, la prueba de la inexistencia del acto reclamado, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por la parte quejosa, conduce al sobreseimiento. Ahora, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable materia del presente considerando la aplicación de la porción normativa combatida; sin embargo, por razón de sus funciones, no tiene intervención en la aplicación de la norma combatida, pues no es autoridad recaudadora de contribuciones, toda vez que, el Director de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio solamente se dedica realizar las inscripciones de documentos que le soliciten, previo pago de derecho. En efecto, dentro de las funciones de la autoridad ejecutora de mérito no se encuentra la relativa a recibir los cobros materia de reclamo, pues no es dependencia recaudadora de contribuciones sino únicamente inscribe documentos, pues la citada función le compete a una diversa autoridad. Así, se colige que dicha autoridad ejecutora no tiene intervención en la aplicación del acto que les reclama el promovente del amparo. Lo anterior se corrobora, con el contenido del ordinal 20, fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, del que se advierte que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit es quien tiene facultades para recaudar contribuciones; por tanto, fue éste quien se encontraba en condiciones de aplicar la normativa reclamada al recibir el entero reclamado. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado a dicha autoridad, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo aun cuando éste sea cierto respecto de otra autoridad. Por analogía, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia PC.I.P. J/54 K (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en el Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Página: 1967, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NIEGAN LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CON INDEPENDENCIA DE QUE OTRAS TAMBIÉN SEÑALADAS COMO RESPONSABLES LO ACEPTEN. La causal de sobreseimiento en el juicio de amparo por inexistencia del acto reclamado, en términos del precepto y fracción citados, se actualiza cuando las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, lo niegan o cuando el quejoso no prueba su existencia en la audiencia constitucional, con independencia de que otras autoridades también señaladas como responsables lo admitan, pues la aceptación del acto reclamado por estas últimas, salvo casos de excepción, no desvirtúa la negativa de las autoridades a quienes de manera independiente y autónoma se les atribuyó por el quejoso, por lo que dicha causal de sobreseimiento es de estudio preferente a la diversa de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, relacionada con la actualización de alguna causal de improcedencia." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados atribuidos al Congreso y al Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Nayarit, consistentes en la discusión, aprobación y promulgación de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, toda vez que así lo manifestaron al rendir el informe justificado. Máxime que la existencia de las disposiciones legales reclamadas se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba. Sustenta lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." También resulta aplicable a la consideración precedente, la tesis aislada V.2°.214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 205, febrero de 1995, tomo XI-I, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." Por otra parte, también es cierto el acto reclamado al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, toda vez que también lo manifestó así en su informe justificado, además el quejoso adjuntó a su escrito de demanda: Copia fotostática certificada del desglose de pago expedido por el Gobierno del Estado de Nayarit el veinte de enero de dos mil veinte por la inscripción de documento público o privado e inscripción de préstamo hipotecario, asistencia social, fomento a la educación y Universidad Autónoma de Nayarit por el total de $******************** (diecisiete mil ciento quince pesos con cincuenta y tres centavos moneda nacional), de la que se advierte el sello de pago realizado al ********************, así como el número de referencia ********************. Copia fotostática certificada de la escritura pública veinte mil quinientos noventa y ocho, de la Notaría Pública 28 de la Primera Demarcación Territorial, con sede en Xalisco, Nayarit, de la que se advierte la inscripción con número de derechos pagados según boleta ********************. Documentales que adminiculadas entre sí tienen valor probatorio, de conformidad con lo que establecen los preceptos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados de manera supletoria a la Ley de Amparo en su artículo 2, porque se trata de documentos de los que se desprende que la autoridad responsable exactora recaudó los derechos cuya inconstitucionalidad se reclama. Además, de esas probanzas se obtiene el desglose de las cantidades que debía pagar el contribuyente, por lo siguiente: - Inscripción de documento público o privado. - Inscripción crédito hipotecario. - Fomento a la educación. - Asistencia Social. - U.A.N. (Universidad Autónoma de Nayarit). Apoya lo dicho, por los motivos que la exponen y en lo conducente, la tesis aislada I.7o.A.210 A publicada bajo el registro digital 184336 o en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Mayo de 2003, página 1216 que dice: "CONTRIBUCIONES LOCALES. SUPUESTO EN EL QUE SE CONTROVIERTE LA AUTENTICIDAD DEL PAGO RESPECTIVO. CARGA DE LA PRUEBA. Del contenido del artículo 294 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente en el año dos mil uno, se advierte que el pago de contribuciones se acredita con el documento o forma oficial que incluya la impresión de la máquina registradora de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal o de los auxiliares de ésta, y a falta de dicha impresión con el sello de una u otra y firma del cajero, debiendo reflejarse en los registros de la oficina recaudadora. En esa virtud, cuando el pago de la contribución local se hubiere realizado a través de alguna institución bancaria o sociedad nacional de crédito autorizada, por ser las mismas auxiliares de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, en términos de la fracción III del artículo 287 del ordenamiento legal antes invocado, y la autoridad recaudadora niega la validez del recibo correspondiente con base en que en él aparece únicamente el sello de la institución o de la sociedad pero no la firma del cajero que recibió el pago, ni la constancia relativa en sus registros, en ese supuesto la carga de la prueba de su falsedad le corresponde a la autoridad y no al contribuyente, por tratarse de un hecho negativo que implica la afirmación de otro, en términos de lo dispuesto por los artículos 281 y 282 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, conforme a su artículo 25, en donde se establece que la negación que envuelva la afirmación expresa de un hecho obliga a quien la sostiene a demostrar esa negativa." En ese contexto, si tales conceptos se encuentran contenidos en los artículos 11, 12, 13 y 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veinte; es evidente que el pago aludido constituye el acto de aplicación de los citados preceptos legales. Máxime, que del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado y Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio se advierte que la autoridad facultada para recaudar contribuciones es únicamente el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, ello de conformidad con el ordinal 20, fracción II del reglamento aludido en; por tanto, fue éste quien se encontraba en condiciones de aplicar la normativa reclamada al recibir el entero reclamado. QUINTO. Estudio de causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En ese contexto, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, por conducto de su representante legal, manifestó que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, pues, a su dicho, el acto de aplicación de las normas reclamadas ocurrió el quince de noviembre de dos mil diecinueve, cuando se realizó el acto jurídico consistente en el contrato de compraventa del inmueble y no el veinte de enero de dos mil veinte cuando el quejoso realizó el pago de derechos del que se duele; por lo que, dice, la demanda de amparo fue presentada fuera de los quince días que prevé la Ley de Amparo para la interposición del juicio de amparo. El argumento que antecede es infundado, ya que la demanda de amparo se presentó dentro del plazo de quince días que estipula el arábigo 17 de la Ley de Amparo. Cierto, la Ley de Amparo dispone en lo que al asunto interesa. "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" De los preceptos legales transcritos se obtiene, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales: aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos, a saber: Primer párrafo: Quince días, por regla general; Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición: Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Dicho plazo se computará a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Fracción IV. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del dispositivo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la ley de la materia, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del ordinal anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Cabe precisar, que el acto concreto de aplicación consiste en la subsunción (caso particular sometido a un principio o norma general) del gobernado al supuesto legal, o sea, cuando el hecho real se encuentra contemplado en la hipótesis normativa abstracta, impersonal y genérica, porque a partir de ese momento será cuando se vincule al gobernado a cumplir lo indicado en dicha disposición, pues ahí quedará establecido si se creó, transformó o extinguió una situación concreta de derecho. Sobre el particular, conviene acotar primeramente que para que opere la causal de improcedencia relativa a actos derivados de otros consentidos se requiere de la existencia de un acto anterior consentido y la emisión de otro posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Apoya a lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Volumen 217-228, Primera Parte, página nueve, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél". Por tanto, en tratándose de normas generales en materia tributaria, debe tenerse como primer acto de aplicación de éstas, el pago realizado por los particulares, al tratarse de la obligación fiscal principal a su cargo, lo que implica la actualización del mecanismo tributario previsto en aquéllas; en ese supuesto, como se explicó, el plazo para reclamar esas normas con motivo de su primer acto de aplicación es de quince días, contados a partir del día siguiente que surtió efectos el acto, consistente en el pago del tributo. En cambio, como se dijo, cuando se reclaman tales normas con motivo de su vigencia, el plazo previsto por la ley será de treinta días. En el caso, la autoridad responsable aduce que la demanda de amparo es extemporánea respecto del acto reclamado consistente en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, en relación con los diversos 11, 12 y 13, con motivo de su primer acto de aplicación, pues sostiene que fue promovida fuera del plazo de quince días que la ley establece para reclamar normas generales con motivo de su primer acto de aplicación. Luego, en tratándose de normas generales en materia tributaria, debe tenerse como primer acto de aplicación de éstas, el realizado por los particulares que por imperativo de ley tienen la obligación de calcular, retener y enterar ante la autoridad hacendaria, el impuesto a cargo de terceros, en tanto tienen el carácter de auxiliares de la administración pública (federal o local) en la recaudación de impuestos. En consecuencia, en tratándose de impuestos y derechos, el primer acto de aplicación de los preceptos que lo regulan acontece cuando el notario público hace la retención correspondiente, siempre que se acredite que el quejoso tuvo pleno conocimiento de su aplicación, es decir, que sin lugar a dudas se informe cuál fue el concepto de la retención y su fundamento legal. Es ilustrativa de lo anterior, por la razón que informa, la jurisprudencia 2a./J. 5/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página: 657: "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO INFORMADA POR PARTE DEL NOTARIO PÚBLICO AL CONTRIBUYENTE, CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE REGULAN ESE TRIBUTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Conforme a los artículos 134, 142 y 143 del Código Financiero del Distrito Federal, los notarios públicos son auxiliares de la administración tributaria del Distrito Federal en la recaudación del impuesto sobre adquisición de inmuebles, cuando la operación de que se trate se haga constar en escritura pública, pues tienen la obligación de calcularlo y enterarlo dentro de los 15 días siguientes al en que se protocolice el acto relativo, excepto cuando se trate de operaciones respecto de las cuales ya se hubiere pagado. En esa tesitura, la liquidación del impuesto sobre adquisición de inmuebles que formula el indicado fedatario informada al contribuyente, constituye el primer acto de aplicación de los preceptos legales que lo regulan y, por ende, genera la improcedencia del juicio de garantías por consentimiento tácito, en caso de que no se impugne dentro de los 15 días siguientes a aquel en que el quejoso (adquirente) tuvo conocimiento de dicho acto, siempre y cuando en el documento respectivo se precise la liquidación y el sustento legal de dicha actuación, cuestión que necesariamente debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley". En el alegato en estudio, la autoridad responsable parte de la base que el primer acto de aplicación de los preceptos reclamados aconteció al momento en que fue firmada la escritura pública materia de la contribución realizada. No obstante, del análisis integral de la copia de dicho documento, no se advierte que se hubiera liquidado el monto a pagar por los derechos e impuestos ahora reclamados ni que además se hubiera citado su sustento legal. De manera que no puede considerarse que la escritura en comento constituya el primer acto de aplicación de los normativos que regulan los derechos e impuestos reclamados, porque no consta de manera fehaciente que se hubiera informado de su actualización al amparista. Contrariamente a ello, el quejoso refiere que fue el veinte de enero de dos mil veinte, el momento en que realizó el pago. Por tanto, como se analizó, dichos preceptos fueron reclamados con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en el momento en que el quejoso tuvo conocimiento de que se efectuó el pago de las contribuciones previstas en ellos, en favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, esto es, el veinte de enero de dos mil veinte de manera que el plazo para promover el juicio de amparo inició el día siguiente al que se verificó el pago respectivo; es decir, el veintiuno de enero de dos mil veinte y concluyó el diez de febrero siguiente, sin contar los días inhábiles que intervinieron en dicho lapso por corresponder a sábados y domingos de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En mérito de los expuesto, si la demanda que originó el presente juicio fue presentada el seis de febrero de dos mil veinte, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, resulta inconcuso que se realizó dentro del plazo de quince días establecido en la ley de la materia. Entonces, contrariamente a lo que alega la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, en el caso no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que, como se precisó, la demanda no se presentó fuera del término de quince días previsto por la ley para reclamar una norma general con motivo de su primer acto de aplicación. Además, la citada autoridad exactora también dice que el presente juicio de amparo es improcedente y, por ende, debe sobreseerse en él, toda vez que, a su criterio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que -a su parecer- el quejoso carece de interés jurídico para reclamarlo. Lo anterior, es infundado. En ese contexto, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Los preceptos anteriores engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo, ya que cuando las prerrogativas que tiene el gobernado reconocidas por el derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo faculta a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. En ese sentido, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo se integra por: a) Un derecho legítima o jurídicamente tutelado; y, b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Es sustento de lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página: 60: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." En suma, para que la parte quejosa cuente con interés para efectos del juicio de amparo (legítimo o jurídico), se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. En concordancia con lo expuesto, el artículo 107 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso". El precepto transcrito establece la procedencia del juicio de amparo contra normas generales. Para tal efecto, el citado normativo regula dos supuestos: I. El primero se actualiza cuando por su sola entrada en vigor una norma general causa un perjuicio (autoaplicativas); II. El segundo, cuando la afectación se ocasiona con motivo del primer acto de aplicación de la norma reclamada (heteroaplicativas). Así pues, en tratándose de amparo contra normas generales heteroaplicativas, es necesario que exista un acto concreto de aplicación que cause perjuicio a la quejosa, pues la sola vigencia de éstas no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa. Es decir, las leyes heteroaplicativas requieren que se cumpla la condición contenida en ellas para poderse individualizar en los gobernados, ya que las obligaciones previstas no surgen por su sola entrada en vigor. De ahí que cuando se reclame una norma, pero ésta requiera de un acto concreto de aplicación para causar perjuicio, si no existe éste, el juicio de amparo resulta improcedente. Es sustento de lo considerado, en lo conducente, la tesis P. LXXXV/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, Novena Época, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. SU PROCEDENCIA REQUIERE QUE EL ACTO SEA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 21 y 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, la acción constitucional que se endereza en contra de leyes reclamadas con motivo de su aplicación, debe presentarse dentro del plazo de quince días siguientes al en que se dé el primer acto de aplicación que cause perjuicio a la parte quejosa. Esto pone de relieve la exigencia de que el acto concreto que genere el perjuicio debe ser, necesariamente, anterior a la presentación de la demanda, independientemente de que su demostración pueda realizarse durante la sustanciación del juicio. Lo anterior se justifica si se toma en consideración que la existencia del acto de aplicación, cuando se impugna una ley con motivo de éste, constituye un factor necesario para la procedencia del juicio de garantías, por lo que debe atenderse a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que, de otra manera, no habría seguridad para las partes y la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio". Por tanto, la existencia del acto de aplicación, cuando se impugna una norma con motivo de éste, constituye un factor necesario para la procedencia del juicio de amparo, dado que dicho acto constituye el presupuesto para que se pueda constatar la existencia del perjuicio en la esfera jurídica del gobernado. En ese contexto, el artículo 21, fracciones I y XVIII de la ley de ingresos combatida, establece la tarifa que el contribuyente deberá pagar por inscribir ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit, entre otros, una escritura pública y el préstamo hipotecario. Por su parte, los normativos 11 a 13 de la citada ley, regulan los impuestos para el fomento de la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit. Así, se observa que las normas reclamadas son de naturaleza heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues su sola vigencia no causa un perjuicio, sino que necesita un posterior acto de aplicación, que consiste el cobro de las contribuciones por inscripción de documentos públicos o privados ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit. Entonces, para acreditar interés jurídico respecto de la norma en cuestión cuando se reclama con motivo de su primer acto de aplicación, es necesario demostrar que a la quejosa se e realizaron los cobros que prevé dicho numeral. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 141/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, página 1305, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y contenido siguientes: "IMPUESTO PREDIAL. EL RECIBO O CERTIFICADO DE PAGO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LAS LEYES QUE LO ESTABLECEN. El interés jurídico que le asiste a la parte quejosa para reclamar en el juicio de amparo las leyes que establecen o modifican el impuesto predial en aspectos generales, con motivo de un acto de aplicación, puede acreditarse con el recibo o certificado de pago del tributo a su nombre, correspondiente al ejercicio de vigencia de la ley, pues de tal prueba deriva que es contribuyente de aquél, en relación con el predio a que el recibo se refiere y que realizó el pago de la contribución, sin que deba exigirse la aportación de mayores elementos de prueba; salvo en los casos en que se impugnen, en lo particular, normas que regulen determinados supuestos que requieran de la demostración, con mayores pruebas, de que el particular se encuentra comprendido en ellos." En el caso, la parte quejosa reclama tales artículos con motivo de su primer acto de aplicación, por lo que para demostrar su interés jurídico era necesario que demostrara que se le realizó el cobro de derechos previsto en dicho precepto, esto es, por inscripción de documentos públicos o privados y préstamo hipotecario. En ese orden, el promovente del amparo aportó, al exhibir la demanda y mediante escrito presentado el seis de febrero de dos mil veinte, lo siguiente: Copia fotostática certificada del desglose de pago expedido por el Gobierno del Estado de Nayarit el veinte de enero de dos mil veinte por la inscripción de inscripción de documento público o privado e inscripción de préstamo hipotecario, asistencia social, fomento a la educación y Universidad Autónoma de Nayarit por el total de $******************** (diecisiete mil ciento quince pesos con cincuenta y tres centavos moneda nacional), de la que se advierte el sello de pago realizado al ********************, así como el número de referencia ********************. Copia fotostática certificada de la escritura pública veinte mil quinientos noventa y ocho, de la Notaría Pública 28 de la Primera Demarcación Territorial, con sede en Xalisco, Nayarit, con número de derechos pagados según boleta ********************. Documentales que se valoraron en el considerando cuarto de este fallo, que resultaron aptas para acreditar la existencia de la recaudación efectuada por la autoridad responsable ejecutora; pues, por una parte se advierte de pago de veinte de febrero de dos mil veinte, realizado al ********************, contiene la cantidad total que pagó con motivo de los derechos e impuestos previstos en la porción normativa reclamada en el presente juicio y, por otra, cuenta con el número de referencia establecido en el desglose de pago expedido a favor del quejoso que coincide con el de pago de derechos de la escritura pública adjuntada. Entonces, contrario a lo que manifestó la autoridad responsable exactora, el quejoso sí acreditó su interés jurídico para comparecer a reclamar la norma de mérito. Por otra parte, el Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Gobernador del Estado, aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el diverso 108 de la Ley de Amparo, toda vez que, a su decir, la parte quejosa omitió exponer conceptos de violación respecto de los actos reclamados en mención. El alegato anterior debe desestimarse en razón de lo siguiente. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, y 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, respectivamente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. [.] VIII. Los conceptos de violación." De conformidad con la fracción III del segundo numeral citado, un requisito esencial de la demanda es que en caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, la parte quejosa deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; en tanto, que la fracción VIII del referido precepto legal establece que uno de los requisitos de la demanda de amparo es que contenga conceptos de violación tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, máxime que el asunto que nos ocupa, no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, para que opere la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación. Ahora, de la demanda de amparo, se aprecia la existencia de argumentos que contienen razonamientos jurídicos concretos, la precisión del agravio o lesión, así como los motivos que los generan que incluyen causa de pedir respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables, consistentes en la discusión, aprobación, expedición y orden de publicación de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil veinte, entre ellos los artículos 11, 12, 13 y 21, fracciones I y XVIII, los cuales no se reproducen en obvio de repeticiones innecesarias y que más adelante se resumen, lo que prueba para esta juzgadora constitucional que se le proveyó de argumentos jurídicos concretos, para razonar el sentido en que se resolverá. Por otra parte, el Congreso del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado refiere que se deben estudiar de manera oficiosa las causales de improcedencia, en términos del aludido numeral 62, por lo que el juicio es improcedente de actualizarse una sola causal de las relacionadas en el capítulo VII de la ley de la materia; en consecuencia, operaría el sobreseimiento en el juicio. Apoya lo dicho, en la tesis de rubro: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO, CAUSALES DE. DEBEN ESTUDIARSE DE OFICIO" y "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.". Sin embargo, lo expuesto resulta inatendible, ya que no da mayor explicación del porqué considera que debe decretarse el sobreseimiento en el presente sumario constitucional, ni cuál de las causas de improcedencia se actualiza. Máxime, que dichas causales deben estar plenamente acreditadas y no inferirse a través de presunciones. Sustenta el criterio que se adopta, la tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, I.6o.A.8 K, publicada en la página mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, tomo XIX, junio de dos mil cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CAUSALES DE. DEBEN ESTAR PLENAMENTE ACREDITADAS Y NO ESTABLECERSE A TRAVÉS DE PRESUNCIONES. Las causales de improcedencia deben estar plenamente acreditadas y no establecerse a través de presunciones; por tanto, si de las constancias de autos el Juez de Distrito no advierte plenamente su justificación, debe analizar el fondo del asunto" También, la jurisprudencia I.5o.A. J/5, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil seiscientos ochenta, tomo XXIII, febrero de dos mil seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL SE AVOQUE A SU ESTUDIO NO BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA SEÑALE DE MANERA DOGMÁTICA, SINO QUE DEBE EXPONER LAS RAZONES O MOTIVOS POR LOS CUALES CONSIDERA SU ACTUALIZACIÓN. No basta que la autoridad responsable señale de manera dogmática que se actualizan ciertas causas de improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo para que el órgano jurisdiccional se avoque a su estudio, sino que es necesario que aquélla exponga las razones o motivos por los cuales considera que en el caso tales supuestos se actualizan. Lo anterior es así, toda vez que, considerando la amplia gama de supuestos que pueden contenerse en una sola de las fracciones del numeral antes invocado, no se sabría con exactitud cuál de ellas pretende invocar la responsable y, además, de considerar que es suficiente la simple cita de la fracción en que se contiene alguna de las causas de improcedencia aducidas, para proceder a su estudio, cuando no se ha expuesto algún argumento tendente a acreditar la actualización de tal supuesto, sería tanto como suplir la deficiencia de la autoridad, quien en su informe justificado tiene la obligación de exponer las razones por las cuales considera que se actualiza determinada causa de improcedencia, además de acreditarla con los medios de prueba correspondientes". Si bien el último criterio invocado se originó con base en la interpretación del precepto 73 de la Ley de Amparo abrogada, actualmente también es aplicable en tanto que no se opone a las normas previstas en la ley de la materia vigente, pues el contenido normativo de ese numeral se reproduce en el 61 de la ley en cita. Razones anteriores que determinan lo infundado del motivo de improcedencia en estudio. Por tanto, ante lo infundado de las causas de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables, se procede a analizar el fondo del asunto. SEXTO. Estudio y resolución del asunto. En virtud de que las partes no hicieron valer diversa causal de improcedencia y toda vez que, tampoco se advierte alguna que deba invocarse de oficio, de conformidad con el ordinal 62, de la Ley de Amparo, procede estudiar los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. Lo anterior, en el entendido de que no se transcribirán los conceptos de violación vertidos, ya que para mayor claridad de la sentencia éstos se sintetizaran al realizarse el estudio de fondo del asunto y se emitirá una respuesta puntual sobre lo planteado, en atención a los principios de congruencia y exhaustividad. Sirve de criterio orientador, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En primer término, se realizará el estudio de los conceptos de violación relativos al artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veinte. En ellos, la parte quejosa reclama esencialmente la inconstitucionalidad del ordinal de previa cita, pues considera que se transgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributaria consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República. Lo anterior, argumentando que, para fijar el monto del derecho de inscripción de instrumentos públicos y créditos hipotecarios, el artículo 21, de la legislación reclamada establece un elemento ajeno al que debe tomarse en cuenta para cuantificar un contribución de esa naturaleza, pues establece que debe calcularse en función del 0.6 (fracción I, por inscripción de documentos públicos) y 0.3 (fracción XVIII, por inscripción de préstamo hipotecario) por ciento del valor de la operación, pero no atiende la relación proporcional entre el costo del servicio y la cuota misma, como establece la fracción IV, del artículo 31 constitucional. Tales argumentos resultan fundados para conceder el amparo solicitado. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos. .IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." Dicho precepto revela que las contribuciones se clasifican en federales, estatales y municipales y que deben ser proporcionales y equitativas conforme lo dispongan las leyes respectivas. En concordancia con lo anterior, los artículos 3 y 4 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, clasifica las contribuciones y determinan los derechos de la siguiente manera: "ARTICULO 3.- Los ingresos a que se refiere el artículo anterior se clasifican en ordinarios y extraordinarios. Son ordinarios, las contribuciones, los productos, los aprovechamientos, las participaciones, así como las aportaciones y transferencias de recursos federalizados. Son Extraordinarios; los Empréstitos, los apoyos y subsidios federales así como aquellos cuya percepción se decrete excepcionalmente.". "ARTICULO 4.- Las Contribuciones se clasifican en Impuestos, Derechos y Contribuciones por Mejoras. I.- (.) II.- Derechos son las contraprestaciones establecidas en Ley con carácter obligatorio a cargo de quienes utilizan los servicios que presta el Estado en su función de Derecho Público, incluso cuando se presten por organismos descentralizados o por la regulación que realiza el Gobierno del Estado, así como por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, y III.- (.)" Lo anterior permite establecer, que los derechos se encuentran dentro del ámbito de las contribuciones y que éstos se causan cuando se reciben servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado tal concepto en la Jurisprudencia 173, visible en las páginas doscientos once a doscientos doce, del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, que establece: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN. Si bien es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación fiscal, los tributos conocidos como derechos, o tasas en otras latitudes, son las contribuciones que se pagan al Estado como contraprestación de los servicios administrativos prestados, sin embargo, la palabra "contraprestación" no debe entenderse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, venta y lucro debido, pues ésta se organiza en función del interés de los particulares. Los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y, por tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con los gravámenes correspondientes, que reciben el nombre de "derechos." En ese sentido, es dable concluir que los derechos tienen las siguientes características: a) Son contribuciones; b) Deben encontrarse establecidos en una ley; y c) Por ser servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho público, debe pagarse el tributo correspondiente. Se dice que son contribuciones, pues si bien es verdad al gobernado corresponde solicitar la prestación del servicio, el pago de su precio es obligatorio. Y al ser así, deben encontrarse consignadas en una ley, en congruencia con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, en aras de observar el principio de legalidad. Por último, se afirma que corresponden a los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, pues lo contrario equivaldría a ubicarlas en la hipótesis de los productos. De ahí que se concluya que los derechos definidos por el anotado artículo 4 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, como los tributos establecidos en la ley por recibir los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, son aquellos que exigen una contraprestación de parte del Estado. Indicado lo anterior, es necesario señalar las características propias de dichas contribuciones a la luz de la Jurisprudencia 175, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en las páginas doscientos trece a doscientos catorce, Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación en cita cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. No obstante que la legislación fiscal federal, vigente en la actualidad, define a los derechos por servicios como las contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, modificando lo consignado en el Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1966, el cual en su artículo 3o. los definía como "las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio", lo que implicó la supresión del vocablo "contraprestación"; debe concluirse que subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. Por lo anterior, siendo tales características las que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, para que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar, en lo esencial, los criterios que este Alto Tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares". De acuerdo con el criterio establecido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia cuya trascripción antecede, es dable interpretar como aspectos distintivos de la contribución en estudio-derechos-, el costo del servicio que preste el Estado y el monto de la cuota del mismo, aspectos de los cuales emerge como preponderante, el atinente al costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio prestado al gobernado, pues el hecho generador de esta contribución, radica esencialmente en la prestación del servicio. Por ello, en la medida en que exista equilibrio entre los apuntados elementos, será proporcionado y equitativo el tributo que por concepto de derechos en el citado rubro se imponga al gobernado. Así pues, a propósito del principio del hecho generador, cabe tener presente que el mismo se refiere a que el sujeto pasivo de la relación jurídico tributaria, tendrá la obligación de pagar las contribuciones y sus accesorios, cuando se ubique en la situación jurídica o de hecho prevista en la norma impositiva de la cual se deriva la obligación fiscal. En ese orden, si bien es verdad que de la fracción IV del artículo 31 constitucional se deriva la obligación de todos los ciudadanos mexicanos de realizar las aportaciones por concepto de contribuciones para que sean aplicadas a la satisfacción de las necesidades sociales; también lo es, que tal contribución al gasto público debe entenderse en forma proporcional y equitativa, según el ámbito de su regulación y conforme a las leyes expedidas al efecto. Es así, toda vez que el fin del Estado corresponde a la medida del deber de contribuir, pues entre más recursos tenga, aunado a la mejor aplicación y administración de los mismos, el resultado será un servicio público de mayor satisfacción y calidad a la sociedad, pues el pago por concepto de derechos, entre otros, se traduce en los servicios recibidos en términos generales, sin perjuicio de aplicarlos a gastos destinados a actividades que no implican su devolución a través de algún servicio social directo. Sin embargo, es menester acotar que para el caso de las contribuciones habidas por el pago de "derechos", su proporcionalidad y equidad se rige por un sistema distinto del que marca la pauta para el pago de los impuestos, lo cual, como se sostuvo en párrafos precedentes, forman dentro del ámbito de las contribuciones una categoría distinta a la de los derechos. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 174, visible en las páginas doscientos doce a doscientos trece, del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación en consulta, que a la letra dice: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos". Lo anterior, conduce al análisis de los principios de proporcionalidad y equidad, desde el punto de vista de su aplicación al cobro de derechos, cuyo principal efecto radica en controlar que el costo que representa para el estado la prestación del servicio y la cuota que fije por el otorgamiento de dicha prestación, sea justa y equitativa. En ese sentido, el principio de proporcionalidad que rige a los derechos fiscales, se funda en que el monto de las cuotas o tarifas de éstos guarden una correspondencia razonable con el costo del servicio que presta el Estado, la cual no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. De ahí que, para fijar los derechos de que se trata, como ya se indicó, no se ha de estar en concordancia con la capacidad contributiva del gobernado, ni con cualquier otro factor o elemento que no sea el costo del servicio que presta el Estado dentro de sus funciones de derecho público, con base en el cual, armónicamente, se habrá de fijar la cuota correspondiente. En el caso a estudio, la parte quejosa tilda de inconstitucional el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil veinte, que señala: "Artículo 21. Los servicios que preste el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, deberán ser pagados como sigue: CONCEPTO TARIFA I. Por la inscripción de los instrumentos públicos o privados en que se transmita la propiedad del Inmueble, y la de otros contratos, títulos o documentos de cualquier clase, con excepción de los que tienen cuota especial, el derecho se causará sobre la tasa del 0.6 por ciento. Estas transmisiones de dominio se pagarán sobre el valor declarado para el pago del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles Si el registro se refiere al tracto breve, el pago de derechos será por cada uno de los Actos Jurídicos que contenga el título de propiedad. El monto a pagar por cada uno de estos conceptos, no excederá de $76,760.00. Cuando mediante programas específicos de vivienda promovidos por Organismos Federales, Estatales, Municipales o financiados por Instituciones de Crédito cuyo valor unitario por vivienda no exceda de $639,663.00, se cubrirá la cantidad de $290.00 sin adicionales. XVIII.- Las inscripciones de compraventa mobiliaria, préstamos hipotecarios prendarios, refaccionarios o de habilitación o avío, sobre el valor de la operación 0.3 por ciento. El monto a pagar por los conceptos de esta fracción, no excederá de $76,760.00. Cuando el préstamo hipotecario este destinado a casa habitación del adquirente y su valor unitario no sea superior a $639,663.00, pagará el equivalente a $280.00 sin adicionales. Por la inscripción de créditos refaccionarios, sobre el valor de la operación 0.3 por ciento. Por la inscripción de créditos de habilitación o avío que se otorguen para actividades agropecuarias, se pagará: A) Personas morales; sobre el valor de la operación 0.3 por ciento. B) Personas físicas. EXENTO." De la lectura de la fracción I, transcrita, se advierte que los causantes deberán pagar el derecho por inscripción de instrumentos públicos o privados en los que se celebren contratos traslativos de dominio respecto de bienes inmuebles a la tasa del 0.6% (punto seis por ciento) sobre el valor de la operación. Por su parte, la diversa fracción (XVIII) prevé que los contribuyentes que deseen inscribir un crédito hipotecario ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio deberán enterar ante la oficina recaudadora responsable la cantidad que resulte del 0.3% (punto tres por ciento) del valor de la operación realizada. Ahora bien, el hecho de que las fracciones transcritas establezcan una tasa del 0.6% y 0.3%, sobre el valor de la operación por la inscripción de contratos traslativos de bienes inmuebles, así como de créditos hipotecarios implica que para determinar el monto por esos derechos se tome en cuenta un elemento ajeno y no el costo del servicio que presta el Estado a través de la administración pública, pues el valor de las operaciones de un contrato de compraventa inmobiliaria no tienen relación directa o indirecta con el costo que para el Estado tiene la ejecución del servicio. De tal manera, que los contribuyentes deberán pagar una mayor o menor cantidad dependiendo siempre del valor del contrato o préstamo hipotecario cuya inscripción soliciten en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; lo que provoca que las personas que acudan a solicitar la prestación de dichos servicios, sean tratados en forma desigual frente a la misma norma tributaria, ya que, como se sostuvo, ésta establece como base gravable para determinar el monto de los derechos, elementos completamente extraños al costo del servicio, ocasionando de esa manera que por un mismo servicio se paguen cuotas diferentes y, en consecuencia, que la tarifa se vuelva desproporcionada e inequitativa. Lo anterior, no obstante que tratándose de derechos por servicios que presta el Estado, para que éstos cumplan con los requisitos de proporcionalidad y equidad debe existir un razonable equilibrio entre el importe del derecho y el costo por la prestación del servicio por parte del ente público, como cuando se fija el mismo derecho por igual servicio recibido de éste, o un derecho diferente por un servicio distinto. En esas condiciones, dichas disposiciones resultan violatorias en perjuicio de la parte quejosa de los principios de proporcionalidad y de equidad tributaria, previstos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución General de la República, porque para el establecimiento de dichas cuotas, en realidad, se toman como parámetros el valor del inmueble, es decir, que el importe de los derechos por inscripción de actos de esa índole, están determinados por un elemento ajeno al costo del servicio registral, sin que se atienda para la determinación de la tarifa correspondiente la relación entre el costo del servicio y la cuota; de tal manera que, los contribuyentes enteran mayor o menor cantidad dependiendo siempre del monto del aumento o disminución de dicho parámetro. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P.J. 95/2009, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página mil cuatrocientos treinta y uno, Tomo XXX, Julio de dos mil nueve, Materias Constitucional y Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta., cuyo rubro y texto es: "DERECHOS REGISTRALES. LAS LEYES FEDERALES O LOCALES QUE ESTABLECEN LA TARIFA RESPECTIVA SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VIOLAN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. Acorde con la doctrina y la legislación tributaria, los derechos son las contraprestaciones que se pagan a la hacienda pública del Estado, como precios por servicios de carácter administrativo prestados por los órganos del poder público a las personas que los soliciten. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dichas contribuciones satisfacen los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando existe un equilibrio razonable entre la cuota y el servicio prestado, y cuando se da un trato igual a quienes reciben servicios análogos. En este contexto, las leyes federales o locales que regulan los derechos por la inscripción, anotación, cancelación o expedición de certificaciones de actos jurídicos o documentos en un registro público, estableciendo su cuantificación mediante un porcentaje o factor (sea por ejemplo, a la decena, a la centena o al millar), tomando en cuenta valores económicos o comerciales distintos al costo del servicio prestado por la administración pública, violan los indicados principios tributarios, pues se produce el efecto de que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actos registrales, provocando que una misma función estatal, que tiene el mismo costo, cause distintas contraprestaciones en dinero." En ese orden de ideas, resulta inconstitucional el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil veinte, pues toma en consideración el valor del inmueble a inscribir, pero no el costo del servicio prestado; cuando en realidad lo que debe tomarse en cuenta es este último factor. En suma, se concluye la inconstitucionalidad de las contribuciones consistentes en el derecho de inscripción de instrumentos públicos previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil veinte. En el caso, el impetrante reclama el cobro realizado con fundamento en el precepto anterior. En efecto, conjuntamente con su demanda, la parte quejosa allegó copia certificada por notario público de la constancia de desglose de cantidades de veinte de enero de dos mil veinte expedida a su favor por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, de la cual se advierte la cantidad que el contribuyente erogó a fin de inscribir ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado el documento púbico, a saber, $******************** (diecisiete mil ciento quince pesos con cincuenta y tres centavos moneda nacional). Asimismo, de la constancia que adjuntó se desprende de la impresión y sello de pago efectuado el veinte de enero de dos mil veinte por el quejoso respecto del monto precisado en el párrafo que antecede ante la institución bancaria, Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Con lo anterior, se actualiza la erogación que la parte promovente realizó por el pago de los derechos contenidos en los preceptos tributarios analizados. No obstante, los cobros reclamados tienen sustento legal en preceptos que resultan inconstitucionales, según se analizó, por lo que es evidente que no resulta justificada la realización de aquél. Por tanto, asiste razón a la parte quejosa en cuanto a que la aplicación de las referidas disposiciones le causa perjuicio en su patrimonio. En consecuencia, al resultar inconstitucional el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil veinte, por violar los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo solicitado respecto de los referidos preceptos, a fin de que las autoridades responsables le restituyan en sus derechos violados, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, para los efectos que más adelante se precisarán. Enseguida, se realizará estudio de los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit, para el ejercicio Fiscal de dos mil veinte. La parte quejosa también reclama el cobro de los impuestos adicionales (por fomento a la educación, para la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit), previstos en los artículos 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veinte. Los artículos impugnados establecen: "ARTÍCULO 11. El Impuesto para el fomento de la educación se causa con una tasa del 25 por ciento, de acuerdo con la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit". "ARTÍCULO 12. El impuesto para la asistencia social se causa con una tasa del 15 por ciento, de acuerdo con la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit". "ARTÍCULO 13. El impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, se causa con una tasa del 12 por ciento, de acuerdo con la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit...". Las disposiciones transcritas disponen lo relativo a los impuestos especiales consistentes en el impuesto para el fomento de la educación, el cual se causa con una tasa de veinticinco por ciento (25%); el impuesto para la asistencia social que se causa con una tasa del quince por ciento (15%) y el impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, el cual se causa con una tasa del doce por ciento (12%). Luego, si los impuestos para el fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit son adicionales, en este caso, su base es el monto determinado por concepto de derechos por inscripción de documentos previstos en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte y se determinan aplicando las tasas previstas en los artículos 11, 12 y 13 de esa legislación. No obstante, al ser inconstitucional el arábigo 21, fracciones I y XVIII, de la referida ley de ingresos, igual pronunciamiento debe hacerse respecto de los numerales 11, 12 y 13 en estudio, que establecen los impuestos especiales destinados al fomento a la educación, a la asistencia social y a la Universidad Autónoma de Nayarit, pues dichos preceptos legales forman parte del sistema de impuestos especiales que se determinan con base en el monto que corresponde a la inscripción de documentos el cual, como se analizó, transgrede el principio de proporcionalidad tributaria. En el caso, el promovente del amparo reclama las disposiciones legales en referencia, la cuales realizó a través de la oficina de Recaudación de Rentas Tepic, de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. Con lo anterior, se actualizan las erogaciones que la parte quejosa realizó por el pago de los derechos contenidos en los preceptos tributarios analizados. No obstante, como se expuso, los mecanismos tributarios respectivos se encuentran viciados, en lo concerniente a la base gravable, porque se determinó que el pago por inscripción de documento y crédito hipotecario (base), son inconstitucionales; por lo que no es posible que dichos impuestos incidan en la esfera jurídica de la quejosa. Luego, los cobros reclamados tienen sustento en normativos que resultan violatorios de los derechos tributarios previstos en el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo que impide que puedan fundamentar las contribuciones en comento. Efectos de la concesión En suma de lo hasta aquí expuesto y en acatamiento a las disposiciones contenidas en los artículos 74, fracción V, y 77, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se determinan con precisión los efectos de la concesión de amparo, especificando las medidas que la responsable debe adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los siguientes efectos: 1. Sean desincorporados de la esfera jurídica de los amparistas, tanto en el presente como en el futuro, los artículos 21, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos, inscripción de préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos (fracción I) y $280.00 pesos (fracción XVIII), por el pago de los conceptos de inscripción de documento público e inscripción de préstamo hipotecario, con sustento el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional realizado el seis de noviembre de dos mil veinte. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional) y $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establecen las fracciones I y XVIII del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago de los derechos por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Materia Común, página 1244, del tenor siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: 'SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA." 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas. Lo anterior, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darle su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que los contribuyentes reciban una suma equivalente a la que hubieran tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. Apoya dicha determinación, en lo conducente, la jurisprudencia 2ª./J. 13/2008, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, mayo de 2012, tomo 2, página 1244, del contenido siguiente: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE UNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada." Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************respecto de los actos reclamados al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit, consistente en la aplicación de los artículos 11, 12, 13 y 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la unión ampara y protege a********************, contra actos reclamados del Congreso, Gobernador Constitucional y Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno, todos del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para los efectos indicados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma Alva Miranda Ramírez, Secretaria en Funciones de Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2822/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, quien actúa asistida con la secretaria Consuelo Elena Laborie Alarcón que da fe. Doy fe. Omar
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en la circular SECNO/10/2021 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. El levantamiento de la suspensión implica que se debe continuar el trámite del presente asunto, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque con los siguientes ajustes: 1.1. Comunicación a las partes. De conformidad con las circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, emitidas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en las que se determinó el regreso al esquema de contingencia del artículo 1 del Acuerdo General 13/2020 a partir del uno al nueve de febrero y del diez al quince de febrero de dos mil veintiuno, respectivamente, se suspendieron los plazos en esas fechas y en base a la circular SECNO/10/2021 en que se ordenó de nueva cuenta la aplicación del Acuerdo General 21/2020 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. 1.2. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.2.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 1.2.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.2.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, la secretaria o el secretario encargado de la tramitación del asunto brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario de las 8:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes. Los datos de contacto de la secretaria o el secretario encargado del asunto serán proporcionados en las instalaciones del juzgado, previa cita para acudir que haga el interesado. 1.2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes de este órgano judicial, la promoción u oficio, de lunes a viernes, de las 8:30 a las 14:30 horas. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 1.2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada de este juzgado para su consulta por los interesados. 1.2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.3. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2. ESTADO PROCESAL. El presente asunto se encuentra en trámite. 3. ACUERDO DE PROMOCIÓN. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña testimonio autorizado con evidencia criptográfica de la resolución de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, emitida por dicho Tribunal en el recurso de queja 101/2020, interpuesto por el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado del de Nayarit, con sede en esta ciudad, contra el proveído de diez de febrero de dos mil veinte, por el que se admitió a trámite la presente demanda de amparo; de igual manera, remite copia certificada de del juicio de amparo 221/2020 del índice de este órgano jurisdiccional. Ahora, de lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado, se aprecia que se desechó el recurso de queja interpuesto; por tanto, acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro relativo. En este sentido, con fundamento en el numeral 102 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena la reanudación del procedimiento del juicio en que se actúa, a fin de continuar con la secuela procesal correspondiente, para lo cual se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional correspondiente. No obstante, si las partes quieren presenciar la celebración de la audiencia constitucional a través del sistema de videoconferencia en el equipo de cómputo de este juzgado destinado para ese propósito, los interesados deberán informarlo en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, a fin de estar en condiciones de realizar las gestiones que resulten necesarias. Comuníquese a las partes para los efectos legales conducentes que mediante oficio CCJ/ST/2822/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del once de agosto de dos mil veintiuno, designó a la licenciada Alva Miranda Ramírez como Secretaria en funciones de Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit con motivo de la readscripción de la licenciada Isaura Romero Mena a diverso órgano jurisdiccional; lo anterior, hasta en tanto la citada comisión así lo determine, o bien, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal adscriba nuevo titular. Finalmente, procédase a la destrucción del legajo certificado que remite el citado tribunal dado que las actuaciones obran en el expediente principal en que se actúa. 4. LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN PARA ACTUARIOS EN MATERIA DE NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 4.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede); lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 4.2. Excepcionalmente, las notificaciones se harán de forma personal, cuando así se ordene en la resolución respectiva. 4.3. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 1jdo24ctoaj@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 5. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 6. NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE REANUDACIÓN. Este acuerdo deberá ser notificado en los términos siguientes: 6.1. Mediante oficio a las autoridades responsables y las que tengan el carácter de tercero interesado. 6.2. Personalmente a la parte quejosa. NOTIFÍQUESE EN LOS TÉRMINOS INDICADOS.
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