Noe Gaspar Rentería Flores

Expediente 2018/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2018/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
05/10/2023

Partes del expediente

  • Noe Gaspar Rentería Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado de los autos, de los que se advierte que la parte quejosa sí desahogó la vista otorgada en proveído de veintidós de marzo en curso y realizó diversas manifestaciones en torno al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente. EFECTOS DE LA SENTENCIA. El cinco de enero de dos mil veintiuno, se dictó sentencia por la que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para los siguientes efectos: "a) Dejar sin efecto cualquier acto que implique obligar al quejoso a acudir a su centro de trabajo. b) De forma inmediata, garantice el respeto al derecho a la salud de *************, a través del resguardo domiciliario que implica que le sea otorgado el permiso, incapacidad, licencia o autorización para ausentarse de sus labores, sin afectar el sueldo, y demás derechos que le corresponden y que son inherentes a su encargo, hasta en tanto concluya la contingencia sanitaria, o bien hasta en tanto, se emitido un nuevo Decreto en el que determinen nuevas condiciones laborales para los empleados del sector salud. Lo anterior, sin perjuicio de que el impetrante pudiera desempeñar sus funciones desde su domicilio particular mediante el uso de la tecnología o de algún otra forma, siempre privilegiando la sana distancia, en términos de los Acuerdos o Decretos emitidos en torno a la emergencia de salud pública de trato. c) Bajo el contexto de cumplimiento indicado debe tomarse en cuenta, que en el presente asunto, el quejoso está en resguardo domiciliario al amparo de la suspensión de plano decretada en el presente asunto, lo que debe prevalecer, ahora bajo los efectos de la concesión de la sentencia de amparo; por tanto, bastará que la autoridad informe que acatará en sus términos la sentencia para estimarla cumplida, en el entendido de que ante el incumplimiento de lo ordenado, el agraviado, en ejercicio de su derecho a la no repetición, podrá promover la repetición de acto reclamado, con las consecuencias legales que resulten, de estimarse fundado." EJECUTORIA DE LA SENTENCIA El veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, la sentencia de mérito causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. CUMPLIMIENTO. Mediante oficio número 79/2023 de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable informo que la parte quejosa se encontraba en resguardo domiciliario y percibiendo su sueldo y prestaciones de forma íntegra; con lo cual, se ordenó dar vista a la parte quejosa. El diecinueve de abril del año en curso, se tuvo al representante legal de la parte quejosa, realizando diversas manifestaciones respecto a la vista otorgada. Ahora bien es importante recordar que los efectos de la protección constitucional se concretaron en los siguientes términos: Dejar sin efecto cualquier acto que implique obligar al quejoso a acudir a su centro de trabajo. Garantizar el respeto al derecho a la salud de Manuel Tarrio Vega, a través del resguardo domiciliario para ausentarse de sus labores sin afectar su sueldo y derechos inherentes a su encargo. El efecto de dicha concesión es hasta en tanto concluya la contingencia sanitaria, o bien hasta en tanto sea emitido un nuevo Decreto en el que determinen nuevas condiciones para los empleados del sector salud. De lo antes expuesto, se evidencia que, dada la existencia de una contingencia sanitaria, los efectos de la sentencia se centraron en proteger el derecho a la salud del quejoso en tanto se impuso a la autoridad responsable abstenerse de emitir cualquier acto que implicara requerir a Manuel Tarrio Vega a acudir a su centro de trabajo y, en consecuencia, se respetara el resguardo domiciliario con las percepciones de su encargo. Sin embargo, los propios efectos de la ejecutoria de amparo incluyeron una condición suspensiva, esto es, que dicha medida persistiría hasta en tanto concluyera la emergencia sanitaria o bien, se emitiera un acuerdo que determinara las condiciones de trabajo de empleados del sector salud. En ese sentido, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo que, el treinta de julio de dos mil veintiuno se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se determinan los criterios para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2" que dispone: "Artículo Primero.- De conformidad con las necesidades del servicio y sin alterar el debido cumplimiento de las funciones institucionales que garanticen en todo momento la prestación de los servicios públicos de manera permanente y oportuna, los Titulares de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las Unidades de Administración y Finanzas o equivalentes en la Administración Pública Federal, podrán autorizar o facilitar a las personas servidoras públicas: I. El regreso a las labores presenciales en las instalaciones físicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de todos aquellos servidores públicos que concluyeron el proceso de inmunización contra el COVID-19, respetando las medidas sanitarias y de sana distancia determinadas por la Secretaría de Salud; en estos casos, antes de su reincorporación, deberá aplicarse una prueba de detección de COVID-19. Lo anterior no implica la exclusión de las medidas determinadas en las fracciones II a IV subsecuentes, para los casos de riesgo por brote de contagios en los centros de trabajo; II. El trabajo a distancia -en aquellos casos en los que sea posible y no se altere el debido cumplimiento de sus funciones- a las personas servidoras públicas que están en lista de espera para concluir su proceso de inmunización; así como a aquellas con discapacidad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y personas con enfermedades crónicas consideradas de riesgo por las autoridades de salud, tales como obesidad mórbida, diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, enfermedades cerebrovasculares, infección por VIH, enfermedad renal crónica, estados patológicos que requieren inmunosupresión, y cáncer en tratamiento; III. Días de trabajo presencial y a distancia alternados, entre el personal que integra las distintas unidades administrativas, procurando asegurar en todo tiempo las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud; IV. Para el caso de los días de trabajo presencial, se podrán establecer horarios escalonados para la asistencia a los centros de trabajo, procurando asegurar las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud; V. El uso de las tecnologías de información y comunicación para la realización de sesiones y reuniones de trabajo, acciones de capacitación y similares a efecto de minimizar el traslado, contacto y riesgo de contagio entre las personas servidoras públicas; y VI. La disponibilidad en el horario laboral de servicios preventivos de salud, medidas de higiene, filtros de supervisión y sana distancia, así como los insumos necesarios acordes con los "Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral" y el "Lineamiento general para la mitigación y prevención de COVID-19 en espacios públicos cerrados". "Artículo Quinto.- Quedan exceptuadas de la aplicación del presente Acuerdo, las secretarías de Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, las instancias de Seguridad Nacional y Seguridad Pública, el personal del Servicio Exterior Mexicano, y demás instituciones que prestan o están relacionadas con los servicios de protección civil, y las que se determine que por su naturaleza deban prestarse de manera presencial, y todas aquellas que determine el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos o el Consejo de Salubridad General. En el caso de la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, los Institutos Nacionales de Salud y Alta Especialidad, y las demás instituciones que prestan o están relacionadas con los servicios de salud, podrán aplicar las disposiciones del presente Acuerdo, sin alterar el debido cumplimiento de las funciones institucionales y la prestación de los servicios de salud, en congruencia con sus propias disposiciones en materia de administración de recursos humanos, establecidas con motivo de la emergencia sanitaria." Además, se advierte el diverso "Acuerdo por el que se modifica el artículo primero, en su fracción I del Acuerdo por el que se determinan los criterios para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2" publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno que dispone: "Artículo Primero.- I. El regreso a las labores presenciales en las instalaciones físicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los servidores públicos que concluyeron el proceso de inmunización contra el COVID-19, procurando la mitigación del riesgo de contagio a través de las medidas sanitarias y de sana distancia determinadas por la Secretaría de Salud. En caso de riesgo por brote de contagios en los centros de trabajo o que el servidor público presente síntomas del virus, se podrán aplicar las medidas determinadas en las fracciones II a IV subsecuentes;" De los acuerdos antes transcritos se desprende: Se estableció el regreso a las labores presenciales en las instalaciones físicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de los servidores públicos con la finalidad de garantizar la prestación de los servicios públicos de manera oportuna y permanente. En el regreso a las labores presenciales se deberán observar las medidas sanitarias y de sana distancia determinadas por la Secretaría de Salud para mitigar los riesgos de contagio; asimismo, que ante dicha eventualidad, -contagio- se podrán aplicar las medidas previstas en las fracciones II a IV como el trabajo a distancia, y trabajo presencial y a distancia alternados y trabajo presencial con horarios escalonados. Dichas disposiciones pueden ser aplicadas por las instituciones del sector salud como el la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado -dependencia a la que se encuentra adscrita la quejosa-, los Institutos Nacionales de Salud y Alta Especialidad. Así, con la normatividad antes analizada, se concluye que actualmente se cuenta con un nuevo decreto que determina las condiciones de trabajo para empleados del sector salud, lo que repercute de manera directa en los efectos del fallo protector, mismos que se encontraban bajo una condición suspensiva consistente en que concluyera la contingencia sanitaria o bien, se emitiera un nuevo decreto que determinara las condiciones de trabajo del sector salud, siendo que ésta última fue la que se actualizó en el caso particular. En consecuencia, al apreciarse por parte de este órgano jurisdiccional que al llevar a cabo lo anterior, la responsable no incurrió en exceso o defecto, ni tampoco existió imposibilidad para su cumplimiento, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido. DIVERSO OFICIO Por otra parte, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Director del Hospital General Lázaro Cárdenas, Chihuahua, sin que haya lugar a proveer al respecto, en atención a lo acordado en los párrafos que anteceden. ARCHIVO Y VALORACIÓN DOCUMENTAL En consecuencia, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido, el cual carece de relevancia documental y es susceptible de conservación, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés; así como, en el capítulo Séptimo, punto 7.1.1, sub punto 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal emitido en agosto de dos mil veinte. Por tanto, consérvese este expediente por el término de tres años a partir de esta fecha y transcurrido dicho plazo, procédase a su transferencia. Finalmente, se precisa que en el presente asunto no se tramitó incidente de suspensión de los actos reclamados. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, mediante el cual remite el oficio 2595 del índice del Primero Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito. Visto el contenido del oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con el que remite copia autorizada de la resolución pronunciada en el recurso de queja penal 151/2023, de su índice; acúsese el recibo de estilo a la Superioridad. En atención a que dicha ejecutoria confirmó el auto recurrido, por medio del cual se desechó la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido, en la inteligencia de que una vez transcurridos tres años, será destruido en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés; así como, en el capítulo octavo, punto 8.1.2, sub punto 4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal emitido en agosto de dos mil veinte. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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