Noé Gallegos Bustos
Expediente 430/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 430/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Noé Gallegos Bustos
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO I. Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de diez de junio de dos mil veintiuno. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda. III. Devolución de documentos. Se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibida que de no hacerlo, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IV. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
- Principal
Quejoso desiste del juicio de amparo. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso **********, así como la diligencia de ratificación respectiva, mediante el cual manifiesta su deseo en desistir del juicio de amparo en que se actúa por así convenir a sus intereses; sin que resulte necesario emitir mayor pronunciamiento al respecto en virtud a que por auto de diez de junio del año que trascurre, se desechó la demanda de que se trata; de ahí que el escrito y diligencia que se provee se agreguen únicamente para efectos de control.
- Principal
I. Desahogo de prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Noé Gallegos Bustos, mediante el cual desahoga la prevención de demanda que se le formuló en auto de treinta y uno de mayo pasado, en consecuencia se provee. II. Fijación de la litis. Ahora, de una lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama medularmente lo siguiente: a) La inconstitucionalidad del Decreto Legislativo Número 187, emitido por la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estrado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 108, décima séptima parte, en fecha 29 de mayo de 2020; y de manera particular a la modificación hecha a los artículos 164, fracciones IV y XVI y 448 bis de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, así como el artículo tercero y cuarto transitorio del citado decreto legislativo. b) Del Tribunal Estatal Electoral, la aplicación en mi perjuicio del decreto legislativo señalado en el inciso anterior, mediante la ilegal Convocatoria Pública, publicada en fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 90, tercera parte, como primer acto de aplicación del Decreto Legislativo Número 187, emitido por la Sexagésima .Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estrado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 108, décima séptima parte, en fecha 29 de mayo de 2020; y de manera particular a la modificación hecha a los artículos 164, fracciones IV y XVI y 448 bis de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, así como el artículo tercero y cuarto transitorio del citado decreto legislativo. c) Todos los actos y procedimientos ya iniciados que tengan como base los preceptos legales que se impugnan como inconstitucionales en este amparo, así como todos loé actos futuros tendientes a afectarme derivados de los preceptos impugnados como inconstitucionales ya invocados." Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que sostiene, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." III. Se desecha demanda de amparo. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, señala que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese tenor, a juicio de este órgano jurisdiccional, respecto al acto reclamado antes descrito; se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral." Lo anterior, en virtud a que se trata de actos propios de la materia electoral, respecto de los cuales no procede el juicio de amparo. Lo anterior es así, pues el sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados. En tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En principio, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J.61/2011 -que más adelante se transcribirá-, determinó lo siguiente: El artículo 99 Constitucional establece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será, con excepción de lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución, que establece la atribución exclusiva y excluyente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general, inclusive, de carácter electoral, y la propia Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene conferida constitucionalmente la facultad para resolver la no aplicación, en casos concretos, de leyes electorales opuestas a la Constitución General de la República. En concordancia con lo anterior, el sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral permite impugnar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante un control abstracto, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en tanto que los actos o resoluciones electorales, son recurribles a través del sistema de medios impugnativos, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que, como se indicó, el Tribunal Electoral tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de leyes electorales contrarias a la Constitución Federal. Conforme al sistema de derecho procesal constitucional en la materia, las leyes electorales solamente pueden impugnarse en vía de acción de inconstitucionalidad por los sujetos legitimados para ello, como los partidos políticos; pero por los demás sujetos legitimados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando se impugnen normas vinculadas con un acto concreto de aplicación, lo procedente es sobreseer en el juicio pues, de no ser así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación asumiría una competencia que constitucionalmente no tiene, ya que tendría que examinar la constitucionalidad de leyes electorales al margen de la acción de inconstitucionalidad. Así, las leyes electorales en ningún caso son reclamables por los particulares (fuera de los sujetos legitimados para promover las acciones de inconstitucionalidad) por su sola expedición, ya que lo que la Constitución Federal permite es su declaración de inconstitucionalidad con efectos generales, a través de la acción de inconstitucionalidad, o bien, su aplicación en casos concretos, ante el tribunal electoral del poder judicial de la federación. Las anteriores consideraciones dieron origen a la referida jurisprudencia 2a./J.61/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Abril de 2011, página 323, Novena Época, de rubro y contenido siguientes: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL.- El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal.". Asimismo, se ha sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la materia electoral se puede distinguir en directa e indirecta, que la primera es la que está asociada con el conjunto de reglas y procedimientos relacionados con la integración de los poderes públicos mediante el voto ciudadano, regidos por una normativa especializada, e impugnables en un contexto institucional también especializado. Mientras que por la segunda, -indirecta-, debe entenderse la relacionada con los mecanismos de nombramiento e integración de órganos mediante decisiones de otros poderes públicos los cuales, por regla general, involucran a sujetos muy distintos a los que se enfrentan en los litigios técnicamente electorales. Lo anterior está plasmado en la jurisprudencia 125/2007, de rubro y texto siguiente: "MATERIA ELECTORAL. DEFINICIÓN DE ÉSTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. Para determinar cuándo la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia para resolver una controversia por no inscribirse ésta en la "materia electoral" excluida por la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe evitarse la automática traslación de las definiciones de lo electoral desarrolladas en otras sedes procesales y aplicar sucesivamente los siguientes criterios: 1) es necesario cerciorarse que en la demanda no se impugnen "leyes electorales" -normas generales en materia electoral-, porque la única vía para analizar su constitucionalidad es la acción de inconstitucionalidad; 2) debe comprobarse que no se combaten actos y resoluciones cuyo conocimiento es competencia de las autoridades de justicia electoral, esto es, que no sean actos en materia electoral directa, relacionada con los procesos relativos al sufragio ciudadano; 3) debe satisfacerse el resto de las condiciones que la Constitución y la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II de su artículo 105 establecen para que se surta la competencia del Máximo Tribunal del país -en particular, que se trate de conflictos entre los poderes públicos conforme a los incisos a) al k) de la fracción I del artículo 105 constitucional-. Así, la extensión de la "materia electoral" en sede de controversia constitucional, una vez considerados los elementos constitucionalmente relevantes, se sitúa en un punto intermedio entre la definición amplia que rige en las acciones de inconstitucionalidad, y la estricta aplicable en el juicio de amparo, resultando especialmente relevante la distinción entre la materia electoral "directa" y la "indirecta", siendo aquélla la asociada con el conjunto de reglas y procedimientos relacionados con la integración de los poderes públicos mediante el voto ciudadano, regidos por una normativa especializada, e impugnables en un contexto institucional también especializado; por la segunda -indirecta-, debe entenderse la relacionada con los mecanismos de nombramiento e integración de órganos mediante decisiones de otros poderes públicos los cuales, por regla general, involucran a sujetos muy distintos a los que se enfrentan en los litigios técnicamente electorales. Pero, en ambos, siendo el asunto de materia electoral directa como indirecta, el juicio de amparo resulta improcedente. Luego, si en el caso, lo que se reclama por el quejoso, son actos positivos consistentes en la aplicación del Decreto Legislativo Número 187, emitido por la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estrado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 108, décima séptima parte, en fecha 29 de mayo de 2020; mediante la convocatoria publicada en fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, que establece el procedimiento para la designación del Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato; se considera que dichos actos son propios de la materia electoral, pues aun cuando no versen sobre el cargo derivado de un proceso de elección popular -directa-, están relacionados con el mecanismo de nombramiento e integración del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato. Esto se considera así, ya que los artículos 448 y 451 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, prevén la figura del órgano interno de control y sus atribuciones en los siguientes términos: "Artículo 448. El Instituto Electoral contará con un Órgano Interno de Control con autonomía técnica y de gestión que tendrá a su cargo la fiscalización de los ingresos y egresos del Instituto. El Tribunal Estatal Electoral contará con un Órgano Interno de Control con la misma naturaleza y atribuciones del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral. Ambos órganos internos de control contarán con la estructura orgánica, personal y recursos, que respectivamente, aprueben el Consejo General y el Pleno del Tribunal, según corresponda, a propuesta de cada titular, de conformidad con las reglas previstas en este Capítulo." Artículo 451. El Órgano Interno de Control tanto del Instituto Electoral como del Tribunal Estatal Electoral serán responsables del control, evaluación y desarrollo administrativo de sus respectivos organismos, así como de la prevención de conductas constitutivas de responsabilidad administrativa y, en su caso, de la aplicación del derecho disciplinario; por lo cual, les competen las siguientes atribuciones: Inspeccionar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos, así como validar los indicadores para la evaluación del funcionamiento y operación del organismo correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables; Proponer las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno. Lo anterior, sin menoscabo de las bases y principios de coordinación y recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción; Establecer las bases generales para la realización de auditorías internas y externas, así como las recomendaciones y observaciones que deriven de las mismas, y las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de auditoria; Realizar auditorías, revisiones y evaluaciones, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad en su gestión y encargo; Fiscalizar que se cumpla con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales; Designar y remover a los titulares de las áreas a su cargo; quienes tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales, representando al Organismos correspondiente; Llevar y normar el registro de servidores públicos, recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses así como la constancia de declaración fiscal que deban presentar, así como verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables. También registrará la información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, hayan sido impuestas; Atender las inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos que se celebren, salvo los casos en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes; Establecer y conducir la política general de las contrataciones públicas reguladas por la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, propiciando las mejores condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez; emitir los lineamientos, manuales, procedimientos y demás instrumentos análogos que se requieran en materia de dichas contrataciones públicas; Definir la política de gestión digital y datos abiertos; Ejercer las facultades que la Constitución le otorga a los órganos internos de control para revisar, mediante las auditorías a que se refiere el presente artículo, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos;". De los citados preceptos se aprecia, que el titular del órgano interno de Control del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, tiene a su cargo la fiscalización de los ingresos y egresos del Instituto, así como instaurar el procedimiento para determinar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos del citado Tribunal; y si bien las normas que establecen su nombramiento no regulan las actuaciones y procesos propiamente electorales, lo cierto es que están vinculadas material e indisolublemente con lo electoral, y están relacionados con el acceso a la justicia para tutelar los principios constitucionales de autonomía e independencia de los tribunales electorales locales. Por tanto, si en la especie se reclaman actos encaminados para la designación del Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, y que según sus atribuciones son el de regular las tareas del propio Tribunal para su funcionamiento, es patente que se surte la improcedencia de la acción Constitucional intentada, toda vez que tales actos tienen una naturaleza formal y materialmente electoral; ya que son emitidos por el Pleno del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Guanajuato, dentro de un procedimiento administrativo encaminado a la elección de sus funcionarios. De ahí que, es inconcuso que toda impugnación a través del juicio de amparo de cualquier resolución emitida por una autoridad electoral, provoca de manera evidente la improcedencia de esta vía, en atención a que la misma se creó para proteger los derechos individuales o civiles de todo gobernado, mas no para atacar actos en materia electoral, ya que para estos últimos existen medios de impugnación que tutelan los derechos de los servidores públicos, a través de los cuales se pueden hacer valer este tipo de inconformidades. Así, la circunstancia de que se reclame la constitucionalidad del Decreto Legislativo Número 187, emitido por la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estrado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 108, décima séptima parte, en fecha 29 de mayo de 2020; y de manera particular a la modificación hecha a los artículos 164, fracciones IV y XVI y 448 bis de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, así como el artículo tercero y cuarto transitorio del citado decreto legislativo, cuya impugnación se hace derivar del acto de aplicación consistente en la elección del Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, es un acto propiamente electoral, de modo que no es jurídicamente factible la procedencia del juicio de amparo respecto de la ley en que se funda dicho acto. Pues contra las normas electorales procede la acción de inconstitucionalidad, y si se estima que existió aplicación, el asunto debe ser conocido por el Tribunal Electoral ya que, acorde a lo previsto en el artículo 41 constitucional, fracción VI, los medios de impugnación en la materia electoral buscan tutelar que todos los actos y resoluciones electorales se apeguen a los principios de constitucionalidad y legalidad. Atento a lo anterior, debe decirse que la demanda de amparo de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de la ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Criterio similar sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, al resolver el amparo en revisión 155/2020, así como lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia Michoacán, al resolver el recurso de queja 192/2019.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 31 DE MAYO DE 2021, QUE REZA I. Formación y registro del expediente. Dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 430/2021-V. III. Autoridades responsables. Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad capital y otra autoridad. IV. Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracciones I y II, en relación con el 108, fracción IV de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito, sin formular ni presentar una nueva demanda y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, cumpla con lo siguiente: Relate, bajo protesta de decir verdad, de manera clara, cronológica y detallada, todos los antecedentes del acto reclamado; lo anterior, en razón a que no realizó una narración precisa de todos aquellos acontecimientos ocurridos con antelación al acto reclamado y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo. En la inteligencia que en dicha relatoría deberá manifestar lo siguiente: Vigencia del periodo del actual titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Guanajuato; Vigencia del periodo del cargo sometido a convocatoria; Así también, toda vez que refiere que es actuario dentro del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Guanajuato, deberá precisar cómo incide en su esfera jurídica de derechos, el acto que reclama en la presente instancia constitucional. Indique si a la fecha ya culminó el proceso de selección de titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Estatal Electoral. Circunstancias todas que resultan necesarias para fijar con precisión la litis constitucional, mismas que garantizan una adecuada conducción del juicio constitucional que se intenta. En el entendido de que dicha protesta deberá realizarla únicamente el directo quejoso, por ser un acto personalísimo que no puede ser satisfecho por persona diversa a aquél, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. En apoyo a lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 40/2006-SS, visible en la página 348, tomo XXIV, Julio de 2006, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la parte promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Se hace saber a la promovente del amparo de los delitos en que incurren los quejosos cuando afirman hechos falsos u omiten aquellos que les constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]" Se apercibe a la ocursante que de no cumplir con lo anterior, se procederá conforme a los preceptos citados y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo V. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida de las Rosas, número 829, colonia Jardines Jerez, de esta ciudad y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Martha Bustos Muñoz, por así haberlo solicitado expresamente. VI. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Se exhorta a las partes. A fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales.. VIII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto en el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al Secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintisiete de mayo de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos del artículo 2, fracción VIII, primer párrafo, del Acuerdo General del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2021, relativo al periodo de su vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento.
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FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
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- Validación de identidad
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