Noé Flores Chávez y Otros.
Expediente 172/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 172/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/07/2016
Partes del expediente
- Noé Flores Chávez y Otros.
- Noé Flores Chávez
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, primero de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho que tuvo la parte quejosa para recurrir el auto de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, que desechó la demanda; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia se declara que ha causado estado dicho proveído, considerando que la parte quejosa no interpuso el aludido medio de impugnación contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito signado por xxx, por derecho propio, contra actos del: 1. Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Estado de Querétaro; y, 2. Actuario Ejecutor Adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Estado de Querétaro. ANOTACIONES Se forma el expediente correspondiente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 172/2016-III-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular se considera que existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado, consistente en: El proveído dictado el veinte de mayo de dos mil dieciséis, por el Juez Cuarto de Primera Instancia Civil de Querétaro, en los autos del juicio ejecutivo mercantil xx, promovido por xxxen contra de xxxx, mediante el cual se ordena la revocación del quejoso como depositario del bien embargado a la parte demandada y el nombramiento de nuevo depositario a xxxx. Lo anterior, por considerar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo en relación con el numeral 5, fracción I, del ordenamiento citado, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; . Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; . La causa de improcedencia en estudio, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, lo cual establece, en lo que interesa, que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En el presente asunto, el acto reclamado descrito por el quejoso básicamente consiste en el proveído dictado el veinte de mayo de dos mil dieciséis, por el Juez Cuarto de Primera Instancia Civil de Querétaro, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 1704/2015, promovido por xxx en contra de xxx, mediante el cual se ordena la remoción del quejoso como depositario del bien embargado a la parte demandada y el nombramiento de nuevo depositario a xxx. Entonces, atendiendo a las características del acto reclamado se puede llegar a la convicción que éste no afecta el interés jurídico del quejoso; por tanto, es inviable la promoción del juicio de amparo, lo anterior es así tomando en consideración que un depositario judicial dentro de un procedimiento jurisdiccional se constituye como un auxiliar de la administración de la justicia que mediante el auto de la diligencia de embargo, en la cual se le discernió en forma su cargo, adquiere la posesión de los bienes muebles que se le dieron en depósito con motivo del embargo trabado al demandado; no obstante, tal encargo no provoca la adquisición de derechos adjetivos que se encuentren jurídicamente tutelados que sean susceptibles de repararse en vía de amparo cuando se emitan actos de autoridad de naturaleza procesal en el juicio de origen; sino por el contrario, tal encargo le confiere únicamente obligaciones, tales como conservar y preservar las cosas dadas bajo su custodia temporal, hasta en tanto la autoridad jurisdiccional defina la situación en que han de quedar los bienes. Bajo esta premisa, no puede decirse que la revocación del encargo conferido al quejoso, produce en su esfera jurídica una lesión o perjuicio que lo legitime para acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal. Por tanto se actualiza la causa de improcedencia descrita en este apartado. Proporciona sustento a lo anterior la jurisprudencia V. 2º. J/24, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, página 414 de rubro y texto siguientes. DEPOSITARIO JUDICIAL, LA REMOCION DEL CARGO Y EL REQUERIMIENTO POR LA ENTREGA DE LOS BIENES EMBARGADOS, NO AFECTA LA ESFERA JURIDICA DEL (LEGISLACION DEL ESTADO DE SONORA). El cargo de depositario judicial, no provoca, al menos en la codificación adjetiva local, la adquisición de derechos jurídicamente tutelados que, lacerados por un acto de autoridad, faculten a su titular, a incoar una acción de amparo, pues de la lectura de los artículos 435 y 436 del Código de Procedimientos Civiles para Sonora, se advierte que su función se reduce a la de un mero auxiliar de la administración de justicia y que, salvo la de percibir el pago de un arancel, la normatividad vigente, no le confiere atribución alguna sino obligaciones. Bajo esas premisas, no puede decirse, que la remoción del encargo y el requerimiento por la entrega de los bienes embargados, decretados por la responsable, en el acto reclamado, produjera en la esfera jurídica del aquí recurrente y quejoso, una lesión o perjuicio y que por tanto, estuviese legitimado para acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal. Consecuentemente, la falta de ese interés jurídico, que se genera al ser afectado por un acto de autoridad, hace improcedente, al tenor de la fracción V del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, al juicio de amparo promovido por el quejoso. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo promovida por Noé Flores Chávez. Finalmente, fórmese un tomo de pruebas por separado con las copias simples del expediente 1704/2015 que anexó el quejoso a su demanda dada su voluminosidad. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en xxx; y por autorizado a xxxxen términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el contrario respecto de los diversos profesionistas xxxx únicamente se les autoriza en los términos estipulados en el párrafo segundo, del artículo 24 de la ley de la materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este juzgado, pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente al quejoso.
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