NOE EMMANUEL SANDOVAL MAGAÑA y Otros.

Expediente 797/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
797/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
11/10/2022

Partes del expediente

  • ANGEL GEOVANY CETINA WOOD y Otros.
  • Angel Geovany Cetina Wood
  • NOE EMMANUEL SANDOVAL MAGAÑA y Otros.
  • Noe Emmanuel Sandoval Magaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que feneció el término de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la resolución de trece de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio de amparo, sin que hayan hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Dése el aviso correspondiente a la autoridad responsable, y en virtud de que en el presente expediente no obran documentos importantes y/o relevantes, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del numeral 21 de dicho cuerpo normativo y por tanto, una vez que transcurran tres años; será SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo cual, se deberá remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia que deberán conservarse los proveídos integrantes del incidente respectivo, ahora bien, se estima que dado que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, se actualizan las hipótesis previstas en el inciso a), fracción I del artículo 18 (original del incidente de suspensión), e inciso a), fracción II del numeral 20 (duplicado del incidente) del referido Acuerdo, por lo que el primero de los citados es susceptible de DEPURACIÓN y el segundo de DESTRUCCIÓN. En consecuencia, una vez transcurridos tres años -para el cuaderno original- y seis meses -para el duplicado-, a partir de la fecha en que se emitió la resolución interlocutoria, procédase a su respectiva destrucción, entre tanto, manténgase ligado a este asunto.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta transmitido electrónicamente por la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, mediante el cual remite impresión con evidencia criptográfica de la sentencia de procedimiento abreviado de veinte de julio de dos mil veintidós; ahora bien, tomando en consideración su contenido, se provee: ***. Ahora bien, por lo que hace al acto reclamado al Juez de Distrito adscrito al Centro de justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, en su calidad de Juez de Control, consistente en la emisión de la resolución de fecha tres de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se determina imponer a los quejosos la medida cautelar de prisión preventiva, se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que prevé la improcedencia: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. De esta manera, es pertinente destacar que este órgano de control constitucional advierte de oficio una causal de improcedencia respecto de la determinación de tres de noviembre de dos mil veintiuno, reclamado, por el que se impuso a los quejosos, la medida cautelar de prisión preventiva. El acto reclamado objeto de estudio es improcedente en términos de lo dispuesto en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En el primer caso, la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto, dando lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de acto motivo de reclamo. En el segundo supuesto, los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. En ese contexto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió o que no lo hizo, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de éste, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del actuar de la autoridad, sino el innecesario examen de la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que actué en el sentido de respetar los derechos de que se trate y a cumplir con lo que la garantía le exija. De ahí que, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado, ya que la determinación de la que se duelen los amparistas por esta vía constitucional, dejó de conculcar su esfera jurídica, al haber desaparecido con motivo de la sentencia condenatoria, señalada en el párrafo que antecede. Sobreseimiento que se hace extensivo por cuanto hace a los diversos actos reclamados identificados en los numerales 1, 2, 3 y 4 relacionados con la inconstitucionalidad de diversos preceptos legales, al encontrarse relacionados de manera estrecha con el auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno. Ello, porque al estudio de las leyes o reglamentos tildados de inconstitucionales, cuando son reclamados con motivo del acto de aplicación, como ocurre en la especie, con el auto de vinculación a proceso, se encuentra inevitablemente vinculado el cuerpo normativo impugnado con el acto en donde éste se aplicó. En efecto, cuando en la demanda de amparo se promueva contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, su estudio no debe desvincular al de la disposición impugnada del que deriva el acto de aplicación, en el caso, el auto de vinculación a proceso; por lo que, por regla general, se analiza, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, y si en relación con él no se actualiza una causa de improcedencia; y solamente de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, se podrá analizar la constitucionalidad de la disposición impugnada. Verbigracia, cuando la ley que se considera inconstitucional, se aplica un acto concreto, es éste el que establece la procedencia de la demanda de amparo, el cual debe ser analizado determinando si opera su procedencia; y de ser improcedente el acto de aplicación, la norma impugnada por extensión tiene el mismo efecto, al no poderse desvincular del acto que le dio su origen en su aplicación. Así, al actualizarse una causal notoria y manifiesta en relación con el acto reclamado, resulta procedente SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, en términos de los artículos 1°, 61, fracción XXI, 63, fracción V, 73 a 79, 117, 124 y 215 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las once horas con cuarenta y cinco del veintinueve de septiembre minutos del once de agosto de dos mil veintidós.

  3. Principal

    Glósese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Yucatán, con residencia en Mérida, por el cual informa que una vez que cuente con la constancia de notificación respecto de los oficios 21291/2022 y 21292/2022 serán enviados a este Órgano Jurisdiccional, de lo cual se toma conocimiento.

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que están fijadas las DOCE HORAS CON QUINCE MINUTOS de esta data, para que se lleve a cabo la audiencia en el presente juicio de amparo; sin embargo, del estado procesal que guardan los autos se aprecia que el veintinueve de agosto último, se solicitó al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, para que de no tener inconveniente legal alguno, envié las constancias de notificación de los oficios dirigidos al Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Estado y Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán con residencia en Mérida. Por tanto, la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy, SE DIFIERE, y se señalan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. En la inteligencia que si las partes desean comparecer a la audiencia de referencia, deberán informarlo con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación a este órgano de control constitucional para poder generar los códigos QR correspondientes.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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