Noé Díaz Huerta
Expediente 397/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 397/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Noé Díaz Huerta
Actuaciones
- Principal
Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, informa a este órgano jurisdiccional que mediante proveído de seis de abril del presente año, pronunciado en los autos del amparo directo civil 365/2018, de su índice, el Tribunal de referencia, aceptó la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Noé Díaz Huerta, contra actos del Juzgado Segundo de lo Civil en el Estado, en este sentido, se le tiene informando lo anterior para los efectos legales conducentes. En consecuencia, notificado que sea el presente acuerdo ARCHÍVESE EL CUADERNILLO EN QUE SE ACTÚA COMO ASUNTO CONCLUIDO.
- Principal
Aguascalientes, Aguascalientes, a tres de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Noé Díaz Huerta, contra actos del Juzgado Segundo de lo Civil en el Estado, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 397/2018-IX-4. Ahora bien, visto el contenido íntegro del escrito inicial de demanda, se aprecia que la parte quejosa reclama en esta instancia Constitucional la sentencia definitiva dictada el veintiocho de febrero del año en curso en el expediente 514/2016 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Estado. En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación, con el diverso 37, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados tienen competencia legal para resolver los juicios de amparo directo en que se reclamen sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose las primeras como aquéllas que resuelven el fondo de la controversia y las últimas como aquellas determinaciones que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Por su parte, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional (.)." De donde se sigue que cuando se esté en presencia de una sentencia definitiva, será procedente el juicio de amparo directo y, por ende, competente para su conocimiento los Tribunales Colegiados de Circuito. Ahora bien, como ya se dijo, analizada en su integridad la demanda de amparo promovida por Noé Díaz Huerta, se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de tal demanda y por tanto, se estima competente para ello a un Tribunal Colegiado de Circuito. Esto es así, pues tal como se desprende del escrito de demanda, el acto reclamado planteado ante esta potestad constitucional, lo constituye la sentencia definitiva de veintiocho de febrero del año en curso, dictada dentro del expediente 514/2016 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Estado, por ende, solamente puede plantearse en vía de amparo directo ante el Tribunal Colegiado del Circuito que corresponda, acorde a lo dispuesto por el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, quien resulta ser competente es el Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito en Turno, acorde al contenido del numeral 107, fracción V, inciso b) y fracción VI, de la Carta Magna; y, 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata y con el anterior fundamento declina la competencia a favor del Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito que corresponda en razón de turno, a quien se deberá remitir el juicio de amparo en que se actúa, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, para que, la superioridad en términos del artículo 47, de la Ley de Amparo, decida lo conducente al respecto. Tiene aplicación por las razones que la informan el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P./J.6/2015 publicada en la página 95, del tomo I, abril 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, cuyos título y texto son: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Asimismo, sobre el particular, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia por contradicción PC.XXX. J/8 K (10a.), sustentada por el Pleno del Trigésimo Circuito, con número de registro 2006612, visible en la página 854, del Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE AQUEL JUICIO, AUN CUANDO LA LEY CONCEDA UN RECURSO ORDINARIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN RECLAMADA QUE PONE FIN AL JUICIO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 16/2003). Los párrafos primero y tercero del artículo 46 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 establecen lo que debe entenderse por sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio para los efectos del numeral 44 del propio ordenamiento, "y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas", lo cual condujo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interpretar que al existir un recurso ordinario, el Tribunal Colegiado de Circuito no era competente para conocer de la demanda, dada la ubicación de esos dispositivos en el capítulo de competencia; sin embargo, en el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor a partir del 3 de abril del año citado, simplemente se establece que por sentencias definitivas o laudos se entenderá los que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, pero ya no se añade lo referente a que las leyes no concedan recurso ordinario en su contra, por lo que es dable interpretar que la existencia de un recurso incide sólo en la improcedencia del juicio, mas no en la competencia del órgano jurisdiccional indicado. Lo anterior es así, ya que en el tercer párrafo del último precepto mencionado se prevé que para la procedencia del juicio deben agotarse previamente los recursos establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales, las sentencias definitivas o resoluciones puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, en el nuevo contexto normativo resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 16/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.". Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de la demanda, de la presente resolución y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se tiene como domicilio para oír notificaciones el indicado en la demanda de amparo de conformidad con el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo y como autorizado al Licenciado Edgar Rafael Martínez Cedeño, quien contará con todas las facultades a que se refiere el párrafo primero del artículo 12 de la ley en cita, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema de Registro de Cédulas Profesionales del Consejo de la Judicatura Federal. En cuanto a la diversa persona que indica, únicamente podrá recibir notificaciones e imponerse de los autos por no acreditar que tiene cédula profesional de licenciado en derecho, conforme lo dispone el segundo párrafo del artículo 12, en relación con el numeral 24, párrafo segundo de la supracitada ley. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, desde ahora se ordena la devolución de los documentos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes, previa copia certificada y razón que de su recibo se deje en autos. Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo que dispone el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, para los casos en los que en el presente juicio se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes que intervienen en los mismos y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de lo dispuesto por los artículos 26 y 27, fracción I de la Ley de la materia, sin necesidad de razón que se asiente por el actuario, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán sin la supresión de sus datos personales, salvo los casos de excepción. Notifíquese a las partes como legalmente corresponda.
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