Noé de la Cruz Acosta

Expediente 409/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
409/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
31/05/2021

Partes del expediente

  • Noé de la Cruz Acosta

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que el proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ------------, por propio derecho, en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el Libro respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento a los artículos 6, fracción II1, y 21, inciso b2, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 1 "Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." 2 "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del acuerdo de mérito, no tiene valor jurídico o histórico para su conservación; en consecuencia, no es considerado como un asunto relevante. Con fundamento en el citado artículo 21 del Acuerdo General, se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos que exhibió durante la tramitación del presente juicio de amparo, en el entendido que, cuando se presente a su recolección deberá dejarse en autos copia certificada de los que obren en original o copia certificada; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibida que de no solicitarlos en el término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, se procederá a su destrucción. Asimismo, se precisa que para poder acudir la parte quejosa a recoger las documentales, conforme a los artículos 33 y 44 del órganos jurisdiccionales: . b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; ." 3 "Artículo 3. Micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias. A partir del 3 de agosto de 2020 estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. El Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. El sistema permitirá generar citas cada media hora: una en la secretaría de acuerdos de cada tribunal colegiado de Circuito; dos en cada juzgado de Distrito, tribunal unitario de Circuito y ponencia de tribunal colegiado de Circuito; y tres en cada Centro de Justicia Penal Federal." indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el sistema "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Ello, dado que en dicho acuerdo se regula la manera en que se deberán obtener las citas para el fin requerido por el promovente, esto es, para que pueda acudir de manera física a este recinto judicial a efecto de recoger los documentos que se dejan a su disposición; de ahí que deberá realizar lo ahí explicado para poder agendar la citada solicitada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, en términos de lo que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciocho de mayo de dos mil veintiuno.VISTA la demanda de amparo promovida por ---------, por propio derecho, contra actos del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México y otras autoridades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 409/2021-I. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; situaciones que en el caso a estudio acontecen. En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el particular, se precisa que del estudio de la demanda de amparo se tiene que el quejoso señala como acto reclamado el descuento por pensión alimenticia definitiva del 15% (quince por ciento) de las percepciones del aquí quejoso a favor de su madre --------, ordenado por el Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, dentro del expediente 1336/2019, relativo al procedimiento especial de violencia familiar promovido en su contra y otros, por su progenitora. Sin embargo, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo para ser procedente, requiere de un elemento imprescindible con relación a que deben agotarse, antes de interponer el juicio constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa que señale la ley que rija el acto que se reclame (principio de definitividad), salvo las excepciones que la misma establece. Esta fracción, regula uno de los principios rectores del juicio de amparo: el de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles, salvo los casos excepcionales establecidos en el mismo. El principio de definitividad en el juicio de amparo es un requisito indispensable que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. No obstante, esta fracción establece la obligación de acatar el principio de definitividad, de su contexto se advierten dos supuestos de excepción, a saber: El primero, alude a los terceros extraños al juicio de origen, quienes no están obligados a agotar recursos ordinarios, antes de acudir al juicio de amparo, según lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El segundo supuesto de excepción, se refiere a aquellos casos en que los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Ahora bien, además de los supuestos de excepción antes referidos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que se deben añadir otras hipótesis de excepción que derivan de la fracción XII del artículo 107 constitucional, relativos a la violación de los derechos previstos en los numerales 16, 19 y 20 de la Carta Magna; es decir, no hay obligación de agotar el principio de definitividad cuando el acto reclamado sea restrictivo de libertad, ni en el supuesto de que el quejoso se ostente como tercero extraño al juicio o tercero equiparable, pues precisamente al no existir posibilidad de defenderse en el procedimiento ordinario, el gobernado queda en indefensión al desconocer la legislación aplicable. Un punto a destacar, es que las excepciones al principio de definitividad no son aplicables de manera genérica, por el contrario, su aplicación es estricta, lo que pone de manifiesto que con excepción de los supuestos inmersos en la fracción XVIII, incisos a), b y c) de la Ley de Amparo, previo al ejercicio de la acción constitucional debe cumplirse con el principio de definitividad del juicio de amparo. Ahora bien, la parte quejosa en el capítulo de hechos de su escrito inicial de demanda manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que: "1. Con fecha quince de diciembre de dos mil diecinueve, en mi domicilio ubicado en calle Miguel Negrete número siete, Colonia Ampliación Emiliano Zapata, Atizapán de Zaragoza, Estado de México; recibí notificación de la demanda interpuesta en mi contra, y en contra de mi esposa ROCÍO MENDOZA ALPIZAR, y en contra de mi menor hija G. S. C. M.; promovida por mi madre Clementina Acosta Guerrero, Procedimiento Especial sobre Violencia Familiar. Radicada ante el Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de Médico, en los autos del expediente número 1336/2019. 2. En el procedimiento indicado en el hecho que antecede, en la secuela procedimental también se me reclamó una pensión alimenticia a favor de mi madre Clementina Acosta Guerrero, la cual se fijó en forma provisional el 10% de mis percepciones; por lo que se remitió oficio de descuento a mi centro de trabajo Petróleos Mexicanos. 3. En el procedimiento familiar seguido ante el Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de Médico, las partes conciliamos las diferencias familiares; mediante convenio verbal de fecha veinticinco de agosto del año dos mil veinte, al tenor de los siguientes puntos de acuerdo: Primero.- El convenio consistió en que las partes dieran por terminado el Juicio Familiar. Segundo.- En dicho convenio intervinieron y otorgaron voluntad de conformidad mi Madre CLEMENTINA ACOSTA GUERRERO, acompañada y autorizada por mis hermanos. Cuarto.- Mi madre y mis hermanos se comprometieron a desistirse de la demanda familiar; compromiso que cumplieron con fecha veinticinco de agosto del año dos mil veinte, fecha en que mi madre compareció ante el Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de Médico, y se desistió de la demanda promovida . Por lo que las partes cumplimos el acuerdo verbal que celebramos, mi madre se desistió de la demanda. 4. Derivado del desistimiento de la demanda con fecha quince de septiembre del año dos mil veinte, el C. Secretario del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de Médico, giró atento oficio a mi Centro de trabajo a efecto de que se cancelara la pensión alimenticia decretada en mi contra. 5. Con fecha veintinueve de abril del año dos mil veintiuno, la Licenciada Karla Susana Sánchez Escobar, en su carácter de Jefa del Departamento de Gestión Laboral de Petróleos Mexicanos; me informó que me habían decretado una Pensión Alimenticia Definitiva a favor de mi madre CLEMENTINA ACOSTA GUERRERO; que no podía darme más información al respecto pero que el porcentaje de dicha pensión es de 15% por ciento de mis percepciones. Lo que representa una verdadera arbitrariedad por parte de la autoridad responsable; en virtud de que ya se había dado por terminado el Juicio Familiar seguido ante dicha autoridad y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO que posterior a la conclusión del Juicio Familiar no he recibido notificación alguna de procedimiento de alimentos en mi contra por la autoridad responsable." Luego, en sus conceptos de violación el quejoso refiere que se vulnera su garantía de seguridad jurídica, pues es inadmisible que la autoridad responsable determine una pensión definitiva en su contra, sin considerar que el juicio familiar 1336/2019, fue concluido por el desistimiento que ratificó la parte actora, el cual se acordó el siete de septiembre de dos mil veinte, ordenando el archivo del asunto como totalmente concluido; por lo que ahora no puede decretar una pensión definitiva en su contra, dado que la autoridad responsable no puede revocar sus propias determinaciones. Establecido lo anterior, para demostrar la actualización de la causal en estudio, respecto del acto reclamado consistente en el descuento por pensión alimenticia definitiva del 15% (quince por ciento) de las percepciones del aquí quejoso a favor de su madre Clementina Acosta Guerrero, ordenado por el Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, dentro del expediente 1336/2019, conviene tener presentes los artículos 1.192, 1.360, 1.366 y 1.378 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que establecen: "Artículo 1.192.- Las resoluciones judiciales son: Decretos, cuando sean simples determinaciones de trámite; Autos, son decisiones que tienden al impulso y desarrollo del procedimiento; Sentencias o autos interlocutorios, cuando deciden un incidente promovido antes o después de la sentencia definitiva, o bien decidan alguna cuestión procesal entre partes; Sentencias definitivas, cuando decidan el fondo del litigio en lo principal." "Artículo 1.360. Se reconocen como recursos los siguientes: I. Revocación; II. Apelación; III. Queja.". "Artículo 1.366. La apelación tiene por objeto que el Tribunal de Alzada, revoque o modifique la resolución impugnada, en los puntos relativos a los agravios, los que de no prosperar motivarán su confirmación." "Artículo 1.378. Son apelables las sentencias interlocutorias y los autos que específicamente señala este Código. La apelación, en este caso, se admitirá sin efecto suspensivo, salvo cuando la ley disponga lo contrario." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos permite considerar que los decretos son simples determinaciones de trámite; que los autos son decisiones que tienden al impulso y desarrollo del procedimiento; que son sentencias o autos interlocutorios, cuando deciden un incidente promovido antes o después de la sentencia definitiva, o bien decidan alguna cuestión procesal entre partes y sentencias definitivas, cuando decidan el fondo del litigio en lo principal; asimismo, como dato relevante se advierte que la procedencia del recurso de apelación es de naturaleza casuística, pues el artículo 1.378, estatuye que serán apelables los autos que de manera específica señala el propio código adjetivo civil local. Por su parte, el artículo 1.362 del código procesal citado, versa: "Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables." La disposición transcrita establece la existencia del recurso de revocación contemplado para resoluciones de los tribunales en los procedimientos civiles, procedente contra decretos y autos dictados en la instancia, que no son apelables, lo cual implica una procedencia genérica establecida por el legislador; así, la revocación procede por exclusión respecto de los autos y decretos que no sean apelables. En ese orden de ideas, el código procesal civil citado, también prevé el recurso de revocación el cual se puede interponer contra autos y decretos dictados fuera de audiencia y dentro de la misma, como lo dispone el precepto 5.74, que cita: "Revocación fuera de audiencia Artículo 5.74.- Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales. En ese tenor, si la medida en materia de alimentos emitida por el Juez responsable, en la que decretó el descuento definitivo del 15% (quince por ciento) de las percepciones que percibe el quejoso, para beneficio de su madre, tiene la oportunidad de impugnar las consideraciones del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, dictadas dentro del expediente 1336/2019, en términos del numeral 5.74, del código instrumental en comento, lo que en la especie no satisfizo; aun cuando prosperaba el recurso de revocación, ya que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, contiene un sistema cerrado y completo de recursos. Así, dicho medio de defensa, consiste en que el propio juez a través del medio de impugnación en comento, resuelva sobre lo que pretende el quejoso, de tal forma que por ese recurso, puede ser modificado, revocado o nulificado. Cabe precisar que en el caso, no se está en algún supuesto de excepción al principio de definitividad del juicio de amparo, ya que el acto reclamado no importa peligro de la privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22, constitucional, ni afecta a personas extrañas al procedimiento del cual emana. Por tanto, el quejoso debía agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo e interponer recurso de revocación, como medio ordinario de defensa que la Ley le confiere, previsto en el artículo 5.74, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, previo al ejercicio de la acción constitucional. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Bajo esa óptica, es indudable que se actualizan las hipótesis normativas abordadas con anterioridad; de ahí que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR la demanda de amparo promovida por ------------, por propio derecho. Por otra parte, con fundamento en el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado Federal, por así haberlo solicitado.--------- De igual forma, se tienen por autorizados de la parte agraviada a las personas que refiere en su escrito de demanda, de los cuales únicamente Carlos Alonso Aguilar, podrá gozar de las amplias facultades que le concede el numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que su respectiva cédula profesional se encuentra debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mientras que José Francisco Morales Ramírez, Angélica Campos Bautista y Rocío Mendoza Alpizar, de momento sólo podrá oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten estar facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho y su respectiva cédula profesional se encuentre registrada en el aludido sistema. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Además de que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a través de lita publicada en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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