Noé David Calderón Cerón
Expediente 262/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 262/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/03/2017
Partes del expediente
- Noé David Calderón Cerón
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Superintendente de Zona Universidad de la División de Distribución Valle de México Sur de la Comisión Federal de Electricidad, informa que se encuentra realizando los trámites para dar cumplimiento a la ejecutoria. En consecuencia y como lo solicita, de conformidad con el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, se le concede prórroga de diez días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, para que remita copia certificada de la documentación con la que acredite haber dado cumplimiento a la ejecutoria, en el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en autos. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJSOA EL AUTO DE CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE QUE DICE:Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta de la Directora de lo Contencioso y Amparo, encargada de la defensa jurídica del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, por medio del cual en desahogo al requerimiento formulado en proveído de tres de febrero actual, remite copia certificada de las constancias solicitadas; con lo anterior se da vista a las partes por el plazo de tres días previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para que manifiesten lo que a su interés convenga, precisando que las constancias exhibidas quedan a su disposición para su consulta en el local que ocupa este juzgado. En esa tesitura, toda vez que de las constancias remitidas por la oficiante, se desprende la resolución administrativa de veintidós de agosto de dos mil dieciséis emitida por la Directora de Calificación "B", de la Coordinación de Substanciación de Procedimientos de la Dirección General del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México; en consecuencia, con apoyo en los artículos 17 y 111 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si señala como autoridad responsable a la Directora de Calificación "B", de la Coordinación de Substanciación de Procedimientos de la Dirección General del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y como acto reclamado la resolución administrativa de veintidós de agosto de dos mil dieciséis y las actuaciones dictadas en el expediente INVEADF/OV/TP/2473/2016; en la inteligencia que de hacerlo, deberá ajustar su escrito a los requisitos establecidos en el numeral 108 de la ley de la materia, debiendo anexar copias suficientes para correr traslado a las partes, y de su escrito de demanda por cada nueva autoridad que señale, apercibida que de no hacerlo, se continuará con el trámite del juicio ajustándose a la litis establecida en las constancias que obren en autos. Por otra parte, de las constancias remitidas por la oficiante, se advierte que se contestan los puntos a desahogar por el actuario de la adscripción en la diligencia de inspección judicial ofrecida por la quejosa; por tanto, SE DEJA SIN MATERIA LA INSPECCIÓN JUDICIAL que habría de llevarse a cabo en el domicilio ubicado en el "Depósito Vehicular Imán", ubicado en Avenida Antonio Delfín Madrigal entre Enrique Ureña y Avenida Aztecas, colonia Santo Domingo, Delegación Coyoacán, de esta ciudad, a las diez horas del quince de febrero de dos mil diecisiete. Lo anterior, porque el objeto de la prueba versa respecto a que el fedatario judicial haga constar a qué Secretaría pertenece el corralón ubicado entre Avenida Antonio Delfín Madrigal y Doctor Antonio Delfín Madrigal, Delegación Coyoacán, de esta ciudad; si el vehículo marca Nissan, Tsuru, modelo dos mil dos, con número de serie 3N1EB31S32K385540, número de placas MTA6354 del Estado de México se encuentra asegurado en el interior de dicho corralón y anotado en la lista de vehículos correspondiente; así como bajo qué concepto se encuentra asegurado el vehículo marca Nissan, Tsuru, modelo dos mil dos, con número de serie 3N1EB31S32K385540, número de placas MTA6354 del Estado de México. Cuestiones que se contestan de la lectura a las constancias remitidas por la autoridad oficiante, así como del oficio de registro 1548 en el cual la Secretaría de Movilidad de esta Ciudad informó que el vehículo que defiende la parte quejosa se encuentra resguardado en dicho corralón. En ese sentido se estima que la prueba mencionada no es pertinente, porque mediante la prueba de inspección judicial ofrecida por el quejoso se pretenden acreditar hechos que ya se encuentran probados con base en las constancias que obran en autos, de ahí que ya no es pertinente desahogarla pues llevaría a dilaciones procesales innecesarias al estar acreditados los hechos cuestionados mediante otros medios probatorios, por lo que ha quedado sin materia la probanza y, por ende carece de objeto su sustanciación. Por otra parte, del estado procesal de los autos se deduce que en acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis se reservó proveer respecto del escrito con registro de correspondencia 20126 a través del cual la quejosa ofrece la prueba testimonial a efecto de acreditar los actos reclamados, hasta en tanto obraran los informes respectivos por parte de las autoridades; y toda vez que este juzgado se encuentra en aptitud de pronunciarse respecto de la idoneidad y pertinencia de la prueba en comento, se provee lo siguiente: El artículo 119 de la Ley de Amparo y el numeral 79 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas con excepción de la de posiciones y las que atenten contra la moral y el derecho y que, para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, por lo que el juzgador no está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión éstas deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. El primero de tales principios tiene la finalidad de evitar diligencias innecesarias y carentes de objeto, de modo que dar trámite a una prueba que no cumpla con la exigencia mencionada provocaría una dilación en el trámite respectivo en perjuicio de las partes, contraviniendo el principio de expeditez en la administración de justicia que establece el imperativo 17 Constitucional; y el segundo, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia, por lo que el juzgador está facultado a no dar trámite a las pruebas que sean inconducentes, y que no guarden relación con la litis constitucional. Al efecto, resulta aplicable la tesis número I.1o.A.14 K, criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1888, cuya sinopsis es la siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÉ OBLIGADO A RECABARLAS. Los artículos 150 y 152 de la Ley de Amparo, así como el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de garantías, disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la de posiciones y de las que atenten contra la moral y el derecho y que, a efecto de que las partes puedan rendirlas, las autoridades están obligadas a expedir con toda oportunidad las que tengan en su poder y si no cumplen con esa obligación, a petición del interesado, el Juez de Distrito les exigirá tales medios de prueba con el único requisito de que, previo a esa petición, se hubieran solicitado directamente a los funcionarios. Sin embargo, el contenido de dichos dispositivos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Ahora bien, el primero de tales principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, y el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia." Sirve de apoyo la Jurisprudencia P./J.41/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 157, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, materia común, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez." Así, la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa tiene por objeto demostrar lo siguiente (folios 89 y 90): De lo anterior se advierte que la parte quejosa pretende acreditar mediante la prueba testimonial ofrecida, que es propietaria del vehículo marca Nissan, Tsuru, modelo dos mil dos, con número de serie 3N1EB31S32K385540, número de placas MTA6354 del Estado de México, que es cierto el acto reclamado consistente en el "despojo material" de dicho vehículo, las autoridades responsables del mismo y el corralón en el que se encuentra resguardado el vehículo. En ese sentido, se estima que la prueba mencionada no es pertinente, porque los extremos que trata de acreditar ya se encuentran probados con las constancias remitidas por la autoridad oficiante. Por lo cual, dar trámite a la prueba testimonial que ofrece la parte quejosa traería como consecuencia la dilación innecesaria en la integración de este asunto, pues, los hechos que refiere ya se encuentran demostrados con las constancias que obran en el expediente, las cuales al tratarse de documentales públicas gozan de eficacia probatoria plena de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. No obstante lo anterior, la quejosa tiene expedito su derecho para exhibir ante este juzgado las constancias adecuadas con las que acredite la existencia e inconstitucionalidad de los actos reclamados para que sean tomadas en consideración en el momento procesal correspondiente. Consecuentemente, al no advertir este juzgado federal la pertinencia de la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa, con fundamento en los artículos 119 de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desecha la prueba testimonial ofrecida. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJSOA EL AUTO DE TRES DE BERERO DE DOS MIL DIECISIETE QUE DICE: Con la demanda de amparo presentada por******************** por propio derecho contra actos del Gerente General de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México y otra autoridad fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número******************** y dese de alta en el sistema correspondiente. A efecto de acordar sobre su admisión, se analizará si se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo vigente. De la demanda se advierte que existen irregularidades en su contenido. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 108, fracciones III y IV, 110 y 114 de la ley de la materia, se requiere al promovente para que en el plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído realice lo siguiente: ... Se apercibe a la parte promovente que de no acatar los requerimientos en el plazo señalado, se resolverá de la manera siguiente: 1. En cuanto el punto primero, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. 2. En caso de no desahogar el punto segundo, no se tendrá como autoridad responsable la que ahí se refiere. 3. Respecto del punto tercero, se tendrá por no presentado el escrito aclaratorio. En términos de los artículos 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 24 de la Ley de Amparo vigente, respectivamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones y como autorizados para tales efectos a las personas señaladas en la demanda de cuenta ya que no cuentan con el registro correspondiente en el sistema del Poder Judicial de la Federación. Por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que deban realizarse a las partes en este juicio, en términos del artículo 21 de la ley de la materia. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese; y personalmente al promovente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 14,205 expedientes
- Ninfa Rocío Escalante Lorenzana821/2016
- Nino Colman Hoyos Henao698/2018
- No se indica431/2021
- Noé Alexis Cruz Rámirez1261/2017
- Noé Castillo Pérez1445/2017
- Noe Castillo Pérez1128/2018
- Noé Franco Pacheco1231/2023
- Noé García Cuate2572/2014
- Noe Guadalupe Lara Castillo1987/2016
- Noé Gutiérrez Luna709/2019
- Noé Gutiérrez Zepeda330/2021
- Noe Hector Flores Rodríguez1619/2019