Noé China González
Expediente 1294/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1294/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/09/2022
Partes del expediente
- Noé China González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio con anexo de la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje por medio del cual remite constancias en alcance a su informe justificado. Por tanto, se tiene a la autoridad oficiante remitiendo en alcance a su informe justificado copia certificada del auto emitido el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, por medio del cual proveyó el escrito presentado el veintiséis de abril del año en curso por el quejoso Noé China González, dentro del juicio laboral D-3/8/2018. Ahora bien, del estado que guardan los autos se advierte que por escrito depositado en el buzón judicial el ocho de julio de dos mil veintidós, turnado el doce de julio siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, y remitido el día siguiente, por razón de turno a este órgano jurisdiccional, Noé China González, por propio derecho, promovió juicio de amparo en contra de las autoridades responsables y acto reclamado que a continuación se precisan: La omisión de emitir el acuerdo correspondiente al escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veintidós dentro del juicio laboral D-3/8/2018, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, promovido por Noé China González, en contra de Préstamos FYR, sociedad anónima de capital variable SOFOM ENR, por el que solicitó girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que informara si la parte demandada contaba con cuentas bancarias y así continuar con la ejecución del laudo. Respecto del citado acto se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual establece que el juicio de derechos fundamentales es improcedente "cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En suma, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, con lo constitucionalmente exigido. Resulta aplicable sobre el particular, la jurisprudencia de epígrafe y contenido siguientes: "Época: Novena Época Registro: 917637 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 103 Página: 81 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso en particular, la parte quejosa reclama la omisión de emitir el acuerdo correspondiente al escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veintidós dentro del juicio laboral D-3/8/2018, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, promovido por Noé China González, en contra de Préstamos FYR, sociedad anónima de capital variable SOFOM ENR, por el que solicitó girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que informara si la parte demandada contaba con cuentas bancarias y así continuar con la ejecución del laudo. Sin embargo, en acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, la autoridad responsable tuvo por recibido el escrito de veintiséis de abril de dos mil veintidós, y determinó no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado por la parte quejosa en razón de que ya se había girar el oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y desde el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve se le dio vista con lo informado por dicha Comisión; señaló las trece horas con treinta minutos del catorce de septiembre actual para llevar a cabo la reinstalación del impetrante, y turnó los autos al actuario para que realizara la diligencia respectiva . Como puede verse, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que cesaron los efectos del acto reclamado. Esto es así, porque el ocho de julio de dos mil veintidós la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo para reclamar la omisión de acordar la promoción destacada; sin embargo, el veinticinco de agosto siguiente, la autoridad responsable emitió el acuerdo correspondiente, en el que se pronunció respecto de la petición de la parte actora, aquí quejosa. Por tanto, si las circunstancias aquí apuntadas sobrevinieron después de la presentación de la demanda de amparo (ocho de julio de dos mil veintidós), es claro que la presente acción constitucional se torna improcedente, ya que con la actuación destacada, se produjo una situación idéntica a la que obtendrían la parte quejosa con una eventual sentencia concesoria de amparo. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las nueve horas con cuarenta y dos minutos del día de hoy. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio con anexo de la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje por medio del cual remite constancias en alcance a su informe justificado. Por tanto, se tiene a la autoridad oficiante remitiendo en alcance a su informe justificado copia certificada del auto emitido el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, por medio del cual proveyó el escrito presentado el veintiséis de abril del año en curso por el quejoso Noé China González, dentro del juicio laboral D-3/8/2018. Ahora bien, del estado que guardan los autos se advierte que por escrito depositado en el buzón judicial el ocho de julio de dos mil veintidós, turnado el doce de julio siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, y remitido el día siguiente, por razón de turno a este órgano jurisdiccional, Noé China González, por propio derecho, promovió juicio de amparo en contra de las autoridades responsables y acto reclamado que a continuación se precisan: La omisión de emitir el acuerdo correspondiente al escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veintidós dentro del juicio laboral D-3/8/2018, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, promovido por Noé China González, en contra de Préstamos FYR, sociedad anónima de capital variable SOFOM ENR, por el que solicitó girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que informara si la parte demandada contaba con cuentas bancarias y así continuar con la ejecución del laudo. Respecto del citado acto se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual establece que el juicio de derechos fundamentales es improcedente "cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En suma, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, con lo constitucionalmente exigido. Resulta aplicable sobre el particular, la jurisprudencia de epígrafe y contenido siguientes: "Época: Novena Época Registro: 917637 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 103 Página: 81 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso en particular, la parte quejosa reclama la omisión de emitir el acuerdo correspondiente al escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veintidós dentro del juicio laboral D-3/8/2018, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, promovido por Noé China González, en contra de Préstamos FYR, sociedad anónima de capital variable SOFOM ENR, por el que solicitó girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que informara si la parte demandada contaba con cuentas bancarias y así continuar con la ejecución del laudo. Sin embargo, en acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, la autoridad responsable tuvo por recibido el escrito de veintiséis de abril de dos mil veintidós, y determinó no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado por la parte quejosa en razón de que ya se había girar el oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y desde el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve se le dio vista con lo informado por dicha Comisión; señaló las trece horas con treinta minutos del catorce de septiembre actual para llevar a cabo la reinstalación del impetrante, y turnó los autos al actuario para que realizara la diligencia respectiva . Como puede verse, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que cesaron los efectos del acto reclamado. Esto es así, porque el ocho de julio de dos mil veintidós la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo para reclamar la omisión de acordar la promoción destacada; sin embargo, el veinticinco de agosto siguiente, la autoridad responsable emitió el acuerdo correspondiente, en el que se pronunció respecto de la petición de la parte actora, aquí quejosa. Por tanto, si las circunstancias aquí apuntadas sobrevinieron después de la presentación de la demanda de amparo (ocho de julio de dos mil veintidós), es claro que la presente acción constitucional se torna improcedente, ya que con la actuación destacada, se produjo una situación idéntica a la que obtendrían la parte quejosa con una eventual sentencia concesoria de amparo. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las nueve horas con cuarenta y dos minutos del día de hoy. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de agosto de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que el plazo de quince días previsto en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo para que las autoridades responsables Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y Presidente de la misma, rindan sus informes justificados, está transcurriendo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. ...
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