Noe Castañeda Canales
Expediente 682/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 682/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Noe Castañeda Canales
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la resolución por la que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se sobreseyó fuera de audiencia respecto de todos los actos reclamados. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el oficio signado por la autoridad responsable, al que acompaña la resolución de treinta de junio del año que transcurre. Por otra parte, visto el contenido del oficio de cuenta, así como la resolución incidental de liquidación que se anexa y atendiendo al estado que guarda el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso, el quejoso ****por conducto de su apoderado legal ****, acudió al juicio de amparo el seis de junio de dos mil veintidós y reclamó de la Titular de la Junta Especial Número 27 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la omisión de dictar sentencia interlocutoria, derivado del Juicio Laboral expediente número 425/2011, en los plazos y términos señalados por la Ley Federal del Trabajo. Por otro lado, la Junta responsable mediante el oficio de cuenta, acompañó la resolución emitida el treinta de junio de dos mil veintidós, en la que resolvió el incidente de liquidación de laudo. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que como se estableció, la omisión o dilación de la que se duele la parte quejosa en su demanda de amparo, fue subsanada con el dictado de la resolución de revisión de actos de ejecución. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las nueve horas con cincuenta minutos del siete de julio de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO: PARTE QUEJOSA. AUTO DE CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el oficio signado por la autoridad responsable, al que acompaña la resolución de treinta de junio del año que transcurre. Por otra parte, visto el contenido del oficio de cuenta, así como la resolución incidental de liquidación que se anexa y atendiendo al estado que guarda el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso, el quejoso ***por conducto de su apoderado legal ***, acudió al juicio de amparo el seis de junio de dos mil veintidós y reclamó de la Titular de la Junta Especial Número 27 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la omisión de dictar sentencia interlocutoria, derivado del Juicio Laboral expediente número 425/2011, en los plazos y términos señalados por la Ley Federal del Trabajo. Por otro lado, la Junta responsable mediante el oficio de cuenta, acompañó la resolución emitida el treinta de junio de dos mil veintidós, en la que resolvió el incidente de liquidación de laudo. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que como se estableció, la omisión o dilación de la que se duele la parte quejosa en su demanda de amparo, fue subsanada con el dictado de la resolución de revisión de actos de ejecución. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las nueve horas con cincuenta minutos del siete de julio de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
Con fundamento en los artículos 2º., 33, fracción IV, 35, 112, 115, 117 y demás relativos de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, se admite la demanda de amparo promovida por *** por conducto de su apoderado legal ***, personalidad que se le reconoce por acreditarla con la documental que se acompaña al escrito inicial de demanda expedida por la autoridad responsable, contra actos de la Titular de la Junta Especial Veintisiete de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Regístrese en el juicio en el libro de gobierno. Sin que haya lugar a ordenar la tramitación del incidente de suspensión por no haberse solicitado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación que rendirá dentro del término de quince días, se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del siete de julio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Requiérase a la autoridad responsable, para que al rendir su informe con justificación, remitan a este Juzgado copia certificada legible de las constancias de donde deriva el acto reclamado, apercibida que de no hacerlo, se les impondrá, una multa equivalente a cien días de salario mínimo (Unidad de Medida y Actualización), vigente en la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se autoriza a la autoridad responsable para que rindan su informe justificado al correo oficial de este órgano jurisdiccional, 2jdo25cto@correo.cjf.gob.mx; con la finalidad de resguardar la integridad del personal que interviene en la entrega y recepción de documentos, en el entendido que podrán rendirlo en la vía que determinen y/o suelan hacerlo. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en calle *** y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado *** y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ***. Asimismo, téngasele proporcionando como correo electrónico: ***. Resérvese emplazar a la parte tercero interesada, hasta que la autoridad responsable rinda su informe justificado y allegue las constancias de donde deriva el acto reclamado. De conformidad con el Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del seis de mayo de dos mil veinte, el presente expediente se podrá integrar con los acuerdos y determinaciones firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, toda vez que en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Dese al Ministerio Público de la Federación la intervención que le concede la Ley y, toda vez que mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el cuaderno de varios que se lleva en este órgano jurisdiccional, se acordó el oficio 05/2021, presentado por la licenciada *** en su carácter de agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, en el que se autorizó la consulta de los expedientes electrónicos en trámite, a través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, así como la notificación vía electrónica. En tal virtud, con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo del Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la notificación electrónica a la fiscal de mérito, con el usuario "***". Asimismo, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos con el objetivo de resguardar la integridad del personal del órgano jurisdiccional, así como de los individuos que se encuentren en el lugar donde deban practicarse las notificaciones, con fundamento en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la circular SECNO/12/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se autoriza realizar las notificaciones a través de los medios y mecanismos electrónicos con que se cuente, ello en cumplimiento al marco de la ley que rige el procedimiento. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que dicho funcionario practique la referida diligencia y las subsecuentes notificaciones personales que deriven del presente juicio, así como también para que lleve a cabo todas las gestiones necesarias para realizar las mismas. En otro aspecto, se requiere a las partes para que en caso de contar con firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e. firma antes firma electrónica avanzada o "FIEL); continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica. Por otro lado, se hace del conocimiento que el presente proveído, así como los acuerdos y determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3o de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que las autoridades señaladas como responsables, con las denominaciones que se indican, no existan, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la ley de la materia, se le dará vista para que aclare su denominación, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrán como inexistentes, no se les dirigirán comunicaciones procesales y, al dictar resolución, se considerará que no existen; salvo que el inconforme señale correctamente a las autoridades. Por otro lado, con fundamento en los artículos 26 fracción II, 28, 29 y 30 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades responsables que los subsecuentes proveídos de mero trámite o de poca importancia, lo que incluye, por regla general cualquier diferimiento de la audiencia constitucional, no le serán notificados por oficio, sino por lista, la cual puede consultar en la página web oficial del Consejo de la Judicatura Federal, con la liga http://www.dgepj.cjf.gob.mx. Encuentra sustento a lo anterior, en lo conducente, la siguiente jurisprudencia: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a Cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar" 1 Finalmente, comuníquese a las partes que el contenido de las resoluciones que se dicten en el juicio, constituye información reservada hasta en tanto se emita sentencia definitiva, en cuyo caso, se publicarán sus datos personales; asimismo, hágaseles saber que están en aptitud de oponerse a la publicación de tales datos, de acuerdo con lo que establecen los artículos 1, 8 y 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, en relación con los numerales 1, 3, 5, 7 y 8 del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; en la inteligencia de que la falta de manifestación expresa conlleva a su aprobación para que tales resoluciones se publiquen sin supresión de datos. Notifíquese.
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