Noe Arroyo Natividad
Expediente 422/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 422/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 08/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Noe Arroyo Natividad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a sus autos el escrito signado por Noé Arroyo Natividad, mediante el cual exhibe copia certificada del auto de dos de octubre de dos mil veinte, con el que acredita la personalidad que ostenta en el presente asunto donde consta que ante la responsable tiene acreditado el carácter de apoderado jurídico de la parte demandada. Carácter que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, por así acreditarlo con la documental que anexa a la demanda. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. El promovente señala como acto reclamado: "ACTO RECLAMADO.- De las responsables, reclamo el auto de fecha 7 siete de julio del año en curso, se dictó un Acuerdo dentro del expediente arriba referido por la A Quo, el cual causa agravios y señala: "Los Reyes de Salgado, Michoacán, a 7 siete de junio del año dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta, suscrito por la perito en valuación NOHEMI BETANCOURT MORA, téngase haciendo sus respectivas manifestaciones y dando cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante auto de fecha 24 veinticuatro de julio de la presente anualidad, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Así y con apoyo en los artículos [.] lo acordó y firma." ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. En el caso concreto, este Juzgado federal determina que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el primer normativo invocado establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley, mientras que la fracción IV del numeral 107 de la ley de la materia dispone: Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. A la luz del marco legal en comento, cabe destacar que en principio la fracción IV del precitado artículo 107 de la Ley de Amparo, otorga competencia a los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo que se enderecen contra los actos de los mencionados Tribunales ejecutados "fuera de juicio", así como de los realizados "después de concluido el mismo." Ello en la inteligencia de que la Suprema Corte de Justicia ha establecido que para los efectos estrictamente del amparo, debe entenderse que el juicio se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente y concluye con la sentencia definitiva. Además, el numeral en comento estipula limitantes tratándose de actos de ejecución de sentencia (después de concluido el juicio), esto es, no todos los actos emitidos en dicha etapa procesal son impugnables a través del juicio de amparo indirecto, pues para dilucidar la procedencia en cuestión habrá que atender a los siguientes supuestos: 1°.- Que se trate de la última resolución dictada en la fase de ejecución de sentencia. (Pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso); y, 2.- Tratándose de remates, solo podrá promoverse el juicio contra la resolución, que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. De lo preceptuado por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se extrae que el juicio de amparo en vía indirecta contra actos que tengan verificativo después de concluido el juicio natural, esto es, en etapa de ejecución de sentencia, es procedente únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose por "última resolución", de acuerdo al texto del citado numeral, aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, las que ordenan su archivo; siendo que a través de la interposición de la demanda en comento, se podrán reclamar inclusive, los vicios que en su caso, se hubieren cometido durante dicha fase procedimental. De los lineamientos señalados se concluye que cualquier procedimiento seguido en forma de juicio consta de tres etapas, en donde existen las siguientes categorías de actos, esto es, los realizados fuera o antes del juicio, conocidos también como prejudiciales, relacionados y previstos en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo; los surgidos en juicio, que incluye los correspondientes a las etapas de instrucción y sentencia (fase in procedendo e in judicando), previstos en la fracción IV del referido artículo de la Ley de Amparo; y, los realizados después de concluido el juicio, esto es, a partir del dictado de la sentencia, siendo todos aquellos que se generan dentro del periodo de ejecución y cuya procedencia se prevé de igual forma en la fracción IV transcrita, mismos que se pueden subdividir en: a) En ejecución de sentencia que son los que preparan la ejecución aunque no la ejecutan de manera directa; y, b) Para la ejecución de sentencia que son los encaminados directa, inmediata y específicamente a cumplir el fallo. En ese sentido, las resoluciones intermedias dictadas después de concluido el juicio dentro del periodo de ejecución de sentencia no son combatibles a través del juicio de amparo, pues el legislador ha previsto con ello que se evite el abuso del juicio de amparo con detrimento de los procedimientos de ejecución de sentencias cuyo contenido interesa de sobremanera a la sociedad se cumplan los fallos emitidos por los órganos jurisdiccionales; supuestos en que, de tolerarse la procedencia, resultarían conducentes a la obstaculización en el cumplimiento de sentencias ejecutorias entorpeciendo el mandato expreso y categórico del artículo 17 de la Constitución Federal. Por lo anteriormente expuesto, se concluye que el reclamo en amparo de aquellos actos pronunciados en ejecución de sentencias, de conformidad con lo preceptuado en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, debe hacerse hasta que culmine el periodo de ejecución respectivo, lo que acontece hasta en tanto haya una resolución que declare cumplida la sentencia; o, se reconozca la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, o bien, ordenen el archivo del procedimiento. Apoya lo antes considerado la Jurisprudencia número 1ª./J.29/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11 del tomo XVIII, junio de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA"; también resulta ilustrativa en torno al argumento que se viene formulando, la tesis 2ª.VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230 del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS." Igualmente conviene traer a glosa el contenido de la Jurisprudencia número P./J. 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31 del tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA". Atento a lo manifestado en párrafos precedentes, se estima actualizada en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley que rige el juicio constitucional, ya que el quejoso reclama el auto de siete de julio pasado, dictado dentro del juicio sumario civil, sobre división de cosa común 681/2018, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán, mediante el cual, la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán, en ejecución de la sentencia dictada en tal contradictorio, tuvo a la perito en valuación NOHEMI BENTANCOURT MORA dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinticuatro de julio pasado; contradictorio en el que la ahora quejosa tiene el carácter de parte actora. De lo anterior se colige que el acto reclamado en esta instancia constitucional fue dictado en la etapa de ejecución de la sentencia, ya que como aduce el agraviado bajo protesta de decir verdad el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, se dictó sentencia, declarando procedente la acción intentada, dentro del juicio sumario civil, sobre división de cosa común 681/2018, por lo que en el caso el juicio de amparo deviene improcedente. Por las consideraciones antes expuestas, toda vez que el acto aquí reclamado no deriva de un procedimiento de remate, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV segundo párrafo, este último aplicado a contrario sensu, así como los preceptos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
I. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN CITATORIO DE FECHA VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE VEINTITRES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a sus autos el escrito signado por Noé Arroyo Natividad, mediante el cual exhibe copia certificada del auto de dos de octubre de dos mil veinte, con el que acredita la personalidad que ostenta en el presente asunto donde consta que ante la responsable tiene acreditado el carácter de apoderado jurídico de la parte demandada. Carácter que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, por así acreditarlo con la documental que anexa a la demanda. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. El promovente señala como acto reclamado: "ACTO RECLAMADO.- De las responsables, reclamo el auto de fecha 7 siete de julio del año en curso, se dictó un Acuerdo dentro del expediente arriba referido por la A Quo, el cual causa agravios y señala: "Los Reyes de Salgado, Michoacán, a 7 siete de junio del año dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta, suscrito por la perito en valuación NOHEMI BETANCOURT MORA, téngase haciendo sus respectivas manifestaciones y dando cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante auto de fecha 24 veinticuatro de julio de la presente anualidad, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Así y con apoyo en los artículos [.] lo acordó y firma." ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. En el caso concreto, este Juzgado federal determina que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el primer normativo invocado establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley, mientras que la fracción IV del numeral 107 de la ley de la materia dispone: Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. A la luz del marco legal en comento, cabe destacar que en principio la fracción IV del precitado artículo 107 de la Ley de Amparo, otorga competencia a los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo que se enderecen contra los actos de los mencionados Tribunales ejecutados "fuera de juicio", así como de los realizados "después de concluido el mismo." Ello en la inteligencia de que la Suprema Corte de Justicia ha establecido que para los efectos estrictamente del amparo, debe entenderse que el juicio se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente y concluye con la sentencia definitiva. Además, el numeral en comento estipula limitantes tratándose de actos de ejecución de sentencia (después de concluido el juicio), esto es, no todos los actos emitidos en dicha etapa procesal son impugnables a través del juicio de amparo indirecto, pues para dilucidar la procedencia en cuestión habrá que atender a los siguientes supuestos: 1°.- Que se trate de la última resolución dictada en la fase de ejecución de sentencia. (Pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso); y, 2.- Tratándose de remates, solo podrá promoverse el juicio contra la resolución, que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. De lo preceptuado por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se extrae que el juicio de amparo en vía indirecta contra actos que tengan verificativo después de concluido el juicio natural, esto es, en etapa de ejecución de sentencia, es procedente únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose por "última resolución", de acuerdo al texto del citado numeral, aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, las que ordenan su archivo; siendo que a través de la interposición de la demanda en comento, se podrán reclamar inclusive, los vicios que en su caso, se hubieren cometido durante dicha fase procedimental. De los lineamientos señalados se concluye que cualquier procedimiento seguido en forma de juicio consta de tres etapas, en donde existen las siguientes categorías de actos, esto es, los realizados fuera o antes del juicio, conocidos también como prejudiciales, relacionados y previstos en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo; los surgidos en juicio, que incluye los correspondientes a las etapas de instrucción y sentencia (fase in procedendo e in judicando), previstos en la fracción IV del referido artículo de la Ley de Amparo; y, los realizados después de concluido el juicio, esto es, a partir del dictado de la sentencia, siendo todos aquellos que se generan dentro del periodo de ejecución y cuya procedencia se prevé de igual forma en la fracción IV transcrita, mismos que se pueden subdividir en: a) En ejecución de sentencia que son los que preparan la ejecución aunque no la ejecutan de manera directa; y, b) Para la ejecución de sentencia que son los encaminados directa, inmediata y específicamente a cumplir el fallo. En ese sentido, las resoluciones intermedias dictadas después de concluido el juicio dentro del periodo de ejecución de sentencia no son combatibles a través del juicio de amparo, pues el legislador ha previsto con ello que se evite el abuso del juicio de amparo con detrimento de los procedimientos de ejecución de sentencias cuyo contenido interesa de sobremanera a la sociedad se cumplan los fallos emitidos por los órganos jurisdiccionales; supuestos en que, de tolerarse la procedencia, resultarían conducentes a la obstaculización en el cumplimiento de sentencias ejecutorias entorpeciendo el mandato expreso y categórico del artículo 17 de la Constitución Federal. Por lo anteriormente expuesto, se concluye que el reclamo en amparo de aquellos actos pronunciados en ejecución de sentencias, de conformidad con lo preceptuado en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, debe hacerse hasta que culmine el periodo de ejecución respectivo, lo que acontece hasta en tanto haya una resolución que declare cumplida la sentencia; o, se reconozca la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, o bien, ordenen el archivo del procedimiento. Apoya lo antes considerado la Jurisprudencia número 1ª./J.29/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11 del tomo XVIII, junio de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA"; también resulta ilustrativa en torno al argumento que se viene formulando, la tesis 2ª.VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230 del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS." Igualmente conviene traer a glosa el contenido de la Jurisprudencia número P./J. 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31 del tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA". Atento a lo manifestado en párrafos precedentes, se estima actualizada en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley que rige el juicio constitucional, ya que el quejoso reclama el auto de siete de julio pasado, dictado dentro del juicio sumario civil, sobre división de cosa común 681/2018, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán, mediante el cual, la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán, en ejecución de la sentencia dictada en tal contradictorio, tuvo a la perito en valuación NOHEMI BENTANCOURT MORA dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinticuatro de julio pasado; contradictorio en el que la ahora quejosa tiene el carácter de parte actora. De lo anterior se colige que el acto reclamado en esta instancia constitucional fue dictado en la etapa de ejecución de la sentencia, ya que como aduce el agraviado bajo protesta de decir verdad el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, se dictó sentencia, declarando procedente la acción intentada, dentro del juicio sumario civil, sobre división de cosa común 681/2018, por lo que en el caso el juicio de amparo deviene improcedente. Por las consideraciones antes expuestas, toda vez que el acto aquí reclamado no deriva de un procedimiento de remate, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV segundo párrafo, este último aplicado a contrario sensu, así como los preceptos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, once de agosto de dos mil veintiuno. SE AGREGA ESCRITO. Agréguese a sus autos el escrito signado por Noé Arroyo Natividad, quien en el presente asunto se ostenta con el carácter de administrador de la quejosa María Serafín Fabián, mediante el cual exhibe el escrito con sello presentado ante Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Los Reyes, Michoacán de Ocampo, donde le solicitó le expidiera copia certificada del auto donde se le nombró administrador de la cujus, para lo cual solicita una prórroga por los motivos que expone para dar cumplimiento con la prevención dictada en autos. Por tanto, como lo gestiona el promovente, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le concede un término adicional de tres días hábiles, siguientes a esta fecha, para el desahogo de la prevención del libelo constitucional. Apercibido que de no hacerlo así, se hará efectivo el apercibimiento contenido en el propio auto de requerimiento, esto es, en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa.
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