Noé Antonio Delgado Cervantes
Expediente 963/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 963/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Noé Antonio Delgado Cervantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de cuatro de noviembre del año en curso, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Se toma nota de que en el presente asunto no se aperturó incidente de suspensión. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió a la gestionante del amparo en proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós, para que cumpliera con el requerimiento que se le formuló en dicho auto, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, Y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió a la gestionante del amparo en proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós, para que cumpliera con el requerimiento que se le formuló en dicho auto, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, Y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ****************, por su propio derecho, contra actos del Ministerio Público de esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 963/2022-VI. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. A.)En la especie, el suscrito estima que la primera irregularidad en la demanda que nos ocupa es en cuanto al requisito establecido en las fracciones I, II y III del numeral 114, en relación con el diverso 108, fracción I, como se verá a continuación: Surge de lo estipulado en la fracción I del numeral 108 de la legislación indicada dispone: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;." El requisito en comento adquiere importancia y relevancia para la tramitación legal del juicio de amparo, además de ser necesario para saber quién es el gobernado que está promoviendo y con qué calidad jurídica lo hace. Este requisito de la demanda tiene estrecha relación con el numeral 6° de la legislación en consulta, que establece: Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Del análisis conjunto de los aludidos imperativos, se obtiene que la personalidad constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, el cual si está plenamente satisfecho el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio y en caso contrario prevenir a quien ocurra a nombre de otro a presentar la demanda de amparo, lo que obedece al imperativo 17 constitucional, así como a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal. Respecto a la personalidad en el juicio de amparo, nuestro Máximo Tribunal Constitucional ha establecido que: Al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir a la parte quejosa, en términos del artículo 114 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no presentada. Dicho proceder independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior no es una cuestión que únicamente incumba al peticionario y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que, por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda en términos de lo dispuesto en el artículo 108, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto, efectivamente cuenta con dicha facultad, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 110 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso. Se considera que este requisito no se encuentra satisfecho por el promovente de la demanda, pues si bien refiere comparecer por derecho propio, en el capítulo de antecedentes de la demanda, expone: "Que en el mes de marzo de dos mil diecinueve, encontrándose rentado el inmueble ubicado en calle *********** en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, del cual aduce era propietario su padre el señor **************, quien falleció el día cinco de enero de dos mil seis, calidad que acredita con copia del acta de defunción correspondiente, sin presentar algún documento oficial que acredite si el finado era dueño del bien inmueble antes descrito, o si él es representante de sucesión de derechos del bien o adjudicatario, o de carácter que legitima para pedir amparo, o sea la calidad que refleje un agravio personal y directo. Es decir, en ese contexto no se puede acreditar que efectivamente el que ahora promueve, acuda a esta instancia a defender los intereses del bien inmueble, con independencia de que él así lo afirme. Circunstancias que tornan obscura la demanda, por lo que es indispensable que precise el carácter con el que promueve el presente juicio de amparo, ya que dicho requisito debe estar debidamente acreditado. Una vez aclarado lo anterior, en el caso de acudir a esta instancia, deberá acreditar con documento idóneo, si él es representante de sucesión de derechos del bien o adjudicatario, o de carácter que legitima para pedir amparo, o sea la calidad que refleje un agravio personal y directo con ese carácter. B) la segunda irregularidad a fracción V del artículo 108 de la legislación en consulta dispone: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En el caso concreto, del análisis integral de la demanda de amparo, no se advierte que la parte quejosa al narrar los hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, así como los fundamentos de los conceptos de violación, lo haga bajo protesta de decir verdad, tal como lo impone el citado normativo. En ese sentido, al ser un requisito que debe satisfacerse en el escrito de demanda a fin de que el juzgador se encuentre en posibilidad de proveer sobre su admisión, es necesario prevenir a la parte quejosa para que subsane tal omisión. Asimismo, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado expuso: 1.- - Que en el mes de marzo del 2019, encontrándose rentado el inmueble de referencia del cual era propietario mi padre el señor ***************** quien falleció el día 05 de enero del 2006, tal como lo acredito con copia del acta de defunción correspondiente llego la autoridad ministerial a revisar un camión que se encontraba en el interior del inmueble y resulto que transportaba baterías robadas según me comentaron los vecinos del lugar y dejaron un letreo en la puerta con un numero de carpeta de investigación supuestamente, misma que no he podido ubicar a pesar de que me acerque al ministerio público y a la PGR para obtener información de la misma autoridad y ésta le ha sido negada o simplemente me dan evasivas.." De lo anterior se advierte que, si bien el solicitante del amparo en su afán de cumplir con el aludido requisito, en el capítulo correspondiente a los antecedentes del acto reclamado, narró algunos de ellos, es omiso en señalar la fecha en que tuvo conocimiento de él y cómo se enteró de la existencia; sin que se considere bastante lo anotado en el sentido de que le comentaron vecinos del lugar, en tanto que su afirmación resulta vaga e imprecisa. Lo anterior es necesario para que el suscrito tenga la certeza de la data en la cual tuvo pleno y cabal conocimiento del acto reclamado, pues tal referencia es determinante para poder substanciar el sumario, ya que sin conocerse ese punto no será posible establecer la oportunidad de la solicitud de la tutela constitucional. Razón por la cual, se hace necesario requerir a la parte quejosa para que, bajo protesta de decir verdad, precise la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado y como se enteró; además, si ha tenido intervención en la carpeta de investigación 11792/2019. Lo anterior, de conformidad con el contenido del artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y." De la transcripción del artículo anterior, se patentiza la penalización por afirmar hechos falsos u omitir los relacionados con el acto reclamado, con el propósito de obtener una ventaja procesal. De ahí que, de acuerdo con el contenido de tal precepto, el hoy quejoso se encuentre ceñido a manifestar "bajo protesta de decir verdad" la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado atribuido a las responsables, pues resulta relevante para conocer la verdad legal. C) La tercera irregularidad, se advierte en cuanto al requisito establecido en la fracciones I y II del artículo 114, en relación con lo estipulado en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, como se verá a continuación: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "III. La autoridad o autoridades responsables." Del precepto transcrito se desprende la obligación que tiene la parte quejosa de señalar en su libelo constitucional a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales y evitar, si es que tienen facultades para ejecutarlos, los lleven adelante argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; razón por la que es imprescindible que ante un acto concreto y específico se determine con claridad la autoridad que lo emite. En el caso concreto, el promovente señaló en la demanda de amparo como autoridades responsables entre otras las siguientes: El ministerio público y PGR" Lo anterior se precisa toda vez que en los antecedentes narró: (.) Que en el mes de marzo del 2019, encontrándose rentado el inmueble de referencia del cual era propietario mi padre el señor *************** quien falleció el día 05 de enero del 2006, tal como lo acredito con copia del acta de defunción correspondiente llego la autoridad ministerial a revisar un camión que se encontraba en el interior del inmueble y resulto que transportaba baterías robadas según me comentaron los vecinos del lugar y dejaron un letreo en la puerta con un numero de carpeta de investigación supuestamente, misma que no he podido ubicar a pesar de que me acerque al ministerio público y a la PGR para obtener información de la misma autoridad y ésta le ha sido negada o simplemente me dan evasivas." De lo anterior se advierte que el solicitante del amparo manifiesta que se acercó al ministerio público y a la PGR para obtener información de la misma autoridad y ésta le ha sido negada; lo relativo a las autoridades responsables, únicamente señala al Ministerio Público de esta ciudad, del cual reclama el aseguramiento del inmueble ubicado en la calle Plan de Hospicio, sin número, en la colonia Ciudadela en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, al parecer derivado de la carpeta de investigación 11792/2019, lo cual torna obscuro el libelo constitucional, al no existir certeza en cuanto a cuál de las autoridades antes señaladas le atribuye el acto reclamado esto es, el aseguramiento del bien. Si se toma en cuenta que en esta ciudad es sede de la Fiscalía Región "C" del Estado y, además, hay agencia del Ministerio Público Federal. De ahí la necesidad de que precise con claridad la autoridad o autoridades que señala como responsables y precise el acto que a cada cual le atribuye porque, como se dijo, de lo contrario las responsables no estarían en aptitud de hacer defensa del acto que se les endilga. En ese sentido, al ser uno de los requisitos que deben satisfacerse en el escrito de demanda a fin de que el juzgador se encuentre en posibilidad de proveer sobre su admisión, es necesario prevenirla para que subsane tales omisiones. D) La cuarta irregularidad, en la especie, es en cuanto al requisito establecido en la fracción V del invocado numeral 114, en relación con el artículo 110, de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. El artículo 110 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio." Del precepto transcrito se desprende, en lo que interesa, que al promoverse la demanda de amparo deberán exhibirse con ésta las copias suficientes para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio, y que tampoco se tratara de un caso de excepción para exhibirlas. El requisito aludido no constituye formalismo sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tiene como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de amparo y, además, proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa, correspondiendo al peticionario del amparo la carga de exhibir las copias de su escrito de demanda, suficientes para correr traslado a cada una de las partes y para formar por duplicado el incidente de suspensión, en el caso de solicitarse la medida cautelar y no tuviere que concederse de oficio. En el caso concreto, la parte quejosa únicamente anexó a su demanda de amparo DOS COPIAS de la misma, la cual es insuficiente para darle trámite a la vía constitucional que intenta, dado que se necesita cuatro tanto más para que sean distribuidos de la siguiente manera: Autoridades responsables DOS COPIAS. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, UNA COPIA Apertura del incidente de suspensión, DOS COPIAS Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracciones I, II y V, en relación con el 114, fracción I, II, III y V, ambos de la ley de la materia, prevéngase a la promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con las copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes: 1. Acredite con documento fehaciente si es representante de sucesión de derechos del bien o adjudicatario, o de carácter que lo legitima para pedir amparo, o sea, la calidad que refleje un agravio personal y directo. 2. Manifieste BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, la totalidad de los hechos y abstenciones que le consten; así como, la fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado, si tuvo intervención en la carpeta de investigación número ************, y como se enteró del acto que tilda de inconstitucional. 3. Precise cuál es la autoridad responsable o autoridades responsables a la que le atribuye el acto reclamado consistente en el aseguramiento del inmueble ubicado en la calle Plan de Hospicio, sin número en la colonia Ciudadela en esta ciudad de Celaya, y por tanto, la desea llamar a juicio, esto es, a la FGR. 4. Exhiba cinco copias de su demanda de amparo para estar en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la parte quejosa es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detecten en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y autorizando en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****************, en virtud de que no cuenta con cédula profesional, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,1 dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. Se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
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