Noé Adán Pool Vicinaiz
Expediente 1701/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 93 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1701/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 93
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Noé Adán Pool Vicinaiz
- Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán
- Noé Adán Pool Vicinaiz y Otros.
- Mirian Lizet Reyes Andueza. .
Actuaciones
Las 4 más recientes de 93.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por ********************, autorizado en términos amplios de la parte quejosa en el presente asunto; mediante el cual interpone recurso de revisión contra de la sentencia dictada el once de octubre de dos mil veintitrés. En consecuencia, se tiene al ocursante interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio. Con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se agrega a estos autos una copia del escrito de agravios de cuenta y distribúyanse las demás entre las partes. Acontecido lo anterior, en términos del artículo 89 de la Ley de la Materia, dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al que se encuentre integrado debidamente, remítase el presente expediente, con el original y copia del escrito de expresión de agravios, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, para que la citada Superioridad acuerde lo que legalmente proceda. Asimismo, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, se pone a su disposición el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, del juicio de amparo 1701/2019-V. En el entendido, que con fundamento en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y el numeral 39 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ha hecho disponible el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, mediante la opción vincular con otro órgano, restando que la superioridad, realice la vinculación correspondiente; es decir, no se remiten las copias certificadas conducentes del presente juicio de amparo. Notifíquese y personalmente a los terceros interesados y a la Agente del Ministerio Público de Federación adscrita a este juzgado mediante correo electrónico. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la licenciada Georgina Pacheco Hernández, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 1701/2019-V promovido por ******************** contra el acto que reclama de la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. En demanda de amparo presentada el once de noviembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclamó del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede en esta ciudad y otras autoridades, que hizo consistir en: "Actos reclamados: 1.- Del Fondo de la Vivienda del ISSSTE, reclamo: Único.- Exigibilidad en forma unilateral e ilegal del cumplimiento de la obligación de un préstamo hipotecario, cuando ya ha operado la prescripción negativa, siendo que de forma ilegal, se le encuentra descontando vía nómina, desde la primera quincena del mes de octubre del año 2019 dos mil diecinueve, al suscrito de su salario determinada cantidad de dinero respecto al predio con número de lote 376 Manzana 643 de la calle 49-D del fraccionamiento Francisco de Montejo de esta ciudad de Mérida, Yucatán, el cual ya no se encuentra inscrito a mi nombre en el Registro Público de la Propiedad del Estado, pues mediante juicio ejecutivo mercantil me ha sido embargado y por anotación registral se quedó insubsistente por la entonces Juez Quinto de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado al ordenarse dicho embargo; siendo que desde que fui detenido en fecha 24 veinticuatro de mayo del año 2004 dos mil cuatro no había perdido mi empleo. 2.- Del Director del Registro Público de la Propiedad del Estado, reclamo: Único.- El hecho de dejar insubsistente el gravamen y la ampliación del mismo el dieciocho de abril del año dos mil seis, permitiendo ilegalmente el cambio de propietario del predio señalado líneas arriba, cuando al parecer fue omiso de hacer del conocimiento del entonces Juez Quinto Civil del Primer Departamento Judicial respecto al gravamen del predio que nos ocupa, para los fines a los que haya lugar; por lo que encarecidamente solicito a este Órgano jurisdiccional que pida informes al Director del Registro Civil respecto a: a) Si el Juez Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado le ordenó que deja (sic) insubsistente el gravamen y la ampliación del crédito; b) De ser así que se le pida copia de esa orden, sentencia o resolución en donde debe indicarse el motivo por el cual se ordena que queden insubsistentes el gravamen y la ampliación del mismo y c) Que se realice una anotación marginal respecto a dicho predio en cuanto a que se resuelve el cuaderno principal de este asunto, para que no puedan realizarse movimientos registrales respecto al predio que nos ocupa. 3.- Del Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, reclamo: Único.- Como Juez ante el cual se ventila presuntamente el expediente 856/2003 que según el licenciado Rubén Solís, Coordinador Oficial de Partes, proporciona por conducto de mis autorizados, que este expediente proviene del expediente 856/2003 del Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, por lo que incluso le he solicitado a dicho Juez Quinto que en caso de ser errónea la información proporcionada en forma verbal por dicho licenciado Rubén Solís, en consecuencia, en forma exhaustiva localice el expediente que he mencionado cuya parte actora lo fueron las licenciadas Gloria de Jesús Andueza Pech y/o Asunción del Rosario Canché Uicab como endosatarias en procuración de Mirian Lizet Reyes Andueza en contra del suscrito y del ciudadano Gabriel Fonseca Carenzo; esto lo comunico a usted C. Juez para que del informe de dicho juzgado primero civil, se me ponga a la vista para en su caso ampliar el acto reclamado y las autoridades responsables en su caso (sic), solicitándole deje a salvo mis derechos al respecto, ya que dicho procedimiento se concluyó y me fue embargado y rematado mi predio de referencia, encontrándose el suscrito detenido en el Centro de Readaptación Social del Estado bajo la causa penal 33/2004 que en su momento se instruyera en el Juzgado Octavo de Defensa Social del Estado, por lo que dicho Juez Quinto de lo Civil no observó las formalidades legales que debe llevarse en todo procedimiento, violando todos los numerales 14 y 16 Constitucional. 4.- Del Actuario que dictara la sentencia del expediente 856/2003 del Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, reclamo: la ilegal notificación de la sentencia u otro acto de ese expediente y, en consecuencia, no pude hacer uso en tiempo y forma de los medios ordinarios, siendo que es muy probable que se haya dictado la sentencia cuando me encontraba detenido". Segundo. Auto de separación de juicios y desechamiento. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, el que se radicó con el número de expediente 1612/2019, y previo cumplimiento al requerimiento efectuado, por auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, se decretó la separación de juicios ordenándose continuar el presente juicio de amparo, por los actos reclamados al Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial, Actuario adscrito a dicho Juzgado y al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todas con sede en esta ciudad, relacionadas con el juicio ejecutivo mercantil 856/2023. En virtud de lo anterior, por acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se formó el expediente 1701/2019, se desechó la demanda de amparo al estimar que se actualizó la causa de improcedencia establecida en el artículo XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, al estimar que el quejoso como parte del juicio de origen, debió agotar el recurso que la ley le otorgaba. Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de queja contra el auto de desechamiento, por lo que se ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, y mediante resolución emitida el doce de febrero de dos mil veinte, en autos del toca 252/2019, se declaró fundado el citado recurso de queja, ordenándose admitir a trámite la demanda de amparo de que se trata. Tercero. En acatamiento a la ejecutoria del Tribunal de Alzada, por auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, mismos que en su oportunidad fueron puestos a la vista de las partes, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. Cabe señalar que oportunamente se emplazó a los terceros interesados y se admitieron las pruebas pertinentes, entre ellas la prueba pericial en materia documentoscopía y grafoscopía, la que se perfeccionó a través del perito designado, quien ratificó su correspondiente dictamen en autos. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se precisa que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: La falta de notificación y emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 856/2003, iniciado por el Juzgado Quinto Civil en el Estado, ahora Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, así como la sentencia emitida en el mismo y los actos de ejecución atribuidos al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, Actuario adscrito a dicho Juzgado y al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todas con sede en esta ciudad, en virtud de que al rendir su correspondiente informe justificado aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman, lo que se corrobora de las copias certificadas remitidas por la primera de aquellas, las que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que se tienen por ciertos. Cuarto. Estudio oficioso de la causal de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito, estudia en primer término si en el caso se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, a criterio de quien esto resuelve, respecto al acto reclamado antes destacado, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; ." (Lo subrayado es propio). También, es necesario señalar el contenido de los artículos 17 y 18 de la Ley de la Materia, que disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del contenido de esas disposiciones legales, se evidencia que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señala el artículo 17 del cuerpo de leyes en cita; por su parte, el numeral 18 de la Ley de Amparo, precisa que el término para la interposición de la demanda se contará, entre otro caso, a partir del día siguiente al en que se ostenta sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De lo anterior, se advierte que el término para promover el juicio de amparo, es de quince días, teniendo como base tres oportunidades, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, en el particular, el quejoso comparece al presente juicio de amparo como tercero extraño, entendiéndose como tal, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto la parte que no fue emplazada o que fue llamada incorrectamente. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con el registro 196932, del rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Precisado lo anterior, como ya se dijo, la parte quejosa reclama de las responsables la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 856/2003, así como los actos de ejecución efectuados; sin embargo, en el caso se estima que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño a juicio. En efecto, para mejor comprensión de la postura que se sustenta, se estima necesario conocer los antecedentes de los actos reclamados, sólo en lo necesario para el presente estudio, los cuales se desprenden de las copias certificadas del juicio de origen, y son los siguientes: 1. Por acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil tres, se admitió la demanda en la vía ejecutiva mercantil, promovida por Mirian Lizet Reyes Andueza, en contra de Noé Adán Pool Vicinaiz y otro, por lo que se ordenó su emplazamiento. 2. El diecinueve de septiembre de dos mil tres, se llevó a cabo el emplazamiento del aquí quejoso, en términos del acta levantada al efecto, misma que se llevó a cabo con una persona que dijo llamarse Roberto Peralta García, en la que se señaló como para su embargo, el predio número trescientos setenta y seis, de la calle cuarenta y nueve "D" fraccionamiento Francisco de Montejo, de esta ciudad. 3. Por auto de catorce de octubre de dos mil tres, a petición de la parte actora en el juicio de origen, se tuvo por perdido el derecho del demandado, aquí quejoso para contestar la demanda instaurada en su contra y se declaró su rebeldía. 4. El diecisiete de agosto de dos mil cuatro, se dictó la sentencia en el juicio de origen en la que se declaró que la parte actora probó su acción y se condenó a la demandada a pagar la cantidad de veinticinco mil pesos moneda nacional, así como los intereses moratorios al tipo pactado, a partir de la fecha de vencimiento del pagare, hasta que se hiciere pago de lo sentenciado. 5. Por proveído de veintitrés de septiembre de dos mil cuatro, se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito y posteriormente, mediante acuerdo de quince de octubre de ese mismo año, se fijó a la parte demandada el término de tres días para que diera cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de origen. 6. Siguiendo con el trámite del juicio en la etapa de ejecución, mediante acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil cinco, se tuvo por recibido el escrito del demandado, aquí quejoso ******************** en el que manifestó lo siguiente: ".NOÉ ADÁN POOL VICINAIZ, mexicano por nacimiento e hijo de padres de la misma nacionalidad y origen, casado, empleado, de cuarenta y dos años de edad, con domicilio para escuchar notificaciones en el predio conocido como Centro de Readaptación Social del Estado (CERESO) ya que en la actualidad me encuentro privado de mi libertad por cuestiones ajenas a mi voluntad, ante Usted con el debido respeto que se merece, comparezco y expongo: Vengo por medio de presente escrito, dentro del término legal concedido, a darme por enterado de los sendos peritajes efectuados por el Perito nombrado por su señoría en rebeldía dentro del remate, quien lo es el C. Eduardo de Jesús Gómez Rodríguez que representó a la parte demandada y el C. Héctor E Peraza, perito nombrado también por Usted pero en discordia, siendo ambos peritajes por la cantidad de $129,000.00 ciento veintinueve mil pesos sin centavos moneda nacional, valor que le dieron los peritos al predio de mi propiedad marcado con el número 376 Fraccionamiento Francisco de Montejo Etapa II en esta ciudad de Mérida, Yucatán, inscritos a folio 39 treinta y nueve del Libro 223-P doscientos veintitrés letra P, volumen IV cuatro, del libro Primero de urbanas del Registro Público de la Propiedad del Estado. Todo lo anterior efectuado y ordenado bajo el Juicio Ejecutivo Mercantil número 856/2003 y promovido por los C.C. Licenciados Gloria de Jesús Andueza Pech y/o Asunción del Rosario Canché Uicab, como endosatarios en procuración de la ciudadana Mirian Lizet Reyes Andueza, en contra del suscrito y Gabriel Fonseca Carenzo, en cobro por un documento llamado pagaré por la cantidad de $25,000.00 veinticinco mil pesos moneda nacional sin centavos, intereses moratorios al tipo pactado, más gastos y costas del procedimiento. Lo que a bien manifiesto que no me opongo a lo manifestado por dichos informes llamados peritajes, toda vez que el Valor Catastral asciende a una cantidad en costo del inmueble similar al de los peritos, aun de que se pudo elevar un poco más la plusvalía del inmueble, tomando en cuenta de que alcanzo un excedente de dinero por el remate del mi inmueble, lo cual reclamaré en el momento procesal oportuno. ." El citado escrito fue presentado ante la Juez responsable el doce de enero de dos mil cinco. Ahora bien, como ya se precisó, el término para promover el juicio de amparo, es de quince días, en caso contrario, el juicio de amparo interpuesto fuera de ese término será considerado extemporáneo y, por ende, el acto reclamado se entenderá consentido tácitamente, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. En ese sentido, de las constancias remitidas por la Juez responsable que han quedado previamente valoradas, se advierte que el quejoso no tiene la calidad de tercero extraño al juicio de origen como pretende hacerlo valer, ello en virtud de que compareció al mismo, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y manifestó su conformidad con los dictámenes emitidos en el mismo, de tal manera que a partir de esa fecha (doce de enero de dos mil cinco), la parte quejosa tuvo conocimiento del estado de autos del juicio de origen y, desde entonces, estuvo en aptitud de combatir ese acto en juicio constitucional. Bajo esa óptica, debe señalarse que el término de quince días a que se contrae el numeral 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, para acudir a la presente instancia, empezó a transcurrir del catorce de enero de dos mil cinco y feneció el tres de febrero del mismo año, sin contar los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de enero de dos mil cinco que fueron sábados y domingos, sin que el impetrante hubiese promovido su demanda dentro de dicho término, pues su escrito que dio origen a este juicio se presentó hasta el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, según se observa del sello recibido de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán. En ese orden de ideas, es evidente que el promovente consintió tácitamente el referido acto reclamado destacado que pretende combatir a través de esta vía constitucional. Apoya a lo anterior, por similitud de razón, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1931, Tomo XXXI, enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Lo que se sostiene con lo expuesto por la parte quejosa en su escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en el que promovió diversos medios de prueba y respecto a los informes justificados que le fueron puestos a la vista precisó lo siguiente: ".Por los informes justificados de las otras autoridades responsables . "siendo que sí recuerdo que me recabaron una firma respecto al avalúo y es en este acto bajo protesta de decir verdad que me enteré que pretendían rematar mi entonces predio que ya está a nombre de otra persona como se deduce en los movimientos que informó el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado en su informe justificado y además fue en ese momento de que me estaba enterando de un procedimiento civil pero nunca vi un me enteré de que se me demandaba, pues no se me entregó copia de mi demanda." En consecuencia, es evidente que respecto al acto destacado el juicio de amparo resulta extemporáneo y, por ende, la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado destacado que pretende combatir a través de esta vía constitucional, lo que hace improcedente el presente juicio de amparo en esa parte. Tiene aplicación al caso, por similitud de razón, la tesis visible en la página 202 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, enero de 1994, materia común, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Así como la diversa tesis de jurisprudencia, consultable en la página 235, Tomo XI-junio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, procede sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Quinto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la ley. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 76 al 78 y 217 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******************** contra los actos y autoridades precisadas en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, hasta el día de hoy, once de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitió las labores de este órgano jurisdiccional, ante la secretaria, Georgina Pacheco Hernández, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el dictamen pericial grafoscópico, realizado por el perito Sergio Arturo Canto Ballote, el cual ya obra agregado al expediente electrónico y que fue ratificado el veinticuatro de julio del año en curso por el citado perito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días, con el dictamen en comento, para que en su caso, manifiesten lo que a su interés legal convenga. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las diez horas con cincuenta minutos del dos de octubre de dos mil veintitrés, a efecto de que las autoridades estén en aptitud de manifestar lo que a su interés legal convenga. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la licenciada Georgina Pacheco Hernández, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que inmediatamente antecede y toda vez que la diligencia de ratificación del dictamen pericial ordenada en autos a cargo del perito Sergio Arturo Canto Ballote, está señalada para las once horas con treinta y cinco minutos del veintiséis de julio de dos mil veintitrés; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las once horas con cuarenta minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la licenciada Georgina Pacheco Hernández, secretaria que autoriza y da fe.
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