Noberto López Ponce

Expediente 931/2008 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
931/2008
Año
2008
Actuaciones
21
Última actuación
11/04/2016

Partes del expediente

  • Noberto López Ponce
  • Lvi Legislatura del Estado de México . .

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; once de abril de dos mil dieciséis. Se agrega a los autos la razón actuarial que antecede de la que se advierte la imposibilidad de la actuaria judicial de notificar personalmente a los terceros perjudicados Marco Antonio Morales Gómez y Jesús Castillo Sandoval, el auto de seis de marzo de dos mil dieciséis, por las razones que expone. En atención a lo anterior, se ordena notificar por lista a los terceros perjudicados el referido auto por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; seis de abril de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2º, intégrese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, por medio del cual el Secretario de Asuntos Parlamentarios de la H. "LIX" Legislatura del Estado de México, en atención al requerimiento realizado en autos, hace del conocimiento la forma en que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite diversas constancias. En atención a lo anterior, a efecto de que este juzgado esté en condiciones de proveer lo relativo al cumplimiento dado, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para que en el término de tres días, computados legalmente, manifiesten lo que a su derecho convenga sobre el cumplimiento dado al fallo protector, apercibidas que de no hacerlo en el término antes señalado, este Juzgado se pronunciará sobre él conforme a las constancias que obren agregadas en autos. Notifíquese; y personalmente a las partes según corresponda Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; uno de abril de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Norberto López Ponce, mediante el cual realiza diversas manifestaciones y entre otras cosas pide se le notifique al Titular del Poder Ejecutivo y Tribunal Estatal Electoral, en términos del artículo 192 de la ley de amparo y se les notifique la ejecutoria de amparo en caso de no haberse hecho antes; asimismo, pide se le hagan efectivo las medidas de apremio a la Legislatura Estatal. En atención dígase que en proveído de quince de marzo pasado, se requirió a la Legislatura Estatal, por lo que una vez que fenezca el plazo de tres días que le concedió se proveerá lo que en derecho proceda. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa, se advierte que la autoridad responsable Diputación Permanente de la H. "LIX" Legislatura del Estado de México, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo y considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público, respecto del cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI de la Constitución General de la República, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, toda vez que lo ordenado en éste es cosa juzgada y no admite oposición alguna. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo SE REQUIERE a la autoridad señalada en línea que anteceden, para que en el término de TRES DÍAS, acrediten ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con el apercibimiento que de no hacerlo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 192, párrafo segundo y 258 de la Ley de Amparo, se impondrá multa de cien días de salario mínimo general vigente, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, con independencia de remitir el juicio que se trata al Tribunal Colegiado en Materia del Penal del Segundo Circuito, en turno, para la continuación del procedimiento de inejecución de la sentencia. Es aplicable, la jurisprudencia visible en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Con independencia de lo anterior, se informa a la citada autoridad que de constituirse en actitud omisiva, también puede hacerse acreedora a las sanciones previstas en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, así como que en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en el precepto invocado y en armonía con el Acuerdo General 5/2013, de trace de mayo de dos mil trece, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, esto es, para que la Suprema Corte de Justicia determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y la consigne al Juez de Distrito que corresponda, por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 193 de la ley de la materia.

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