Noaben Artzi Mata Figueroa
Expediente 1419/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1419/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Noaben Artzi Mata Figueroa
Actuaciones
- Principal
MESA III A "... Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que en la especie, en proveído de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 7-10), se tuvo por desechada la demanda de garantías promovida por NOABEN ARTZI MATA FIGUEROA, el cual se les notificó el tres de enero de dos mil dieciocho (foja 12); como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo..."
- Principal
MESA III-A "... Vista la demanda de amparo promovida por NOABEN ARTZI MATA FIGUEROA, contra actos del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cosolapa, Oaxaca, y otra autoridad; presentada el veintidós de diciembre del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, y en este juzgado el veintiséis de diciembre del año en curso. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 1419/2017, que le corresponde. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. La parte quejosa reclama de la ordenadora: "La pasividad y omisión de vigilar el debido cumplimiento del oficio 1042/2017 de fecha diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, dentro del expediente familiar 170/2017 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, Oaxaca". De la ejecutora Comisionado de la Policía Estatal, residente en Santa María Coyotepec, Oaxaca, reclama: "La omisión para cumplir con lo que se ordena en el oficio No. 1042/2107 de fecha viernes 17 de noviembre del 2017, girado por el Juez del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Cosolapa, Oaxaca; mandamiento que se origina en el Expediente Familiar número 170/2017, del índice del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, Oaxaca. En atención a que hasta esta fecha dicha autoridad no ha dado cabal cumplimiento al mandamiento que se le ordenó en el citado oficio". Previo a determinar la procedencia o no del juicio, cabe puntualizar, que si bien es cierto de conformidad con el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, lo cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario; mas cierto es, cuando la solicitud se presenta dentro de un procedimiento jurisdiccional sujeto al cumplimiento de formalidades adjetivas o sustantivas legalmente previstas, no es aplicable la tutela de dicha garantía, pues su naturaleza se rige por los principios de justicia completa, pronta e imparcial a que alude el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece los lineamientos de la actividad de los tribunales obligados a administrar justicia en los plazos y términos que fijan las leyes; cuestión que la diferencia de la petición formulada fuera de juicio. Por tanto, tratándose de un procedimiento jurisdiccional, como acontece en la especie, la autoridad debe circunscribir su actuación a los términos y plazos que establecen las leyes que lo regulan. Sirven de apoyo a lo conducente las consideraciones anteriores y tesis siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y DERECHO DE PETICIÓN. SU REGULACIÓN EN LOS ARTÍCULOS 8o. Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. La garantía consagrada en el artículo 8o. constitucional se refiere, de manera general, al derecho que tienen los gobernados de recibir una respuesta de cualquier autoridad, a una petición que formulen por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Por su parte, el segundo párrafo del artículo 17 constitucional establece específicamente la garantía de acceso a la impartición de justicia, según la cual, los particulares deben observar los requisitos, formas y procedimientos que establezcan las leyes, para de esa manera obtener un pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional, que resuelva sobre las pretensiones planteadas. Lo anterior lleva a concluir que el derecho a recibir una respuesta de la autoridad judicial, tiene una regulación especial desde el punto de vista constitucional, que se distingue de la regulación general relacionada con el derecho a obtener una respuesta de cualquier autoridad. Por ello, cuando un particular promueve ante una instancia jurisdiccional alguna acción, procedimiento o medio de defensa y no encuentra respuesta, la garantía que pudiera encontrarse en riesgo de ser vulnerada, es la relacionada con el derecho de acceso a la justicia regulada, especialmente, en el artículo 17 constitucional y no la diversa garantía general consagrada en el diverso artículo 8o." (Es aplicable la tesis XXII.2o.10 K, publicada en la página 1343 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de dos mil nueve, materia común, registro de IUS 166252, Novena Época). En el caso, la justiciable se duele de la pasividad y omisión de vigilar el debido cumplimiento del oficio 1042/2017 de fecha diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, dentro del expediente familiar 170/2017 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito Judicial de Cosolapa, Oaxaca. Sin embargo, contra ese acto, el artículo 697 fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, prevé expresamente el recurso queja, el cual debe agotarse previamente al juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Ahora, el principio de definitividad a que alude dicho precepto, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, previstas en una ley formal y material, que puedan modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que le ocasiona afectación. Sirve de ilustración, la tesis siguiente: "ACCIÓN PENAL. CONTRA LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE RESOLVER SOBRE SU EJERCICIO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 28, PÁRRAFO ÚLTIMO Y 29 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. En términos del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban revisarse de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan modificarse, revocarse o nulificarse, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos, mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal, sin que exista obligación de agotarlo si el acto reclamado carece de fundamentación. Ahora bien, de los artículos 28, párrafo último y 29 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo, se advierte que contra la abstención del Ministerio Público de resolver sobre el ejercicio de la acción penal en una averiguación previa, procede el recurso de queja ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad federativa; de ahí que al preverse ese medio de defensa en una ley formal y material, cuyo efecto sería modificar, revocar o nulificar dicho acto de autoridad, se impone al quejoso agotar dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo para cumplir con el principio de definitividad. Lo anterior, aunado a que no se actualiza el supuesto de excepción contenido en el párrafo último de la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, pues la abstención de la autoridad no constituye un acto que carezca de fundamentación por ser un acto negativo; además, porque la observancia del citado presupuesto de procedencia exige la exclusión de interpretaciones arbitrarias ambiguas, pues de lo contrario se generaría una amplia gama de excepciones ajenas a las establecidas legalmente y contrarias a la excepcionalidad del medio extraordinario de defensa que representa, sumado a que la referida Sala al conocer del recurso de queja no actúa como órgano de control de la constitución local, sino como órgano de carácter administrativo-jurisdiccional." (Jurisprudencia 1a./J. 62/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 526/2012, visible en la página 326 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Décima Época, Registro: 2004140). En esas condiciones y tomando en cuenta que la quejosa es parte en el expediente familiar de donde emana la denegación de justicia reclamada, como tal, tiene a su alcance el recurso de queja que hacer valer; aunado a que no se encuentra en los casos de excepción que prevé el propio numeral 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, para quedar de relevado de esa obligación, pues los actos reclamados no son de aquellos de atención privilegiada o de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; no se trata de aquellos que afecten la libertad personal, tampoco es tercero extraño, pues la parte quejosa, al ser parte del expediente familiar citado; finalmente, la procedencia de los medios de defensa citados no están sujetos a una interpretación adicional; por tanto, el quejoso está obligado a agotarlos, previamente, a solicitar la protección constitucional; de ahí que resulte improcedente el juicio de amparo. En esa tesitura, ante lo fundado de la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el diverso 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA, la demanda de garantías. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica; y por autorizadas para ese efecto, a las personas que menciona. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS AL QUEJOSO, PREVIO AVISO. CONSTE.)
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