Nioskar Pupo Arencibia
Expediente 644/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 644/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Nioskar Pupo Arencibia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Recepción de piezas postales. Glósense a los autos las piezas postales devueltas por el Administrador de Correos de esta ciudad, relativas a los oficios 2986/2021-III, 2987/2021-III y 2988/2021-III, dirigidos a las autoridades responsables (i) Dirección General de Gestión de Servicios de Salud de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Ciudad de México, (ii) Dirección de Administración de Planes de la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Ciudad de México y (iii) Departamento de Calidad de la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, con las anotaciones "REHUSADO POR OFICIALIA", "NO EXISTE AREA QUE CITA". Efectivo apercibimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de treinta de marzo del año en curso, y se tienen por hechas las notificaciones contenidas en los oficios mencionados en la data en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de mayo de dos mil veintidós. Se agrega oficio. Visto el oficio de cuenta, a través del cual la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, transcribe el proveído dictado por su Titular el diecisiete de mayo del año en curso, en el juicio de amparo 380/2022-VI-6, a través del cual aceptó la competencia planteada por lo que se avocó al conocimiento del asunto. Remisión de constancias. Archivo. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio al Juzgado de Distrito referido.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Razón: En trece de mayo de dos mil veintidós, el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario del Juzgado, da cuenta a la Juez, con la(s) promoción(es) registrada(s) con el(los) número(s) de correspondencia interna 8374. Conste.San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de mayo de dos mil veintidós. Se agrega escrito. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Samuel Medina Rodríguez, en su carácter de Presidente de la Unión de Peritaje en Valuación, Dictaminación y Medio Ambiente de San Luis Potosí, Asociación Civil, parte quejosa, por medio del cual desahoga la vista otorgada mediante proveído de veintiocho de abril del año en curso. Estado de autos. En ese tenor, visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se procede a estudiar si se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo. Antecedentes. A efecto de iniciar el estudio propuesto, debe tenerse presente que: 1. El dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el presente juicio, en la que por una parte se sobreseyó y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Director General de Gobernación, Secretario del Registro Estatal de Peritos y el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el ámbito de sus competencias: "Admitan a trámite la petición de la quejosa Unión de Peritaje en Valuación, Dictaminación y Medio Ambiente de San Luis Potosí, Asociación Civil y en su oportunidad, con libertad de jurisdicción, resuelvan lo que en derecho corresponda. En la inteligencia que con la sola admisión de la solicitud se tendrá por cumplida la ejecutoria.". 2. La determinación anterior causó ejecutoria en proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós, en el que se requirió a las responsables para que informaran el cumplimiento a dicha ejecutoria. Informes sobre el cumplimiento. 3. Mediante oficios recibidos en este juzgado el veintinueve de marzo pasado, el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí y el Director General de Gobernación y Secretario de la Comisión del Registro Estatal de Peritos, rindieron informes respecto al cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Valoración probatoria. 4. Documentales a las cuales se concede valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2 y que son suficientes para demostrar: - La admisión a trámite de la petición de la quejosa, contenida en escritos de cinco de agosto de dos mil veinte y veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Análisis de las consideraciones vertidas en la ejecutoria. Primer concepto de violación. En el considerando octavo de la sentencia emitida en el presente asunto se desprende que, al atender el primer concepto de violación de la parte quejosa, se dijo que se transgredían en su perjuicio los derechos contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Carta Magna, pues en el oficio que emitía la Dirección Jurídica Contenciosa de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, señalaba que no era posible atender la petición de la quejosa, en virtud de que no era atribución del titular de dicha secretaría como tal, ni como presidente de la Comisión del Registro Estatal de Peritos, otorgar de manera unilateral Vocalías dentro de la Comisión. La anterior respuesta de la autoridad, se consideró por parte de la quejosa como incongruente y carente de una adecuada fundamentación y motivación, al no guardar vinculación con la materia de la solicitud formulada y ser además contraria a lo consignado por las normas legales y reglamentarias aplicables. Atento a sus argumentos, este órgano de control constitucional declaró fundado dicho concepto de violación, precisándose que de las legislaciones aplicables, a saber, Ley de Peritos del Estado de San Luis Potosí, artículos 7 y 8; así como Reglamento de dicha ley, artículos 1º, 4º y 7º, no se advertía disposición expresa en el sentido de que no era atribución del Secretario General de Gobierno como tal, ni como presidente de la Comisión del Registro Estatal de Peritos, otorgar vocalías dentro de dicha Comisión, sino que, en lo que interesa disponen que para efectos de la administración del Registro, habrá una Comisión integrada por una persona que presida, que será el titular de la Secretaría General de Gobierno; que la Comisión tendrá entre sus atribuciones y obligaciones vigilar el estricto cumplimiento de la Ley. De ahí que, al carecer de una debida fundamentación y motivación el acto reclamado, lo que procedía era conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Conceptos de violación infundados y fundado. En la parte final de la foja diecinueve de la sentencia de amparo, se declararon por una parte infundados y por otra, fundado, los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. Lo anterior, pues por una parte resultó infundado que la autoridad careciera de competencia para emitir el oficio reclamado, por las razones expuestas en dicha parte considerativa, en tanto que, por otro lado, se dijo que los preceptos que la responsable invocó en el oficio reclamado (7 fracción IX y 8 fracciones I y II de la Ley de Peritos del Estado de San Luis Potosí y 4, fracción IX, 33, fracciones II y III y 35 fracción III, del Reglamento de la aludida ley), no se advertía que previeran que para dar trámite a un procedimiento de solicitud de vocalía, se requiriera el listado de los integrantes que conforman la asociación y que contenga las constancias de registro de peritos emitidos por la Comisión; por lo que el oficio resultó carente de fundamentación y motivación, al no configurarse las hipótesis normativas invocadas. Conclusiones del argumento planteado. Con base en lo expuesto, se concluyó que no existía fundamento alguno por el que, con un solo perito registrado fuera insuficiente para intervenir en una vocalía, máxime que, en su caso, ello sería materia de análisis al resolver el fondo de la petición, una vez sustanciado el procedimiento. De ahí que, en los efectos de la sentencia se dijo que: ".con la sola admisión de la solicitud se tendrá cumplida la ejecutoria.". Determinación sobre el cumplimiento. Ante tal situación, este juzgado considera que con el actuar del Director General de Gobernación y Secretario de la Comisión del Registro Estatal de Peritos, se obtiene el cumplimiento del fallo protector, pues la responsable acreditó con su informe fechado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, recibido el veintinueve siguiente en este juzgado, la admisión a trámite de la petición de la quejosa, dejando satisfechos los efectos precisados en la ejecutoria de garantías. Sin que obste a lo anterior, los requisitos solicitados a la quejosa por parte de la responsable, pues como se dijo en el apartado de conclusiones, ello será en su caso, materia de análisis al resolver el fondo de la petición, una vez sustanciado el procedimiento. Por lo que, es evidente que se restituyó a la parte disconforme en el goce de sus derechos infringidos, al haberse atendido los efectos de la sentencia de amparo; motivo por el que, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declararla cumplida. Resulta aplicable, la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Notifíquese personalmente; por lista, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y mediante oficios que se remitan a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PERITO ADRIANA ALEJANDRA DE BLAS RAMIREZ, LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de mayo de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta dignado por el Abogado General de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, mediante el cual informa la imposibilidad de dar cumplimiento al requerimiento formulado el veintisiete de abril del año en curso, por los motivos que menciona. Estado de autos, Visto el estado que guardan los autos se advierte que mediante escrito registrado con el número de correspondencia interna 6441, recibido en este juzgado el siete de abril el año en curso, la parte quejosa ofreció la prueba pericial en psicología, así mismo, mediante proveído de ocho de abril de dos mil veintidós, se tuvo por admitida la prueba pericial en materia de psicología. Ahora bien, de los autos se advierte que en el presente asunto se agotó la búsqueda de un perito en forma gratuita que pudiera fungir como perito oficial en materia de psicología, pues se requirió a la Fiscalía General de la República, en esta ciudad, Fiscalía General del Estado, y a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sin obtener un resultado favorable en los términos referidos. Ahora bien, el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se publicó el "ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración de la Lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación", que regula -entre otras cuestiones- lo relativo a la designación de peritos por parte de los órganos jurisdiccionales, el pago de sus honorarios, así como las obligaciones de dichos expertos en caso de aceptar el cargo. Estableciendo también en su capítulo III, que cuando un órgano jurisdiccional no obtenga respuesta favorable de instituciones públicas, educativas y colegios de profesionistas, para la designación de un perito en forma gratuita, deberá elegir a alguno de los que están registrados en el Directorio de Peritos del Circuito en el que se sigue el juicio de amparo, y en caso de no existir dentro del mismo, deberá elegirse al más cercano. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 9, fracción II, del mencionado acuerdo, atendiendo a que en la "LISTA de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al año dos mil veintiuno, de conformidad con el artículo 81, fracción XXIX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el numeral 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación", vigente en el presente año, se propone a Adriana Alejandra de Blas Ramírez, experta en psicología, con residencia en el Noveno Circuito (Estado de San Luis Potosí) quien aparece en la referida lista para que funja como perito oficial en materia de psicología por parte de este órgano jurisdiccional. Por tanto, requiérase a la citada experta en psicología Adriana Alejandra de Blas Ramírez, en el domicilio que obra en un sobre por separado, entregado por el secretario adscrito a este órgano jurisdiccional (autorizado en términos del oficio CJF/SECNO/DGEJ/J/7487/2018, del índice de la Dirección General de Estadística Judicial), para que dentro del plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, contado a partir de que se le notifique este proveído, presente por escrito ante este órgano jurisdiccional su manifestación en el sentido de estar en aptitud de prestar el auxilio y su conformidad con el Arancel correspondiente a la materia de su dictamen pericial. Lo anterior a fin de informarlo a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería, para que ésta realice la previsión de los recursos en términos de la fracción V del artículo 9 del primer acuerdo referido. En tal virtud, se comisiona al actuario de la adscripción a realizar dicha notificación en el domicilio contenido en el sobre que se le entregara, haciendo de su conocimiento que el domicilio correspondiente a la perito referida, deberá ser resguardado con la secrecía debida en cumplimiento a lo dispuesto en el oficio CJF/SECNO/DGEJ/J/7487/2018, de seis de diciembre de dos mil dieciocho, del índice de la Dirección General de Estadística Judicial. Por otra parte, a fin de dar puntual cumplimiento a la garantía consagrada en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario adscrito esté en posibilidad de emplazar al citado experto. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a la perito Adriana Alejandra de Blas Ramírez.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.
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