Ninoshka Domínguez Marín
Expediente 860/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 860/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Ninoshka Domínguez Marín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; tres de agosto de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de quince de junio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella a toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. No se aperturó. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, la secretaria de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; catorce de julio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado actual de los autos, se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Requerimiento. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, dé cumplimiento al fallo protector, y en su caso, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO Y A LOS QUEJOSOS DE LOS ACUMULADOS: Estado de autos. Visto el estado de autos, se ordena notificar personalmente a los quejosos de los juicios de amparo 871/2022, 872/2022, 873/2022, 874/2022, 876/2022, 877/2022, 878/2022 y 879/2022 acumulados al 860/2022, el auto de quince de junio de dos mil veintidós, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente. 15 DE JUNIO DE 2022: Oficios. Se tienen por recibidos los oficios que remite el Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna, con sede en esta ciudad, mediante los cuales, no acepta los returnos planteados en los juicios de amparo 860/2022, 871/2022, 872/2022, 873/2022, 874/2022, 876/2022, 877/2022, 878/2022 y 879/2022, acúsese recibo. No se insiste en el returno planteado. Acumulación. Vistas las demandas de amparo, se advierte que se reclaman sustancialmente los mismos actos reclamados, esto es, los actos y omisiones tendentes a contratar a 500 médicos cubanos, por tanto, de oficio y de plano, se decreta la acumulación de los mismos al primero de los presentados, esto es, al 860/2022. Realícense las anotaciones correspondientes. Sirve en sustento a lo anterior, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J. 24/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 19, de rubro y texto: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De ello se sigue que el Juzgado de Distrito debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que a la postre resultan improcedentes. En la inteligencia que por manifiesta se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la tesis jurisprudencial: I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, en la página mil seiscientos treinta y uno, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Acorde con lo anterior, este juzgador federal emprenderá el estudio de la causal de improcedencia que de manera oficiosa advierte, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el dispositivo 5°, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Federal, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley."." Debe precisarse que el interés jurídico a que aluden los preceptos transcritos, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto violatorio de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o convencional que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. En este orden de ideas, de acuerdo con el sistema consagrado en el artículo 107 constitucional y en el invocado artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto jurisdiccional o la norma general que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, configurando el interés jurídico que la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio constitucional. Esto es así, dado que el juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al demandante del amparo, es decir, cuando alguna autoridad jurisdiccional emite un acto que el gobernado estime violatorio de tales derechos y, lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así, se tiene que para acudir al juicio de amparo es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales. Cabe señalar que no basta que exista el acto de autoridad para que prospere el juicio constitucional, sino que es necesario que el accionante de amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. En este sentido, debe destacarse que entre otros requisitos de procedencia del juicio de amparo, el texto del artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentado en esa parte en el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto reclamado exista, sino que es necesario para efectos de procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales que transgreda en perjuicio del quejoso un derecho subjetivo que le otorgue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún instrumento internacional. Lo anterior es así, ya que en la tesis XIV/2011, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación sostuvo que la interpretación del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación, y que sólo ha cambiado el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja fáctica" o "material". Tal criterio jurídico es de la literalidad siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO "OBJETIVO" CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un amplio abanico de pronunciamientos históricos sobre el concepto de "interés jurídico" para efectos de la procedencia del juicio de amparo, muchos de los cuales provienen de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, pero con posterioridad el tema ha sido abordado por la jurisprudencia del Alto Tribunal. Contra lo que podría pensarse, el entendimiento del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo que se entiende que está detrás de los conceptos jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material"." En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio constitucional y no otra persona. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nació, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Por otra parte, a través de la reforma del artículo 107 constitucional contenida en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, y el cual también se adoptó en la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el citado medio de comunicación oficial el dos de abril de dos mil trece, introdujo la institución jurídica del el interés legítimo, pues la redacción actual de dicho precepto constitucional establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;.". Sobre el particular, debe precisarse que el interés legítimo se refiere a aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 38/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por lo anterior, el legislador ordinario estableció que el interés legítimo no puede ser planteado tratándose de actos que emanen de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, esto es, respecto de actos jurisdiccionales, pues como en estos casos, debe aducirse ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa tal como se desprende del transcrito artículo 5º, fracción I, párrafo cuarto, de la ley de la materia, por lo que el interés legítimo, se encuentra acotado a los actos administrativos. Naturalmente, este cambio cualitativo abre el abanico de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues han quedado proscritas exigencias tales como la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho objetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico, o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. No obstante, la reforma constitucional señalada no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona por cualquier motivo que se le ocurra acuda al juicio de amparo. Dicho en otras palabras, el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o, si se quiere, mantuvo la prohibición de que tan sólo con este tipo de interés pueda acudirse al juicio de amparo. En efecto, el interés legítimo puede definirse como aquel interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés, deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Por su parte, el interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. Así, para demostrar el interés legítimo colectivo -derechos difusos-, para impugnar actos de autoridad, deberá acreditarse que: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. En tanto que, para demostrar interés legítimo individual para impugnar actos de autoridad, deberán cumplirse los supuestos siguientes: 1) Que se aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) Alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución o los tratados internacionales; 3) Demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Las consideraciones vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia 51/2019 (10a.), y la tesis XVIII/2013 (10a.), ambas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcriben a continuación: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." Con base en lo expuesto, para corroborar la improcedencia del juicio de amparo debe ponderarse el interés legítimo individual, estos, que: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución o los tratados internacionales; y, 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En síntesis, el interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, pues implica que se ha ampliado el abanico de posibilidades para acudir al juicio de amparo debido a que han quedado proscritas exigencias tales como la acreditación -a cargo del quejoso- de la existencia de un derecho objetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. No obstante, la reforma constitucional señalada no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona por cualquier motivo que se le ocurra acuda al juicio de amparo. Dicho en otras palabras, el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o, si se quiere, mantuvo la prohibición de que tan solo con ese tipo de interés pueda acudirse al juicio de amparo. Entonces, el interés legítimo es de naturaleza cualificada, lo que implica que la acción de amparo no le está autorizada a la persona que tenga algún interés simple o meramente económico, sino que deben concurrir una serie de situaciones, a saber: I. Que la situación jurídica esté garantizada por el derecho objetivo, aunque ello no dé lugar a un derecho subjetivo; en otras palabras, que el interesado tenga una situación jurídica propia y distinta a los demás gobernados. II. Que esa situación jurídica se vea afectada por el acto de autoridad. III. Que la potencial anulación del acto de autoridad produzca un beneficio a la esfera jurídica del gobernado. Consecuentemente, la procedencia de la acción de amparo continúa siendo limitada, pues de acuerdo con las premisas que se han señalado, la inclusión del interés legítimo como presupuesto de procedencia del juicio relativo, no implica que cualquier persona pueda accionar este medio de control constitucional, pues no basta el simple interés económico, ni aún el interés general de legalidad de los actos de la administración pública, sino que es necesario que se satisfagan los supuestos que demuestren la existencia de interés jurídico o legítimo y, fundamentalmente, que dichos intereses se vean afectados por el acto de autoridad, sin que baste la sola existencia del acto autoritario para que prospere el juicio de amparo. De lo anterior se sigue que para considerar que la demandante del amparo cuenta con interés legítimo, debe demostrarse que se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo. En el caso concreto, de la lectura integral de las demandas de amparo se desprende que la parte quejosa aduce tener interés legítimo para promover este juicio de amparo, en contra de actos ejecutados en contra de la sociedad e intereses colectivos en general en especial del sector salud de todo México, en perjuicio directo de todos los médicos en general a quien refriere se le dejó en estado de indefensión. La parte demandante reclama de las autoridades administrativas que señala como responsables esencialmente la autorización por parte del Ejecutivo Federal a fin de contratar a personal extranjero del sector de salud para desempeñar sus funciones en instalaciones hospitalarias en nuestro país, la asignación de una partida de presupuesto para el pago por el traslado, pago de salario, ejecución y cumplimiento del convenio de cooperación relativo. Luego, en el presente asunto no se actualizan las hipótesis aducidas para tener por acreditado el interés legítimo, esto porque, en primer lugar, es claro que la situación jurídica de la parte demandante no es distinta a la del resto de los gobernados, pues aun cuando demostrara ejercer alguna profesión relacionada con la salud o prestar sus servicios en el sector público, los actos que se reclaman (la contratación de médicos extranjeros y sus consecuencias) no incidirían en su esfera jurídica, esto es, de ninguna forma podrían crear, modificar o extinguir los derechos de la parte que aquí se dice agraviada, en la medida en que la contratación de que se trata no limitaría sus derechos fundamentales, dado que existen diferentes sectores públicos o áreas de la salud en que se puede ejercer la mencionada actividad profesional. Es así, pues en ningún momento se podría afirmar que por el hecho de contratar gente extranjera los mexicanos quedarían excluidos de prestar sus servicios en el sector público o de toda convocatoria para acceder a trabajar en el área de la salud que depende del gobierno federal. En otras palabras, lo que se pretende evidenciar, es que la contratación de médicos cubanos no coarta ni coartará el derecho de los profesionistas de la salud a ejercer su profesión, ya sea de manera particular o como miembro del sistema público. Además, el último de los puntos tampoco se encuentra justificado, ya que la eventual concesión del amparo y la consecuente anulación de los actos de autoridad reclamados no produciría ningún un beneficio en la esfera jurídica de la parte quejosa. Situación que se torna patente y manifiesta, al considerar para ello que la parte quejosa emplea expresiones en su escrito de demanda que evidencian que no acude a instar la demanda de amparo por su situación diferenciada en relación con el resto de la sociedad, sino que, por el contrario, al referir algunos de los quejosos que: ".al DESCRIMINARLOS A TODOS LOS MÉDICOS Y MÉDICOS ESPECIALISTAS Y DEMÁS PERSONAL MÉDICO MEXICANO EGRESADO DE INSTITUCIONES Y UNIVERSIDADES MEXICANAS CON RECONOCIMIENTO OFICIALES DE TODA LA VIDA DESDE SU CREACIÓN, DISCRIMINACIÓN Y DESCONOCIMIENTO Y PREFERENCIAS DE MÉDICOS Y DEMÁS PERSONAL DE SALUD EXTRANJERO PARA CONTRATARLOS por parte del PRESIDENTE DE MÉXICO ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR, y PARTE DE CADA UNA DE LAS AUTORIDADES."; además refieren: ".Se violan en perjuicio de los intereses de la sociedad en general e a(sic) intereses colectivos de toda la ciudadanía Mexicana, en especial del sector salud" todo lo cual denota con claridad para este juzgador, que la pretensión de la parte quejosa no está encaminada a aducir la titularidad de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo que se vea afectado; tampoco, la afectación de la esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; sino que alegan una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por la población en general. Luego, es notorio, indudable y manifiesto que la parte demandante carece de interés legítimo para reclamar los actos de que se trata, por lo cual es improcedente el juicio de amparo indirecto al actualizarse el motivo de inejercitabilidad previsto en el artículo 61, fracción XII de la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Inclusive debe destacarse que la contratación que se pretende impugnar y sus consecuencias jurídicas, son actos en los que el Gobierno de México participa en su carácter de empleador, esto es, no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sobre los cuales igualmente es improcedente el juicio constitucional de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, aplicado en sentido contrario, ambos de la ley de la materia. Por ello, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal, así como el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1078, de registro digital 2014433, de título y contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Exhorto. Ahora bien, del escrito de demanda (860/2022) se advierte que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle de Mariano Azuela No. 8, A-1, de la Colonia Santa María de la Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06050, en la Ciudad de México. En tales condiciones y, al encontrarse fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo; y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, gírese vía electrónica, con los insertos necesarios al Juez de Distrito en Materia Administrativa en turno, con sede en la Ciudad de México; a efecto de que notifique el presente proveído a la parte quejosa, en el domicilio señalado en párrafo que antecede, debiéndole correr traslado con copia del presente auto. Además deberá requerirle para que, en el momento de la diligencia o bien, en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, o en la ciudades de Gómez Palacio y Lerdo, Durango, debido a que son esas las tres ciudades que constituyen el área metropolitana de La Laguna; bajo el apercibimiento que de no hacer lo último indicado, dentro del término concedido para tal efecto, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le hará por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal; lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que se otorga plenitud de jurisdicción al Juez exhortado para llevar a cabo las diligencias ordenadas, facultándolo para que se practiquen las diligencias necesarias para ello, así como acordar todas las promociones que se presenten tendentes a lograr su cumplimiento, incluyendo habilitar días y horas inhábiles, así como practicar el emplazamiento en cualquier otro domicilio, en que tenga conocimiento que corresponda al tercero interesado, distinto al señalado en el presente auto. Habilitación de días y horas inhábiles. Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos de lo dispuesto por el artículo 27, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, once de julio de dos mil veintidós. Exhorto diligenciado. Visto el oficio signado por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Acuerdo. Por tanto, téngase por devuelto debidamente diligenciado el exhorto 129/2022, del índice de este juzgado. Acuse de recibo. Resulta innecesario acusar de recibo del presente exhorto, dado que fue recibida a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual genera el acuse de recibo respectivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno. Notifíquese.
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