Ninfa Villaseñor García

Expediente 949/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
949/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
26/11/2018

Partes del expediente

  • Ninfa Villaseñor García
  • Director y/o Representante Legal de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Acuitzio-Villa Madero, Michoacán.

Actuaciones

  1. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Informe previo. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe previo de la autoridad responsable, el cual deberá relacionarse en la audiencia incidental. Notifíquese. Así lo acordó y firma Josué Romero Mena, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Pedimento Agréguese a los autos el pedimento de cuenta, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; en atención a su contenido, téngasele formulando alegatos, sin perjuicio de su relación en la audiencia respectiva. Respecto a la solicitud formulada por el fiscal de la adscripción, en el sentido de que se le expida copia de la resolución que se dicte en este expediente, una vez que se pronuncie la misma, expídasele copia simple. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 949/2018. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. SE ADMITE LA DEMANDA. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 112, 115 y relativos de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se admite la demanda promovida por la quejosa Ninfa Villaseñor García, contra actos del Director y/o Representante Legal de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Acuitzio-Villa, Madero Michoacán. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Acorde con lo establecido por los artículos 5, fracción IV, 24 y 110 de la Ley de la Materia, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde, y déjese a su disposición copia de la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En términos de lo establecido por el artículo 115 del cuerpo de leyes en cita, se ordena la apertura del incidente de suspensión de los actos reclamados, por duplicado y separado. INFORME JUSTIFICADO. Requiérase a la autoridad señalada como responsable para que, en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo rinda su informe con justificación bajo los siguientes términos y condiciones: a) dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa; b) es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de audiencia constitucional; c) oportunidad en la que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo; De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, se apercibe a las autoridades responsables con la aplicación de multa por el equivalente de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación: I) En caso de ser omisas en proporcionar el domicilio de los terceros interesados; II) En el supuesto de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y III) Se abstengan o seas omisas en rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del asunto con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que si del contenido de sus informes se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad; o, en su caso remitiere constancias equivocadas, podrán ser sancionadas en los términos que señala el indicado artículo. Hágase del conocimiento de las partes que cuando tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato y, de ser posible, acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, cuyo valor fue publicado el veintiocho de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 242 de la Ley de Amparo. AUTORIDADES INEXISTENTES. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley en cita); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se les tendrán por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, lugar la audiencia constitucional en el local de este juzgado, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de la Materia. NO GIRAR COMUNICACIÓN DE NUEVO SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Sin que sea necesario girar oficio a las autoridades responsables a fin de notificar el señalamiento de nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, pues dicha determinación carece de trascendencia y por tanto, no amerita la notificación personal a la que equivale una comunicación mediante oficio de ahí que, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la hora y fecha que nuevamente se señale para ese efecto, la podrán consultar en la página de internet http.//www.dgepj.cjf.gob.mx//internet/acuerdo/acuerdini.asp Es aplicable la jurisprudencia 2a./J, 176/2012 emitida por emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1253, libro XVI, tomo 2, enero de dos mil trece, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." TERCERO INTERESADO. En ese orden, en términos de los normativos 5°, fracción III, inciso c), 26, fracción I, inciso b) y 116 de la Ley de Amparo, se reserva proveer respecto al llamamiento a juicio del tercero interesado que pudiera surgir en el presente juicio de amparo, hasta en tanto se reciba el informe justificado. PRUEBAS. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte las documentales que anexa a su escrito de demanda, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas, sin perjuicio relacionarlas en la audiencia constitucional y tenerlas por recibidas en ese acto. Respecto de la testimonial que propone, por el momento se reserva proveer al respecto hasta en tanto se reciba el informe justificado solicitado a la autoridad responsable. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para oír notificaciones el que señala en su escrito de demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Tiburcio Maldonado Medina y Damian Hernández Camacho, ya que acreditan tener la facultad para ejercer la profesión de abogados al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mientras que los demás profesionistas únicamente para recibir notificaciones. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. Para el adecuado despacho de los asuntos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 de la citada Ley de Amparo. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. TRÁMITE DEL INCIDENTE. En cumplimiento a lo ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo 949/2018, promovido por Ninfa Villaseñor García, contra actos del Director y/o Representante Legal de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Acuitzio-Villa, Madero, Michoacán. INFORME PREVIO. En acatamiento a lo establecido por los diversos 138, fracción III y 140 de la Ley de la Materia, remítase copia de la demanda a la autoridad responsable y requiérasele su informe previo que deberá rendir en el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, en el que señalará: 1. Si son ciertos o no los actos reclamados que se le atribuyen. 2. Podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión; y 3. Deberá proporcionar los datos que permitan establecer el monto de las garantías correspondientes. En relación a esta última exigencia, de manera enunciativa y no limitativa, en concordancia con lo previsto en el artículo 143 del ordenamiento legal en cita, deberá expresar: a) La naturaleza de la controversia génesis del acto reclamado; b) Las acciones ejercitadas y el estado procesal en que se encuentra el acto reclamado; c) En caso de que las prestaciones sean cuantificables en dinero, indicará el monto de las mismas; d) En el supuesto de que exista una condena en cantidad cierta, líquida y exigible, manifestará si la resolución respectiva ya quedó firme así como el monto y fecha de su emisión; y e) De versar el asunto sobre la adjudicación, remate o entrega material de inmuebles, indicará el monto en que los bienes fueron rematados y/o el valor que pericialmente se les haya determinado en juicio. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 245 y 260, fracción I, de la Ley de la Materia, se apercibe a la autoridad responsable, con la aplicación de multa por el equivalente de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación: I) En caso de que se niegue a recibir las notificaciones derivadas del juicio de amparo; o II) Se abstenga o sea omisa en rendir el informe previo o lo haga sin remitir, en su caso, los datos solicitados en supralíneas. Esta última sanción se aplicará al celebrar la audiencia incidental con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a la autoridad señalada como responsable que si del contenido de su informe se advierte que afirmare una falsedad o negare la verdad; o, en su caso remitieren constancias equivocadas, podrá ser sancionada en los términos que señala el indicado arábigo. AUDIENCIA INCIDENTAL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga lugar la audiencia incidental. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa señala textualmente como actos reclamados: "La falta de respuesta a la solicitud de fecha de recibo diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, mediante la que se solicita la expedición de las guías correspondientes para llevar a cabo el corte de la fruta (aguacate), en las parcelas 87 Z-2P1-1 la cual es amparada por el certificado parcelario número 000000344999/0002, así como la parcela número 88 Z-2P1-1 la cual es amparada con el certificado parcelario, número 000000344998/0002". PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN. A efecto de proveer lo conducente en este apartado, es menester precisar que conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: I) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; II) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; III) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, IV) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: La petición de parte; La existencia del acto reclamado. La naturaleza del acto reclamado. La afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal. Orienta a lo anterior, la tesis emitida por el Tercero Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, XXVII.3°.J/2., de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal." Establecido lo anterior, es inconcuso que en la especie, no se encuentra colmado el requisito de procedencia señalado en el punto número tres, por las razones que a continuación se expondrán. El primer requisito se encuentra colmado, en virtud de que en el escrito inicial de demanda, la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados, y por ende, existe la petición de parte agraviada. De igual manera, el segundo de los extremos se actualiza en el particular, dado que al tratarse de la suspensión provisional, se presume la existencia del acto con base en las manifestaciones que la parte quejosa formula bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo. Luego, en relación a que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, como se adelantó, no se encuentra colmado. En ese orden, se niega a la quejosa Ninfa Villaseñor García, la suspensión provisional que solicita, respecto del acto reclamado consistentes en: La falta de respuesta a la solicitud de fecha de recibo diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, mediante la que se solicita la expedición de las guías correspondientes para llevar a cabo el corte de la fruta (aguacate), en las parcelas 87 Z-2P1-1 la cual es amparada por el certificado parcelario número 000000344999/0002, así como la parcela número 88 Z-2P1-1 la cual es amparada con el certificado parcelario, número 000000344998/0002. Toda vez que, el mismo reviste el carácter de omisivo, el cual carece de ejecución, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión. En ese sentido, resulta improcedente conceder la medida suspensiva, pues de hacerlo, equivaldría a darle efectos restitutivos de derechos, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie. Tiene aplicación la jurisprudencia visible en la página 312, Tomo XI, Junio de 1993, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSION, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida." PRUEBAS. En términos del artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que anexa a su escrito de demanda; las que se tienen por admitidas y desahogadas dada su naturaleza, sin perjuicio de recibirlas en la audiencia incidental. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

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