Ninfa Rubio González
Expediente 319/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 319/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ninfa Rubio González
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, mediante el cual adjunta las constancias del exhorto 226/2018-III, número de orden 414/2018, del índice de este Juzgado Federal, debidamente diligenciado, mismo que se envió para el efecto de notificar el auto de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho dictado en este sumario constitucional a la quejosa Ninfa Rubio González y requerirle señalara domicilio en esta ciudad; sin que sea necesario realizar el acuse respectivo puesto que el propio sistema de seguimiento de expedientes lo genera automáticamente; hágase las anotaciones en el libro correspondiente. Ahora, vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de donde se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la quejosa Ninfa Rubio González, para que señalara domicilio en esta ciudad a fin de recibir notificaciones de su parte, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento que contiene el proveído en cita y se ordena realizarle las notificaciones, aún la de carácter personal a través de lista que se fija en los estrados de este tribunal. Por otra parte, del estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por Ninfa Rubio González, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la capital, a través del cual remite la demanda de amparo promovida por Ninfa Rubio González, contra actos del Titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, con residencia en la capital y otras autoridades, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, en virtud de que el órgano jurisdiccional oficiante mediante auto de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, declaró que carece de competencia legal para conocer del asunto planteado y ordenó su remisión al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en turno, por lo que le correspondió conocer del mismo a este Juzgado Federal. Acúsese recibo vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En tal virtud, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente asunto. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 319/2018-III. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo y en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio Constitucional; además, que este motivo, como cita, sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia, pues, es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Cabe destacar que de no actualizarse esos requisitos, esto es, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener incertidumbre de su actualización, no debe ser desechada la demanda, sino que atendiendo a que por regla general debe estimarse procedente el juicio de amparo (se debe admitir), pues, de lo contrario se estaría privando a la parte promovente de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto o actos que estima le causan perjuicio; por tanto, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada, máxime que la admisión de la demanda, no impide al juzgador un pronunciamiento a este respecto con posterioridad De este modo, puede concluirse que si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio de amparo, éstas no deben considerarse idóneas para provocar el desechamiento de la demanda, a menos que su existencia sea incontrovertible, absoluta y categórica, aspectos que determinan la calidad de manifiesta y notoria; pues, de lo contrario, esto es, en caso de surgir alguna duda sobre la procedencia o no del juicio, lo correcto es admitir a trámite la demanda, brindando con ello a la parte quejosa la oportunidad de desestimar las causas de improcedencia relativas, y sólo en el caso de que no lo hiciere, entonces podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio. Afirmación que se corrobora con la tesis número 2. LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 186605, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Sentado lo anterior se tiene que, la promovente en su escrito de demanda de amparo señaló como actos reclamados en esencia: la reducción del ingreso de los ahorros, prestaciones laborales y demás, toda vez que aduce la promovente se le aplicó mediante engaño y/o error el cambio de fideicomiso sin causa que lo funde y motive, esto es, sin existir justificación y motivación que funde dicho acto. Sentado lo anterior, se considera que en la especie, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; Precepto del que se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos dada la existencia de una manifestación de voluntad que entrañe dicho consentimiento; entendiéndose por tal, aquellos contra los que no existe oposición o incluso, que se realice alguna manifestación del afectado que permita establecer de manera clara y concreta, que se está de acuerdo con el acto determinado. En efecto, dicha causal tiene su razón en la necesidad de dar seguridad jurídica al orden social, pues si existiendo un acto autoritario que afecta a un particular gobernado en su haber jurídico, y éste realiza alguna manifestación que permita establecer de manera clara y precisa su consentimiento, nace en su perjuicio una presunción legal en el sentido de que está conforme con el acto autoritario y éste adquiere firmeza jurídica y se torna inexigible. Así, para que exista ese consentimiento por una manifestación que así lo entrañe, respecto del acto reclamado para efectos del amparo, es menester que concurra alguna circunstancia que sí permita establecerlo, como en el caso acontece, puesto que como se desprende de los autos del juicio de amparo que ahora se resuelve, la aquí promovente expresó su conformidad con el acto que ahora se reclama, precisamente en la carta de aceptación de la nueva forma de pago de la jubilación complementaria del fondo de previsión social y retiro de la sección 26 del SNTE de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho (foja 16 del cuaderno de amparo en que se actúa). Se explica. En efecto, como se adelantó, los actos reclamados se hacen consistir en: la reducción del ingreso de los ahorros, prestaciones laborales y demás, toda vez que aduce la promovente se le aplicó mediante engaño y/o error el cambio de fideicomiso sin causa que lo funde y motive, esto es, sin existir justificación y motivación que funde dicho acto. Sin embargo, como se ha establecido, dichos actos han sido consentidos, dada la manifestación de la quejosa que entraña la voluntad de su aceptación. Se afirma lo anterior, puesto que, del análisis de la demanda en específico del punto tercero del capítulo de antecedentes bajo protesta de decir verdad afirma que firmó la carta de aceptación de la nueva forma de pago de la jubilación complementaria del fondo de previsión social y retiro de la sección 26 del SNTE de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho; manifestaciones vertidas por la propia promovente en su libelo Constitucional, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención a la jurisprudencia 2./J. 50/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 64, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR." En efecto, de la citada carta de aceptación, se advierte que la aquí promovente plasmo su voluntad a través de su firma en la que manifestó ".en uso de sus facultades aceptó las nuevas condiciones para el otorgamiento del pago mensual del beneficio denominado Jubilación Complementaria establecidas en el nuevo reglamento para la Administración, Operación y Otorgamiento de los Beneficios del Fondo de Previsión Social y Retiro de la Sección 26 del SNTE, que con base a su reglamentación en el artículo quinto de los transitorios se aplicará un ajuste para establecer un monto máximo no mayor a 3VSMV para quienes reciban el beneficio de la Jubilación complementaria, y por otro lado quien su beneficio sea menor a este parámetro el Comité Técnico aplicara el porcentaje determinado en el reglamento vigente."; de lo que se sigue que existe una manifestación de voluntad que entraño en consentimiento de aquélla carta de aceptación de la nueva forma de pago de la jubilación, esto es, lo que ahora constituye los actos reclamados en esta instancia Constitucional. Sin que se soslaye, que la referida promovente refiere en sus escrito de demanda que dicho documento lo firmó bajo engaños y/o amenazas, empero del documento de mérito no se advierte ningún tipo de coacción, o bien, que dicho documento estuviese firmado por la promovente bajo protesta de inconformidad; empero, queda expedito su derecho, si así lo desea y si considera que se han cometido hechos delictivos, para acudir ante la autoridad competente para hacer valer la denuncia correspondiente. Resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia número 2./J. 8/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 626, Libro 51, Febrero de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2016215, que a la letra dice: "CONSENTIMIENTO EXPRESO O POR MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD QUE LO ENTRAÑEN. NO SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL PATRÓN CONTRA UN LAUDO RESPECTO DEL CUAL PREVIAMENTE HUBIERA CUMPLIDO SÓLO ALGUNA O ALGUNAS DE LAS PRESTACIONES A QUE FUE CONDENADO. El artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo -equivalente al 73, fracción XI, de la abrogada-, establece que el juicio de amparo es improcedente "contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento", lo que se produce cuando, respecto del acto reclamado, el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, pero que sea indudable y completo, es decir, debe revelar de manera evidente que se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales que implican el acto de autoridad reclamado. Así, el hecho de que, ante un laudo que condene respecto de diversas prestaciones, el patrón cumpla sólo alguna o algunas de esas condenas -quedando pendientes de solucionar o solventar otras- no conlleva el consentimiento del laudo y, por ende, la improcedencia del juicio de amparo en su contra, pues el cumplimiento de una condena sólo se vincula con la decisión que al respecto y de manera destacada haya emitido la autoridad jurisdiccional del trabajo, pero no puede relacionarse con el resto de las prestaciones a que hubiere sido condenado, por lo que esa conducta no debe calificarse como una manifestación clara e inequívoca de que haya consentido el laudo, es decir, de que está conforme con la totalidad de los pronunciamientos en él contenidos, ya que, se insiste, quedan pendientes de solventar las condenas que no fueron objeto de cumplimiento." (Lo subrayado es nuestro). Del mismo modo, sobre el particular tiene aplicación, por identidad jurídica sustancial, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 14, que aparece publicada en la página 11, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que reza: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Finalmente, apoya lo aquí resuelto, la tesis jurisprudencial sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1798, Libro 19, Junio de 2015, Tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO POR CONSENTIMIENTO DEL LAUDO RECLAMADO. La manifestación de conformidad con el laudo reclamado por el quejoso en el juicio de amparo ante la autoridad responsable, consistente en la celebración de un convenio finiquito en el que se expresa la voluntad de dar cumplimiento al laudo, implica un consentimiento expreso con éste y, por tanto, debe sobreseerse en el juicio, al actualizarse la causal de improcedencia contemplada en los artículos 73, fracción XI, de la Ley de Amparo abrogada y 61, fracción XIII, de la vigente". En tal circunstancia, al actualizarse en la especie de manera notoria, la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar la demanda en estudio por su manifiesta e indudable improcedencia, en términos de lo dispuesto por el diverso numeral 113 de la propia ley. Sin que la presente determinación pueda estimarse como nugatoria del derecho de acceso a la justicia, pues, justamente, el cumplimiento de los presupuestos procesales y requisitos legales tiene por objeto no generar un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio, así como, preservar la subgarantías de prontitud, eficacia y expedites previstas en el segundo párrafo artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2./J. 98/2014 (10.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 909, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2007621, que a la letra dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Aunado a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Sirve de apoyo al caso la jurisprudencia número 1./J. 104/2013 (10.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, en la página 906 de la Décima Época, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1./J. 107/2012 (10.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Toda vez que la promovente señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de San Luis Potosí, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la capital, en turno, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que por su conducto y en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva comisionar al funcionario de su adscripción para que se constituya en el domicilio ubicado en calle de Naranjos, número 171, colonia Cuauhtémoc en la ciudad de San Luis Potosí, código postal 78270, a fin de que notifique el presente proveído a la promovente Ninfa Rubio González y en el mismo acto la requiera para que en el momento de la diligencia o dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. En el entendido que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, incluso aquellas de carácter personal, se le practicarán por lista que se fije en los estrados de este juzgado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III de la ley en cita. Del mismo modo, se concede al funcionario que sea designado, la facultad de investigación, a efecto de realizar todas aquellas gestiones tendentes a la localización del domicilio en cita. Sin que sea necesario que el juzgado exhortado realice el acuse respectivo puesto que el propio sistema de seguimiento de expedientes lo genera automáticamente; de igual forma, una vez que sea diligenciado se le solicita devolverlo a la brevedad posible a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos del artículo 110 del referido Acuerdo General Conjunto, en un solo tanto. Asimismo, se tiene como autorizados de la promovente en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona en su escrito de demanda, en virtud de que no cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por el Actuario adscrito a este juzgado, solo en caso de que no le sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Notifíquese y cúmplase.
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