Ninfa Estela Mendez González
Expediente 240/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 240/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 11/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Ninfa Estela Mendez González
- Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, once de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta; téngase por recibido el oficio 685/2021 que remite el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con asiento en esta Ciudad, quien da cumplimiento a la ejecutoria dictada por este Juzgado de Distrito. Dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación de este proveído, manifieste si se encuentra conforme con el cumplimiento que da la autoridad responsable de referencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, en el entendido que de no hacer manifestación alguna en el término indicado, este órgano de control constitucional se pronunciará respecto del citado cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en autos. Apoya lo anotado, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 728, Tomo X, Diciembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 192631), que a la letra dice: "INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A DAR VISTA CON ELLOS A LA PARTE QUEJOSA. El Juez de Distrito debe dar vista a la parte quejosa con los oficios por los que las autoridades responsables informen lo relativo al cumplimiento o incumplimiento de un ejecutoria de amparo, trámite que se considera necesario, a fin de que dicha parte manifieste lo que a su interés convenga, dado el derecho que le asiste para promover la ejecución de la sentencia de amparo, incluso para los efectos que contempla el artículo 105, último párrafo, de la ley de la materia." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
...se declara que la sentencia dictada en autos ha causado ejecutoria... se requiere el cumplimiento a las responsables...
- Principal
veintiuno de diciembre de dos mil veinte. S E N T E N C I A V I S T O los autos que integran el juicio de amparo 240/2020-3; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, turnado a este órgano de control constitucional en esa propia fecha, Ninfa Estela Méndez González, por propio derecho, promovió juicio de amparo contra acto del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 1 a 8). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiséis de febrero del presente año, se admitió la demanda con el número 240/2020-3; se pidió informe justificado a las autoridades responsables; se tramitó el incidente de suspensión solicitado; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha para la audiencia constitucional (fojas 27 a 29). Se emplazó al tercero interesado BANCO INVEX, S. A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero Fiduciario (foja 51); y la Representante Social de la Federación adscrita, presentó alegato ministerial (fojas 47 y 48). En acuerdo de veinticuatro de septiembre del año en curso, se ordenó la reanudación de este asunto, toda vez que los plazos se suspendieron, conforme a lo dispuesto por los Acuerdos Generales 4/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, entre otros, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 (foja 43). Integrado el expediente, la audiencia constitucional se desahogó el ocho de diciembre de dos mil veinte, en los términos del acta que antecede (foja 52); y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Reynosa, es competente para resolver este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que conforme a los preceptos legales invocados, al no ser este Juzgado de materia especializada, le corresponde conocer de todos los asuntos a que se refiere el Título Segundo, Capítulo I, de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado tuvo verificativo en la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En principio, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que en este asunto los actos reclamados son la orden de desalojo y desocupación que se pretende ejecutar en la casa habitación ubicada en calle Salud número 1727, manzana veintisiete, lote catorce, Prototipo A, del fraccionamiento Ampliación Integración Familiar, código postal 88735, en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sin que la quejosa haya sido emplazada ni notificada de alguna demanda en su contra. Apoya tal precisión, la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Los Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir el respectivo informe justificado negaron los actos reclamados (fojas 37 y 39), sin que la quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Consecuentemente, respecto a tales autoridades responsables, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio. Sobre ese punto, resulta aplicable, la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, al rendir el informe justificado acepta que se encuentra radicado el expediente 1105/2018, relativo al juicio especial hipotecario, promovido contra Iván García Castillo y Ninfa Estela Méndez González, por Amado Lince Campos, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas y otros de TERTIUS, Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, y ésta a su vez apoderada general para pelitos y cobranzas, actos de administración y otros de BANCO INVEX, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero Fiduciario, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso número F/1301, aduciendo que los demandados fueron emplazados, el quince de febrero de dos mil diecinueve se dictó sentencia de condena, que se declaró ejecutoriada, y previo requerimiento de cumplimiento voluntario de la misma, el procedimiento se encuentra en etapa de ejecución y en preparación de remate del bien dado en hipoteca, sin embargo, no se ha ordenado el desalojo del inmueble en perjuicio de la quejosa (foja 41). Al que adjuntó copia certificada de las constancias que integran el juicio natural (tres legajos de pruebas); documental pública que al ser expedida por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, párrafo segundo. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por otra parte, la Actuaria adscrita al Quinto Distrito Judicial en el Estado, residente en esta ciudad, al rendir el informe justificado manifestó adherirse a las manifestaciones del aludido juez responsable (foja 35). QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Las partes no las hicieron valer ni este órgano de control constitucional advierte alguna que deba analizarse de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y que amerite el sobreseimiento en el juicio. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. Del expediente natural se advierten las siguientes constancias: 1. Mediante acuerdo de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recepcionado el escrito presentado por Amado Lince Campos, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas y otros de TERTIUS, Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, y ésta a su vez apoderada general para pelitos y cobranzas (sic) de BANCO INVEX, S. A., Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo Financiero Fiduciario, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso número F/1301, en el que demandó juicio especial hipotecario contra Iván García Castillo y Ninfa Estela Méndez González, por lo que se admitió a trámite en la vía y forma propuestas, registrándose bajo el número 1105/2018, y se ordenó: la expedición de cédula hipotecaria; con la demanda, los documentos allegados a ésta y del citado proveído, se corriera traslado y emplazara a los demandados; y se procediera al avalúo de la finca hipotecada (legajos de pruebas 1, fojas 1 a 400, y 2, fojas 1 a 228). 2. La Actuaria adscrita al Quinto Distrito Judicial en el Estado, el catorce de enero de dos mil diecinueve, se constituyó en el domicilio ubicado en calle Salud número 1727, entre Tolerancia y Valores, del fraccionamiento Ampliación Integración Familiar, del plano oficial de esta ciudad, y dejó cita de espera al demandado Iván García Castillo en poder de quien dijo ser Ninfa Estela Méndez González (la otra demandada), misma que refirió ser esposa del primero y que ese es el domicilio donde actualmente viven ambos, pero que el requerido no se encontraba (legajo 2, fojas 231 y 232). 3. A través de diligencias de quince de enero de dos mil diecinueve, la Actuaria emplazó a los demandados Iván García Castillo (legajo 2, fojas 233 a 235) y Ninfa Estela Méndez González (legajo 2, fojas 236 a 238); atendidas ambas diligencias con ésta última y en poder de quien se dejaron las cédulas de notificación respectivas. 4. Por auto de cinco de febrero de dos mil diecinueve, se declaró en rebeldía a la parte demandada, por admitidos los hechos, se fijó la litis e innecesario abrir juicio a prueba (legajo 2, foja 240). 5. El quince de febrero siguiente, se dictó sentencia (legajo 2, fojas 241 a 251), que se declaró ejecutoriada en el proveído de veintisiete de los citados mes y año (legajo 2, tomo 257). 6. Por acuerdo de veintiuno de mayo posterior, se requirió el cumplimiento voluntario, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería a la ejecución forzosa (legajo de pruebas 2, foja 259). 7. Se tuvo por publicada la cédula hipotecaria (legajo de pruebas 2, fojas 270 a 272) e inscrita ante el Instituto Registral y Catastral del Estado (legajo 2, fojas 274 a 279). 8. Se reconoció la personalidad de Amado Lince Campos, como apoderado legal de PATRIMONIO, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado, actualmente denominado PATRIMONIO, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, quien a su vez comparece como apoderada legal de SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado, ésta en su carácter de acreedor diverso del referido juicio hipotecario (legajo 2, fojas 285 a 323). 9. Una vez presentados los correspondientes avalúos (legajo 2, fojas 327 a 337 y 344 a 353), en el proveído de veintisiete de enero de dos mil veinte, se ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda el bien inmueble hipotecado de que se trata, y se publicó el edicto pertinente (legajo 2, fojas 355 y 356). 10. El treinta de enero de dos mil veinte, se emitió resolución incidental, en el que se aprobó la liquidación de sentencia ilíquida en relación a diversas prestaciones, a cargo de los sentenciados (legajo 2, fojas 378 a 380). SÉPTIMO. Estudio de fondo. Se procede al examen de los conceptos de violación, que no se transcriben por no exigirlo así los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo. En ese aspecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Se sostiene, en síntesis, que se violentaron los derechos fundamentales de audiencia, legalidad, seguridad y certeza jurídica, consagrados en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, pues en esencia refiere no haber sido debidamente emplazada al juicio de origen. Ello, porque no fueron cumplidas las formalidades contenidas en los artículos 67, fracciones III y IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. Por razón de técnica, primero será abordado el estudio respecto del emplazamiento realizado a la quejosa en el juicio de origen, ya que de ser declarado inconstitucional produciría los efectos de dejar insubsistente todo lo actuado en dicho procedimiento a partir de tal diligencia. Tales conceptos de violación resultan fundados, suplidos en su deficiencia, ya que se actualiza la hipótesis jurídica prevista en la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo. En la inteligencia que tal decisión es procedente en la medida que la quejosa se duele del emplazamiento practicado en el juicio de origen, y se observan violaciones esenciales al procedimiento que la han dejado sin defensa, tal como lo dispone la jurisprudencia P./J. 149/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." También tiene aplicación, la jurisprudencia 247 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no, y si en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia." Además, el segundo párrafo del artículo 14 Constitucional, exige para la plena satisfacción de la garantía de audiencia previa al acto privativo, ". juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." Dichas formalidades son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación, y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: I. Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; II. Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; III. Oportunidad de alegar; y IV. Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Bajo esas condiciones, debe decirse que la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, constituye una formalidad esencial del procedimiento que de no respetarse impide u obstaculiza una adecuada defensa. Por el contrario, la ausencia o defectuoso emplazamiento al juicio representa la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, pues afecta la exigencia de que se dé la oportunidad al gobernado de alegar lo que a su derecho convenga, así como la de ofrecer y desahogar pruebas que estime pertinentes, lo que lógicamente implica colocarlo en un serio estado de indefensión. Por ende, la falta de apego a los mencionados formalismos trae como consecuencia su nulidad, de ahí que resulte indudable que las reglamentaciones que disponen las leyes procesales para la práctica del emplazamiento, tienen la finalidad de garantizar, hasta donde racionalmente sea posible, que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de sus consecuencias, pues sólo así tendrá realmente oportunidad de defenderse. Apoya ese aspecto, la jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Por tanto, el emplazamiento a juicio tiene como objeto que la persona a quien se le practique tenga conocimiento del procedimiento al que es llamado para preparar sus defensas ante el juzgado que conozca del asunto. Pues bien, el marco de referencia sobre las formalidades del emplazamiento en los juicios del orden civil como es el hipotecario, se encuentran previstas en el artículo 67, en relación con numeral 535, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, que en lo concerniente establecen: "ARTÍCULO 67.- Los emplazamientos deberán hacerse conforme a las siguientes reglas: I.- Si se tratare de persona física, directamente a ésta, a menos que carezca de capacidad procesal, pues en tal caso se hará a su representante legal. Sólo se autoriza el emplazamiento por medio de apoderado cuando éste radique dentro de la jurisdicción del tribunal y la persona emplazada viva fuera de ese lugar o se ignore su paradero, o si el apoderado vive fuera de la jurisdicción, pero dentro de la República y la persona por emplazarse en el extranjero no tiene domicilio conocido o se ignora su paradero. En este caso se requiere que el apoderado tenga poder general o especial bastante para contestar la demanda y para la defensa en juicio del emplazamiento, debiéndose observar lo dispuesto por el artículo 52. El apoderado sólo puede negarse a intervenir si demuestra que no aceptó o renunció a la representación; II.- (.) III.- El emplazamiento deberá hacerse en el domicilio que señale la parte que lo pide, y será precisamente el lugar en que habita la que deberá ser emplazada, si es persona física, y si jurídica, en el domicilio social, en sus oficinas o principal establecimiento de sus negocios, salvo que se trate de sucursales con representante facultado para comparecer en juicio, si se trata de negocios realizados por, o con intervención de ellas. El notificador deberá cerciorarse de que el señalamiento reúne estas circunstancias antes de hacerlo, pudiendo ser autorizado para notificarlo personalmente en el lugar donde habitualmente trabaje o en cualquier lugar en que se encuentre la persona física o representante emplazado dentro de la jurisdicción; pero en este caso, deberá entenderse directamente con la persona de que se trate, y el notificador hará constar específicamente, en la diligencia, los medios de que se valió para identificarla, comprobar su personalidad en caso de representación y demás particulares; IV.- El emplazamiento se entenderá directamente con el interesado si estuviere presente, entregándosele copia de la demanda y demás documentos y del auto o proveído que deba notificarse. Si la persona a quien se hace el emplazamiento no fuere encontrada en su domicilio se le dejará citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente. En caso de que no espere, se le hará notificación por cédula. La cédula en estos casos se entregará a los parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después de que el notificador se haya cerciorado de que allí tiene su domicilio la persona que debe ser citada, de todo lo cual asentará razón en la diligencia. Tratándose de arrendamiento o desahucio de vivienda o departamento, la cédula no podrá dejarse con personas que dependan del propietario. La cédula contendrá mención del juicio de que se trate y la inserción del auto o proveído que deba notificarse, y se entregará junto con las copias del traslado. La persona que la recoja deberá firmar por su recibo, y si se rehusare, se pondrá razón en la diligencia, debiendo expresarse el nombre de ella o la manifestación de que se negó a darlo. Sólo podrá hacerse el emplazamiento por cédula cuando se realice en el domicilio del emplazado y éste no esté presente; en los demás casos deberá hacerse personal y directamente; V.- (.) VI.- (.) VII.- (.) En todos los casos de emplazamiento, los jueces tendrán obligación de cerciorarse de oficio de que aquél se hizo de acuerdo con las reglas establecidas en este artículo, y de que la noticia del mismo pudo razonablemente llegar al interesado; tienen facultades para mandar reponer el irregularmente hecho, antes de que el juicio continúe sus trámites." "ARTÍCULO 535.- La ejecución del auto que admita la demanda en la vía hipotecaria, se llevará a cabo mediante la expedición inmediata de la cédula hipotecaria, y su envío a la oficina del Registro para su inscripción, y la diligencia de entrega y emplazamiento al demandado. En la diligencia se hará entrega de un ejemplar de la cédula hipotecaria al deudor y otro ejemplar al acreedor, intimándose al deudor en su caso para que exprese si acepta o no la responsabilidad de depositario. Si la diligencia no se entendiera directamente con el deudor, deberá, dentro de los tres días siguientes al traslado, manifestar si acepta o no la responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la acepta si no hace esta manifestación, y en este caso, el actor podrá pedir que se le entregue la tenencia material de la finca, o nombrar depositario bajo su responsabilidad. Hecha la entrega de la cédula hipotecaria al deudor, directamente o por conducto de la persona con quien se entiende la diligencia, se le correrá traslado de la demanda, emplazándolo para que dentro de diez días ocurra a contestarla y a oponer excepciones, si tuviere. Si la finca no se halla en el lugar del juicio, se librará exhorto al juez de la ubicación para que, por su conducto, se haga entrega y mande registrar la cédula hipotecaria, y en su caso, para que se corra traslado, emplace al deudor y se proceda en la forma que indica este artículo." De la transcripción que antecede se observa la forma y lugar en que debe realizarse el emplazamiento de manera personal al demandado en un juicio hipotecario, si es una persona física, en el domicilio señalado en la demanda, el cual será el lugar en donde vive la parte que deberá ser emplazada; encontrada la parte demandada, entregársele cédula en la que conste fecha y hora, así como la clase de procedimiento, nombre de las partes, juez o tribunal que manda practicar la diligencia; transcripción de la determinación que se manda notificar, nombre de la persona a quien se entrega, levantándose acta de la diligencia, a la que se agregará copia de la cédula en la que se procurará recabar la firma de aquel con quien se hubiera entendido la actuación. Para ello, el notificador debe requerir que se identifique a quien atienda la diligencia, asentando su resultado, así como los medios por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, las manifestaciones que haga la persona en cuanto a su relación laboral, parentesco, negocios, habitación o cualquier otra existente con el interesado. En la diligencia tiene que entregarse un ejemplar de la cédula hipotecaria al deudor, requiriéndola para que exprese sí acepta o no la responsabilidad de depositaria; enseguida, se le correrá traslado de la demanda, emplazándolo para que dentro de diez días ocurra a contestarla y oponer excepciones, si tuviere. En caso de no encontrarse el buscado, se deja la cédula a los parientes, empleados o domésticos o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, además se le entregará copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada más, en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido con su demanda. Formalidades que se incumplieron en el asunto que nos ocupa, pues de la actuación de quince de enero de dos mil diecinueve, se desprende que la funcionaria no describió cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda, con las que corrió traslado a la demandada, aquí quejosa, no obstante que el artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, en su fracción IV, primera parte, refiere, en lo que interesa, que el emplazamiento se entenderá directamente con el interesado si estuviere presente, entregándosele copia de la demanda y demás documentos y del auto o proveído que deba notificarse. Cierto, en la referida diligencia (legajo 2, fojas 238 frente y 238 vuelta), se asentó lo siguiente: De dicha actuación se desprende que fue entendida directamente con la demandada -aquí quejosa-, dado que se encontraba presente en el domicilio que señaló el actor, además, que habitaba cuando se efectuó el emplazamiento. Ello, en virtud que la notificadora responsable anotó los datos que la llevaron a cerciorarse que el domicilio señalado es el mismo en que habita la persona a emplazar, aunado a que ésta bajo protesta de decir verdad manifestó que era la buscada y el domicilio donde vive al momento de la diligencia, sin embargo, la fedataria fue omisa en describir en el acta respectiva, cuáles fueron los anexos que se le entregaron en la diligencia respectiva, lo que ocasiona la ilegalidad de dicho emplazamiento. Lo anterior se considera importante, porque la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar a la demandada cualquier información o que esté incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por el actor, sino que tal finalidad consiste en que la emplazada tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales el accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos, como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que estime necesarias para su defensa. Máxime que, en el caso, de las constancias del juicio natural que obran en los legajos de pruebas 1 y 2, fojas 1 a 226, se observa además de la demanda de origen, las escrituras públicas 107,568 y 38,648, que acreditan la personería del apoderado de la parte actora; el instrumento notarial 1620, que contiene los contratos de compraventa, de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, de constitución de garantía hipotecaria en primer y segundo lugar, y de cobertura, celebrados por los demandados; acta 53,593, relativa a la protocolización de acta de asamblea general extraordinaria de accionistas; contrato de fideicomiso irrevocable de administración, fuente de pago y garantía identificado con el número F/304557, así como sus anexos; contrato de cesión de derechos de crédito; contrato de fideicomiso irrevocable; contrato de fideicomiso irrevocable de administración identificado con el número 1301; notificación de cesión de derechos del crédito 140142; estado de cuenta certificado de éste crédito; listado de pagos de dicho crédito; y título y cédula profesional de la contador público Liliana García Ramos. Documentales, se reitera, que no describió la actuaria que practicó la diligencia. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del título, subtítulo y contenido: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado." Lo que obedece a que, como quedó anotado, el emplazamiento es la actuación más importante en cualquier procedimiento judicial. De ahí la gran trascendencia de que se cumplan estrictamente los requisitos de legalidad en cuanto a la forma de realizarlo, de tal suerte que ante cualquier vicio, ello lo invalida en forma total y amerita que sea reparado precisamente para que la parte demandada no quede en estado de indefensión. Es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 74/99 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL. El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía del artículo 14 constitucional; por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia, por consiguiente, en el caso de que se trate de varios demandados con un mismo domicilio y la diligencia se efectúa por separado con cada uno de ellos y se elaboran actas distintas o por separado, si en éstas se advierte que tal citación se practicó a la misma hora y el mismo día, es ilegal dado que se trata de un vicio en dicho emplazamiento considerándose como la violación procesal de mayor magnitud que transgrede la garantía de audiencia, independientemente de la fe pública de que goza el actuario, diligenciario o notificador que llevó a cabo dicha diligencia, ya que la fe pública del funcionario que la practicó no desvanece el vicio que contiene ese acto procedimental." (Énfasis añadido). Es cierto que el artículo 67, fracción IV, primera parte, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, establece que cuando el emplazamiento se entiende directamente con el interesado, se le entregará copia de la demanda, demás documentos exhibidos con ésta, y del auto o proveído que deba notificarse; enunciado normativo que no contiene la orden expresa de que la fedatario público encargada de practicar el emplazamiento, describa en el acta respectiva cuáles son esos anexos documentales con los que corrió traslado. Sin embargo, tal precepto no debe interpretarse sólo de manera literal o gramatical, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado consistentemente que los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, de debido proceso y de certeza jurídica. Por ello, cuando la actuario respectiva al practicar el emplazamiento, sólo asentó: ". con las copias de la demanda allegadas, y demás documentos, debidamente requisitadas le corro traslado y emplazo a Usted.", sin precisar cuáles son esas documentales, no permite a la demandada tener certeza respecto a que la información que obtiene de las copias con las que se le corrió traslado, es consistente con la que se desprende de los documentos que se adjuntaron a la demanda, menos aún si está completa. Habida cuenta que la diligencia de emplazamiento debe cumplir con todos aquellos requisitos y formalidades que permitan a la demandada conocer con fidelidad los términos, las pretensiones y los hechos en que se basa la demanda. Sin que pase inadvertido para el suscrito juzgador, que el emplazamiento tildado de inconstitucional se haya practicado el quince de enero de dos mil diecinueve, y que la jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.), en que se apoya esta, se hubiese publicado el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, pues no implica inobservancia a lo dispuesto en el artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, que contempla el principio de irretroactividad de la jurisprudencia, toda vez que no existe criterio jurisprudencial previo que interprete la misma hipótesis jurídica que la nueva jurisprudencia. Apoya tal precisión, la jurisprudencia 2a./J. 199/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo al citado principio, la jurisprudencia puede aplicarse a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a que cobre vigencia, siempre y cuando ello no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio de las personas, como acontece cuando: (I) al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; (II) antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emite una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico; y (III) la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables. De ahí que si el gobernado orientó su proceder jurídico o estrategia legal conforme a una jurisprudencia anterior, siguiendo los lineamientos expresamente establecidos en ésta -ya sea para acceder a una instancia jurisdiccional, para plantear y acreditar sus pretensiones, excepciones o defensas o, en general, para llevar a cabo alguna actuación jurídica-, no es dable que la sustitución o modificación de ese criterio jurisprudencial afecte situaciones legales definidas, pues ello conllevaría corromper la seguridad jurídica del justiciable, así como la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos, con lo cual, se transgrediría el principio de irretroactividad tutelado en el artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido se invoca, por las ideas que contiene, la jurisprudencia P./J. 2/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "JURISPRUDENCIA. NO SE ACTUALIZAN EFECTOS RETROACTIVOS RESPECTO DE LA TESIS 1a./J. 97/2013 (10a.) EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL NO EXISTIR UNA JURISPRUDENCIA PREVIA. Conforme al artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo que presupone la existencia de un criterio jurisprudencial previo que interprete la misma hipótesis jurídica que la nueva jurisprudencia, pues sólo en ese supuesto los órganos jurisdiccionales están obligados a resolver un caso conforme al criterio anterior; de ahí que ante la falta de jurisprudencia previa, el juzgador puede hacer uso de su autonomía interpretativa. Así, la aplicación en el juicio de la jurisprudencia 1a./J. 97/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.", al tenor de la cual el autorizado por las partes en un juicio mercantil no está facultado para promover el juicio de amparo directo a nombre de su autorizante, no tiene efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, ya que no existía una jurisprudencia previa que interpretara o definiera esa hipótesis específica, sino una práctica judicial reiterada por un determinado tribunal que, incluso, podría ser distinta a la que adoptara otro tribunal en casos similares. Además, el hecho de que se admita una demanda de amparo directo, promovida por el autorizado en términos del artículo 1069, tercer párrafo, del Código de Comercio, y este proveído no se haya impugnado, dando lugar a que ello no se resuelva en definitiva, genera que esta determinación siga sub júdice hasta que el órgano jurisdiccional de amparo dicte su sentencia, por lo que la aplicación del referido criterio jurisprudencial en ésta, no implica imprimirle efectos retroactivos, aun cuando este criterio se aplique a hechos pasados dentro de una secuela procesal, ya que no existe un criterio jurisprudencial previo que haya actualizado sus supuestos y que, por ende, lo obligue a resolver en determinado sentido, ni tampoco una determinación jurisdiccional previa dentro del proceso que no pueda ser revisada por resultarle vinculante." OCTAVO. Efectos del fallo protector. En congruencia con lo expuesto, debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que se deje sin efecto el emplazamiento reclamado y todo lo actuado con posterioridad, incluyendo la sentencia y actos de ejecución, así como reponer el procedimiento en el expediente 1105/2018, relativo al juicio especial hipotecario, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, a fin de que Ninfa Estela Méndez González sea llamada a juicio en estricto apego a los numerales 66 y 67 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, debiendo levantarse actas circunstanciadas, en las que se observe, en lo conducente, los requisitos contenidos en dichos numerales, en relación al emplazamiento, así como en el criterio plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.), invocada. No obstante, con objeto de evitar una cadena interminable de juicios de amparo, y que en su caso, este procedimiento de control constitucional sea utilizado con fines desleales, además de obtener la eficaz restitución en el goce de sus derechos fundamentales, los efectos de este fallo protector comprenden que tan pronto cause ejecutoria, dentro de los diez días siguientes, la demandada quejosa deberá apersonarse al procedimiento de origen, a fin de que pueda defenderse y hacer valer lo que a sus interés convenga. Protección constitucional que se hace extensiva respecto del acto reclamado a la autoridad responsable Actuaria adscrita al Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, al no haberse reclamado por vicios propios. NOVENO. Cabe destacar que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para la resolución de la presente sentencia, es aplicable la jurisprudencia integrada conforme a la legislación de la materia abrogada que no se contrapone a lo previsto en la ley vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 77, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 240/2020-3, promovido por Ninfa Estela Méndez González, respecto de los actos reclamados a los Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, residentes en esta ciudad, precisados en el considerando segundo, y por las razones anotadas en el diverso tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ninfa Estela Méndez González, contra los actos reclamados al Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado y Actuaria adscrita al Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, precisados en el considerando segundo, por los motivos descritos en el diverso séptimo y efectos indicados en el octavo del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hoy veintiuno de diciembre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del juzgado.
- Principal
...para conocimiento del tercero interesado...PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 240/2020-3, promovido por Ninfa Estela Méndez González, respecto de los actos reclamados a los Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, residentes en esta ciudad, precisados en el considerando segundo, y por las razones anotadas en el diverso tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ninfa Estela Méndez González, contra los actos reclamados al Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado y Actuaria adscrita al Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, precisados en el considerando segundo, por los motivos descritos en el diverso séptimo y efectos indicados en el octavo del presente fallo.
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