ninel herrerra conde

Expediente 558/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
558/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
29/10/2020

Partes del expediente

  • ninel herrerra conde

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintinueve de octubre de dos mil veinte. Vista; la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que ya feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja contra el proveído de diecinueve de octubre de dos mil veinte; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto en el que se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace constar que el presente expediente es susceptible de destrucción, por tanto una vez que transcurra el término de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Además este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Finalmente, en virtud de que obran agregados documentos exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del antepenúltimo párrafo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ponen a su disposición por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado y recoja el mismo, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos junto con el expediente. Para lo cual, de conformidad a lo establecido en el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, deberá generar una cita mediante el sistema "Agenda OJ", visible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En el entendido, que las notificaciones derivadas del presente acuerdo deberán practicarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, y privilegiando el uso de medios electrónicos, como lo establecen el párrafo segundo de la fracción I del artículo 11 del Acuerdo General 8/2020, y la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/20202 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a los esquemas de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, en funciones de Juez de Distrito, autorizado mediante oficio SEPLE./GEN./004/2741/2020, de veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el diverso SEPLE./GEM./006/3147/2020, de treinta de septiembre de dos mil veinte, ambos firmados por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa asistido de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    SE NOTIFICA VIA ELECTRONICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE INDICA: "Acapulco de Juárez, Guerrero; veintinueve de octubre de dos mil veinte. Vista; la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que ya feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja contra el proveído de diecinueve de octubre de dos mil veinte; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto en el que se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace constar que el presente expediente es susceptible de destrucción, por tanto una vez que transcurra el término de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Además este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Finalmente, en virtud de que obran agregados documentos exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del antepenúltimo párrafo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ponen a su disposición por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado y recoja el mismo, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos junto con el expediente. Para lo cual, de conformidad a lo establecido en el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, deberá generar una cita mediante el sistema "Agenda OJ", visible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En el entendido, que las notificaciones derivadas del presente acuerdo deberán practicarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, y privilegiando el uso de medios electrónicos, como lo establecen el párrafo segundo de la fracción I del artículo 11 del Acuerdo General 8/2020, y la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/20202 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a los esquemas de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, en funciones de Juez de Distrito, autorizado mediante oficio SEPLE./GEN./004/2741/2020, de veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el diverso SEPLE./GEM./006/3147/2020, de treinta de septiembre de dos mil veinte, ambos firmados por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa asistido de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe."

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; diecinueve de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Ninel Herrera Conde, contra actos de CFE Suministrador de Servicios Básicos, Zona Comercial Acapulco División Comercial Centro Sur, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades responsables. Regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 558/2020 y fórmese de manera conjunta tanto el expediente electrónico como el expediente impreso debiendo coincidir en su integridad. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto el artículo citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1 y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo; lo anterior se considera así en atención a las siguientes razones de orden legal. Los referidos artículos de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley". Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". En efecto, el numeral 1, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en dicho ordenamiento legal. Por otra parte, del artículo 5o, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que, son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, el referido precepto legal indica que para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Al respecto, debe precisarse que el máximo Tribunal del país determinó que los rasgos que diferencian a una autoridad para efectos del juicio de amparo son los siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior encuentra sustento en la tesis jurisprudencial 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala del más alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, cuyo rubro y texto establecen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En ese contexto, para considerar que el acto realizado proviene de una autoridad y, por ende, sea reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que exista una relación de supra a subordinación, que esa relación tenga su nacimiento en la ley, que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Es decir, quien actúa en su carácter de autoridad responsable, se ubica en una relación de supra a subordinación respecto de un gobernado, por lo que ejerce una "fuerza pública", entendida ésta en el sentido de "imperio" y no poder coactivo material, cubriéndose de un ropaje estatal y actuando como si fuera una entidad pública; y sin hacerlo por un impulso arbitrario de su parte, sino en virtud de una autorización del propio Estado a través de una ley en sentido amplio. Así, puede advertirse con facilidad que la finalidad de ampliar el concepto de "acto de autoridad" que contiene la actual Ley de Amparo, fue dar prioridad a la naturaleza propia del acto por encima del carácter de quien lo emite. En consecuencia, por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de coordinación, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable; lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual. En el caso concreto, la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO. De las autoridades antes mencionadas, se reclama el corte del suministro de energía eléctrica a mi domicilio ubicado en calle Las Palmas 127, PH 1, Residencial Acuarell, Granjas del Márquez Diamante, código postal 39890, La Zanja, Guerrero, y la negativa de los mismos de realizar la reconexión del suministro de energía eiéctrica, a pesar de no contar con adeudo alguno, así como la afectación y el riesgo a la salud e integridad física de la suscrita y de mi familia, que ha provocado el corte al suministro de energia eléctrica realizada por las autoridades responsables en plena emergencia sanitaria fuera de procedimiento legal el dia diez de septiembre de 2020, en mi vivienda". Y al narrar los antecedentes de los actos reclamados, bajo protesta de decir verdad, manifestó: "Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los hechos y abstenciones que me constan y que constituyen antecedentes de los actos reclamados y fundamentos de los Conceptos de Violación, son los siguientes: ANTECEDENTES 1.- Con fecha uno de septiembre del año dos mil veinte, la C. Marissa Edith Herrera Conde, y la suscrita Ninel Herrera Conde, solicitamos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el cambio de nombre del titular del contrato relativo al número servicio 320110102288 de suministro de energía eléctrica a mi domicilio ubicado en calle Las Palmas 127, PH 1, Residencial Acuarell, Granjas del Márquez Diamante, código postal 39890, La Zanja, Guerrero, no omito mencionar que cuando acudi a las oficinas de Comisión Federal de Electricidad para proceder realizar el cambio de titular, jamás me hicieron saber que había adeudo alguno, tan es así que accedieron a la solicitud del cambio de nombre del titular, lo anterior se acredita con las documentales denominadas "Sistemas de control de solicitudes" que me entregaron al momento de realizar el cambio se identifican con los números G8104365813 (correspondiente a la baja) y G8104365893 (correspondiente al nuevo contrato), ambas expedidas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se agregan al presente ocurso como anexos 1 y 2. 2. El mismo uno de septiembre del año dos mil veinte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), autorizó el cambio de nombre de titular, al número servicio 320110102288 de suministro de energía eléctrica a mi domicilio ubicado en calle Las Palmas 127, PH 1, Residencial Acuarell, Granjas del Márquez Diamante, código postal 39890, La Zanja, Guerrero, quedando como titular del número de servicio antes mencionado la suscrita Ninel Herrera Conde, y por tanto pagué la cantidad de $593.00 (Quinientos noventa y tres pesos 00/100 M.N), como depósito en garantía por cambio de nombre de titular, lo anterior se acredita con la documental denominada "Sistema de control de solicitudes", expedida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mismas que se agregan al presente ocurso como anexos 3. 3.- Es el caso que el día diez de septiembre del año dos mil veinte, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acudió a mi domicilio ubicado en calle Las Palmas 127, PH 1, Residencial Acuarell, Granjas del Márquez Diamante, código postal 39890, La Zanja, Guerrero, y sin fundamento legal, ni motivo alguno, la Autoridad Responsable CFE a través de su personal, realizó el corte de suministro de energía eléctrica a mi domicilio, dejándome en total estado de indefensión, vulnerando con ello mis derechos humanos y mis garantías individuales consagrados por los numerales 3, 4, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales son el derecho a la vida, la salud, la integridad personal, el acceso a una vivienda digna y el derecho a la educación. 4. El corte de suministro de energía que se reclama, vulnera mis derechos humanos que se mencionan en el punto que antecede, según se demuestra en las consideraciones jurídicas que se contienen en los siguientes." De lo anterior, se desprende que los actos que se reclaman tienen origen en una relación contractual por concepto de suministro de energía eléctrica, por lo que no pueden ser equiparados a los de una autoridad responsable en términos del artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. En efecto, los actos reclamados a la Comisión Federal de Electricidad, no fueron emitidos por la misma en su calidad de autoridad responsable, ya que no se dieron en una relación de supra a subordinación sino de coordinación, esta relación no tiene su nacimiento en una ley sino en un contrato que tiene naturaleza mercantil, y si bien actuó de manera unilateral, extinguiendo por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectaron la esfera legal de la parte quejosa, lo cierto es que dicha afectación se hizo en un plano de igualdad como contratante y prestador de servicio, para lo cual las leyes contemplan los medios de defensa para impugnar dichas determinaciones como lo es la vía ordinaria mercantil. Ahora bien, el corte del suministro de energía eléctrica que recibe la quejosa en el servicio número 320110102288, no puede considerarse como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que el mismo no cumple con los requisitos de ser unilateral y obligatorio, pues dicho acto se efectúa bajo el amparo de un contrato de naturaleza comercial, por lo que no se ubica en un plano de supra a subordinación, máxime que no se encuentra determinado en una norma de carácter general y mucho menos es regido por alguna ley, sino que se llevó a cabo bajo un contexto de naturaleza comercial. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1º y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, lo cual da lugar a justificar el desechamiento de plano de la demanda de amparo, acorde con lo que establece el artículo 113 de la ley indicada. Sin que pase inadvertido para este Juzgador el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J. 54/2012 (10ª.), de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO"; pues se estima que resulta inaplicable al presente asunto, en virtud de que en este juicio de amparo indirecto se impugna el corte del suministro de energía eléctrica que recibe la quejosa en el servicio número 320110102288, y no el acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, de diecinueve de enero de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de ese mes y año, atribuido al Secretario de Hacienda y Crédito Público, que fue materia de la contradicción de tesis. Además, si bien en el auto inicial de trámite únicamente se pueden tomar en consideración los argumentos que se plasmen en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta, lo cierto es que, en el caso particular, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende en forma patente y absoluta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que da lugar a desecharla. Resulta aplicable el criterio jurisprudencial PC.III.L. J/5 L (10ª), sustentado por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 2/2014, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Página 1224, que textualmente dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J. 54/2012 (10ª.)].- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Máxime que al resolver la contradicción de tesis 309/2018, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que la existencia de criterios jurisprudenciales que definen la naturaleza de los actos reclamados a la Comisión Federal de Electricidad, son una causa manifiesta e indudable que justifica el desechamiento del asunto, ya que la jurisprudencia del alto tribunal es de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, por lo que no hay alguna posibilidad de que dicho obstáculo sea superado para entrar al estudio del fondo del asunto. Que conforme a ese precepto, la jurisprudencia es de observancia obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales del país, incluidos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, más aún la emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de ahí que, la existencia de criterios jurisprudenciales del alto tribunal, constituye una inexcusable obligación constitucional de los órganos jurisdiccionales al resolver las controversias sometidas a su conocimiento, aunado a que, si bien los juzgadores, por virtud de la función que desempeñan, deben dejar de aplicar una disposición secundaria que atente contra derechos humanos, lo cierto es que tal circunstancia no puede acontecer en relación con una jurisprudencia. Bajo ese contexto, concluyó que, la posibilidad de desechar la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ya ha sido definida por el alto tribunal, al ser obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación, no existe ninguna razón lógica para que ésta sea obviada o pueda variar la naturaleza de los actos, ya que, sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía pueda revisar un criterio obligatorio que se dio como resultado de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, de ahí que es innecesario esperar el informe justificado que rinda la autoridad responsable los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, puesto que, con independencia de su contenido, la naturaleza de los actos definida mediante jurisprudencia, no variaría. Esas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 2/2019, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el ocho de febrero de dos mil diecinueve, que establece: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." Pues bien, atendiendo al escrito de demanda y a los documentos que se anexaron a la misma, se considera probado, sin lugar a dudas, que los actos que se reclaman, son actos que no fueron emitidos y ejecutados por la Comisión Federal de Electricidad en su calidad de autoridad, para efectos del juicio de amparo, ya que no se dieron en una relación de supra a subordinación sino, como se ha advertido, nacidos de una relación contractual de naturaleza mercantil, que no tiene su nacimiento en una ley, por el contrario, se encuentra bajo un marco legal comercial, y si bien la comisión actuó de manera unilateral, extinguiendo por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectaron la esfera legal de la parte quejosa, lo cierto es que, se insiste, ello no se realizó bajo una norma general que le diera imperio para actuar como autoridad. Por lo que esos actos unilaterales son materia de impugnación mediante los medios ordinarios de defensa que prevé el sistema judicial mexicano, como lo es la vía ordinaria mercantil. Lo anterior así fue considerado en la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." 1 Al respecto, es importante destacar que, al resolver la contradicción de tesis 198/2017, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 30/2018, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó el tema relativo a que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo 1 Semanario Judicial de la Federación, Enero de 2018, Décima Época, Materias Común, Civil, Registro digital: 2015944. cuando se le reclaman actos derivados del contrato de suministro de energía. Después de analizar la reforma constitucional en materia energética y la exposición de motivos de la Ley de la Industria Eléctrica, la Corte definió que la Comisión Federal de Electricidad, como empresa productiva del Estado, opera bajo los principios de derecho privado y, conforme al artículo 5º de la ley en mención, en los supuestos no previstos, se debe considerar como mercantil, aunado a que se rige por el Código de Comercio y, supletoriamente, por la legislación civil. Por tanto, el máximo Tribunal del País concluyó que, considerando la normatividad vigente que rige las relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, a raíz de la llamada reforma energética, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente a los particulares, ni realiza actos equiparables a dicha relación; consecuentemente, dijo la Corte, la Comisión Federal de Electricidad no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, cuando se reclaman actos relacionados con el contrato de suministro de energía eléctrica, realizados durante la vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio. No obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que no se debe descartar la eventualidad de que la Comisión Federal de Electricidad lleve a cabo actos no pactados o que excedan del contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, o bien, en el supuesto de amparo contra leyes, por su aplicación. Añadió que tal circunstancia debe ser dilucidada en cada caso concreto por el órgano jurisdiccional competente, tomando en cuenta si existe una negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico, o bien, determinar situaciones que comprometan los derechos protegidos constitucional y convencionalmente, en caso de que dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable. Citó, de manera ejemplificativa, los casos en que, por falta de energía eléctrica, se pone en evidente peligro la vida, como podría ser la de los enfermos dependientes de instrumentos o aparatos que los mantienen vivos o, en caso de grupos vulnerables, personas imposibilitadas para proveer su subsistencia, como podrían ser pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros; así como grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les ha proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. Lo anterior, dada la importancia del servicio eléctrico y su íntima relación con el derecho a la vivienda, consagrado en el artículo 4º constitucional, así como el párrafo primero del diverso 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, de conformidad con la observación general número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se debe entender bajo el concepto de "vivienda adecuada" que significa "... disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable". Las relatadas consideraciones se reflejaron en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que citan los quejosos en sus agravios, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo2." En efecto, de lo antes expuesto se deduce con debida certeza que los actos que se reclaman tienen origen en una relación contractual por concepto de suministro de energía eléctrica, por lo que no pueden ser equiparados a los de una autoridad responsable en términos del artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. Máxime que de lo manifestado por la quejosa bajo protesta de decir verdad, se desprende que es usuaria del servicio de energía eléctrica que presta la Comisión Federal de Electricidad, mismo que recibe bajo el número de servicio 320110102288, en el que se recibe dicho servicio de suministro de energía eléctrica. De igual forma, debe precisarse que en el caso concreto, xde la demanda de amparo tampoco de aprecia alguna circunstancia excepcional por la que deba ser protegida ipso facto en sede de amparo, pues no se advierten elementos objetivos que demuestren que con el corte del suministro de energía eléctrica, se ponga en peligro la vida o salud de las personas; que estén involucrados los derechos de los niños; que sea parte de un grupo agrario o ejidal cuya supervivencia dependa del suministro de flujo eléctrico, o que en general, deba existir la inmediata intervención del Estado a través de la protección constitucional de verse 2 Décima Época. Registro: 2016656. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo I. Materia(s): Común, Administrativa, Civil. Página: 532 vulnerados de manera patente y sin dudas derechos fundamentales a preservar. En consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con los diversos numerales 1 y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo. Igual criterio sustentaron el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, ambos con sede en esta ciudad, al resolver los recursos de quejas administrativas 308/2019 y 383/2019. Se tiene como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alberto Maximino Flores, Berenice Estévez Sánchez y Jessica Jazmín Olivares Rebolledo por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, y sólo para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Juan Diego Martínez Maximino, por no contar con dicho requisito, así como a Karla Valeria Medina Ventura, por así haberlo solicitado expresamente. Ahora bien, toda vez que, de la revisión hecha en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se desprende que efectivamente el usuario "Jessioli", corresponde a Jessica Jazmín Olivares Rebolledo. En consecuencia, como lo solicita expresamente la parte quejosa se le autoriza a dicha profesionista la consulta del expediente electrónico, por lo que deberá dársele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el nombre de usuario que proporciona, y se ordena notificar a la impetrante las actuaciones de carácter personal vía electrónica, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, en funciones de Juez de Distrito, autorizado mediante oficio SEPLE./GEN./004/2741/2020, de veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el diverso SEPLE./GEN./006/3147/2020, de treinta de septiembre de dos mil veinte, ambos firmados por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa asistido de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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