Nincy Zarina Sánchez Gonzalez

Expediente 1793/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1793/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
19/09/2019

Partes del expediente

  • Nincy Zarina Sánchez Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el contenido de la certificación que antecede y tomando en consideración que en el presente cuaderno incidental no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. En cumplimiento al punto Vigésimo Primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el veintiocho de octubre de dos mil nueve, en el que se establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo; tomando en consideración que se CONCEDIÓ Y NEGÓ la medida cautelar solicitada, por tanto, consérvense las resoluciones relativas a la concesión de la suspensión. Asimismo, en términos del punto Vigésimo, fracción III, del ordenamiento citado en el párrafo que antecede, transcurridos seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que en sesión de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la readscripción del suscrito Rubén Olvera Arreola a este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de junio de este año, en sustitución del Juez Luis Ávalos García, lo que se hizo del conocimiento mediante oficio SEADS/689/2019, y se informa para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "IMPEDIMENTOS DE LOS JUZGADORES DE AMPARO. LAS CAUSAS QUE LOS ACTUALIZAN PUEDEN HACERSE VALER AUN DESPUÉS DE DICTADO EL AUTO QUE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. El artículo 51 de la Ley de Amparo establece diversas causas de impedimento por las cuales los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deben excusarse para conocer de los asuntos puestos a su consideración cuando estimen que se actualiza alguna de ellas, las cuales pueden hacerse valer incluso después de dictado el auto que tiene por cumplida la sentencia de amparo, ya que su función jurisdiccional se desarrolla antes, durante y después de dictada ésta, siendo necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten en la pérdida de su imparcialidad durante todo el proceso o la pongan en duda, con inclusión de aquellos que pueden verificarse de forma posterior a la ejecución de sus sentencias, como en la denuncia de repetición de acto reclamado; con lo que se salvaguarda la tutela jurisdiccional efectiva del quejoso". (Época: Décima Época, Registro: 2017679, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 83/2018 (10a.), Página: 1067 ).

  2. Principal

    Visto el oficio que suscribe el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por el que informa las gestiones realizadas para cumplir el fallo protector; glósese a los autos y téngase a la responsable en vías de cumplimiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, den cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, esto es, acrediten haber realizado las gestiones necesarias a fin de cumplimentar el laudo dictado en el juicio laboral 2031/2012-F1, del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,449.00 ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; y, se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de autos, y por resultar necesarias para la debida integración del presente asunto de conformidad con los artículos 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles requiérase al Encargado de Asuntos Internos de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, Jalisco, para que dentro del término de tres días posteriores a su notificación, especifique clara y concisamente las labores que realiza el quejoso como empleado de la Comisaría a su cargo; apercíbasele que de no hacerlo se le sancionará con una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, lo procedente es DIFERIR la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, y se señalan para su verificativo las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, por así permitirlo la agenda oficial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto el oficio signado por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, por el que informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo; agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar y téngasele en vías de cumplimiento. No obstante lo anterior, infórmesele que el cumplimiento a la presente sentencia de amparo implica una obligación de pago a cargo de las autoridades responsables y en favor de la parte quejosa; por lo que, debe tomarse en cuenta que si alguna de éstas goza de las atribuciones para disponer de los recursos presupuestales que permitan efectuar el pago respectivo, aun cuando los recursos no estén destinados específicamente para tal fin, aquéllas deberán realizar el pago correspondiente para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Sin que ello implique violación alguna al artículo 126 de la Constitución General de la República. En ese orden de ideas, es menester establecer que las autoridades responsables deben necesariamente acudir a los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado; tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago, y por otra, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede establecer obstáculos al cumplimiento de una sentencia de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 192, cuarto párrafo, y 193, tercer párrafo, de la ley de la materia se requiere POR ÚLTIMA OCASIÓN a la autoridad vinculada a cumplimiento Tesorería del Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para que dentro del ÚLTIMO término de tres días dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo a esta autoridad constancia fehaciente de ello; a saber: I) Devuelva a la parte quejosa la cantidad actualizada, correspondiente a la diferencia de aplicar la tarifa mínima prevista en la fracción XVI del numeral reclamado de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019. En la inteligencia de que subsiste el apercibimiento que se le hizo en proveído de dos de mayo del año en curso, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en los artículos 192 y 193, quinto párrafo, de Ley de Amparo, REQUIÉRASE tanto al Ayuntamiento como a la Dirección de Egresos, Contabilidad e Ingresos, ambos correspondientes al Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara, Jalisco (como autoridades que se vinculan) para que dentro del ÚLTIMO término de tres días siguientes a su notificación, demuestren el cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, remitiendo constancia fehaciente de ello. Con el APERCIBIMIENTO que de no acatar lo anterior, en el lapso indicado, sin causa justificada, se les impondrá a cada uno de sus integrantes (Presidente Municipal, Síndico y Regidores en términos del artículo 10 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como al referido Director), una multa en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Primero, porque el artículo 126 de la Carta Magna acepta que el presupuesto de egresos no sea estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues de su propio texto subyace el principio de modificación presupuestaria, al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior a su aprobación; por tanto, sí prevé la posibilidad de su modificación para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, gasto que necesaria e ineludiblemente deben autorizar las referidas autoridades vinculadas, por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es completa, impostergable, inexcusable y conforme lo ordena este juzgador de garantías. Segundo, porque el sistema general de adecuaciones presupuestarias constituye un mecanismo efectivo para ello; pues, una interpretación contraria -impedimento en acudir a los mecanismos de adecuaciones presupuestarias y tener como única opción el agotar los recursos destinados originalmente a la partida respectiva-, implicaría atribuir una regulación contraria a lo previsto en el párrafo sexto del artículo 17 constitucional, ya que constituiría un grave obstáculo al cumplimiento de las sentencias, al generar un sistema al tenor del cual resultaría más complejo el pago de gastos exigidos constitucionalmente.

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