Nilza Esmeralda Rosario Morales Reynoso

Expediente 457/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
457/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
18/07/2022

Partes del expediente

  • Nilza Esmeralda Rosario Morales Reynoso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el cual, remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa y testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja administrativo 110/2022 de su registro, dictada en sesión ordinaria celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real el treinta de junio de dos mil veintidós. Acúsese el recibo correspondiente y glósense al expediente principal devuelto, únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes que se integró con motivo del envío de aquél a dicho tribunal, comuníquese lo anterior a las partes; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, visto el contenido de la aludida determinación, se advierte que el órgano colegiado oficiante resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja.". En consecuencia, el proveído de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictado en el presente sumario, ha quedado firme. Toda vez que obran en autos documentos ofrecidos por la parte quejosa, de conformidad con el numeral 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este juzgado federal a recoger los documentos exhibidos, apercibida que, de no hacerlo en el plazo referido, serán destruidos. En ese contexto, el artículo 6o. del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, establece que al citar a una persona al desahogo de una diligencia el órgano jurisdiccional deberá generarle un Código QR para su ingreso a las instalaciones; asimismo, del diverso arábigo 25 se advierte que las partes pueden intervenir en el juicio o comparecer a través de videoconferencias a distancia. En esa tesitura, se encuentra en aptitud de generar su cita con la finalidad de que se le proporcione un Código QR para su ingreso a las instalaciones y así poder recoger los documentos que aportó en el presente juicio de amparo, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto concluido. De conformidad con el numeral 21, inciso d), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, procédase a la DESTRUCCIÓN de este expediente. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual, informa que por auto de trece de los cursantes se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la quejosa ***, por propio derecho, en contra del auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictado en el presente sumario, el cual quedó radicado bajo el número de queja 110/2022 del índice del citado Tribunal, de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta, signado por ***, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintiuno de abril del año en curso, que desechó la demanda de amparo; atento a ello, se provee: En consecuencia, se tiene por interpuesto el aludido medio de defensa; en tal virtud, ríndase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, el informe sobre la materia del recurso de queja, en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO, y en apoyo a lo anterior, envíese el presente expediente al órgano colegiado competente, así como el original del escrito de agravios, para la substanciación del aludido medio de impugnación. En consecuencia, con copia autógrafa del presente proveído, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Por cuanto hace al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones y la autorizada que designa, dígasele que deberá estarse a lo acordado en el citado acuerdo de veintiuno del mes próximo pasado.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***. Ahora bien, impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo ***, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. Esencialmente la tesis en cuestión refiere que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, consistente en; La emisión del oficio número *** de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. La convocatoria del Proceso y promoción a cargos con función directiva o de supervisión en educación media superior ciclo escolar ***. La emisión del oficio número *** de veintitrés de marzo de dos mil veintidós. La emisión del oficio número *** de veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Lo anterior pues a juicio de quien resuelve, se advierte la causal de improcedencia, los cuales disponen: "***" En ese contexto, conviene destacar que el primer precepto en cita dispone que el juicio de derechos fundamentales es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna otra disposición de la ley, ya sea de la propia *** o, incluso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, diverso numeral transcrito establece que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado, el cual crea modifica, o extingue situaciones de derecho de forma unilateral y obligatorias; o la que omite un acto, que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría tales situaciones de derecho. Como se observa, el legislador únicamente ejemplificó las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de amparo, pero no abordó las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales para efectos de la procedencia de dicho juicio. Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa se duele esencialmente de la negativa de las autoridades que señaló como responsables para participar en el proceso de promoción a cargos de función directiva o de supervisión, contenida en los oficios *** de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós; *** de veintitrés de marzo de dos mil veintidós; oficio número *** de veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Asimismo, en el apartando de los antecedentes del acto reclamado, manifestó bajo protesta de decir verdad, que las autoridades le indicaron que su registro es improcedente, dado que actualmente desempeña las funciones del cargo que aspira, siendo que, la promoción a la función directiva o de supervisión es un movimiento vertical, que consiste en el ascenso a una categoría, puesto o cargo de mayor responsabilidad, accesos a otro nivel de ingresos y el cambio de función. En ese tenor, se advierte que los actos que reclama la parte quejosa, no constituyen, de acuerdo con su naturaleza, acto de persona de derecho público o de autoridad, sino acto de particular, pues la Secretaría de Educación Pública, así como las diversas autoridades educativas que señala, no obran con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad. Máxime, establece que las diferencias en las relaciones de trabajo que surjan entre el personal a que se refiere la propia ley las autoridades educativas y organismos descentralizados, se rigen por la legislación laboral aplicable y, en consecuencia, serán dirimidas por los órganos jurisdiccionales competentes en esa materia; característica propia de las relaciones de coordinación. De ahí que la actuación en comento derive de la relación obrero-patronal que une a las autoridades responsables con la parte quejosa en su calidad de docente dependiente de la Secretaría de Educación Pública. De lo que se sigue que, en relación con el acto combatido a las responsables, éstas actúan con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de éste con sus trabajadores, dentro del marco constitucional previsto en el artículo ***. Por tanto, en el caso, resulta pertinente precisar que al convocar a los docentes para participar en el proceso de selección de promoción vertical a categorías con funciones de dirección y de supervisión en educación básica, ciclo escolar ***, únicamente se hace un llamado para que las personas interesadas que cumplan con los requisitos acudan a ese proceso de selección respectivo y, como consecuencia de ello, a través de dicha convocatoria no se crea, por sí y ante sí, algún derecho de los gobernados, ni modifica o afecta alguna situación en concreto. Máxime, que dicha convocatoria no está dirigida a una persona en lo individual, por el contrario, se dirige al personal con categorías y funciones docentes frente a grupo, de asesoría técnica pedagógica, de dirección y de supervisión adscrito a centros de trabajo docentes, de inspección o de supervisión escolar en algún nivel o servicio de Educación Básica. En el caso, se advierte que la quejosa es trabajadora de la Secretaría de Educación Pública, tal como se desprende de los antecedentes que narra en su escrito inicial. No obstante, en contra de la citada actuación no procede el juicio de amparo, pues no se trata de actos de autoridad para efectos del juicio constitucional. En efecto, dicha actuación tiene su origen en una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de la relación. Ciertamente, el artículo *** equipara la relación entre Estado y empleado con una relación laboral, y establece las bases para que aquél asuma una posición jurídica similar a la de un patrón, por lo que el Estado no actúa con la potestad e imperio que derivan de su soberanía y que constituyen las características propias de los actos de autoridad, sino que la evolución del derecho positivo ha hecho que en la relación con diversos servidores se conduzca como si fuera un patrón. Luego, cualquier acción u omisión del Estado investido de esa calidad, no constituye un acto de autoridad, sino un hecho derivado de la relación laboral; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre el trabajador y el Estado deben ser ventilados ante la autoridad ordinaria competente y no ante los órganos de control constitucional En ese tenor, resulta inconcuso que respecto a dichos actos se actualiza la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo ***. Además, dicha improcedencia se extiende sobre la inconstitucionalidad planteada respecto del acto reclamado consistente en la discusión, aprobación, expedición, sanción y publicación del Decreto, relativo a la ***, de fecha treinta de septiembre de dos mil diecinueve, concretamente los artículos ***; en virtud de que no debe desvincularse el estudio de la ley reclamada del que concierne al acto de aplicación, por encontrarse vinculados estrechamente, ya que el mencionado en segundo lugar es el que verdaderamente causa perjuicio a la parte quejosa y no por sí solo, considerando en abstracto la Ley, por lo que no sea posible el examen de uno prescindiendo del otro. De ahí que, si la presente instancia constitucional es improcedente contra el acto de aplicación, es que resulte igualmente en relación con la ley que se reclama. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señaló en su demanda de amparo; además, se tienen por autorizada en términos amplios a ***, en virtud de que cuenta con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Se tiene por señalado el número telefónico y correo electrónico proporcionado para efecto de entablar comunicaciones no procesales; en la inteligencia de que las mismas no constituyen un medio para oír y recibir notificaciones ni sustituyen las que legalmente se le practiquen en el presente juicio de amparo. Se exhorta a la parte quejosa para que de estimarlo pertinente, transite su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promueva en la vía electrónica, asimismo, deberá proporcionar algún correo electrónico, número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales. El presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio.

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